Son tradición en el bipartidismo monárquico las puertasgiratorias. A la cabeza los expresidentes Felipe González, en los consejos de administración de Red Eléctrica o de Gas Natural, y José María Aznar, en el de Repsol, entre otros como el del fondo de inversión Goldman Sachs. Tampoco son ajenos a las puertas giratorias o la penetración familiar en grandes empresas del Ibex 35 los dirigentes del PNV o de la derecha catalana. Así pagan los grupos económicos de poder la legislación que favorece sus intereses. Así pagan todo el proceso de privatización de sectores que eran públicos.
Pero este modelo, que llamaríamos corrupto, se extiende también con menos grandilocuencia a las dirigencias de los llamados sindicatos más representativos, como UGT y CCOO. Fue sonado el caso de José María Fidalgo que pasó a trabajar para la patronal en la FAES de Aznar. También podemos llamar puertas giratorias al trasvase de dirigentes de estos sindicatos a puestos en partidos, empresas públicas o privadas, o a empleos de alto rango en organismos internacionales. Para la izquierda de régimen, principalmente integrada en IU, la puerta giratoria también se ha abierto en muchas ocasiones. El PSOE la ha colocado en sus listas o en organismos públicos cuando ha tenido poder para hacerlo, o en empresas de sus allegados, como el caso fallido de Alberto Garzón, o en el grupo Prisa otorgando espacios en tertulias o como columnistas.
Así se sostiene la farsa. Lo que ocurre es que esta farsa hace mucho daño a la izquierda al provocar la idea de que “todos son iguales”. Con este modelo de raíz corrupta juega el poder económico para que nada cambie. Si nos centramos en el sindicalismo de régimen el modelo llevó a los sindicatos CCOO y UGT a mínimos de credibilidad. Cuando llegó la crisis de 2008, justo cuando más sindicalismo combativo necesitábamos, los llamados sindicatos más representativos se mostraban incapaces de liderar una confrontación contra la moderación del artículo 135 de la CE que consolidaba constitucionalmente los recortes en derechos sociales y la dinámica asesina de los desahucios en favor de banca y grandes tenedores.
Tras lustros negociando a la baja UGT y CCOO llevaron al descrédito, junto con el bipartidismo monárquico y sus operadores mediáticos la movilización social. Tal es así que tuvieron que surgir, tras el 15M, las mareas y otras plataformas para revitalizar las luchas. Sostengo que el punto de inflexión que provocó una revitalización del sindicalismo de clase fue la negociación de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez que, en octubre de 2018, condujo a la primera fuerte subida de SMI, de 736 a 900 euros. Demostrando que sí se podía. Pero, desde que Pedro Sánchez, con ayuda de Yolanda Díaz y su trup subalterna, expulsó a Podemos del gobierno, previo conjunto de duras maniobras políticas, judiciales y mediáticas, UGT y CCOO han vuelto a las andadas.
En Andalucía lavan de vez en cuando la cara de Moreno Bonilla. En el estado, se apuntan a reformas de prestaciones que limitan derechos. Como el intento de reducir subsidio a parados mayores de 52, el 50% de los cuales está en Andalucía. O la falta de empuje para forzar una buena subida del SMI. O consentir y apoyar que la edad media de jubilación suba de manera efectiva permitiendo que se llegue a los 72 años con incentivos que solo aceptarían personas con bajos salarios. Centran su reivindicación en trabajar media hora menos pero consienten que quien tiene bajo salario tenga que trabajar hasta los 72 años.
Pero lo peor, la puntilla a la recuperación de su credibilidad, es que se han apuntado al régimen de guerra pidiendo. Unai Sordo, líder de CCOO, ha pedido un pacto PSOE/PP para aprobar los PGE. Un acuerdo así, en el actual contexto europeo, anunciaría unos presupuestos belicistas, restrictivos de derechos, antifeministas, antiecologistas, incapaces de afrontar el problema de la vivienda o cargados impositivamente sobre las clases trabajadoras.
Pepe Álvarez, líder de UGT, al pedir un impuesto a la ciudadanía europea para el rearme, se pone a las órdenes de Trump y la OTAN, cuyo secretario general pidió recortes en derechos y pensiones para gastar en armas. También Unai Sordo, en una entrevista en la Cadena SER, ha dejado la puerta abierta, tras el apagón, a acusar a las energías renovables de debilitar el sistema eléctrico y a que el mix energético no evolucione hacia renovables 100%. Así ayuda a la patronal eléctrica, la misma que quiere mantener en marcha las peligrosas nucleares o que no quiere que haya carga impositiva sobre los enormes beneficios que les produce un sistema energético, cuyos precios los definen las propias empresas artificiosamente.
Por todos estos motivos precisamos la construcción de un nuevo sindicalismo de estado con fuerte componente federal y plurinacional, que tenga claro que más armas es menos derechos, menos servicios públicos y más riesgo para nuestras vidas. Un sindicalismo que nos movilice contra el régimen de guerra y que exija que un gobierno que se dice progresista actúe como mínimo en todas las materias como si lo fuese. Un sindicalismo creíble que pida ya la nacionalización de los sectores energéticos y exija una banca pública fuerte.
Publicado en La Voz del Sur
