Lo que pretende 'La Vanguardia'

Es indudable que Enric Juliana es uno de los mejores analistas políticos de la prensa española. Lo cual no impide leerlo excrutando su intencionalidad. En su reciente artículo en La Vanguardia titulado P-24 y P-25 la intención aparece de modo sutil. Juliana busca indicar a Pedro Sánchez que está muy bien frenar a Podemos para lo que quede de legislatura. Digo a Podemos y no a Unidas Podemos porque la foto que ilustra el artículo no es inocente, son las ministras Ione Belarra e Irene Montero sonrientes y aplaudiendo en el acto de desagravio a la primera, celebrado el sábado 26 de noviembre, tras los atauqes machistas de la derecha y la ultra derecha, que encontraron abono en prensa titulada de izquierdas y progresista.

Cuando los articulistas progresistas de La Vanguardia, o los claramente de derechas, buscan adular la actitud de Yolanda Díaz y potenciarla como líder autónoma de Sumar, usan la foto de la vicepresidenta segunda. La intención es la misma, debilitar a Podemos. La pregunta que debemos hacernos es por qué. La Vanguardia es un periódico conservador, monárquico, de derecha económica que decidió ocupar el espacio que El País comenzó a abandonar tras la caída de Zapatero y que culminó con la llegada a su dirección de Antonio Caño. El País se tornaba prensa reaccionaria en tanto La Vanguardia, con referentes como Enric Juliana, Pedro Vallín o Jordi Évole, buscaba expandirse en el espacio hispano que la prensa escrita del grupo Prisa dejaba vacío.

En eso estaba hasta que Alberto Núñez Feijóo sustituyó a Pablo Casado bajo la insignia de moderado con amplia experiencia política. Entonces los propietarios y grupos de interés empresarial y bancario que sustentan de una manera u otra a La Vanguardia, soñaron con que un PP "moderado", ajeno al trumpismo madrileño, podría ganar las elecciones generales y pactar gobierno de España y presupuestos económicos conservadores, como antes de la irrupción de Podemos, con las derechas vasca y catalana. Para que el sueño se cumpla trabajan.

Desde entonces los referentes progresistas de La Vanguardia se fajan para lograr el objetivo; Enric Juliana, de una manera más grácil, y Pedro Vallín pegando un volantazo de tal calibre que ha roto la imagen de progresista liberal, en la que ponía su panorámica erudición cinematográfica. Así se aplican en cultivar las condiciones para que la influencia de Podemos desaparezca del mapa político hispano. Por eso dolió tanto a La Vanguardia que un señor gallego de moderadas maneras se plegase al trumpismo madrileño de la derecha política, mediática y judicial, y rompiese el acuerdo para la renovación del CGPJ que lo certificaba como hombre de estado.

Juliana en el artículo al que aludo arriba afirma que el Pedro Sánchez del 24 de noviembre, día en que se aprobaron los PGE de 2023, no es el mismo que el del 25 de noviembre. Una vez aprobados, el PSOE se comporta en el gobierno y desde su grupo parlamentario haciendo oposición al gobierno, también Meritxel Batet desde la presidencia del Congreso. Esto no le parece mal al referente “progresista” de La Vanguardia, dado que no usa para describir ese cambio manifiesto entre el 24 y el 25 ni un solo adjetivo crítico. Señala, lo imagino escribiéndolo con cierto regusto pícaro, el modus operandi de Sánchez al frenar las críticas a Irene Montero antes de que se aprobaran los presupuestos, para, una vez aprobados, activar los bloqueos de la ley trans, la de familias, la de los derechos de los animales, la de vivienda y la mordaza.

La cuestión es que La Vanguardia busca que se cumpla su sueño, que gane Feijóo y pueda pactar con las derechas vasca y catalana, limitando la capacidad de bloqueo del facherío centralista. Por eso, a través de Juliana, le escribe a Pedro Sánchez, casi sin que se note, como quien no quiere la cosa, para que se desplaze al centro haciéndole oposición a Podemos, con el anzuelo de la teoría de Iván Redondo de que tras las próximas generales gobernará quien obtenga más de 140 escaños.

Para el PSOE el problema es que hace tiempo que el centro no existe y que el bipartidismo de la transición se rompió en pedazos, el de Podemos y el de un buen número de pedazos plurinacionales y hasta provinciales. La Vanguardia fomenta la imposibilidad de gobiernos futuros con Podemos, adulando a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, trabaja para Feijóo y las derechas catalana y vasca. Lo hace porque sabe que hay votantes en la izquierda a quienes se puede confundir, que están hartos de lo que ensalzan como enfrentamientos o ruido, cuando lo que hay en ese campo son diferencias estratégicas relevantes, que tienen que ver con querer suplantar al PSOE para ser un PSOE bis o, sencillamente, sustituirlo, para avanzar por la izquierda y la democracia en la medida en que el contexto lo permita.

La sororidad de Yolanda Díaz

Una afición deportiva fliparía viendo como el entrenador de su equipo regaña a un jugador cargándole la culpa de que lo acribillen a patadas, le pongan zancadillas o le arranque la camiseta a jirones. En mi primer equipo de baloncesto, cuando era un benjamín -así se llamaba la categoría más pequeña-, en el colegio, aprendí que al compañero se le cuida, se le defiende y se le anima cuando falla o cuando es presionado o atacado por el entorno. En los colegios de los barrios de Andalucía, por los que pasé hace ya muchos años, la peor consideración la tenían los traidores, los chivaticas y los chuletas, por ese orden.

La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, puesta de perfil ante los misiles que la derecha, la progresía y la izquierda con la vocación ideológica de Joaquín Sabina, suministran a la artillería mediática para disparar contra Irene Montero, demuestra que no es directora de equipo. Queriendo o sin querer, da lo mismo, ayuda a enemigos y adversarios. La similitud de sus declaraciones con las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalan el territorio en el que se mueve; demasiado parecido al de Carmen Calvo. La sororidad de Yolanda Díaz con la ministra Irene Montero brilla por su ausencia.

Hasta Pedro Sánchez ha estado más comedido. Tal vez porque debilitar a Podemos impedirá que siga de presidente del gobierno tras las próximas elecciones generales. Los números del CIS continúan dando un porcentaje férreo, en el entorno del 12%, a Unidas Podemos, o sea a Podemos. La valoración alta de la vicepresidenta significa que con un relato de buena, ella, malo, Podemos, sale una media alta por el cariño prestado por la derecha. La contradicción canta.

La operación acabar con Irene Montero le puede salir muy mal al PSOE, tal vez esa sea la verdadera intención del acoso a la ministra de Igualdad: entregar España al PP de Feijóo. Esperemos que el Supremo, las circulares de la fiscalía y la judicatura democrática, pongan sensatez en el asunto de la aplicación de la Ley del solo sí es sí, atendiendo a criterios jurisprudenciales y de Naciones Unidas. A ver si vamos a recordar aquello de: “la justicia es un cachondeo”.

Defender a Irene Montero con los argumentos que ella usa, con la elegancia jurídica de Victoria Rosell y con la sabiduría de Martín Pallín, entre otros y otras, debería ser símbolo de identidad de equipo. El feminismo es el ariete más fuerte a favor del avance democrático y contra los intersticios institucionales heredados del franquismo. Tiene masa crítica detrás, muchísima más que el sindicalismo o el ecologismo. Irene Montero no solo representa la potencia de transformación insuflada por Podemos desde 2014, representa un feminismo popular que ha tocado poder real y que popularizó en la izquierda la palabra sororidad.

Al igual que si no se puede bailar no debería gustarnos ninguna revolución, ninguna unidad pinta bien si quién está llamada a liderarla no trasmite empatía, camaradería, solidaridad, ni sororidad con quien sufre ataques de adversarios, enemigos o aliados. Si Sumar busca debilitar la fuerza de transformación de Podemos resultará un intento de suplantación del PSOE, en lugar de un proyecto de sustitución con voluntad hegemónica. Su recorrido tendrá el mismo alcance de un soplido. La ausencia de sororidad de Yolanda Díaz con la ministra Irene Montero es un indicador explícito.

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Las fotos de Yolanda Díaz y los números del CIS

Yolanda Díaz accedió sin querer, eso dijo, a la vicepresidencia del gobierno de España tras la dimisión de Pablo Iglesias. Designada para liderar Unidas Podemos podía no haber aceptado, de facto no lo ha hecho. “En lugar de sumar resto”, dijo Pablo Iglesias tras defender en Madrid el espacio que cogobernaba España. El ataque brutal contra Iglesias y su familia es implacable desde 2015, en las elecciones madrileñas se recrudeció con la colaboración inicial de las fuerzas adyacentes.

Ya vicepresidenta, Yolanda Díaz casi destruye su potencial liderazgo si la reforma laboral no sale; lo confesó a Évole antes de la votación. Dejó la negociación parlamentaria en manos del PSOE y abandonó a ERC oyendo a la CEOE y a cierto centralismo sindical. Salió de chamba. España es plurinacional también en demandas laborales y especificidades territoriales.

Yolanda Díaz habla siempre de su propuesta de escucha con un discurso antipartidos. Todo el mundo sabe a quién beneficia el discurso antipartidos. Denostar lo que te ha aupado es más restar que sumar. Yolanda Díaz no ejerce función coordinadora en la cuota de gobierno de Unidas Podemos, cinco ministerios. Meses sin articular un discurso político consensuado con los representantes ministeriales de los partidos por los cuales es vicepresidenta, meses alejada de una foto con sus ministras. Guerra de Ucrania, Sáhara, cumbre de la OTAN, audios de Ferreras, momentos para manifestar posición clara y rápida han resultado momentos de alineamiento belicista, elusión del choque con la posición de Sánchez o demora en la opinión.

Llegaron las elecciones andaluzas, la hora de la verdad para constituir proyecto para Andalucía. Vimos con estupor la foto de la Feria de Abril. El discurso antipartidos de Yolanda Díaz significó que todos los partidos eran necesarios menos Podemos Andalucía. Apartar del escenario la opción cuya militancia, contabilizada por seis miles, había celebrado primarias para elegir candidatura sonó a desprecio colonial.

El fracaso electoral lo analicé en La suma no es más. Las maniobras durante la Feria de Sevilla constataron que en las bambalinas de la escucha estaba la intención de debilitar a Podemos, no así a IU ni a Más Madrid. El nuevo carmenismo de Estado tropezó en Andalucía, como lo hizo Más País en 2019. Los cantos de sirena de la capital del reino, aléjate de Podemos y serás grande, estrellan los navíos contra los cortados de Despeñaperros. Le ocurrió a Errejón. Le ocurrió a Yolanda Díaz y huyó veloz.

No hay política sin territorio, ni política sin partidos, la política es tomar partido. Yolanda Díaz quiere formar una organización. Está bien, es democrático. En España hay territorios regionales y territorios nacionales, Andalucía es un territorio nacional desde el 4 de diciembre de 1977. Debilitar a Podemos Andalucía era el primer paso orgánico de Sumar antes de nacer, salió muy mal. Achicar el espacio de Podemos en el estado era achicarlo en Andalucía, una cuestión cuantitativa. El pacto andaluz de Yolanda Díaz se fraguó en Madrid, Andalucía para el PCE, Madrid para Más Madrid a cambio de encabezar la provincia que alberga la capital andaluza, Sevilla. Muy pocos de fuera en la izquierda entienden Andalucía, en Galicia menos.

El proyecto de Yolanda Díaz pasaba, ya no puede, por negociar con Compromís en el País Valenciá (la foto de Valencia), apoyarse en Los Comunes en Cataluña (la foto de Barcelona), entregar Madrid a Más Madrid y debilitar mortalmente a Podemos entregando Andalucía al PCE (la foto de la Feria de Sevilla). El Día de Galicia dijo que no llegaba para las municipales y autonómicas de mayo de 2023, taponando la fuerza de un proyecto de transformación del estado y la visibilidad de sus posibles liderazgos (la foto del 8J en Madrid). Las fotos hablaron adelantando la posición de ceder al bipartidismo el veto a Victoria Rosell como miembro del CGPJ. Son hechos.

Los números de la última encuesta del CIS, publicados por 20 Minutos en un artículo titulado Así retrata el CIS a la izquierda del PSOE: el 41% de los votantes se declara de Podemos, el 34% de UP, el 17% de Sumar y el 6% de IU, significan lo siguiente: Los porcentajes de Podemos y UP son votos podemitas, suman el 75%. La marca Podemos es determinante. El porcentaje de IU es mínimo, extrapolado a nivel de Estado señala su irrelevancia. Se comprobó en las andaluzas, IU tira a la baja. El porcentaje Suma si se presenta sola puede restar al PSOE más que a Podemos, sin obtener resultados importantes como le pasó a Más País. Un nuevo errejonismo de Estado que lamina los dos lados haciendo daño global. De ahí la visible preocupación en círculos del PSOE. Margallo habló en Hora 25 de Operación Chanel tramada en Madrid, de ser cierto sería un nuevo carmenismo antipartidos a lo grande.

En este contexto cobra valor que Podemos refuerce su propia línea de horizonte estratégico, piense en su organización en términos plurinacionales, y siga definiendo un proyecto propio de profundización democrática y desmantelamiento de las estructuras franquistas incrustadas en el régimen del 78. Voluntad de poder y bloque de dirección de Estado como ha definido con precisión Pablo Iglesias.

Es otoño, las hojas caen, tras el invierno llegará la primavera. Ojalá haya unidad, y lealtad, con respeto, lo dejó escrito Iván Redondo en La Vanguardia el 23 de mayo de este año: “Sus electores duermen a la espera del “reencuentro” con Yolanda Díaz y a la vez del reconocimiento de la vicepresidenta de que el coche tendrá motor Podemos o no saldrá del box.”

Lo importante de las diferencias entre Yolanda Díaz y Podemos no está en ningún problema personal de la primera con Pablo Iglesias, como interesadamente dicen la mayoría de los analistas de la derecha, de la progresía y hasta de la izquierda, el asunto es político y de fondo ideológico: continuismo o avance democrático, replegarse al bipartidismo del 78 o ser leales al “no nos representan” de 2011.

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Podemos y el baile del abejorro

En la Uni de Otoño 2022 de Podemos celebrada este finde se han desarrollado sesiones de mucha importancia. Los veinte minutos de intervención de de Pablo Iglesias en la mesa titulada Los golpes del poder: Lawfare y Mediafare son de una potencia política concentrada para entender el modus operandi de los poderes reales en el estado español; también describen a la perfección a la izquierda añorada y deseada por el bipartidismo, frente a una izquierda nueva, como la que representa Podemos, que no se conforma con algún despacho en las diputaciones, concejalías en gobiernos municipales o alguna consejería testimonial de comunidad autónoma.

Aniquilar Podemos con operaciones de guerra abierta y aliento de quinta columnas, es el objetivo del capitalismo cañí, apoyado desde fuera por fondos de capital propietarios de Mediaset, Atresmedia y PRISA, y poseedor de un ejército de precariado periodístico y opinólogos, paniaguaos o bienpagaos, con derecho a roce con la clase rica. Un ejercito mediático que sumado a las cloacas policiales y al ADN de la judicatura franquista, conforman las estructura ósea del sistema monárquico defensor de privilegios de clase. El votante de izquierdas debe de evaluar si prefiere volver a la IU de Cayo Lara, con cero influencia en la calidad de vida de las mayorías, o mantener en el gobierno de España la representación de una fuerza política que no se vende por un plato de lentejas, ni está dispuesta a cambiar sus demandas por entrevistas jabonosas en el programa del Ferri.

Dime quién te adula y te diré qué espero de ti. Dime cómo agradeces a quienes te han ayudado para que estés donde estás y te diré cuánto me puedo fiar de ti. La operación mediática de liquidación del voto de Podemos se trabaja construyendo una imagen amable de quienes están dispuestos a ser condescendientes con el inmobilismo del PSOE, aunque pertenezcan a la zona de su izquierda, al tiempo que se caricaturiza con agresividad a quienes intentan tensar al PSOE para que cumpla sus acuerdos de gobierno, es decir, que sea quien dice ser y no quien es.

Las serpientes con traje de santurrón, cantaba Carlos Cano en la Murga de los currelantes, para señalar el camuflaje de la ideología fascista de los que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Hombre blanco hablar con lengua se serpiente, cantó después Javier Krae para resumir la traición del partido que en su nombre lleva la palabra socialista. La izquierda no debe ceder al presing, la sindical tampoco. Hay que enfrentar el chaparrón de manipulación televisado, las mentiras de las primeras planas y las arengas ultras radiofónicas, no necesitamos izquierda ni sindicatos con vocación de pertenecer otra vez al grupo del no nos representan.

La otra sesión de la Uni de Otoño de 2022 que quiero destacar es la dedicada a La mayoría progresista y plurinacional de dirección de Estado que lleva casi existiendo casi 7 años. Como desarrolla Pablo Echenique en su exposición inicial, esa mayoría existe visiblemente desde las elecciones de diciembre de 2015 y logra con Podemos entrar el gobierno de España tras las elecciones de noviembre de 2019. Al igual que la institución monárquica es la clave de bóveda del régimen del 78, la permanencia de Podemos en el ejecutivo es la clave de bóveda para que esa mayoría progresista y plurinacional produzca efectos políticos antirreaccionarios. Es la demostración de que existe un bloque de dirección de estado que tensa al PSOE a la izquierda y hacia el reconocimiento de que España es un país con unas cuantas naciones, nacionalidades si lo prefieren, dentro de su estado. Sin eso, tendríamos al PSOE de la reforma del 135 y de la aplicación del 155 de la CE.

La cuestión es cómo hacer crecer la fuerza parlamentaria de esa mayoría, cómo potenciar el crecimiento del bloque de dirección de estado. Mantengo la hipótesis de que solo es posible con un caudal mayor de votos andaluces que se incorpore al mismo. Es una cuestión cuantitativa, evidentemente, son 61 diputados los que aporta al congreso la CC.AA andaluza, pero sobre todo cualitativa. Si hasta Juan Manuel Moreno Bonilla conoce el efecto simbólico de la bandera de Andalucía para sus fines, efecto que mientras no dispute con Ayuso el modelo de España no será atacado por los suyos, es incomprensible que Podemos no busque con más ahínco la manera de aliarse con la bandera de Andalucía, enarbolándola como republicana y federal.

Andalucía debe ser reconocida como nacionalidad histórica y política, como se hace con naturalidad con Cataluña, Euskadi y Galicia. Debe asumirse en las políticas de defensa de intereses y derechos que Andalucía es un territorio que funciona como colonia interior, fundamentalmente de Madrid. Las pruebas son los diferenciales de desempleo, pobreza y desigualdad de nuestra comunidad autónoma respecto de la media española y europea, la especialización de la economía en agricultura y turismo con fuerte desindustrialización, y la extracción intensa de capital humano, ambiental y monetario. Características todas de patio trasero del poder.

Un proyecto de estado que defienda la plurinacionalidad debe avanzar hacia una territorialización orgánica federal, perderle desde Madrid el miedo a Andalucía, sumar la fuerza del sur para crecer y fortalecer el bloque de dirección de estado. En Andalucía existe fuerza cultural identitaria capaz de tener traducción política, se manifestó en la transición contra las fuerzas del régimen en su pacto con los nacionalismos vasco y catalán, por eso somos constitucionalmente nacionalidad histórica. El PSOE, no deseándola, la reconoció sin más remedio, la utilizó y con ella fue imbatible muchos años. Es hora de que el podemismo la engarce sin complejos en su proyecto y la use para defender la democracia republicana y plurinacional.

Sin Podemos, los límites de la izquierda se estrechan. Sin Andalucía, los límites del bloque de dirección de estado no se ensanchan. No iremos ni p´lante ni p´atrás, peleando siempre en el límite con el bloque reaccionario a pique de un repique. Como cantó Carlos Cano en El baile del abejorro, con Andalucía, pasito p´alante, ninguno p´atrás.

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Otra nueva oportunidad de Pedro Sánchez

La cuestión territorial en España es como el dinosaurio del cuento de Augusto Monteroso. Cuando el 15M despertó del no nos representan, del no somos mercancía en manos de banqueros, el dinosaurio seguía allí. Quien quisiera sostenerse con empuje de ruptura con el 78 y su bipartidismo habría de aceptar sin más remedio la plurinacionalidad de España. Hubo de incluirse en el análisis de época la clave territorial junto con el empuje feminista, el ecologismo sin fronteras, la clase obrera, llamada trabajadora con las fábricas en China, estrujada por el capital, y los poderes del estado controlados por el triunvirato del franquismo, la banca alemana y los fondos de inversión residenciados en Wall Street.

Tras la dimisión, por fin, de Carlos Lesmes, ya expresidente del Consejo General del Poder Judicial, el PSOE y el PP rememoraban el bipartidismo para renovar el órgano de gobierno de la judicatura con funcionamiento inconstitucional caducado por casi cuatro años. El acuerdo estaba hecho a falta de fecha y hora para anunciarlo. Entonces un WhatsApp de Isabel Díaz Ayuso,sincronizado con un titular inmundo y una arenga en la radio copera de los santos obispos, lo desbarataron y señalaron que Feijóo rompía también España al pactar con quienes negociaban con ERC reformar el delito de sedición.

El sustituto de Pablo Casado, después de que éste fuese desalojado con urgencia de la presidencia del partido por osar intentar cortarle las alas a Isabel Díaz Ayuso, utilizando un feo asunto de compra masiva de mascarillas, consultó al único apoyo con fuerza real, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. El andaluz le dijo que lo que él viese, vamos, que se quitó de en medio con la bandera andaluza entre las piernas, dejando al gallego más solo que la virgen de la Soledad.

En palabras del gallego el acuerdo bipartidista ha quedado congelado hasta que haya un nuevo PSOE, es decir hasta que el actual gobierno de coalición pierda las elecciones. La forma de la ruptura ha servido para recordar la naturaleza genética anticonstitucional de la derecha española. Feijóo ha caído en el agujero negro de Madrid. El PP seguirá entre el Palacio de Oriente y el Alcázar de Toledo. Un señor de Galicia, que llegó a Madrid bajo los epítetos de moderado y hombre de estado, huele a alcanfor y se achanta para no oler a cadáver en el mismísimo mes que empieza con fiesta de difuntos.

Las posiciones de la prensa madrileña, tanto la progresista, si quiera en apariencia, como la de derechas, siguen condicionando para mal la política en España. Una alianza progresista, federal y plurinacional debería abordar eso y achicar el espacio de influencia de la capital. España no es Madrid. A ver si RTVE asume el reto. Importantes columnistas de medios progresista, incluso de izquierdas, ya preparaban, y empujaban, la posibilidad de un Feijóo que se entendiese con la derecha vasca y catalana, que, como Juan Manuel Morteno Bonilla achicase el espacio de Vox en beneficio de un moderado PP, para que todo volviese a un bipartidismo, ya fuese imperfecto, con una izquierda anti Otan, pacifista, republicana y plurinacional reducida, otra vez, a escombros. Victoria Rosell y Podemos pagaban el pato con el visto bueno de cierta izquierda de cartel. Lástima, era un mal cálculo.

Pedro Sánchez, que como confesó a Jordi Évole, también ha sufrido la amenaza de la terna formada por el franquismo incrustado en el estado, los fondos extranjeros y el poder mediático, vuelve a tener una oportunidad histórica para avanzar democratizando España o quedar al albur de la derecha reaccionaria que ha parado los pies a Núñez Feijóo. Se dan las condiciones para liquidar un delito extemporáneo e inexistente en la UE como el de sedición, y para reformar la ley orgánica del poder judicial para que no pueda existir minoría de bloqueo en la elección de sus miembros.  Europa no tendrá ningún inconveniente, al contrario.

La composición del Congreso emana de los resultados electorales, o sea del pueblo, no hay nada que impida en el articulado de la CE que los diez integrantes del CGPJ de extracción parlamentaria puedan ser elegidos, como propone Podemos, por mayoría reforzada, la mitad mas uno de los votos a propuesta de cinco grupos parlamentarios. Si Pedro Sánchez quisiese, a Feijóo y a Ayuso se les acabaría el cuento de Monterroso con el que han decidido continuar el próximo ciclo electoral, el dinosaurio es Cataluña, la frase España se rompe. El presidente Sánchez puede optar entre más democracia o el continuismo del viejo PSOE con el que se ha vuelto a ver este finde en Sevilla. Los partidos que forman la coalición de gobierno y los que ayudan a su estabilidad representan la España democrática con futuro, la diversa y plurinacional. Nunca lo tuvo Sánchez tan fácil para arrinconar al PP en la ultraderecha.

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Por Victoria Rosell, jueza en el CGPJ

Si hay un cuerpo del estado en el que los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública quedan sesgados indefectiblemente por las cuestiones de clase y las cuestiones ideológicas, ese cuerpo es la judicatura.

Cuando uno va al médico, el perfil medio de quien te atiende, tras muchos años de acceso por MIR y de alta precariedad, es mujer, progresista, procedente de una amplia franja de clase trabajadora urbana o rural. Si uno tiene que vérselas con la justicia en cualquiera de sus frentes, el perfil medio de quien ostenta la amplia potestad de decidir es varón, con ideología conservadora tirando a muy conservadora, toques patriarcales y cierta pose de estar por encima del bien y del mal. También hay altas dosis de consanguineidad. Cuanto más alta es la posición en el escalafón judicial, más se agudizan los rasgos del perfil medio.

El perfil personal de Victoria Rosell se parece más al perfil medio de quienes nos atienden en la sanidad pública que al perfil medio de quienes ostentan el poder de aplicar, o mejor interpretar, las leyes que deben ser igual para todas y todos. Victoria Rosell llegó a la política con Podemos, el partido que vino a curar los males incrustados en el régimen del 78. La cura no se ha conseguido, pero ciertas vacunas, y no poco importantes, sí que se han ido poniendo. Rosell es feminista y va en serio con el feminismo, Rosell es de izquierdas y va muy en serio con la defensa de intereses amplios que primen los de quienes están más desfavorecidos.

Quienes hablan de que hay que despolitizar la justicia, los órganos de poder judiciales, en realidad de lo que hablan es de que quieren que sigan siendo órganos compuestos por amplias mayorías reaccionarias. Son las mayorías que ha impuesto el PP con la connivencia del PSOE desde los orígenes del régimen del 78, en el que la justicia franquista quedó incrustada vía sagas familiares, del Opus Dei o de grupos económicos de interés.

Para que España tenga una justicia que se parezca a la ciudadanía media y cuide más, en aplicación de las leyes, los intereses de esa ciudadanía, se necesita que juezas como Victoria Rosell lleguen, no solo a lo más alto de los estamentos jurídicos, también a lo más alto de los gobiernos, por supuesto a lo más alto del los órganos de gobierno de los jueces. Por eso es tan importante que quienes defiende los intereses del 99% de la ciudadanía española, igualdad, justicia, paz, y necesidades educativas, sanitarias, asistenciales y de vida cubiertas, tengan claro que no se puede ceder ante quienes están acostumbrados a hablar de justicia con la boca pequeña.

Hubo una izquierda que en 2016, antes y después de la repetición electoral, cuando el PSOE no quiso asumir los resultados de 2015, propuso dejar pasar Pedro Sánchez y con Ciudadanos. El esfuerzo impugnador del 15M hubiese quedado así al albur de los de siempre. Hubo entre junio de 2019 y noviembre de 2019 quienes desde la izquierda dudaron o abogaron por dejar pasar al PSOE para que gobernase en solitario con el presidente durmiendo a pierna suelta. La fuerza electoral de lo que representaba y representa Podemos hubiese quedado diluida con la aspiración futura de obtener despachos lánguidos adjuntos a los del PSOE. La tenacidad del núcleo dirigente de Podemos con Pablo Iglesias en el liderazgo impidió que la izquierda del 78 se añorase a sí misma, llegando al gobierno y forzándolo, a la vanguardia de Europa, a afrontar las graves y sucesivas crisis recientes con políticas para las mayorías.

Los nombres importan, la elección siempre es una cuestión de nombres, los nombres tiene procedencias, trayectorias, currículums. Quienes pretenden no hablar de nombres tienen una baraja con sus nombres escondida en la manga. Que Podemos haya cerrado filas con el nombre de Victoria Rosell es una gran noticia, que ella esté dispuesta a asumir la alta responsabilidad de ser miembro del CGPJ lo es aún más. La justicia española para avanzar y democratizarse, limitar su espectro reaccionario, necesita nombres como el de Victoria Rosell en su máximo órgano de gobierno. No cedan, Victoria Rosell debe de ser miembro del Consejo General del Poder Judicial porque representa algo muy importante, representa la democracia. Política viene de polis, el lugar de las y los ciudadanos, y como dejó escrito Voltaire, debemos devolverle su viejo significado, en la judicatura también.

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Por un poder andaluz

El coloquio entre Alejandro Rojas Marcos y Juan Manuel Moreno Bonilla con motivo de la presentación del libro de José Luis Villar, Por un poder andaluz, sobre la historia del Partido Andalucista, hasta 1984 Partido Socialista de Andalucía, ha dado que hablar. En cuanto termine estas letras salgo a comprarlo.

El personaje político Alejandro Rojas Marcos, dirigente egregio del Andalucismo de partido desde la transición hasta su retirada de la política a finales de 2004, seguirá dando que hablar cada vez que haga una nueva presentación del libro. Elegir, y conseguir sin esfuerzo, que sea el presidente andaluz, heredero de las derechas de UCD y Alianza Popular, que decían “Andaluz, este no es tu referéndum” y pedían la abstención en la campaña del 28F de 1980, el que acompaña la presentación en la Casa de la Alegría, Dar al Farah, de Blas Infante demuestra, interesada o no, una gran visión política por ambas partes.

Las cortes constituyentes de la transición, resultado de las elecciones generales preconstitucionales de junio de 1977, no contaban con ningún diputado andalucista. El PSA de Rojas Marcos concurrió a las mismas en alianza con el PSP de Enrique Tierno Galván y la Federación de Partidos Socialistas. El PSA no obtuvo ningún escaño. Esas cortes preparaban una constitución en la que las únicas nacionalidades con instituciones propias iban a ser Cataluña, Euskadi y Galicia junto con la foralidad Navarra, el resto eran regiones con cierta descentralización administrativa.

En Andalucía se daban por aquel entonces las condiciones culturales y políticas para que un movimiento andalucista transversal se interpusiera en los planes exclusivos para las llamadas nacionalidades históricas. Andalucía era, y es, un pueblo cultural histórico impregnado de acentos y manifestaciones expresivas y simbólicas enraizadas en su historia europea, mediterránea, africana y latinoamericana. Andalucía tenía conciencia de pueblo expoliado y relegado a la subalternidad en el interior de España. Andalucía no solo exportaba mano de obra barata, producción agraria barata y capital ambiental barato, también manifestaciones culturales con fuerte identidad: flamenco, rock andaluz, cantautores, pop andaluz, poesía, teatro y cine, haciendo, por un lado, que la cultura española se identificase con la andaluza en el mundo y, por otro, que la percepción de Andalucía en otros territorios de la península como entidad diferente fuese nítida.

En estas condiciones, el PSA liderado por Alejandro Rojas Marcos, sin representación en el Congreso, tampoco Blas Infante fue nunca diputado, consigue impugnar el acuerdo territorial que relegaba a Andalucía a ser como las demás. Consiguió movilizar el sentimiento andaluz de agravio en favor de una autonomía como las que más. Tanto dentro como fuera de Andalucía, el andalucismo en Cataluña también estuvo a la vanguardia de las demandas de autogobierno para Andalucía. Tal fue la fuerza andalucista popular que obligó al resto de partidos progresistas o de izquierdas, centralistas, a pugnar por situarse al frente de la reivindicación de autonomía para Andalucía. Las grandes movilizaciones populares del 4 de diciembre de 1977 determinan la inclusión en la CE de 1978 del artículo 151. Dos años, dos meses y veinticuatro días después, el 28 de febrero de 1980, en Andalucía suenan las campanas de la historia. Si el PSA y Alejandro Rojas Marcos tienen legado reconocible, es este, haber sido movilizadores indiscutibles e imprescindibles para que Andalucía se convirtiese en pueblo político con instituciones propias. Si eso no es histórico que venga Moreno Bonilla y lo diga. No lo hizo en la presentación de Por un poder andaluz, al contrario, lo reivindicó en un intento de lavado del pecado original de la derecha para con Andalucía.

La trayectoria política de PSA, después PA, tuvo aciertos y errores, algunos muy gordos. Sin más, el progresivo abandono de posiciones de izquierdas, la concentración de los esfuerzos políticos en el occidente andaluz, una forma de centralismo sevillano, no podemos olvidar el canje de la alcaldía de Granada por la de Sevilla tras las primeras elecciones municipales constitucionales de 1979, que lastró irreversiblemente la fuerza del andalucismo en el oriente andaluz, o la última deriva del andalucismo hacia las concejalías de urbanismo cuando su poder ya no era ni siquiera testimonial.

Intuyo que la lectura de la serie de textos de Por un poder andaluz de José Luis Villar va a ser imprescindible para conocer en profundidad el origen, legado y evolución del andalucismo moderno. Si Blas Infante y su legado representa sin duda el andalucismo histórico, el tamiz de la historia moderna del andalucismo deja en Andalucía, nada más y nada, menos que el logro de nuestras instituciones políticas por primera vez en la historia, si no tenemos en cuenta Al-Andalus donde la Europa medieval vivió su primer renacimiento.

Por supuesto yo también hago la crítica al presidente del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, partiendo de que abrazar la bandera andaluza no significa nada si no se defiende la descentralización y desconcentración de poder de Madrid y de Sevilla, si no se lucha contra la colonización y expolio de Andalucía, si no se promueve una actividad empresarial autóctona y respetuosa con nuestro medio y los derechos sociales y de género, si se prefiere los toros y la caza en Canal Sur a la ciencia, la educación y la educación en igualdad, contra el machismo, la homofobia o la xenofobia. Si se bajan impuestos a los ricos y se dilapida la capacidad fiscal propia, haciendo a Andalucía mucho más dependiente de decisiones externas, o sí se usa la bandera para acometer contra el gobierno central solo para defender la patria del capital.

Si la bandera andaluza es algo no es precisamente las políticas que defiende el partido de Moreno Bonilla. Los textos históricos andalucistas desde la Constitución Federal de Antequera de 1883 hasta los de la Asamblea de Ronda en 1918 o la de Córdoba en 1919 son textos claramente progresistas de izquierdas. En cualquier caso el presidente andaluz, por interés electoral, por creérselo o por verse atrapado en el discurso emocional de Alejandro Rojas Marcos, o por todo a la vez en cualquier grado, expresó su andalucismo, recordó que la noche de su gran victoria electoral no salió a celebrarlo con la bandera de España, que era la que le había legado cuatro años antes la última presidenta del PSOE, Susana Díaz, sino con la de Andalucía, se afirmó andalucista y llegó a decir que con mucha probabilidad podría declarar el 4 de diciembre Día de la Bandera de Andalucía. Ojalá así sea y la familia de Manuel José García Caparrós vea satisfechas todas sus demandas.

Tras la presentación, cabe exigirle al presidente andaluz que lleve el andalucismo por bandera y lo demuestre. Que no regale los recursos andaluces a fondos extranjeros, que promueva un cambio de modelo productivo que enraíce población, genere empleo,  liquide las desigualdades de género y territoriales y reduzca el daño ambiental. A lo mejor al exigirle que busque la soberanía de nuestra tierra, política, alimentaria, energética, productiva, algunos se ven desnudos en sus exigencias al comprobar que son los primeros que nunca se aplicaron esa exigencia o que no comprenden el sentido de la existencia de un auténtico pueblo cultural y político andaluz.

Lo importante del gesto del presidente la Junta de Andalucía, es que puede servir para que una parte del empresariado con raíz andaluza tome conciencia de que un andalucismo de derechas le beneficia frente a los intereses de los peces gordos extranjeros de los que son subalternos, muchos con domicilio en la Castellana madrileña, y que una parte de las izquierdas se den cuenta de una vez por todas que las luchas no son solo de clase, de género o ambientales, que también son territoriales, que unos pueblos tienen posiciones privilegiadas de dominio y otros están condenados a la colonización. Aprendamos y espabilemos, por un poder andaluz.

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Cataluña se mueve

Desde 2014 la política española está condicionada por dos fuerzas tensoras. La del producto organizado del 15M, Podemos, y la del nacionalismo catalán devenido en independentismo. Sendas fuerzas se alimentaron del malestar creado por la salida neoliberal de la crisis de 2008. El catalanismo además tuvo un acelerante consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010, que cercenó el Estatut de 2006, aprobado por las Cortes catalanas, por el Congreso de España y refrendado por el pueblo catalán.

Como en la mecánica de Newton, toda fuerza de acción genera una de reacción. El régimen del 78, configurado políticamente de forma bipartidista con las excepciones vasca y catalana, activó su clave de bóveda monárquica para que cloacas policiales, profundidades judiciales y poderes mediáticos actuasen concertadamente contra los tensores que ponían en un brete los incumplimientos de la constitución del 78. El “es muy burdo, pero voy con ello” de 2016 está tan unido al discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017, como la reforma del artículo 135 de la CE de 2011 lo está a la aplicación del 155. Ciudadanos es consecuencia de Podemos y Vox del procés. El primero amortizado, el segundo vive al amparo de neofascismos que crecen en el mundo aprovechando la incertidumbre del futuro envuelta en tambores de guerra.

El PSOE y el PSC se alinearon en los momentos más críticos con las fuerzas reactivas. Lo siguen haciendo cuando se trata de indagar la monarquía o las cloacas. Yolanda Díaz, señalada para ser líder del espacio de cambio, todavía Unidas Podemos, da por amortizados los partidos que lo constituyen echando tierra sobre el brillo de los logros en el gobierno. Ningunear la organicidad que ha logrado las mayores conquistas sociales, laborales, feministas, ecologistas y en derechos para los animales en los últimos tres decenios, incluidas las de su ministerio, resulta extravagante viendo la persistencia de las fuerzas reactivas atacantes de la democracia.

La salida de Junts del gobierno catalán tras el referéndum a las bases convergentes es el final de procés, lo ha dicho Jordi Sánchez. Se pone fin a la alianza independentista transversal. La parte ganadora de Junts deposita su esperanza en el rápido deterioro del gobierno de ERC, con una minoría parlamentaria precaria, y en que Feijóo y Vox sumen en las generales del próximo año para reforzar su argumento de que como España no tiene solución, no hay más solución que irse de España. Son hipótesis inerciales e instintivas. ERC, lo ha dicho Oriol Junqueras, puede gobernar prorrogando los presupuestos sin entregarse al PSC y manteniendo la tensión con el PSOE. Reducida en el escenario la unilateralidad, ni siquiera un gobierno de Feijóo ahondaría en la confrontación política con Cataluña.

La ruptura del bloque independentista en Cataluña deja a ERC las manos libres para negociar con el gobierno de España y con el PSOE de Pedro Sánchez. ERC puede gobernar por la izquierda sin la bola de la derecha catalana atada al tobillo. A su vez, Pedro Sánchez tiene otra oportunidad de oro para plantear una salida democrática que rompa con la historia penal reciente del independentismo catalán, y afronte una solución territorial que pase por el derecho a decidir en Cataluña. Pero Sánchez nunca ha actuado con iniciativa propia, ni en materia de derechos y políticas de redistribución, ni en materia territorial, siempre lo ha hecho forzado por los acontecimientos o la correlación de fuerzas.

La historia reciente nos dice que para ERC las únicas fuerzas fiables son Podemos en el estado, Los Comunes en Cataluña, junto con las nacionalistas vascas, PNV y Bildu. Para que ERC pueda avanzar en su estrategia de ampliar sus espectro electoral, necesita fiabilidad en sus alianzas tácticas y estratégicas fuera y dentro de Cataluña. Dentro con Los Comunes, fuera con los partidos vascos y con un Podemos, que para aguantar y crecer necesita como el agua ampliar su estrategia de bloque de dirección de estado a otros territorios autonómicos. El único camino para forzar al PSOE a trabajar en la izquierda es articular un proyecto político de estado federal/confederal claramente visible. El gran espacio federalista por ocupar está en Andalucía.

En Andalucía abrazar la bandera del andalucismo para ponerla al servicio de los intereses del pueblo andaluz y utilizarla de fuerza activa contra la reacción centralista monárquica debería ser un a prioridad. Quien está usando de manera decidida la bandera de Andalucía es el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para regalarla a intereses afincados en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso.

Vienen las municipales. Mirar la loseta que pisamos como si lo que ocurre en ella no estuviese determinado por lo que ocurre en el mundo, o eludir dar la cara esperando la belleza por venir en campos de margaritas son actitudes de poco vuelo. Nunca se debe dejar de pensar en grande. Las municipales son una oportunidad para ampliar el espacio de reconocimiento de las conquistas echas en el gobierno y construir en cada comunidad autónoma proyectos cooperativos con un modelo federal/confederal en la cabeza. Es la manera de reforzar para el futuro el bloque histórico de dirección de estado que defienda la democracia.

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Andalucismo y voluntad de poder

En ocho meses se celebrarán elecciones municipales en Andalucía. Aparte del PSOE, cuyo horizonte político es el regreso al bipartidismo monárquico, la izquierda en el estado español parece dividirse por el espacio en el que sitúa la línea del horizonte, fuera o dentro del cuadro del '78. La que asume los límites del cuadro buscará un proyecto concordante con el del PSOE. La que traza el horizonte fuera del marco quiere avances que se consoliden y duren, que sean difícilmente reversibles, es beligerante contra los poderes heredados del franquismo que habitan las estructuras del estado. También, aunque no estaba en los debates del 15M, parece tener interiorizada la plurinacionalidad de España. Digo parece porque con Andalucía duda.

Desde la constitución del 1978 ha habido dos proyectos de estado. Uno, el que representa la clave de bóveda monárquica, va desde Suárez a Sánchez. Dos, el que dibuja un horizonte de transformación fruto de la impugnación de régimen que significó el 15M y de la irresuelta cuestión territorial, lo representan Podemos, junto con fuerzas más o menos nacionalistas, como Els Comuns, Compromís, ERC, BNG, PNV o Bildu, incluso el PSV de Ximo Puig o el PSIB de Francina Armengol cabrían en ese conjunto. Todas ellas sitúan su contribución actual a la dirección de estado, en expresión de Pablo Iglesias, como elemento determinante para avanzar hacia un país más democrático, consiguientemente más federal/confederal.

Las izquierdas que comparten un horizonte situado fuera del cuadro borbónico son las atacadas con saña por todo el establishmen del régimen. Medios de comunicación, judicatura, cloacas policiales y alto funcionariado, actúan de líneas ofensivas. Montajes policiales, law fare, fake news y violencia política, ponen en práctica con precisión golpes blandos a la democracia. Ese bloque de dirección de estado no va a avanzar si en Andalucía no tiene fortaleza una izquierda andalucista con voluntad de poder. Sin un bloque andalucista de izquierdas reconocido y reconocible, la impugnación y el horizonte de transformación chocará con el Madrid es España y Andalucía su colonia interior. Piensen en el tamaño y población de Andalucía.

Los procesos relevantes de Podemos en Andalucía son buen ejemplo para intuir que existe un punto de máxima eficiencia para el que no se ha encontrado cartografía que dibuje su posición en el espacio político. Cuando los debates internos eran más o menos autonomía, más o menos capacidad de decisión propia, más o menos Andalucía nacionalidad histórica, más o menos poder territorial, las posiciones de Teresa Rodríguez arrasaban. Cuando el debate era más o menos voluntad de poder, más o menos querer entrar en los gobiernos con el PSOE para forzar cambios, más o menos institución, las posiciones de Pablo Iglesias arrasaban.

Llegarán las elecciones municipales, hay que decidir táctica y estratégicamente donde trazar la línea del horizonte andaluz. Unas alianzas son refugio, otras refuerzo. Unas pasado, otras futuro.

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La revolución del Carrefour

Si IKEA trajo la república a nuestras casas, Carrefour va a traer la libreta de abastecimiento comunista. El CEO de la gran empresa de distribución y comercialización en hipermercados, de capital francés, lo vio a la primera, una vicepresidenta tercera y un ministro del Gobierno de España con competencias en consumo le han puesto una alfombra roja, militan en el PCE, para erigirse en una especie de Cáritas aconfesional.

Decenios de movimiento ecologista, de ecología política, en defensa de la vida y el comercio en los pueblos y ciudades, montones de programas electorales de la izquierda, incluida IU, contra la gentrificación, la destrucción de la vida comercial de los centros históricos y los núcleos urbanos consolidados, contra las prácticas oligopólicas de grandes distribuidoras que imponen precio de compra y precio de venta, contra los modelos de comercio y consumo que obligan, sin capacidad electiva de las y los consumidores, a coger el coche y hacer kilómetros para comprar lo necesario y, de paso, lo innecesario, y de repente se descubre que Carrefour es la solución para la revolución.

Sindicatos como CCOO poseen serios estudios en los que se demuestra que los hipermercados han destruido tres empleos por cada empleo precario que han creado. El ecologismo sabe de la insensatez ecosistémica de la ocupación del territorio agrario o natural circundante a las ciudades y pueblos para crear enormes superficies comerciales que funcionan como catedrales del consumismo. La economía sabe que el sector de la distribución alimentaria y productos de gran consumo funciona en régimen de oligopolio, puede imponer el precio de compra a proveedores y el precio de venta a consumidores. Las organizaciones agrarias saben que los grandes márgenes comerciales de los productos del campo, superiores a veces al quinientos o mil por cien, son consecuencia de posiciones dominantes de mercado.

Dos ministerios del Gobierno de España, han tenido la ocurrencia de pedir por favor ayuda a Carrefour, Mercadona, Lidl, Consum, Alcampo, El Corte Inglés, DIA, Aldi, Covalco, GM Food, Covirán, grandes de la distribución, para paliar los efectos de la profunda crisis inflacionista, que irá a más consecuencia de un factor de fondo y un catalizador acelerante, la crisis de raíz socioecológica del capitalismo en su choque con los límites planetarios y la guerra de Ucrania.

Mientras se daban reacciones airadas de la derecha, del PSOE y del empresariado por razones distintas, el CEO de Carrefour se anticipó y ofreció al ministerio un paquete de 30 productos básicos domésticos por 30 euros, detrás podrán llegar el resto de grandes distribuidoras en una apariencia de competencia a la baja. Finalmente pagarán los pequeños y medianos productores y proveedores asentados en los distintos territorios a los que les apretarán bien las tuercas para tirar sus precios al suelo y estos a su vez apretarán sobre salarios y condiciones laborales. La práctica de la bajada temeraria de algún precio en la línea de supermercado es conocida, se bajan el pan o los pañales con el fin de que la clientela llegue a por ellos, compre todo lo demás y quede fidelizada. Lo mismo pero con el marchamo del gobierno y el plus de solidaridad es el fondo de esta ocurrencia. Como cuando la comunidad de Madrid entregó a El Corte Inglés la vacunación del Covid. A Carrefour le ha salido la mejor campaña de publicidad gratuita de su historia. El comercio de proximidad queda ojiplático pagando la factura eléctrica, la hipoteca o el alquiler y los impuestos con menos ventas.

Para luchar contra la escalada inflacionista de precios hay que ir a las causas, afrontar el problema de la dependencia y el exceso de consumo energético, acabar con el mercado marginalista que sigue produciendo beneficios caídos del cielo, montar una empresa de titularidad estatal para la producción y comercialización de la energía. Promover, dentro y fuera del gobierno, que la UE se salga del marco belicista de la OTAN que ha impuesto los intereses de un puñado de capitalistas de las armas y los combustibles fósiles. Las recetas para reequilibrar la desigualdad social, compensar y frenar el daño ecológico, y sobre la producción y el comercio de proximidad, que provocan los grandes  hipermercados, son la fiscalidad sobre los grandes beneficios y la fiscalizad ecológica por externalidades ambientales y sobre el tejido empresarial de pueblos y ciudades. Lo primero compete al gobierno del estado, lo segundo a las comunidades autónomas, que bien podrían beneficiarse de una ley marco para la fiscalidad ecológica sobre las grandes superficies comerciales. Además, si queremos comunismo del de verdad, una empresa pública de distribución alimentaria que compita con las privadas, tense los presos a la baja y fomente la producción y consumo agroecológico, o el fomento del cooperativismo de productores para que juntos se hagan fuertes en la distribución.

Una ocurrencia así viene a decir lo mismo que cuando se nos decía que privatizando todo el sector bancario, todo el sector energético, todo el sector de la telefonía, todo el sector del agua, de los transportes públicos, de los cuidados, de los residuos o la jardinería, la competencia entre empresas haría que bajasen los precios. No ha ocurrido nunca. Al contrario. Como no ocurrirá que la salud privada o la educación privada actúen por interés colectivo o bondad hacia el prójimo. IU/PCE pactó en su programa de gobierno con el PSOE en Andalucía, año 2012, un impuesto ecológico a las grandes superficies comerciales que no se llegó a implantar porque el PSOE, si no se le aprieta en serio, nunca cumple lo que pacta por la izquierda. Defendí ese impuesto en un texto de 2013 con el título Grandes superficies comerciales, un daño impagable.

Políticamente la revolución de la canasta básica del Carrefour, El Corte Inglés, Mercadona o Eroski, funciona como una cortina de humo para tenernos entretenidos y que olvidemos que hay que derogar la ley mordaza, promulgar ya una ley de vivienda que garantice el derecho constitucional, y pelear unos presupuestos expansivos antibelicistas y con fiscalizad justa. Pareciera que hay ministerios que se diferencian del PSOE y marcan perfil propio, pero en realidad, voluntaria o involuntariamente, ocultan esas cuestiones de fondo. Que nos regale el pan Carrefour no servirá de nada, porque nos va a llover a la intemperie uranio radiactivo en medio de huracanes, olas de calor, escasez y alza exorbitante de precios, en una economía que tenga uberizado hasta el sector alimentario. Caritas/Carrefour nos señala el suelo para que no miremos arriba, mientras el asteroide entra en la atracción gravitacional del planeta. Hay que decirlo.

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Guerra y energía

Una situación critica en términos de precio de la energía está conduciendo a la alta política en Bruselas a replantearse el modo en que está regulado el mercado eléctrico en la UE. Pero la situación dramática estaba ya anunciada antes de la guerra de Ucrania, la guerra ha acelerado la visión de la segura catástrofe si seguimos sin querer afrontar el verdadero problema.

Los fósiles y la nuclear producen cambio climático, dependencia exterior extrema, concentración de poder, riesgos inasumibles para la humanidad, destrucción de países, expolio colonial, muerte, guerras y emigración. Desigualdad local y global.

La necesidad de reformar un mercado eléctrico intervenido en favor de los lobbies energéticos era evidente con guerra en Ucrania o sin guerra en Ucrania. Un mercado marginalista con normas para facilitar la acumulación de beneficios de los grandes grupos propietarios de productoras y comercializadoras es sencilla y llanamente capitalismo neoliberal. La formación de leyes en el estado solo para beneficio de unos pocos.

La causa principal, coyuntural, de la subida del precio de la energía es haber hecho una apuesta bélica para “solucionar” la guerra en Ucrania, en lugar de una apuesta diplomática que tal vez la hubiese parado en las primeras semanas. Disculpen la broma en la tragedia, lo salado no se borra con más sal ni lo dulce con mas azúcar, la guerra no se apaga con más guerra.

En lugar de ahondar en la diplomacia, y actuar decididamente a favor de la conversión del modelo energético hacia las renovables, con el vector hidrógeno, la política de la UE ha ido a equiparar como verdes la nuclear y el gas. Una aberración científica. En lugar de tomarse en serio la reducción drástica del consumo energético con políticas efectivas sobre el transporte, la edificación, la industria, la agricultura, el comercio o el consumo, se pretende sostener el sistema quemando carbón y aumentando la vida de las nucleares. Riesgo sobre riesgo.

Esto ocurre en Europa, con una Alemania cogobernada por liberales, socialdemócratas y, atención, verdes (convertidos al belicismo), que vuelve a quemar carbón como en los tiempos de la lluvia ácida que dañaba la salud de la naturaleza, la agrícola y humana. ¿Quiénes mandan de verdad? En la agenda política de Macron y Scholz está incrementar el riesgo de accidente nuclear en territorio europeo alargando la vida de las viejas y obsoletas centrales nucleares. Parte del gas ruso que ya no llega se está sustituyendo por gas de fracking de EE.UU. La política ambiental, la lucha contra el cambio climático (qué verano estamos viviendo) y la reducción de la dependencia, a la mierda. Nuestra soberanía en manos del decadente imperio americano, de Rusia y de China. Qué listos nuestros gobiernos.

Para afrontar la escalada de los precios de la energía y sus consecuencias para las mayorías sociales y las empresas productivas es preciso parar la guerra. La principal política europea de defensa debería ser instigar una solución diplomática y no alimentar el combate. Sí mister Borrell, preferimos la mantequilla a los tanques, somos mejores que usted. Con la guerra están ganando los lobbies del armamento, los de la energía y las materias primas, y seguirán haciéndolo. El principal damnificado es el pueblo ucraniano pero toda la humanidad está en riesgo extremo.

En este momento los gobiernos europeos saben del riesgo de insurrección de la población, basta ver lo que está pasado en Reino Unido, los avisos en España, Alemania y Francia, y recordar las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia o el transporte en España. El fascismo acecha en Italia sin camuflaje. Es evidente que hay que intervenir sobre los precios de la energía y subvencionar su acceso a las capas más desfavorecidas. Acabar con el mercado eléctrico marginalista era una necesidad antes de la guerra en Ucrania, ahora es imperioso. Produce beneficios caídos del cielo a las eléctricas y energéticas, propiedad de señores que viven en mansiones lujosas para los que el mundo es un cortijo de su propiedad.

Pero no basta. Mucho menos quedarse solo en la extensión del “modelo ibérico”. Se precisa un verdadero control público de todo el proceso de producción, distribución y comercialización de la energía. Se precisa al estado como propietario. Son imprescindibles empresas públicas de energía y banca pública que las ampare en caso de necesidad. Empresas que, en competencia con las privadas, establecerían directamente las condiciones para que el acceso a la energía no fuese un factor determinante en el incremento de la desigualdad. Esa es la auténtica reforma del mercado energético que necesitamos en España. Y ayudar a parar la guerra. Dicen, como siempre, que no se puede, pero sí, sí que se puede.

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