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| Los segadores andaluces, André Masson 1935 |
La crisis del covid-19 ha cogido a España con el sistema inmunológico público destrozado. El virus letal ha llegado justo cuando un gobierno sensible a la lucha contra la desigualdad, después de 12 años, desde 2008, de políticas de ajustes, austeridad y recortes para la mayoría ciudadana, iniciaba su andadura con la intención de equilibrar la balanza de la justicia social, muy vencida a favor de las grandes empresas, los fondos extranjeros de inversión y la banca (si es que esta clasificación de poderes del capital no esconde que todo pertenece a unos pocos).
Los datos relativos al deterioro del estado del sistema sanitario son evidentes. Desde 2008 hasta la actualidad ha disminuido la inversión pública por habitante en sanidad en términos netos en un 0,6% del PIB, pasando del 6,6 al 6,2% (datos de la OCDE). Andalucía es la comunidad autónoma con menor inversión sanitaria per cápita, 1.164€, seguida en escasez inversora a muy corta distancia por Cataluña y Madrid. Las tres comunidades más pobladas que representan casi la mitad de la población española son las que menos atención le prestan a la inversión en salud, muy lejos de los 1.731€ de la inversión per cápita de Euskadi (datos del Ministerio de Sanidad). Los números de inversión pública sanitaria (me niego ha llamarlo gasto) explican los déficit en personal, en camas, en UCIs, en respiradores, EPIs y material para afrontar la crisis del covid-19. Pero esos mismos números explicaban antes las listas de espera, la precariedad laboral y la saturación de consultas y hospitales en tiempos de “normalidad”.
Pero no solo el sistema sanitario descentralizado en las comunidades autónomas está en estado inmunodepresivo. El resto de políticas de estado que podrían funcionar como amortiguadores de la crisis económica y social que se derivará de la sanitaria se encuentran igualmente en la UCI y sin defensas. El actual gobierno no ha tenido tiempo, salvo para la subida del SMI, de preparar a España para una etapa con más justa capaz de afrontar en mejores condiciones dificultades sobrevenidas.
La inversión en ciencia, conocimiento e investigación tecnológica, en educación pública, en becas, en los sistemas de ayuda a la dependencia, en los sistemas de protección socioeconómica mediante salarios dignos, derechos laborales, prestaciones por desempleo o subsidios y pensiones, se encuentran limitados y recortados tanto o más que los sistemas de salud. La situación es tal que no sirven ni para cuidados paliativos. El gobierno no tiene más remedio que aplicar, en medio de los contagios y las muertes, medicina intensiva para limitar el destrozo laboral y empresarial causado por el confinamiento y la paralización de buena parte de la actividad económica. Con mayor o menor acierto lo está haciendo cercado por las presiones de quienes se beneficiaron de la crisis de 2008.
Hablo de España. Si hablase de Andalucía no encontraría metáforas de la salud para describir el destrozo en el que nos adentramos. Habría de buscar las metáforas en las películas de terror. El anuncio de que se aproxima la noche de los muertos vivientes lo han dado las cifras de aumento de paro en marzo como consecuencia de las medidas para afrontar la crisis sanitaria. De los 302.265 nuevas personas desempleadas en marzo casi la mitad son andaluzas, 138.569. Un 46% del nuevo desempleo español es andaluz.
Las causas son estructurales. Andalucía tiene un sistema productivo muy desindustrializado, acoplado, aparte de a la olvidada agricultura, sobre los servicios, el comercio, la hostelería, el turismo y la construcción. El turismo tira directa e indirectamente de estos últimos sectores. Si hoy día se caen el turismo y la hostelería, como así va a ser, se cae Andalucía. En la de crisis de 2008 se cayó la construcción, también el daño en Andalucía fue el doble que en la media del resto del estado.
Estos son los hechos, y no por ignorarlos, como hace el actual gobierno andaluz, dejan de ser verdad. A estos hechos quiere enfrentarse el gobierno andaluz aprobando un decreto ley el 16 de marzo, ya en estado de alarma, que modifica o deroga veintiún leyes y seis decretos para “simplificar trámites”. Una manera eufemística de llamar a la ley de la selva eliminando las barreras administrativas de protección contra el urbanismo salvaje, la destrucción medioambiental o el patrimonio cultural andaluz, entre otras muchas liberalizaciones para facilitar el libre albedrío de inversores extractivos que solo dejan precariedad y desolación. El decreto ley fue convalidado sin trámite parlamentario con el apoyo de Vox en la diputación permanente del parlamento andaluz del 2 de abril, en pleno estado de Alarma y en los días más críticos de la pandemia, hurtando un debate democrático y con ciertas libertades civiles coartadas de facto para manifestar la protesta. Con esta enorme modificación legislativa el gobierno andaluz intentar volver a los tiempos de Jauja, cuando los excedentes de capital extranjero actuaron como veneno bulímico para engordar la construcción, hipertrofiar nuestra economía con el turismo, dañar los centros históricos con la gentrificación y despreciar nuestro patrimonio cultural y natural. Moreno y Bonilla pretenden despertar a Drácula para que nos siga chupando la sangre, esa es su única determinación política respecto de Andalucía.
Estos son los hechos. Tenemos un gobierno del estado luchando contra la pandemia, peleando en Europa una salida cooperativa que no limite la inversión pública ni lastre el futuro del país, actuando con medidas de choque contra los daños sociales y empresariales, y sometido a presiones para que estas medidas se desplacen más hacia el apoyo a los capitales que hacia el apoyo a las personas. ¿Y en Andalucía qué tenemos? Un gobierno pensando en retorno al pasado y una oposición incapaz de articular una propuesta de salida colectiva cooperativa que apoye al gobierno gobierno del estado en su imponente tarea y prepare las condiciones para que el terror no se consolide en Andalucía.
Con poco acierto en su denominación, dado que aquellos pactos supusieron la desactivación de la capacidad reivindicativa que tenían las y los trabajadores a la muerte del dictador y la vía de incrustación de los agentes económicos y de poder del régimen franquista dentro de la nueva institucionalidad democrática, del gobierno de Pedro Sánchez ha partido una propuesta de Nuevos Pactos de la Moncloa. Una oferta de diálogo y acuerdo a todo el país, incluidas a las comunidades autónomas representadas en sus gobiernos. Más allá de cómo se le llama y cómo fragüe el contenido de la idea, ¿no sería el momento de abordar un pacto por Andalucía que nos diera voz como sociedad en ese dialogo que tiene calado europeo? ¿Quién defenderá tras la pandemia los intereses de las y los andaluces? No parece que vaya a hacerlo la tríada PP, Ciudadanos, Vox con sus débitos a las altas jerarquías con residencia en Madrid o Barcelona. ¿Lo hará un PSOE andaluz en la oposición, que no ha superado su antisanchismo, y no ha acabado de interiorizar que España tiene un gobierno de coalición que intenta superar las limitaciones bipartidistas de decenios anteriores? ¿Una coalición Adelante Andalucía que no ha hecho ni una sola propuesta de estado en mitad de la pandemia para afrontar el claro desequilibrio andaluz?
Parece imprescindible que Andalucía se sitúe cuanto antes en los debates de estado y de Europa con voluntad de diálogo y acuerdo. No solo se la juega la ciudadanía andaluza. Se la juegan las PYMES y el tejido de trabajadoras y trabajadores autónomos tanto como el mundo del trabajo. No de manera partidista ni partidaria, sino con un acuerdo propio de país andaluz a la vista de nuestros diferenciales estructurales de partida.
El primer acuerdo de representantes de la sociedad civil andaluza, el sindicalismo, el empresariado y los partidos del arco parlamentario que quisiesen apoyarlo parece que debería empujar al gobierno andaluz para que exija de manera urgente al gobierno de España la aprobación de un ingreso mínimo vital, transitorio o permanente, para evitar que la economía andaluza acabe siendo a la salida de la pandemia un cementerio de empresas lleno de muertos vivientes. Si el gobierno del PP y Ciudadanos con apoyo de Vox se resiste a defender medida imprescindible en Andalucía para combatir la crisis y prepararnos para su salida, el resto de fuerzas políticas en alianza con los sectores empresariales, sindicales y de la sociedad civil deberían impulsar la demanda sin más dilación, si es urgente en España, en Andalucía es realmente vital.
Los Pactos de la Moncloa se firmaron el 25 de octubre de 1977, partidos políticos, sindicatos y partidos nacionalistas vasos y catalanes jugaron en ellos un papel crucial. Esos pactos pactos fueron un hecho político de primera magnitud para definir las condiciones en las que se iba a producir la transición política desde la dictadura franquista hacia la democracia. Ya he dicho sin ambigüedad que con esos pactos la clase trabajadora cedió demasiado y la dictadura se incrustó en la democracia.
La manera que tuvo Andalucía de reescribir en beneficio propio esos pactos siendo la región mas dañada por el franquismo (como dice un buen amigo metafóricamente: “la SEAT no la pusieron en Andalucía y eso nos hizo emigrantes”), dado que había sido ignorada en los mismos a pesar de que las diferencias estructurales en nuestro perjuicio respecto del resto del estado eran entonces abisales, fue mediante la movilización social y las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Esas manifestaciones lograron alterar la constitución territorial y sentaron las bases para que Andalucía no quedara relegada a mera espectadora en el reparto de poderes del estado.
No sabemos si la derecha española y sectores del gran empresariado español acabarán entrando a un pacto de estado, de momento pinta que no. Los acuerdos de estado que pudieran salir adelante estarán enmarcados en las decisiones que Europa tome respecto de su futuro. Eso será determinante no solo para el gobierno que los impulsa sino sobre todo para quienes ahora se resisten a hablar con voluntad de acuerdo. Si el camino de Europa es la profundización democrática y protección de las personas, el cambio del modelo productivo hacia parámetros ecológicos y feministas, la reindustrialización y territorialización de nuestras economías para hacerlas menos dependientes de avatares externos, la descarbonización mediante las energías renovables laminando la dependencia del petróleo, el gas y el carbón, y la agroecología como motor esencial para redistribuir población y poder, entonces es indudable que Andalucía tendría mucho que ganar. Para ello ha de tener voz propia (no hablo de partido), ha de tener un proyecto de país compartido en el que caben por supuesto los sectores empresariales propios que llevan años sufriendo la conversión en peones de fondos externos.
Escribo esto para preguntar, aquí, en Andalucía, mi tierra, ¿quién anda ahí? ¿Quién defiende Andalucía? ¿Quién o quienes van a promover desde ya un acuerdo político de amplio espectro que apriete al gobierno de España para que apruebe con carácter de urgente un ingreso mínimo vital (llámenlo como quieran) como sonda de alimentación mientras nos preparamos para un cambio revolucionario que rompa los límites estructurales que nos condenan a la desigualdad? ¿Quién anda ahí?
Los datos relativos al deterioro del estado del sistema sanitario son evidentes. Desde 2008 hasta la actualidad ha disminuido la inversión pública por habitante en sanidad en términos netos en un 0,6% del PIB, pasando del 6,6 al 6,2% (datos de la OCDE). Andalucía es la comunidad autónoma con menor inversión sanitaria per cápita, 1.164€, seguida en escasez inversora a muy corta distancia por Cataluña y Madrid. Las tres comunidades más pobladas que representan casi la mitad de la población española son las que menos atención le prestan a la inversión en salud, muy lejos de los 1.731€ de la inversión per cápita de Euskadi (datos del Ministerio de Sanidad). Los números de inversión pública sanitaria (me niego ha llamarlo gasto) explican los déficit en personal, en camas, en UCIs, en respiradores, EPIs y material para afrontar la crisis del covid-19. Pero esos mismos números explicaban antes las listas de espera, la precariedad laboral y la saturación de consultas y hospitales en tiempos de “normalidad”.
Pero no solo el sistema sanitario descentralizado en las comunidades autónomas está en estado inmunodepresivo. El resto de políticas de estado que podrían funcionar como amortiguadores de la crisis económica y social que se derivará de la sanitaria se encuentran igualmente en la UCI y sin defensas. El actual gobierno no ha tenido tiempo, salvo para la subida del SMI, de preparar a España para una etapa con más justa capaz de afrontar en mejores condiciones dificultades sobrevenidas.
La inversión en ciencia, conocimiento e investigación tecnológica, en educación pública, en becas, en los sistemas de ayuda a la dependencia, en los sistemas de protección socioeconómica mediante salarios dignos, derechos laborales, prestaciones por desempleo o subsidios y pensiones, se encuentran limitados y recortados tanto o más que los sistemas de salud. La situación es tal que no sirven ni para cuidados paliativos. El gobierno no tiene más remedio que aplicar, en medio de los contagios y las muertes, medicina intensiva para limitar el destrozo laboral y empresarial causado por el confinamiento y la paralización de buena parte de la actividad económica. Con mayor o menor acierto lo está haciendo cercado por las presiones de quienes se beneficiaron de la crisis de 2008.
Hablo de España. Si hablase de Andalucía no encontraría metáforas de la salud para describir el destrozo en el que nos adentramos. Habría de buscar las metáforas en las películas de terror. El anuncio de que se aproxima la noche de los muertos vivientes lo han dado las cifras de aumento de paro en marzo como consecuencia de las medidas para afrontar la crisis sanitaria. De los 302.265 nuevas personas desempleadas en marzo casi la mitad son andaluzas, 138.569. Un 46% del nuevo desempleo español es andaluz.
Las causas son estructurales. Andalucía tiene un sistema productivo muy desindustrializado, acoplado, aparte de a la olvidada agricultura, sobre los servicios, el comercio, la hostelería, el turismo y la construcción. El turismo tira directa e indirectamente de estos últimos sectores. Si hoy día se caen el turismo y la hostelería, como así va a ser, se cae Andalucía. En la de crisis de 2008 se cayó la construcción, también el daño en Andalucía fue el doble que en la media del resto del estado.
Estos son los hechos, y no por ignorarlos, como hace el actual gobierno andaluz, dejan de ser verdad. A estos hechos quiere enfrentarse el gobierno andaluz aprobando un decreto ley el 16 de marzo, ya en estado de alarma, que modifica o deroga veintiún leyes y seis decretos para “simplificar trámites”. Una manera eufemística de llamar a la ley de la selva eliminando las barreras administrativas de protección contra el urbanismo salvaje, la destrucción medioambiental o el patrimonio cultural andaluz, entre otras muchas liberalizaciones para facilitar el libre albedrío de inversores extractivos que solo dejan precariedad y desolación. El decreto ley fue convalidado sin trámite parlamentario con el apoyo de Vox en la diputación permanente del parlamento andaluz del 2 de abril, en pleno estado de Alarma y en los días más críticos de la pandemia, hurtando un debate democrático y con ciertas libertades civiles coartadas de facto para manifestar la protesta. Con esta enorme modificación legislativa el gobierno andaluz intentar volver a los tiempos de Jauja, cuando los excedentes de capital extranjero actuaron como veneno bulímico para engordar la construcción, hipertrofiar nuestra economía con el turismo, dañar los centros históricos con la gentrificación y despreciar nuestro patrimonio cultural y natural. Moreno y Bonilla pretenden despertar a Drácula para que nos siga chupando la sangre, esa es su única determinación política respecto de Andalucía.
Estos son los hechos. Tenemos un gobierno del estado luchando contra la pandemia, peleando en Europa una salida cooperativa que no limite la inversión pública ni lastre el futuro del país, actuando con medidas de choque contra los daños sociales y empresariales, y sometido a presiones para que estas medidas se desplacen más hacia el apoyo a los capitales que hacia el apoyo a las personas. ¿Y en Andalucía qué tenemos? Un gobierno pensando en retorno al pasado y una oposición incapaz de articular una propuesta de salida colectiva cooperativa que apoye al gobierno gobierno del estado en su imponente tarea y prepare las condiciones para que el terror no se consolide en Andalucía.
Con poco acierto en su denominación, dado que aquellos pactos supusieron la desactivación de la capacidad reivindicativa que tenían las y los trabajadores a la muerte del dictador y la vía de incrustación de los agentes económicos y de poder del régimen franquista dentro de la nueva institucionalidad democrática, del gobierno de Pedro Sánchez ha partido una propuesta de Nuevos Pactos de la Moncloa. Una oferta de diálogo y acuerdo a todo el país, incluidas a las comunidades autónomas representadas en sus gobiernos. Más allá de cómo se le llama y cómo fragüe el contenido de la idea, ¿no sería el momento de abordar un pacto por Andalucía que nos diera voz como sociedad en ese dialogo que tiene calado europeo? ¿Quién defenderá tras la pandemia los intereses de las y los andaluces? No parece que vaya a hacerlo la tríada PP, Ciudadanos, Vox con sus débitos a las altas jerarquías con residencia en Madrid o Barcelona. ¿Lo hará un PSOE andaluz en la oposición, que no ha superado su antisanchismo, y no ha acabado de interiorizar que España tiene un gobierno de coalición que intenta superar las limitaciones bipartidistas de decenios anteriores? ¿Una coalición Adelante Andalucía que no ha hecho ni una sola propuesta de estado en mitad de la pandemia para afrontar el claro desequilibrio andaluz?
Parece imprescindible que Andalucía se sitúe cuanto antes en los debates de estado y de Europa con voluntad de diálogo y acuerdo. No solo se la juega la ciudadanía andaluza. Se la juegan las PYMES y el tejido de trabajadoras y trabajadores autónomos tanto como el mundo del trabajo. No de manera partidista ni partidaria, sino con un acuerdo propio de país andaluz a la vista de nuestros diferenciales estructurales de partida.
El primer acuerdo de representantes de la sociedad civil andaluza, el sindicalismo, el empresariado y los partidos del arco parlamentario que quisiesen apoyarlo parece que debería empujar al gobierno andaluz para que exija de manera urgente al gobierno de España la aprobación de un ingreso mínimo vital, transitorio o permanente, para evitar que la economía andaluza acabe siendo a la salida de la pandemia un cementerio de empresas lleno de muertos vivientes. Si el gobierno del PP y Ciudadanos con apoyo de Vox se resiste a defender medida imprescindible en Andalucía para combatir la crisis y prepararnos para su salida, el resto de fuerzas políticas en alianza con los sectores empresariales, sindicales y de la sociedad civil deberían impulsar la demanda sin más dilación, si es urgente en España, en Andalucía es realmente vital.
Los Pactos de la Moncloa se firmaron el 25 de octubre de 1977, partidos políticos, sindicatos y partidos nacionalistas vasos y catalanes jugaron en ellos un papel crucial. Esos pactos pactos fueron un hecho político de primera magnitud para definir las condiciones en las que se iba a producir la transición política desde la dictadura franquista hacia la democracia. Ya he dicho sin ambigüedad que con esos pactos la clase trabajadora cedió demasiado y la dictadura se incrustó en la democracia.
La manera que tuvo Andalucía de reescribir en beneficio propio esos pactos siendo la región mas dañada por el franquismo (como dice un buen amigo metafóricamente: “la SEAT no la pusieron en Andalucía y eso nos hizo emigrantes”), dado que había sido ignorada en los mismos a pesar de que las diferencias estructurales en nuestro perjuicio respecto del resto del estado eran entonces abisales, fue mediante la movilización social y las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Esas manifestaciones lograron alterar la constitución territorial y sentaron las bases para que Andalucía no quedara relegada a mera espectadora en el reparto de poderes del estado.
No sabemos si la derecha española y sectores del gran empresariado español acabarán entrando a un pacto de estado, de momento pinta que no. Los acuerdos de estado que pudieran salir adelante estarán enmarcados en las decisiones que Europa tome respecto de su futuro. Eso será determinante no solo para el gobierno que los impulsa sino sobre todo para quienes ahora se resisten a hablar con voluntad de acuerdo. Si el camino de Europa es la profundización democrática y protección de las personas, el cambio del modelo productivo hacia parámetros ecológicos y feministas, la reindustrialización y territorialización de nuestras economías para hacerlas menos dependientes de avatares externos, la descarbonización mediante las energías renovables laminando la dependencia del petróleo, el gas y el carbón, y la agroecología como motor esencial para redistribuir población y poder, entonces es indudable que Andalucía tendría mucho que ganar. Para ello ha de tener voz propia (no hablo de partido), ha de tener un proyecto de país compartido en el que caben por supuesto los sectores empresariales propios que llevan años sufriendo la conversión en peones de fondos externos.
Escribo esto para preguntar, aquí, en Andalucía, mi tierra, ¿quién anda ahí? ¿Quién defiende Andalucía? ¿Quién o quienes van a promover desde ya un acuerdo político de amplio espectro que apriete al gobierno de España para que apruebe con carácter de urgente un ingreso mínimo vital (llámenlo como quieran) como sonda de alimentación mientras nos preparamos para un cambio revolucionario que rompa los límites estructurales que nos condenan a la desigualdad? ¿Quién anda ahí?
