Juan Manuel Moreno Bonilla se sale del guión de Pablo Casado

Me lo preguntaba en un artículo publicado en este mismos medio el trece de abril: ¿Quién defiende a Andalucía ante los efectos del Covid-19? , y e sorprendía que tras un mes de estado de alarma y confinamiento, la oposición andaluza por la izquierda, PSOE y la coalición Adelante Andalucía, no hubiesen visto la necesidad acuciante de plantear un gran acuerdo de unidadpor Andalucía para afrontar colectivamente el desastre de la pandemia. Esbozar algunos contenidos estratégicos del mismo y llamar a la sociedad civil, sindicatos y empresarios para darle forma y demandar a un gobierno andaluz, también pasivo hasta la fecha y en guerras inútiles de contabilidad y culpabilidad con el Gobierno central, para que comenzase desde ya a buscar una respuesta común que defendiese los intereses de Andalucía, aquí, en Madrid y en Europa. Empezando por demandar para ya el Ingreso Mínimo Vital.

El cinco de abril Pedro Sánchez, con apoyo explícito del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, lanzó un llamamiento a partidos, representantes sindicales, empresariales y sociales en general, gobiernos autonómicos y municipios, para unos nuevos pactos de la Moncloa. Lo peor, como se vio enseguida era el nombre. Lo mejor, la idea.

El objetivo pactista del gobierno es afrontar la crisis socioeconómica en la que ya se está adentrando España con fuerza, como el resto de Europa y el mundo, con una respuesta de unidad, una respuesta de país, coherente con las debilidades reveladas por la crisis pandémica, consecuencia de años de recortes, abandono de lo público y externalización del sistema productivo a cambio de un modelo económico basado en monocultivos y financiarización especulativa. Un objetivo imposible de abordar si esa respuesta de país no se encuadra en un gran acuerdo europeo de financiación e inversión. Consiguientemente cuanto más amplias sean las bases de apoyo al acuerdo, más fuerza tendrá España para negociar en la UE las formas y las condiciones de financiación.

Sin pesimismo ni optimismo, podemos decir que esta semana pasada se han sentado las líneas para un acuerdo en Europa que pueda ser aceptado por todas las capitales, por utilizar una terminología típica de la verborrea europea neoliberal. No hay nada definitivamente cerrado, pero el camino por el que los líderes citados en la Comisión Europea el pasado jueves 23 de abril por la tarde han decidido avanzar no es precisamente el del veto.

Si se desploma el tejido empresarial europeo, la economía productiva, quebrará todo el sistema bancario, consiguientemente la ola de quiebra impactaría contra la economía especulativa que caería como un castillo de naipes. Lo de 2008 sería un terremotillo al lado del maremoto descomunal que provocará ignorar, una vez más, la conexión imprescindible entre economía real y economía financiera. Esto es lo que ya saben quienes en 2008 obligaron a los PIGS, como llamaban a Portugal, Italia, Grecia y España despectivamente, a recortes, austeridad y humillación. Por eso Guindos y Montoro, rigurosos aliados del capital extranjero, -vivir para ver- piden el Ingreso Mínimo Vital, porque, entre otras cosas, acabará repercutiendo positivamente en los balances empresariales. Por eso hay en España un sector importante del gran empresariado que ha influido en Ciudadanos para que se salga de la foto de Colón, suavice su enfrentamiento al gobierno y participe del acuerdo.

Por eso, y porque va a necesitar mucho dinero y ya otea de dónde va a venir, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha sido el primero de los presidentes autonómicos en extrapolar la propuesta de Sánchez al Parlamento de Andalucía, aprovechando su comparecencia plenaria del viernes 25 de abril, con el nombre de Alianza por Andalucía. Dinero va a hacer falta, y en Andalucía mucho más porque la ola de la crisis aquí va a retorcer los pilares del sector turístico y va a revolcar contra el rompeolas litoral a todas las empresas que dependen de él, desde la restauración y el comercio hasta las de limpieza o distribución alimentaria. El primer indicador que anuncia el megamaremoto andaluz es el desempleo de marzo, de todo el paro que ha generado la covid-19 en España, la mitad es andaluz. El recientísimo estudio de la Universidad de Granada ya ha dicho que en Andalucía llegaremos a un 37,5% de paro. Me quedé corto con el 35% que aventuré en el artículo que he citado al principio como expresamente dije en el. La alerta es roja en todos los sensores.

La propuesta del presidente del gobierno andaluz en sede parlamentaria, contó con el apoyo de Ciudadanos, socio de gobierno, del PSOE y de Adelante Andalucía. Se acordó trabajar conjuntamente en una acuerdo andaluz para afrontar los durísimos tiempos venideros. Es una buena noticia, más allá de ver cómo se va concretando. Vox ha seguido su camino antidemocrático hacia la montaña helada fascista, no apoyando el acuerdo. Quedará aislado afortunadamente para las y los andaluces, para las empresas y para los autónomos de nuestro tejido productivo. Amparados por las ideologías del odio y la muerte se pueden hacer guerras pero no negocios, el empresariado inteligente lo sabe. as palabras de Susana Díaz en las que ofrecía sus votos para un nuevo acuerdo presupuestario andaluz ayudan a aislar a Vox. No es poca cosa.

La propuesta de Moreno Bonilla ha situado a la oposición andaluza en la retaguardia de su gobierno. Con un poco de habilidad táctica PSOE y AA podían haberse anticipado y jugar, si no a la par que Bonilla, sí con más iniciativa. Están a tiempo de mejorar su posición porque los marcos neoliberales se agrietan y la izquierda tiene mucho que decir en un ambiente favorable al reforzamiento de lo público.
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La iniciativa de acuerdo deja un territorio abierto de posibilidades para que la parte inteligente de la sociedad andaluza y sus representantes políticos, sindicales y de la sociedad civil, busque una amplia alianza entre el mundo del trabajo y el tejido empresarial andaluz pequeño, mediano y de gran tamaño para territorializar la economía andaluza, hacerla fuerte en proximidad y menos dependiente de avatares externos o sobrevenidos, ante el riesgo de que esta crisis convierta en sirvientes de capitales y políticas externas a toda Andalucía, incluida a la clase adinerada andaluza tan tendente a la desidia como a la residencia efectiva en Madrid.

Para hablar y acordar hay materia si se piensa transversalmente con marcos democráticos. Los contenidos, para afrontar las verdades que ha puesto de manifiesto la covid-19, habrán de centrarse en el reforzamiento del sistema sanitario público, de los sistemas de cuidados y protección social, la reestructuración de nuestro sistema productivo, el redimensionamiento y reconversión de ciertos sectores, así como la presencia o influencia andaluza en las decisiones de Estado y de la UE para que sean lo más fructíferas posibles para nuestra tierra. Se nos viene encima un paro descomunal y es hora de demandar en serio un fuerte impulso industrial. ¿Qué tal industrializar Andalucía apalancándonos sobre las demandas de la salud, las energías renovables, el sector agroalimentario y las tecnologías digitales?

Fuera del aire de los pactos se están quedando Torra, la CUP, Vox y, quién sabe, el PP con sede en la ciudad Estado de Madrid, utilizando la lucida metáfora de Enric Juliana. Dentro, una España diversa que puede avanzar en el reforzamiento democrático del estado dentro de une UE más federal y cohesionada. Esperemos que del lado de la inteligencia siga el PP andaluz liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla que, al menos en este impulso de acuerdo, se comporta como una derecha civilizada al estilo de la que representa el PNV.

Pablo Casado y sus escuderos Cayetana y Teodoro, estarán restregándose los ojos con la operación andaluza emprendida por Juan Manuel Moreno Bonilla. Sanchez e Iglesias han debido ver el acuerdo del parlamento andaluz como agua de mayo. Por el contrario, Casado, tras conocerlo, habrá pasado un fin de semana de pesadilla con un Juan Manuel Moreno Bonilla aparecido como podemita que corea ¡en Andalucía sí se puede!

Bicicletas contra la Covid-19

Algunos ministerios como el de Sanidad o el de Transición Ecológica han comenzado a darse cuenta que la promoción de la bicicleta puede ser una política de Estado para luchar contra la enfermedad covid-19. Su uso para la movilidad urbana, para los desplazamientos al trabajo, a las compras, al cole, al ocio y la cultura o a instalaciones deportivas, es una forma de asegurar el “distanciamiento social” que va a seguir exigiendo el control de propagación del virus. En tiempos de tensión, es bueno acordarse de la bici. La bicicleta “desestresa” y da felicidad. El coche y la moto acucian la emergencia de la angustia. No sería poco para fomentar su uso para, también, poner la vida en el centro.

Ojalá podamos dar de-verdad la bienvenida al Estado a la bicicleta en una España en la que son muy pocas instituciones locales, comarcarles y autonómicas con poder y competencias las que actúan de manera efectiva para fomentar su uso. Estaría muy bien, aprovechando el impacto crítico sobre nuestras costumbres como especie que la pandemia está provocando, utilizar viejas reivindicaciones de la ecología para ponerlas en el centro de la solución de los problemas actuales y lanzarlas hacia adelante para consolidar sus bondades. La bicicleta como medio de movilidad es una de ellas.

No todas las distancias se pueden recorrer en bici ni todas las personas pueden recorrer las misas distancias ni con la misma seguridad ni por los mismos sitios. Pero es indudable que muchas sí, que si hay políticas de estado correctas que no dejen, en esto también, a nadie atrás, muchísimos desplazamientos que se hacen a motor innecesariamente pueden hacerse en bici. Piensen ustedes en su vida diaria y en la de las personas de alrededor, miren cómo se mueven y verán. No olviden pensar en las personas mayores, en los niños y niñas y en quienes necesitan cierta adaptabilidad de los recorridos para hacerlos posible y seguros. No hay que ser un estudioso para imaginar un sin fin de cosas que se pueden hacer para facilitar el uso de la bici en buena parte de nuestros desplazamientos diarios.

La insonora bicicleta no provoca accidentes graves -en las ciudades la inmensa mayoría de accidentes son coche/moto/peatón. La bici no consume combustible, no contamina, es escudo individual y colectivo contra el cambio climático, no pelea por el espacio urbano, no requiere grandes y costosas infraestructuras. Tiene un precio al alcance de la inmensa mayoría de los bolsillos. Sobre ella hacemos deporte sin notarlo y mantenemos nuestra salud, la salud de las ciudades y la de la naturaleza en forma. No hace falta ser un deportista con espléndida condición física, ni joven, para montar bicicleta.

Si muchos, aprovechando el estímulo de autoprotección y protección comunitaria al que el covid-19 nos obliga, nos animáramos al máximo a ir en bicicleta, otra realidad del mundo alumbraría. Pero no basta, es imprescindible que, de una vez por todas, la bici ocupe en España en las políticas de Estado el lugar que por su potencialidad para proteger lo común le corresponde.

Cuando se aprende a montar en bici no se olvida nunca, ojalá nuestras conciencias y nuestras autoridades políticas hayan aprendido de esta letal pandemia y no olviden muchas de sus enseñanzas, entre ellas, no menor, que la bicicleta es salud personal, salud colectiva, salud como especie humana y salud planetaria.

Cuando el desastre pase, recordemos que durante un tiempo la atmósfera estuvo limpia y las estrellas lucían con un brío desconocido para las generaciones más jóvenes. Los primeros estudios serios de letalidad indican que es mayor en las zonas con alta contaminación atmosférica, usemos las bicis contra el covid-19. sigámoslas usando cuando pase a favor del planeta, si alguna vez volviese a ocurrir esta desgracia harían falta menos respiradores.

Una bomba atómica de neutrones ha caído sobre Andalucía y, como el virus, nadie los ve

Lector, lectora, si vives en Andalucía mira a tu alrededor desde la ventana del confinamiento. ¿Ves lo que yo? Las ciudades y pueblos vacíos, la vida como la conocíamos desaparecida. Los comercios, los bares, los restaurantes, los chiringuitos playeros, los bares de copas, las salas de fiestas y discotecas cerrados. Los cines, los teatros, los grandes y pequeños festivales de música, de rock, clásica, flamenco, jazz, clausurados sine die. Toda la red de hospedaje, pensiones, pisos turísticos, viviendas vacacionales, hotelitos, casas rurales, hoteles de todas las estrellas, cerrados hasta un “ya veremos” incierto.

Andaluz, andaluza, da igual donde hayas nacido si vivimos juntos, si ves eso, ves lo que yo veo. ¿Te preguntas como yo por qué eso no lo ve el Gobierno andaluz? Que además de ver eso debería ver que lo que llaman el desescalamiento de la crisis sanitaria no ocurrirá de un día para otro y que a todos esos sectores que describo en el párrafo anterior les espera una larga travesía del desierto y no solo hasta que haya cura o vacuna para el covid-19, será todo mucho más largo.

La economía andaluza, prácticamente toda la economía formal y mucha de la informal, vive por razones históricas políticas estructurales, que no quiero traer aquí porque lo importante ahora es pensar en el hoy y el mañana cuando la letalidad baje, está soportada sobre cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, decenas de miles de pymes y autónomos y un buen puñado de grandes empresas hoteleras con gran capacidad de empleo estacional o no, que demandan servicios de todo tipo de otras muchas empresas.

La crisis en la que ya estamos es para el empleo en Andalucía como una bomba atómica de neutrones, como el virus nos matan sin hacerse visibles. Si como dice de manera optimista el FMI, el paro en España crecerá este año hasta el 21%, en Andalucía podrá alcanzar cifras superiores al 35%, me quedo muy corto seguro. Solo en este pasado mes de marzo en el que se inició el estado de alarma, de todo el paro que se creó en España, la mitad fue andaluz. No será difícil que Andalucía acabe soportando más de la tercera parte del paro español aun representando al 20% de la población del estado. Imaginad las consecuencias, todas, las migratorias incluidas. La experiencia de la crisis de 2008 es la más reciente para prever que la tragedia será aún más descomunal que la de entonces y de mucho más largo recorrido temporal.

Es incomprensible que el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos no esté actuando ya para que el daño que eso supone para personas, familias y empresas, se limite al máximo. Es incomprensible que esté a por uvas convalidando en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía un decreto ley que pretende volver a los tiempos de Jauja dando facilidad a grandes agentes económicos para destruir patrimonio cultural y natural, territorio y soberanía social, política y laboral. Es un gobierno ciego por completo, porque con la bomba de neutrones que ha caído sobre Andalucía, ni siquiera esa aspiración de vender Andalucía a cualquier precio le saldrá bien.

En el gobierno de España, las y los ministros más progresistas, entre ellos todos los de Unidas Podemos aprietan en el Consejo de Ministros para que una Renta Básica de Emergencia o Ingreso Mínimo Vital, llámenla como quieran y detallen lo que les parezca pues no es momento para debates sobre las esencias, se apruebe cuanto antes. Por lo que he descrito, para las personas más afectadas por la crisis un ingreso así es vital para ahora, para ya, no para mañana, también para la economía española es fundamental, pero es que para Andalucía es el único antídoto contra la radiación de neutrones que ya se expande invisible, como el virus, por todo el territorio liquidando empresas y empleo.

En una entrevista en Público, el ministro Alberto Garzón, describe la misma visión que cualquier andaluz o andaluza ve desde la ventana de su confinamiento: “…muchos de mis vecinos en Málaga viven de la hostelería, de contratos muy intensos durante el verano que este año probablemente no existan. Son familias que tienen que pagar el agua y la luz, los recursos más básicos, y es ahí donde entra Unidas Podemos: lo primero es proteger a esa gente. Y la renta mínima es urgente porque hay gente en este país que se va a quedar sin dinero, con cero ingresos. Hacen falta medidas de radicalidad económica para ella.”

Si lo vemos la inmensa mayoría de andaluces y andaluzas desde la ventana, si lo ven los ministerios en Madrid, me pregunto: ¿Por qué no lo ven las organizaciones de la sociedad civil andaluza? ¿Por qué el sindicalismo andaluz, UGT-A y CCOO de Andalucía junto con los demás, no están actuando ya para generar un movimiento andaluz de apoyo masivo a una Renta Básica de Emergencia ya, ya y ya? ¿Por qué no lo ve el empresariado andaluz? ¿A quiénes obedecen los representantes de las empresas andaluzas y de las y los autónomos andaluces en perjuicio propio y en beneficio externo? ¿Por qué el bloque progresista en el parlamento andaluz PSOE-A y Adelante Andalucía no acuerdan exigir conjuntamente a la presidencia andaluza de San Telmo y la vicepresidencia, los señores Moreno y Marín, que se dejen de guerras de contabilidad de infectados y reclamen al gobierno de España la Renta Básica de Emergencia para ya, ya y ya?

¿Acaso creemos las y los andaluces que desde fuera nos van a sacar las castañas del fuego por nuestra cara bonita sin que apretemos? Para que el progreso avance en España y para que Andalucía resista los largos meses, seguro más de un año, que nos esperan, dado que las cifras de paro y destrucción empresarial van a ser aquí terroríficas por nuestros monocultivos económicos y laborales, es preciso que Andalucía lance un clamor al gobierno central exigiendo la Renta Básica de Emergencia para ya, no para mañana, ni para pasado mañana ni para de aquí a tres meses, para ya. Sería además la mejor forma de apoyar al gobierno de España en su intención de que nadie se quede atrás por razón de su situación, entre las que podemos incluir el territorio en el que vive, frente a las presiones que actúan en contra de esta premisa de justicia social.

O se actúa ya, o cuando las empresas en Andalucía puedan volver a contratar van a encontrar disponible un ejército de muertos vivientes. Mientras escribo esto la radiación de neutrones, tan invisibles como el virus, sigue actuando. Nosotros, las y los andaluces, veremos lo que hacemos.

¿Quién defiende a Andalucía ante los efectos del covid-19?

Los segadores andaluces, André Masson 1935

La crisis del covid-19 ha cogido a España con el sistema inmunológico público destrozado. El virus letal ha llegado justo cuando un gobierno sensible a la lucha contra la desigualdad, después de 12 años, desde 2008, de políticas de ajustes, austeridad y recortes para la mayoría ciudadana, iniciaba su andadura con la intención de equilibrar la balanza de la justicia social, muy vencida a favor de las grandes empresas, los fondos extranjeros de inversión y la banca (si es que esta clasificación de poderes del capital no esconde que todo pertenece a unos pocos).

Los datos relativos al deterioro del estado del sistema sanitario son evidentes. Desde 2008 hasta la actualidad ha disminuido la inversión pública por habitante en sanidad en términos netos en un 0,6% del PIB, pasando del 6,6 al 6,2% (datos de la OCDE). Andalucía es la comunidad autónoma con menor inversión sanitaria per cápita, 1.164€, seguida en escasez inversora a muy corta distancia por Cataluña y Madrid. Las tres comunidades más pobladas que representan casi la mitad de la población española son las que menos atención le prestan a la inversión en salud, muy lejos de los 1.731€ de la inversión per cápita de Euskadi (datos del Ministerio de Sanidad). Los números de inversión pública sanitaria (me niego ha llamarlo gasto) explican los déficit en personal, en camas, en UCIs, en respiradores, EPIs y material para afrontar la crisis del covid-19. Pero esos mismos números explicaban antes las listas de espera, la precariedad laboral y la saturación de consultas y hospitales en tiempos de “normalidad”.

Pero no solo el sistema sanitario descentralizado en las comunidades autónomas está en estado inmunodepresivo. El resto de políticas de estado que podrían funcionar como amortiguadores de la crisis económica y social que se derivará de la sanitaria se encuentran igualmente en la UCI y sin defensas. El actual gobierno no ha tenido tiempo, salvo para la subida del SMI, de preparar a España para una etapa con más justa capaz de afrontar en mejores condiciones dificultades sobrevenidas.

La inversión en ciencia, conocimiento e investigación tecnológica, en educación pública, en becas, en los sistemas de ayuda a la dependencia, en los sistemas de protección socioeconómica mediante salarios dignos, derechos laborales, prestaciones por desempleo o subsidios y pensiones, se encuentran limitados y recortados tanto o más que los sistemas de salud. La situación es tal que no sirven ni para cuidados paliativos. El gobierno no tiene más remedio que aplicar, en medio de los contagios y las muertes, medicina intensiva para limitar el destrozo laboral y empresarial causado por el confinamiento y la paralización de buena parte de la actividad económica. Con mayor o menor acierto lo está haciendo cercado por las presiones de quienes se beneficiaron de la crisis de 2008.

Hablo de España. Si hablase de Andalucía no encontraría metáforas de la salud para describir el destrozo en el que nos adentramos. Habría de buscar las metáforas en las películas de terror. El anuncio de que se aproxima la noche de los muertos vivientes lo han dado las cifras de aumento de paro en marzo como consecuencia de las medidas para afrontar la crisis sanitaria. De los 302.265 nuevas personas desempleadas en marzo casi la mitad son andaluzas, 138.569. Un 46% del nuevo desempleo español es andaluz.

Las causas son estructurales. Andalucía tiene un sistema productivo muy desindustrializado, acoplado, aparte de a la olvidada agricultura, sobre los servicios, el comercio, la hostelería, el turismo y la construcción. El turismo tira directa e indirectamente de estos últimos sectores. Si hoy día se caen el turismo y la hostelería, como así va a ser, se cae Andalucía. En la de crisis de 2008 se cayó la construcción, también el daño en Andalucía fue el doble que en la media del resto del estado.

Estos son los hechos, y no por ignorarlos, como hace el actual gobierno andaluz, dejan de ser verdad. A estos hechos quiere enfrentarse el gobierno andaluz aprobando un decreto ley el 16 de marzo, ya en estado de alarma, que modifica o deroga veintiún leyes y seis decretos para “simplificar trámites”. Una manera eufemística de llamar a la ley de la selva eliminando las barreras administrativas de protección contra el urbanismo salvaje, la destrucción medioambiental o el patrimonio cultural andaluz, entre otras muchas liberalizaciones para facilitar el libre albedrío de inversores extractivos que solo dejan precariedad y desolación. El decreto ley fue convalidado sin trámite parlamentario con el apoyo de Vox en la diputación permanente del parlamento andaluz del 2 de abril, en pleno estado de Alarma y en los días más críticos de la pandemia, hurtando un debate democrático y con ciertas libertades civiles coartadas de facto para manifestar la protesta. Con esta enorme modificación legislativa el gobierno andaluz intentar volver a los tiempos de Jauja, cuando los excedentes de capital extranjero actuaron como veneno bulímico para engordar la construcción, hipertrofiar nuestra economía con el turismo, dañar los centros históricos con la gentrificación y despreciar nuestro patrimonio cultural y natural. Moreno y Bonilla pretenden despertar a Drácula para que nos siga chupando la sangre, esa es su única determinación política respecto de Andalucía.

Estos son los hechos. Tenemos un gobierno del estado luchando contra la pandemia, peleando en Europa una salida cooperativa que no limite la inversión pública ni lastre el futuro del país, actuando con medidas de choque contra los daños sociales y empresariales, y sometido a presiones para que estas medidas se desplacen más hacia el apoyo a los capitales que hacia el apoyo a las personas. ¿Y en Andalucía qué tenemos? Un gobierno pensando en retorno al pasado y una oposición incapaz de articular una propuesta de salida colectiva cooperativa que apoye al gobierno gobierno del estado en su imponente tarea y prepare las condiciones para que el terror no se consolide en Andalucía.

Con poco acierto en su denominación, dado que aquellos pactos supusieron la desactivación de la capacidad reivindicativa que tenían las y los trabajadores a la muerte del dictador y la vía de incrustación de los agentes económicos y de poder del régimen franquista dentro de la nueva institucionalidad democrática, del gobierno de Pedro Sánchez ha partido una propuesta de Nuevos Pactos de la Moncloa. Una oferta de diálogo y acuerdo a todo el país, incluidas a las comunidades autónomas representadas en sus gobiernos. Más allá de cómo se le llama y cómo fragüe el contenido de la idea, ¿no sería el momento de abordar un pacto por Andalucía que nos diera voz como sociedad en ese dialogo que tiene calado europeo? ¿Quién defenderá tras la pandemia los intereses de las y los andaluces? No parece que vaya a hacerlo la tríada PP, Ciudadanos, Vox con sus débitos a las altas jerarquías con residencia en Madrid o Barcelona. ¿Lo hará un PSOE andaluz en la oposición, que no ha superado su antisanchismo, y no ha acabado de interiorizar que España tiene un gobierno de coalición que intenta superar las limitaciones bipartidistas de decenios anteriores? ¿Una coalición Adelante Andalucía que no ha hecho ni una sola propuesta de estado en mitad de la pandemia para afrontar el claro desequilibrio andaluz?

Parece imprescindible que Andalucía se sitúe cuanto antes en los debates de estado y de Europa con voluntad de diálogo y acuerdo. No solo se la juega la ciudadanía andaluza. Se la juegan las PYMES y el tejido de trabajadoras y trabajadores autónomos tanto como el mundo del trabajo. No de manera partidista ni partidaria, sino con un acuerdo propio de país andaluz a la vista de nuestros diferenciales estructurales de partida.

El primer acuerdo de representantes de la sociedad civil andaluza, el sindicalismo, el empresariado y los partidos del arco parlamentario que quisiesen apoyarlo parece que debería empujar al gobierno andaluz para que exija de manera urgente al gobierno de España la aprobación de un ingreso mínimo vital, transitorio o permanente, para evitar que la economía andaluza acabe siendo a la salida de la pandemia un cementerio de empresas lleno de muertos vivientes. Si el gobierno del PP y Ciudadanos con apoyo de Vox se resiste a defender medida imprescindible en Andalucía para combatir la crisis y prepararnos para su salida, el resto de fuerzas políticas en alianza con los sectores empresariales, sindicales y de la sociedad civil deberían impulsar la demanda sin más dilación, si es urgente en España, en Andalucía es realmente vital.

Los Pactos de la Moncloa se firmaron el 25 de octubre de 1977, partidos políticos, sindicatos y partidos nacionalistas vasos y catalanes jugaron en ellos un papel crucial. Esos pactos pactos fueron un hecho político de primera magnitud para definir las condiciones en las que se iba a producir la transición política desde la dictadura franquista hacia la democracia. Ya he dicho sin ambigüedad que con esos pactos la clase trabajadora cedió demasiado y la dictadura se incrustó en la democracia.

La manera que tuvo Andalucía de reescribir en beneficio propio esos pactos siendo la región mas dañada por el franquismo (como dice un buen amigo metafóricamente: “la SEAT no la pusieron en Andalucía y eso nos hizo emigrantes”), dado que había sido ignorada en los mismos a pesar de que las diferencias estructurales en nuestro perjuicio respecto del resto del estado eran entonces abisales, fue mediante la movilización social y las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Esas manifestaciones lograron alterar la constitución territorial y sentaron las bases para que Andalucía no quedara relegada a mera espectadora en el reparto de poderes del estado.

No sabemos si la derecha española y sectores del gran empresariado español acabarán entrando a un pacto de estado, de momento pinta que no. Los acuerdos de estado que pudieran salir adelante estarán enmarcados en las decisiones que Europa tome respecto de su futuro. Eso será determinante no solo para el gobierno que los impulsa sino sobre todo para quienes ahora se resisten a hablar con voluntad de acuerdo. Si el camino de Europa es la profundización democrática y protección de las personas, el cambio del modelo productivo hacia parámetros ecológicos y feministas, la reindustrialización y territorialización de nuestras economías para hacerlas menos dependientes de avatares externos, la descarbonización mediante las energías renovables laminando la dependencia del petróleo, el gas y el carbón, y la agroecología como motor esencial para redistribuir población y poder, entonces es indudable que Andalucía tendría mucho que ganar. Para ello ha de tener voz propia (no hablo de partido), ha de tener un proyecto de país compartido en el que caben por supuesto los sectores empresariales propios que llevan años sufriendo la conversión en peones de fondos externos.

Escribo esto para preguntar, aquí, en Andalucía, mi tierra, ¿quién anda ahí? ¿Quién defiende Andalucía? ¿Quién o quienes van a promover desde ya un acuerdo político de amplio espectro que apriete al gobierno de España para que apruebe con carácter de urgente un ingreso mínimo vital (llámenlo como quieran) como sonda de alimentación mientras nos preparamos para un cambio revolucionario que rompa los límites estructurales que nos condenan a la desigualdad? ¿Quién anda ahí?

Un pacto por la democracia social y ecológica en Europa, clave para unos nuevos Pactos de la Moncloa

El gobierno de España propone un pacto de estado post crisis sanitaria que emule los Pactos de la Moncloa de 1977, para afrontar la descomunal magnitud de la crisis social y económica que legarán las imprescindibles medidas adoptadas para limitar el impacto sobre la salud de las personas que dejará la covid-19.

Los partidos políticos del ámbito progresista, nacionalista y democrático responden a la propuesta con cautela sin negar ni afirmar su necesidad. Ciudadanos, dada su debilidad, está a verlas venir y plantea desplazar los pactos desde la residencia de la presidencia del gobierno en la Moncloa hasta la sede de la soberanía nacional en la Carrera de San Jerónimo, no es asunto menor, pero no dice de entrada que no. La derecha que representa el PP, condicionada por su herencia ultra reaccionaria reciente en materia social, económica y territorial, dada la amenaza neofascista de Vox de seguir restándole electorado, antepone condiciones que se aventuran imposibles: recentralización del estado y ruptura reaccionaria con el proyecto socialprogresista y feminista del gobierno de coalición; retorno a un pasado que representa mucho mejor Vox si no le añadiésemos su visible matonismo.

La crisis económica en la que España estaba sumida en 1977 como nos recuerda Carlos Enrique Bayo en su artículo de Público “Las siete preguntas clave sobre el papel de los Pactos de la Moncloa en la Transición”, respondía a variables propias enmarcadas en una crisis mundial, que hoy llamaríamos también crisis ecológica, por la subida del precio del petróleo en un solo año desde 1,63 a 14 dólares/barril.

Desde 1977 hasta ahora el mundo ha cambiado muchísimo. El capitalismo en su fase financiera neoliberal con su inherente necesidad de crecimiento permanente ha huido de los territorios (globalización) bien ignorándolos, bien destruyéndolos, bien apoderándose de los gobiernos por la vía de la deuda o directamente de la guerra. El sistema económico productivo global ha avanzado contaminando, calentando, envenenando, destruyendo y rompiendo todos los ecosistemas cualquiera que sea su escala territorial. La desigualdad entre personas y género ha crecido de manera imparable como externalidades negativas sociales para sostener las dinámicas del capital. Todo esto ha ocurrido al tiempo que se desmoronaba el soporte de los estados del bienestar que limitaba el daño social al que se aplicaban principalmente en Europa los partidos socialdemócratas.

La crisis de 2008 es la primera detonación nuclear del sistema. El capitalismo pierde pie tras su huida hacia adelante por la vía de la financiarización y la desconexión de la economía productiva. Las bancas europeas entran en quiebra porque la productividad de la economía real es incapaz de pagar la deuda. En España, la economía sostenida en los años de Jauja, por la construcción de mas vivienda que en Italia, Francia y Alemania juntas, se derrumba y arrastra bancos y cajas de ahorros (por cierto en manos la mayoría de ellas de políticos sin escrúpulos).

Conocemos la historia. Las decisiones políticas de la Unión Europea ahondaron el daño social en todos los países, pero sobre todo en los países del sur al imponer a los estados condiciones de endeudamiento ultra reaccionarias para, tiene guasa el asunto, rescatar a la banca. ZP, o sea el PSOE, como última acción de gobierno después de liquidar el superávit público en un plan de obras para tapar baches (el Plan E) pacta con Rajoy por imposición del capital alemán la reforma del artículo 135 de la CE con el fin de dejar atado en la CE la obligación de anteponer el salvamento a la banca al salvamento de las personas. Ese acto que hoy podríamos calificar de antipatriótico desde posiciones progresistas pone una autopista constitucional a toda la política antisocial (y asesina en término de justicia social) que Rajoy con su PP de la Gürtel ejecuta en España. En Europa podía haber estado la solución y en Europa encontramos entonces la condena.

He resumido mucho para concluir el recorrido histórico hasta decir que si la ecología política venía explicando que la crisis del sistémica del capitalismo era una crisis metabólica debido al choque del sistema productivo económico con los límites materiales de nuestra existencia, escasez y agotamiento de materias primas, calentamiento global, alteración de las condiciones químico-físicas de la biosfera y pérdida de biodiversidad, la pandemia de la covid-19 es la constatación de que si no abordamos la salida desde posiciones ecologistas que integren la salud y el futuro decente y digno de los cuerpos, las vidas y los territorios, ahora que todavía estamos a tiempo, cualquier otro acontecimiento emergente podría suponer tal devastación económica y social que podría conducir a la certificación de muerte de las democracias.

Los artículo que el economista Juan Torres está escribiendo estos días de confinamiento en Público alertan y proponen medidas imprescindibles de combate para afrontar de inmediato la gravísima crisis social y económica en la que nos adentramos. La salud es lo primero, porque sin salud no hay economía y sin economía no hay vida (salud, dinero y amor decía aquella canción). Tres asuntos centrales destaco de esos artículos. El primero es que hay que hacer ya lo que haga falta para salvar las economías de las personas, las familias, los autónomos y de empresas (en ello está el gobierno navegando en difíciles equilibrios intentando que nadie quede atrás). El segundo es la apelación a la necesidad de que esta vez la política Europea actúe coordinada y solidariamente sin condicionar las políticas sociales y económicas de ninguno de los países, si hemos entregado nuestra soberanía monetaria y parte importante de la política económica a la UE, no es para ponerla al servicio exclusivo de países ricos como Holanda (un paraíso fiscal de facto) o Alemania (un extractor de capital del resto de la UE). Para ello es imprescindible aplicar políticas de deuda mancomunada (los coronabonos), de inversión social directa a las personas que han quedado desempleadas, y de apoyo directo a las empresas que van a entrar en crisis. Y tercero, y lo más importante, es imprescindible abrir una vía en el Tratado de Lisboa para que el BCE pueda prestar dinero directamente a los estados sin la necesidad de pasar por la intermediación de la Banca privada. Europa se la juega, consiguientemente se la juegan las democracias europeas como bien advertía el presidente, Pedro Sánchez, en el artículo de este domingo 5 de abril publicado en El País y que reproducían las principales cabeceras europeas.

Lo que no debemos olvidar como lección de esta crisis sanitaria es lo que recuerda Francisco Garrido en La Voz del Sur este pasado 6 de abril con el provocador título “El medio ambiente no existe, imbécil, el medio es el todo”. Consiguientemente, ni para mañana ni para pasado mañana, para más allá, unos nuevos Pactos de la Moncloa han de adaptarse a la necesidad de afrontar las causas raíz de las últimas crisis, causas ecológicas agravadas en sus consecuencias sociales y económicas por las políticas neoliberales. Los pueblos de Europa deben asumir colectivamente este reto en el marco de unos nuevos geoequilibrios de poder mundial que, sin duda, dejará visibles esta crisis, ya lo estamos viendo al observar los diferentes papeles de EE.UU y de China ante la crisis pandémica.

El pragmatismo político y la magnitud del problema ha llevado al gobierno de España a defender en Europa una salida justa, social y colectiva, y en España a proponer unos nuevos Pactos de la Moncloa. El presidente Pedro Sánchez ata esa salida a las políticas europeas contra el cambio climático, el vicepresidente Pablo Iglesias al reforzamiento de los artículos sociales de la Constitución Española. No parecen malos ingredientes para unos acuerdos de estado. Los partidos nacionalistas intentarán llevar al acuerdo sus respectivas territorialidades y demandas de soberanía, no estaría mal que se aprovechasen para, definitivamente, dar un horizonte de salida a la cuestión territorial. Y no solo para Cataluña, otras nacionalidades, naciones y regiones, tendrán mucho que decir, Andalucía sobre todo, a la vista de nuestra posición de debilidad extrema con el actual modelo productivo que nos condena a ser los camareros y agricultores precarios del mundo.

Si algo ha dejado claro la covid-19 es que necesitamos un fuerte Estado social con límites democráticos para evitar la ley del más fuerte, que necesitamos que la fortaleza de lo público sea considerada una inversión vital estratégica, sanidad, educación, dependencia, protección de mayores, jóvenes y desempleados, una inversión patriótica de verdad y no la de la banderita o banderaza. Que territorializar nuestra economía, industrializarla y limitar su dependencia del exterior, es imprescindible. Que necesitamos diversificar las fuentes de productividad, no podemos seguir dependiendo del turismo de manera tan determinante (si la crisis en España va a ser trágica, en Andalucía va a ser terrorífica), que necesitamos equidad y justicia en inversiones territoriales (cooperación, fraternidad y federalismo). Que necesitamos generar una economía de ecosistemas municipales, comarcales, autonómicos y estatales capaces de autosostenerse, resiliencia y reproducibilidad, en tiempos de dificultad. Que necesitamos poner en el centro la vida y la economía de los cuidados, feminismo. Que necesitamos las energías renovables para tener seguridad y soberanía energética, que necesitamos la agraoecología para tener alimentos saludables procedentes de un medio ambiente próximo y limpio, que necesitamos aproximar los lugares de consumo para alejar la desigualdad, que necesitamos movernos menos y con mas seguridad. Que necesitamos las redes digitales sin brecha por razones económicas como forma de acceso a los servicios públicos, el conocimiento y la cultura. Que necesitamos la ciencia y la investigación cooperativa.

En definitiva, necesitamos proteger lo común.

Sin un acuerdo en Europa por una democracia social y ecológica será mucho mas difícil avanzar en unos nuevos Pactos de la Moncloa que superen, de lejos, las limitaciones que nos dejaron los de 1977.

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Referencias

- “Las siete preguntas clave sobre el papel de los Pactos de la Moncloa en la Transición” en https://www.publico.es/politica/pactos-moncloa-siete-preguntas-clave-papel-pactos-moncloa-transicion.html
“Europa se la juega” en https://elpais.com/elpais/2020/04/04/opinion/1586022750_086446.html



- “El medio ambiente no existe, imbécil, el medio es el todo” https://www.lavozdelsur.es/el-medio-ambiente-no-existe-imbecil-el-medio-es-el-todo/

Covid-19, pensar la esperanza. Ecología, feminismo y federalismo

Hay colesterol bueno (HDL) y colesterol malo (LDL) como hay ozono bueno (estratosférico) y malo (troposférico). Hay virus buenos, y virus malos, el Covid-19 es malo. Calificamos de bueno o de malo algo según haga daño o cuide a la humanidad.

Hay populismos buenos y populismos malos. Lo estamos viendo ahora más que nunca. Hay nacionalismos buenos y nacionalismos malos, lo hemos sabido siempre. Tanto el populismo como el nacionalismo no son en sí ideologías, son herramientas tácticas o estratégicas para las ideologías. En uno de mis últimos artículos en este medio, Virus e ideología, una cuestión de vida o muerte, he descrito que hay ideologías de la muerte e ideologías de la vida, ideologías malas e ideologías buenas. Consiguientemente tanto el populismo como el nacionalismo o el populismo nacionalista, pueden ayudar a las ideologías de la vida o a las ideologías de la muerte.

Diríamos que el nacionalismo es una suerte de populismo que llama a la gente a aglutinarse en masa bajo categorías trasversales. Cuando esas categorías son la etnia, o la genética, la condición territorial de nacimiento, real o imaginaria, histórica o mítica, el nacionalismo populista es antihumanitario, es entonces un nosotros contra un ellos, su deriva hacia el mal es xenófoba, homófona y machista; son los nacionalismos de derechas, de ultraderecha o directamente fascistas, nazis, franquistas (en versión española) o neofascistas (con carácter universal).

Lo estamos viendo a las claras estos días con las actitudes de Vox y la jauría que han construido sus bots digitales en las redes sociales, telefónicas y de medios de comunicación que en realidad son asesinos a sueldo del periodismo por la propagación de mentiras y bulos sin base de verdad alguna. En su tarea de oposición al gobierno, su nacionalismo español lo construyen contra las mujeres culpabilizando al 8M del covid19, cuando esos mismos días millones de personas se relacionaban de cerca en el transporte, en centros comerciales, en actos deportivos de masas, en eventos culturales o en su propio mitin procedentes de Milán, el epicentro de la pandemia en Europa. O lo definen contra la inmigración pidiendo que paguen por ser cuidados en el sistema sanitario público, poniendo en riesgo la vida de la persona inmigrante y de toda la población, quienes en su inmensa mayoría están trabajando en servicios esenciales, cultivando la tierra, atendiendo a la dependencia domiciliaria, cargando y descargando, reponiendo, llevando y trayendo. Es populismo nacionalista del muy malo, cancerígeno y carcinógeno. Un nacionalismo populista que, permanecía en reservorios familiares o partidistas, como el propio Partido Popular, donde, en tiempos de Jauja y luego de Gürtel no presentaba sintomatología.

Cuando la categoría central del populismo o del nacionalismo populista (pueden leer también patriótico si lo desean) es la de ciudadanía como concepto ligado a una comunidad de derechos, entonces podemos hablar de universalidad, soberanía, igualdad, fraternidad, solidaridad, justicia, equidad y libertad sin que queden segadas por cuestiones individualmente inelegibles como la condición genética, sexual, de género, cultural, lingüística, económica o geográfica, ya electiva o de nacimiento.

El Covid-19 es un alien invisible. Se propaga con facilidad en los contactos personales, lo que acoplado a una forma globalizada de economía mundo (Inmanuel Wallerstein) que no sabe vivir sin movimientos de personas y mercancías a largas distancias y a la velocidad de los aviones, ha generado una bomba vírica mundial de consecuencias fatales aún desconocidas en su totalidad. En la naturaleza no hay fronteras, es verdad, pero hay límites y ecosistemas, hay complejidad organizada que protege la vida en el planeta, la humana también. Esta pandemia, esta crisis global sanitaria, que como explican científicos prestigiosos es también manifestación emergente de la gran crisis ecológica del planeta, derivará, ya lo ha hecho, en crisis global socioeconómica.

Cuando la enfermedad resulte controlada o erradicada, lo que será posible en un tiempo relativamente breve con el grado de conocimiento científico de la humanidad y las dinámicas organizadas de los estados, el debate entre las ideologías de la muerte y las ideologías de la vida cobrará aún más virulencia que en este momento de confinamiento. Tanto el populismo como el nacionalismo, tanto el nacionalismo populista o el populismo nacionalista podrán ser utilizados para la cooperación y la vida o para el egoísmo y la muerte.

Tal vez convenga, para afrontar esta disyuntiva feroz, reconocer cuanto antes que, como también están diciendo filósofos y filósofas, intelectuales y gente sabia, después de esta pandemia todo estará en cuestión. ¿No es eso el síntoma de una crisis cultural de consecuencias universales? ¿No va a cambiar esta crisis la gramática con la que interpretamos el mundo? ¿Lo cambiará para lo bueno o lo hará para que triunfe lo peor? ¿Se cerrarán los pueblos y las naciones sobre sí mismos, confundiendo límites ecológicos con fronteras, primando un nosotros contra un ellos? O, por el contrario, ¿Buscaremos una gobernanza democrática global apalancada sobre las democracias locales?

Una de las revelaciones más poderosas de este crisis global es que se está poniendo en juego la relación entre los conceptos de soberanía y cooperación. El neoliberalismo destruye los poderes soberanos locales concentrando el poder, centralizándolo y extirpando la democracia. Al igual que la economía mundo es el resultado de un proceso de acumulación vertical y horizontal de poder para controlar los recursos, producir mercancías, especular y acumular capital ignorando la función protectora de lo común de los estados, el neoliberalismo es un proceso político cuyo objetivo es la toma de los estados para aniquilar su función orgánica del protección del bien común, o el interés general. Esto explica la virulenta reacción de Casado y Abascal en España, arropados por las cabeceras facciosas, al tuit de Pablo Iglesias que simplemente reproducía el artículo 128 de nuestra constitución.

Más que sobre el concepto nación, los conceptos sobre los que van a pivotar los debates políticos en los que nos estamos adentrando para definir una nueva naturaleza de los estados capaz de confrontar con la naturaleza endogámica y autoritaria que impulsan las ideologías de la muerte, son los de soberanía y cooperación, lo que inevitablemente nos llevará a la relación entre federalismo y fraternidad. Una traducción política biomimética del concepto de ecosistema, como conjunto de relaciones que sostienen los equilibrios para la vida en relación con otros ecosistemas que forman parte de su entorno.

De repente la pandemia revela que no producimos respiradores, mascarillas, trajes de protección, test y otro material sanitario imprescindible. De repente nos damos cuenta a lo bestia que sin estado, sin sanidad pública estamos expuestos abiertamente a la muerte. De repente descubrimos que somos un país desindustrializado que depende del exterior y de la jauría en el comercio internacional. Otra vez nos damos cuenta que hemos entregado la soberanía monetaria a cambio de poner copas y sol a Europa y al mundo (casi la mitad del paro español generado en el mes de marzo consecuencia de las medias antipandemia es andaluz). Consiguientemente tenemos que pelear en Europa un cambio de normas para que el BCE y los estados miembros de la UE antepongan el “interés general” al interés del capital.

Se abre una oportunidad. Estos días nos han faltado mascarillas, respiradores y EPIs, test. ¿Podemos descartar una crisis energética que limite nuestro acceso al petróleo y el gas? ¿Podemos descartar una crisis alimentaria que limite el acceso mayoritario a la comida? ¿Podemos descartar una catástrofe ambiental, o de otro tipo, aquí o en otra parte del planeta, que ponga en riesgo todo nuestro sistema social y productivo? No. Por ello, necesitamos construir un nuevo horizonte de futuro orientado por las ideologías de la vida y la democracia, reforzar nuestras soberanías desde lo local a lo global para trabarlas con normas políticas de fraternidad universal.

La naturaleza, también la humana, no tiene fronteras, el Covid-19 nos lo demuestra. La naturaleza tiene límites, los límites que el capitalismo se viene venimos saltando vertiginosamente de un tiempo a esta parte poniendo en riesgo nuestra vida como individuos y como especie. Las ideologías de la vida están atravesadas por los cuidados, la fraternidad y la protección cauta del medio ambiente. El despreciado principio de precaución. Feminismo, federalismo y ecología son los artilugios para pensar el futuro contra la barbarie.