Hoy, un año y algunos días después de las elecciones autonómicas del 25 de marzo de 2012, luce en el BOJA, la primera norma de todo el estado español que ataca la raíz del problema social de la vivienda en el contexto de abismo, crack y drama social del Pueblo al que va dirigida.
Esta norma hecha por la institucionalidad de un gobierno de izquierdas, fruto de aquella demostración de inteligencia colectiva que frenó la avalancha de la derecha española, es una norma para el pueblo andaluz en su conjunto.
El malestar en los sectores más reaccionarios de la economía y la política andaluza y española, no resuelto aún en ataque frontal, que ha creado el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, es todo un indicador de la tremenda carga de profundidad lanzada contra el poder de las finanzas y los grandes propietarios de viviendas que quieren aguantar el valor de cambio de las mismas por la vía del expolio de capital público. Justo los sectores culpables e inductores de lo que está pasando.
La corrupción, la destrucción de derechos, el aumento de la pobreza, el desempleoy el ataque a la democracia están en el rostro y las dentelladas de las grandes promotoras, constructoras, inmobiliarias, bancos y élites económicas amparadas por el tremendo poder político absoluto del Partido Popular. Las caras que los representan están masticando ya la venganza. Andalucía no debe consentir más ignominia, si esta ley acaba en el Constitucional, el gobierno andaluz tendrá que reaccionar con la contundencia política que el caso merece, Andalucía necesita soberanía para resolver su crisis diferencial de modo equitativo y justo.
Del otro lado, del lado de la mayoría real, este Decreto abre la puerta de la esperanza. La esperanza de las mujeres y hombres, y la de sus hijos e hijas, condenados al abismo de la exclusión social por el simple hecho de ser considerados una pieza del sistema que se puede usar y tirar.
La creación del banco malo cuyos bienes inmuebles tienen un precio garantizado por el aval del Estado y los 40.000 millones de rescate directo a la banca española, no sirven de nada a las clases populares y trabajadoras, más al contrario son un lastre que incrementa la deuda pública y que se traduce en políticas de desprecio a la vida de la mayoría. Andalucía demuestra hoy, negro sobre blanco, que otra política es posible.
En Paralelo 36 Andalucía damos la bienvenida a este Decreto Ley impulsado por Izquierda Unida y su Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés. Este Decreto tiene el rostro del pueblo andaluz, el rostro de la izquierda.
Sabemos que ahora empieza la etapa de aplicación y defensa del interés social y general que defiende la nueva ley, será muy dura pues duro es el enemigo. Pedimos el apoyo y el aliento de todas las organizaciones sociales andaluzas comprometidas con la justicia.
Este es el camino, ¡SÍ SE PUEDE!
Editorial escrita para Paralelo 36 Andalucía
@marioortega
