La propuesta de Real Decreto del gobierno central para el autoconsumo de electricidad, debería llamarse propuesta para frenar la competencia y desarrollo del sector fotovoltaico en España. Tal y como está planteada, forma parte de una política energética diseñada para exterminar las energías renovables y concentrar los beneficios y el poder energético en las compañías eléctricas en manos de la gran banca española. En 2012 se inició el camino para bloquear el desarrollo de las plantas de producción eléctrica renovable y revertir la estabilidad económica de las que ya funcionaban legislando para reducir las primas por kWh producido y aumentando la fiscalidad sobre las mismas, limitando de este modo su rentabilidad.
Ahora con la excusa del llamado déficit tarifario, que no es más que las pérdidas sobre beneficios previsibles que las compañías eléctricas declaran anualmente como consecuencia de la fijación del precio de la electricidad por parte del gobierno año a año para que el Estado se haga cargo de ellas, y que según las eléctricas no cubre los costes de distribución, el gobierno prepara una batería de medidas que pretende cargar el déficit acumulado sobre la factura de los consumidores. La electricidad no subirá, un 3,2 % como dice el ministro Soria, las previsiones apuntan a una subida real de la factura eléctrica superior al 25%, dado que el peaje sobre el término de potencia (la parte fija de la factura) subirá un 77%.
En el escenario de política energética que dibuja el Partido Popular, donde una vez más se produce una transferencia de rentas de las clases populares al capital propietario, se produce también un definitivo apagón renovable. De este modo se incentiva un sistema eléctrico contaminante y promotor del cambio climático, incrementando la externalización y socializando los costes ambientales y sobre la salud. El gobierno no solo transfiere rentas del trabajo al capital, si no que también transfiere rentas de la naturaleza (comunes) al oligopolio eléctrico.
Naturalmente en un contexto de crisis económica y de disminución de la renta real de familias y empresas, estas medidas producirán nuevas bajadas de la demanda eléctrica y reajustes en la potencia contratada por parte de los consumidores.
Pero el peligro real que ven quienes manejan los hilos, dado el estado actual de la tecnología fotovoltaica, su precio y la tendencia bajista del kWh generado en instalaciones de autoconsumo, es el desplazamiento de un sector de consumidores finales, familias y pymes, hacia la implementación de instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red. La tecnología fotovoltáica, que goza ya de una altísima fiabilidad técnica, la que más en el mundo de las renovables, tiene en países europeos como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido una regulación razonablemente justa, una regulación que les permite funcionar sobre balance neto, pago por electricidad consumida externa y cobro por electricidad exportada a la red. Al gobierno de España no le basta con impedir de facto el balance neto, si no que ha añadido como barrera de entrada al autoconsumo una tasa que se pagará por la potencia y electricidad que se deje de consumir del exterior, a esto le llaman tarifa de respaldo.
La propiedad de las instalaciones autoproductoras/autoconsumidoras deberán pagar por lo que no usan, no consumen, no contaminan, y no contribuyen al cambio climático,y por el beneficio social que impulsan con la dinamización de un sector con alto potencial de generación de empleo. Una verdadera locura que forma parte de la lógica capitalista y centralista de un gobierno del PP entregado en cuerpo y alma a quienes de verdad tienen la propiedad de España y su “marca”.
El bloqueo y retroceso de las energías renovables, mantendrá nuestra factura energética alta, evitará el desarrollo y la competitividad de un sector que se mostraba muy dinámico y con una alta empleabilidad, entregará al exterior el posisionamiento investigador e industrial, impedirá la reducción consistente de las emisiones de CO2, y consolidará la gran aportación de la compra de combustibles fósiles a nuestro déficit en la balanza comercial, y por último, y no menos importante, imperdirá en Andalucía el desarrollo de un sector y un modelo energético para el que tenemos las mejores condiciones geográficas y climáticas de la península.
La Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables establece la obligación de racionalizar y acelerar los procedimientos administrativos de autorización y conexión a redes de distribución y transporte de energía eléctrica, instando a establecer procedimientos de autorización simplificados. Igualmente regula las líneas generales que deben regir el acceso a las redes y funcionamiento de las mismas en relación con las energías renovables.
La CE y el Estatuto de Autonomía otorga competencias compartidas en materia de política energética, la cual debe ser participada con el gobierno central, a un tiempo otorga competencias exclusivas en materia de defensa de los derechos de los consumidores y en materia de medio ambiente y calidad ambiental. Teniendo en cuenta la durísima afección que la política energética del gobierno central provoca sobra el potencial de cambio de modelo productivo en Andalucía, creemos necesaria una ofensiva política y, si cabe, jurídica de gobierno andaluz contra la política fósil y de oligopolio del gobierno central y a favor de un modelo energético andaluz 100% renovable.
