El alcalde de Granada, que fuera subdelegado del gobierno central en Sevilla, clama por la intervención del ejercito ante la acumulación de basuras en las calles de Granada. Hasta ahora en los años de democracia que llevamos nadie se había atrevido a semejante dislate para laminar el legitimo derecho constitucional a la huelga. Ya cuando la huelga general del 14N la derecha rancia clamó por la “regulación” limitativa del derecho. Ahora el alcalde pupulista del PP ha encontrado una solución más impactante y coactiva, lanzar el ejercito a la calle para ocupar una ciudad a la que se la come la mierda. De momento ha conseguido ser noticia internacional. La España irredenta que piensa en soluciones militares en lugar de en soluciones públicas y democráticas es lo que representa esta derechona que ha invadido casi todos los intersticios públicos.
INAGRA, que así se llama la empresa que presta el servicio de basuras en Granada es propiedad de Ferrovial (80%) y del Ayuntamiento de Granada (20%). Antes era una empresa pública propiedad total del municipio. Cuando se privatizó, el ingreso del municipio consecuencia de la concesión del servicio a Ferrovial, sirvió, como en otras privatizaciones, para sanear la contabilidad municipal y alimentar las inversiones megalómanas del alcalde Popular. El contrato del ayuntamiento para pagar el servicio se incrementó en pocos años en cantidades desorbitas, repercutiendo el coste de la facturación en la población granadina y sus empresas.
Mientras el salario medio de una trabajador o trabajadora de INAGRA es de 1.400 euros/mes, sus directivos tienen salarios superiores a los 100.000 euros/año.La empresa Ferrovial obtiene unos beneficios anuales de 2,5 millones de euros. Ferrovial declarará sus beneficios y su IVA en la comunidad autónoma (Madrid) donde tiene radicado su domicilio fiscal (las transferencias del Estado a las comunidades autónomas por concepto de IVA recaudado, creo que el 40%, suponen en este caso una transferencia de fondos públicos de Granada a Madrid por la vía del modelo de reparto del IVA entre Estado y comunidades autónomas).
Generalizando a otras ciudades y servicios básicos en Andalucía, esto es resumidamente el fruto de la conversión de un modelo público del servicio de limpieza y recogida de basuras en un modelo privado que convierte la gestión de los residuos en un valor de mercado (capitalista).
Este modelo ha sido aplicado a otros servicios municipales, no solo en Granada, si no en buena parte de los grandes municipios andaluces, y no andaluces. Este modelo ha sido aplicado a la gestión de los servicios municipales de tratamiento, distribución y depuración de aguas, grandes empresas que actúan como monopolios sectoriales convierte el agua, un bien de uso indispensable, en un bien de mercado capitalista. En el caso de Granada, la empresa AGBAR (Aguas de Barcelona, con un fuerte capital francés), se ha hecho con el control de todo (EMASAGRA) y declara su IVA y sus beneficios en la capital catalana. Pensemos en el asunto de las balanzas fiscales y en el principio de ordinalidad defendido por las posiciones nacionalistas catalanas y observemos como la extracción de capital ambiental, social y monetario granadino, computa en la productividad catalana y no en la andaluza.
Cuento todo esto sin mucha profusión de cifras para hacer ver la necesidad de explorar la posibilidad de una Ley Andaluza de Gestión de los Servicios Municipales Básicos. Tengamos en cuenta que nuestros municipios están incardinados en el territorio de nuestra comunidad autónoma y que los servicios que prestan se dirigen a la ciudadanía y residentes en Andalucía. Una ley que debería plantear la existencia de un sector público andaluz potente que se hiciese con el control y la gestión de nuestros recursos naturales (el agua), que gestionase de modo integral los residuos con el objetivo del cierre de ciclos y residuos cero. Cuya prioridad no fuese la actividad monopolística y la generación de beneficio de capital, si no la generación de empleo y la reinversión en nuestra comunidad autónoma de los excedentes monetarios.
Si los ayuntamientos andaluces han entregado y están entregando la gestión de los servicios básicos a monopolios y multinacionales (ahora le toca al de Jerez con la privatización del agua), por qué no revertir el proceso y potenciar nuestra economía evitando el expolio ambiental y laboral al que estamos siendo sometidos.
@marioortega
