La capacidad de veto de Andalucía y la España paleta de Isabel Ayuso

El próximo viernes, 28 de febrero de 2020, celebraremos el cuarenta aniversario del referéndum del 28 de febrero de 1980 que consagró, mediante el ejercicio del derecho a decidir establecido en el artículo 151.1 de la CE, a Andalucía como nacionalidad histórica con acceso a su autonomía por la vía del artículo 151. Vía rápida como la de Galicia, Cataluña y Euskadi que habían celebrado referéndums en la segunda república.

De sobra son conocidas las condiciones leoninas del articulo 151.1. Era necesario el voto afirmativo en cada una de las circunscripciones electorales provinciales por mayoría del censo, no de votos totales. Unas condiciones que, hoy, hubieran impedido con alta probabilidad a Galicia y Cataluña, convertirse en nacionalidad histórica. En 1980 Andalucía lo consiguió fruto de su constitución en las calles como pueblo, el pueblo andaluz, el 4 de diciembre de 1977.

En Almería ganaron abrumadoramente los síes, 42,07% frente a un 4,02% de noes, sin superar el sí el 50% del censo que exige el artículo 151.1 de la CE. El resto de provincias cumplieron el infame requisito. El resultado fue épico en un referéndum preparado por el gobierno de la UCD para que fracasase. El lema de la derecha fue “Andaluz, éste no es tu referéndum”. Tal fue la rotundidad de los resultados que la cuestión almeriense hubo de resolverse con un acuerdo político para modificar la Ley Orgánica de las distintas modalidades de referéndum permitiendo que si la mayoría de los diputados y senadores de una provincia apoyaban el sí por el 151 fuese equivalente a la consecución de la mitad más uno de síes sobre el total del censo provincial.

Es un ejemplo claro de que cuando se quiere se puede llegar a un acuerdo político que refleje una demanda democrática realmente mayoritaria, porque de facto este fue un acuerdo ad hoc que añadía a posteriori un requisito constitucional para reconocer que un 55,41% de votos sobre el censo eran síes en toda Andalucía frente a un 3,41% de noes, es decir, y teniendo en cuenta los votos nulos y los blancos, un 86,9% del voto efectivamente emitido fue Sí.

El referéndum andaluz condicionó el dibujo del mapa de las nacionalidades históricas, forzándolo en cierto modo a hacerlo de abajo a arriba y no de arriba abajo como los poderes procedentes del franquismo, las derechas de las nacionalidades históricas previas y una parte muy relevante del PSOE habían previsto. Como cantó Carlos Cano: “De la manga se cayeron papeletas de febrero, al escenario salieron y se levantó el telón. Y aquí se acabó el carbón, que entró como un vendaval, bata de cola, peinetas. ¡La reina superstar!*

Esa fuerza de diseño institucional manifestada por Andalucía sigue ahí aunque por motivos históricos y coyunturales se encuentra en la actualidad en estado latente. Los partidos del bipartidismo lo saben, la tradición andalucista también lo sabe, la izquierda andaluza lo recuerda perfectamente y ya no puede prescindir de una estrategia que reconozca la singularidad identitaria cultural andaluza anclada a sus reivindicaciones coyunturales o de largo alcance. Y lo saben analistas políticos del prestigio del catalán Enric Juliana que en el texto que acompañaba el pasado sábado a su video blog hablaba, en relación a la “solución” de cualquier problema territorial en España, “la capacidad de veto de Andalucía,” y recordaba en su artículo del domingo titulado “Andalucía en febrero” el proceso histórico de nuestra autonomía y su repercusión en todo el diseño institucional.

La potencialidad de consolidación de un cambio progresista en el futuro de España, en el que sin lugar a dudas deberá estar implicado un nuevo modelo territorial y la distribución equilibrada del poder y las soberanías de las nacionalidades históricas, entre las que está Andalucía por derecho propio con todo su “patrimonio constitucional”, las autonomías, las regiones, las provincias, las comarcas y los municipios, pasará necesariamente por la anuencia andaluza.

Nuestra clave de bóveda, la clave de bóveda andaluza, se juega entre ser vórtice de fuerzas de la democracia o artífice del discurso del mundo reaccionario antiderechos para las mayorías. El actual gobierno andaluz del PP y Ciudadanos, el gobierno de Moreno y Marín con el apoyo de Vox, está cargando la artillería para sumarla al Madrid de Almeida, Ayuso y Arrimadas, la triple A del momento actual que junto con Casado sumarán para intentar derribar al gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias e impedir la consolidación de avances democráticos en un marco de una España plurinacional.

Isabel Ayuso, que preside Madrid, un paraíso fiscal para las grandes corporaciones y fortunas en relación al resto de España, ha llamado paleta a toda la España que sufre el expolio de la fuerza centrípeta madrileña, expolio de capital, expolio humano y expolio de recursos naturales dedicados a mantener el metabolismo acelerado de la gran urbe. Para la triple A más la C, España es propiedad de Madrid, para la España progresista democrática que no se conforma con quedar relegada a la subalternidad Andalucía será su clave de bóveda o no será. Al tiempo.

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*Andalucía superstar
(Carlos Cano)

De la capital del Reino
maletín, capa y sombrero,
vinieron a tomarnos el pelo
y el plumero se les vio.

Y la grasia de este invento,
¡ay señores que momento!,
cuando por Despeñaperros
el cuento se le acabó.

De la manga se cayeron
papeletas de febrero,
al escenario salieron
y se levantó el telón.

Y aquí se acabó el carbón,
que entró como un vendaval
bata de cola, peinetas.
¡La Reina Superstar!

¡Viva Andalucía Libre!
-alimento principal-,
que viene pidiendo tierra
y la tierra abandoná…

Peonadas jornaleras

“Yo tengo clavada en mi conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…”. Blas Infante

Al contrario que las veloces medidas de recortes y robo de derechos consagrados en la Constitución del primer gobierno de Mariano Rajoy, medidas que dejaron en los huesos al Estado y los servicios públicos e incrementaron la deuda por encima del cien por cien del PIB, las primeras acciones legislativas del gobierno Sánchez-Iglesias suponen una transferencia de renta desde el mundo del capital al mundo del trabajo. Discreta, por cierto, transferencia de renta, pero muy eficaz en términos de ingresos decentes para la mayoría.

La subida de las pensiones, la subida de los sueldos de las y los trabajadores públicos, la subida del SMI y, antier, la reducción provisional de 35 a 20 del número de peonadas para acceder al subsidio agrario, suponen unos imprescindibles cuidados paliativos para la inmensa mayoría de la población, dañada por ocho años de derecha pertinaz. Mientras la derecha se llena la boca de la palabra España, destruyendo las bases materiales que la cohesionan, vaciando y enfrentando territorios, y criminalizando los derechos de la gente. La izquierda actúa dignificando la vida y reduciendo el temor al día de mañana.

De las medidas de mejora de ingresos descritas, la que más afecta al mundo rural andaluz, es la de la reducción del número de peonadas para acceder a un subsidio de unos 400 euros durante seis meses. La medida ha sido aprobada, no como otras veces por un periodo limitado, sino, sine die, en tanto se acometen otras reformas estructurales de más calado que garanticen, de manera mucho más estable, una renta agraria digna fruto de la mejora de la productividad del campo.

Esta medida, la de las peonadas jornaleras, sumada a la regulación de precios mínimos de la producción agrícola y ganadera, tiene un carácter urgente y tendrán, juntas, una inmediata mejora de la vida en las centenas de municipios andaluces cuya actividad principal es o está relacionada con la agricultura. Indirectamente favorece la fijación de la población al territorio, paliando el problema del vaciado rural, reduce la pobreza en pueblos y ciudades, establece barreras para el expolio medioambiental de recursos naturales que se abre paso cuando la población tiene que marcharse a las ciudades, mejora la capacidad de negociación de salarios y condiciones laborales de la clase asalariada, y, no puede olvidarse, incrementa el grado de autonomía (libertad) de las mujeres del campo que también son o jornaleras o pequeñas y medianas propietarias de tierra.

Fijar población al campo, a los pequeños y medianos municipios, invierte la espiral que nos aboca a territorios que son desiertos humanos. Si la gente se queda en sus pueblos, se quedan también las demandas de servicios públicos, escuelas y centros de salud, junto con otras actividades económicas, industrias locales, bares, conservación del patrimonio natural, histórico, etnográfico. Es así como, medidas que suponen prácticamente nada para las arcas públicas, son catalizadores de un cambio en la tendencia de concentración de población en las áreas metropolitanas o en las grandes conurbaciones.

Falta mucho por hacer, es cierto, son siglos de historia jornalera de Andalucia, siglos de acumulación de la propiedad en pocas manos, de latifundio y carencias, siglos de infravivienda y desprecio, que afecta ahora con rotundidad a la población inmigrante, y que también va a ser vigilado ahora por la inspección de trabajo, siglos de Salustianos en Alemania o Cataluña o Madrid, pero también de luchas y dignidad.

En el campo andaluz hay que pasar de los cuidados paliativos a la curación, la rehabilitación y la plana salud. Hay un problema de concentración de la propiedad, pero sobre todo de función de la propiedad. Hay un problema de comunicación por ferrocarril entre las comarcas y las capitales. Hay múltiples problemas medioambientales y de escasez de recursos fruto de modelos agrarios contaminantes, extractivos, intensivos e industrializados. Hay un problema grave de cambio climático y de pérdida de biodiversidad. Sobre todo eso es donde hay que actuar con la mirada larga.

Andalucía camino de ser una colonia muda

Hasta el grupo de comunicación Joly, con cabeceras en casi todas las provincias andaluzas y tendencia conservadora en materia económica y territorial, se ha dado cuenta de que el actual Gobierno andaluz tiene condenada a Andalucía a ser carne de cañón en la guerra bipartidista entre el PP y el PSOE en el ámbito estatal. Su editorial del 3 de febrero pasado se titulaba Andalucía no debe ser una trinchera.

El único medio de comunicación de ámbito andaluz destilaba en esa editorial la preocupación de que Andalucía fuese usada durante la presente legislatura como un campo de guerra contra el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Del mismo modo que las batallas por la hegemonía en el control de los recursos y los dominios territoriales de potencias económicas y bélicas se ha dirimido siempre sobre territorios colonizados, Andalucía es, hoy día, gracias al legado españolísimo de Susana Díaz, la colonia perfecta para confrontar con el Gobierno de España.

Al grupo de comunicación conservador andaluz, que representa o aspira a representar intereses de un empresariado que también es andaluz y que tiene sus negocios en Andalucía tanto en el mercado interior como en la exportación, es decir que aspira a representar también sus propios intereses, le preocupa la desaparición de Andalucía del escenario político español si no es para que el ejecutivo de Moreno y Marín, condicionado por Vox, la use para bloquear o envenenar la acción del Gobierno de España en relación a la búsqueda de una solución negociada al problema catalán.


La preocupación es certera y parte de evidencias concretas. El editorial, prudente hacia quien va dirigido, no hace recuento de ellas, pero son cotidianas. La gran promesa del presidente Moreno Bonilla en el Debate sobre el Estado de la Comunidad del pasado 28 de enero fue crear una embajada andaluza en Cataluña para defender a los andaluces residentes allí del “separatismo” y atraer inversores. Bastaría ese ejemplo, esperpéntico por otra parte, pero tenemos a diario ejemplos de que el Ejecutivo de Moreno y Marín está más preocupado por hacerle oposición al de Sánchez e Iglesias, ayudando a la tríada Casado–Arrimadas–Abascal, que en darle voz, por ejemplo, al campo andaluz y su pequeño, mediano y gran empresariado, o al empresariado andaluz vinculado a la construcción o el turismo tradicionalmente aliado de la derecha.

Menciono el campo por que el conflicto ha dejado de ser latente, y la construcción y el turismo por su peso, pero bien podría decir que sectores empresariales como el de las renovables, el agroalimentario y su industria de transformación o el tecnológico vinculado a nuestras universidades, sienten, igual que el grupo de comunicación Joly la sensación de abandono total por parte del gobierno de Andalucía de los intereses del empresariado andaluz. Sectores a los que la subida del SMI no les importa lo más mínimo porque saben que ahí no está el núcleo central de sus problemas de sustenabilidad.

Si un grupo de comunicación, el único andaluz, que representa intereses económicos concretos, diríamos, de derecha liberal, alerta de que Andalucía está muda en lo importante y es trinchera para dirimir el poder en España, es que el silencio político andaluz no solo afecta a la vida cotidiana de los millones que somos, es que está percibiendo el miedo a que el proceso de conversión de nuestro empresariado en clase subalterna del capital externo es una realidad apabullante.

El mundo, Europa y España viven un momento crucial de transición económica, tecnológica, energética y de control de recursos. Un momento en el que la apuesta por posicionarse a la vanguardia en el cambio de modelo productivo generará ventajas competitivas apalancados sobre las diferentes realidades territoriales. Mientras Sánchez e Iglesias miran a Euskadi, a Cataluña, a Barcelona para repartir poder real concentrado en Madrid, como única manera de “estabilizar” el conflicto territorial consecuencia de una derecha española que usa al nacional catolicismo centralista y a la sagrada unidad de España como elemento central de su oposición política, el empresariado andaluz está huérfano de voz condenado a arrodillarse a intereses externos. Esto es, condenado a su total desaparición.

En las colonias todos son esclavos, incluidos quienes se creen empresarios de las colonias. Andalucía tiene un Ejecutivo mudo para defender los intereses del tejido empresarial y la sociedad civil andaluza. El mismo Ejecutivo que está concentrando el poder que hay repartido por todo el territorio para así mejor continuar con la tarea de privatización y entrega de capital público a intereses extraños a nuestra tierra. Esta deriva del Ejecutivo andaluz acabará afectando tanto al empresariado de Almería como al de Granada, Málaga o Sevilla.

Hay una necesidad en Andalucía que trasciende nuestro tradicional interés de clase, la necesidad de no ser colonia, la necesidad de no ser protectorado de nadie. La sociedad civil andaluza, las asociaciones empresariales, los sindicatos y los clúster corporativos deberían darse cuenta ya. Nos va la vida en ello.

Senderos de esperanza o tambores de guerra en Podemos Andalucía

El votante andaluz de izquierdas y progresista, que mayoritariamente ve con esperanza al gobierno de coalición en España no puede más que preocuparse de la fractura existente entre las actuales direcciones políticas de Podemos en Madrid y de Podemos Andalucía, sendas legitimadas por los respectivas asambleas celebradas en el pasado y llamadas a la renovación orgánica y estratégica a partir de los procesos internos que abrirá Vistalegre III, o como quiera que se vaya a llamar la asamblea de Podemos convocada para el mes de marzo. No digamos la desazón de las decenas de miles de personas inscritas en Podemos Andalucía, que junto con otros liderazgos sociales, son formadoras de opinión en una infinidad de familias o grupos de amistades y laborales.

Por las noticias que circulan en la prensa, incluido este medio que el viernes 6 de febrero tituló “Guerra en Podemos Andalucía: Iglesias prepara una “alternativa” a Rodríguez para liderar el partido”, la sensación en el espectro progresista y de izquierdas andaluz más comprometido no puede ser más que de desasosiego.

Si bien es cierto que la política democrática es siempre el debate entre posiciones legítimas, también lo es tanto dentro de los propios partidos, como con agentes sociales, sociedad civil y con otros partidos diferentes, la capacidad de llegar a acuerdos que no dañen los objetivos centrales de la propia formación en beneficio de los intereses que defiende, en el caso que nos ocupa mejorar la vida de los millones de personas que conforman el pueblo andaluz.

Sería lamentable, quiero pensar que no, que se use Andalucía como campo de batalla para definir el control central orgánico de Podemos, el principal espacio político de partido capaz de tensar a los gobiernos, principalmente los que tienen como elemento mayoritario al PSOE hacia las posiciones más democráticas, justas y progresistas, más feministas y ecologistas, como se ha demostrado en la exitosa estrategia de Pablo Iglesias para conseguir un gobierno en España de coalición con un programa que tan solo hace unos meses ni podíamos imaginar y unas altas expectativas de cumplimiento del mismo, al tiempo que se dulcifica y democratiza la manera de afrontar el conflicto político catalán.

Igualmente, sin mirar al pasado, sería lamentable que la actual dirección política de Podemos Andalucía no sea capaz de ver que su oposición a la estrategia de búsqueda de gobierno de coalición ha sido rechazada por las y los inscritos andaluces, las bases activas de Podemos Andalucía, de manera muy contundente al apoyar con un 94,6% la formación del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Lo que implica una profunda deslegitimación interna que daña el proyecto andaluz al debilitarlo como pieza mayoritaria y fundamental en Adelante Andalucía para que sea capaz de crecer rompiendo los límites estructurales electorales de IU y el Andalucismo histórico. No vendría mal un ejercicio de reconocimiento al menos de esa importante derrota democrática.

El asunto no tendría la mayor importancia si no fuese porque Andalucía tiene una potente identidad cultural que ha inundado España, incluida Cataluña, ocho millones y medio de habitantes, la segunda en extensión geográfica, y la tercera en PIB después de Madrid y Cataluña, al tiempo que tiene unas de las peores cifras de indicadores relacionados con la desigualdad, el empleo, la precariedad o la pobreza de España y Europa. Un cóctel que si la izquierda progresista no lo tiene en cuenta es estiércol alimenticio para que la derecha española, la derecha montaraz y la derecha en caída libre haga crecer la hidra del “a por ellos”, que no es más que un a por todas, todos y todo. De hecho por causa de un PSOE susanista derechizado, el neofascismo comenzó a prender en España en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018 al entrar 12 de Vox en el parlamento andaluz. Si alguien en la izquierda quiere mas pruebas del riesgo de jugar a despreciar Andalucía ahí las tiene. O Andalucía hegemoniza una voz de igualdad, justicia social y federalista, articulada desde la izquierda y cargada de andalucismo, como ocurrió en la transición, o será usada de ariete y muro para impedir que el actual gobierno de coalición concluya una solución dialogada a las crisis y al conflicto territorial catalán.

Las direcciones políticas andaluza y central de Podemos juegan, ahora, con fuego. Si se defiende el diálogo entre Sánchez y Torra, si se clama hablemos y parlem, si se dice que hay que hablar con todo el mundo en el día a día de la política, es imposible comprender porqué son incapaces de hablar y pactar entre gentes de un, hasta ahora, mismo proyecto de cambio. El mayor espacio de consolidación y expansión de un proyecto democrático emancipador y cooperativo de España está en Andalucía, es una cuestión de tamaño e historia, el PSOE siempre lo supo, lo sabe ahora que su secretaría general andaluza está en interinidad y actuará en consecuencia. Debería saberlo también la inteligencia colectiva del Podemos central.

Sendas direcciones habrán de decidir si quieren trazar senderos de esperanza para Andalucía y España o prefieren los tambores de guerra. Lo primero abre el espacio y lo amplía, lo segundo lo fracciona y lo condiciona a los viejos límites estructurales de la izquierda andaluza siempre dependiente in extremis del PSOE. Elijan y asuman su responsabilidad: Teresa, Pablo, equipos, dialoguen, el asunto no es menor, el asunto andaluz es el asunto, lo irán comprobando cada vez con más claridad.

Andalucía necesita una revolución agroecológica

A las movilizaciones agrarias en protesta por los bajos precios no acudieron los terratenientes ni los fondos de inversión que compran tierras masivamente en Andalucía y Extremadura. A los propietarios del gran latifundio les dan igual los precios. Sus ingresos rentistas, garantizados por la Política Agraria Común actual, son por que sí, por su cara bonita sin necesidad de que las tierras estén verdaderamente en labor y sean productivas. Tampoco influye en sus ingresos si hacen agricultura y ganadería ecológica o hacen agricultura intensiva que liquida las reservas naturales, daña la tierra y contamina el medio ambiente. Ni, por supuesto condiciona sus ingresos el hecho de que paguen bajos jornales, contraten en precario o ilegalmente. La PAC es para ellos dinero contante y sonante sin contrapartida productiva, social o medioambiental alguna.

Las movilizaciones del campo andaluz y extremeño por los bajos precios agrícolas en origen están sustentadas por propietarios de tierra pequeños y medianos, y por trabajadores y trabajadoras del campo que sí necesitan producir y vender para “completar” unos ingresos mínimos. El problema, los saben, no es el salario mínimo, como Vox, PP, Ciudadanos y García Page del PSOE extremeño han dicho para atacar al actual gobierno de coalición. El problema es una estructura de mercado basada en el oligopolio extractivo que impone el precio de compra y abusa con el precio de venta en la línea de los súper e hípermercados.

A los herederos de la Duquesa de Alba los precios de los productos agrarios les importan un pito, el mismo pito que a banqueros y fondos de inversión con cientos de miles de hectáreas extremeñas o andaluzas. Ellos tienen residencia fiscal en Madrid y piso en la Castellana, a Andalucía vienen a la feria, al chalet de la playa o al cortijo.


A las movilizaciones de esta pasada semana en el campo andaluz, más fuertes en Granada y Jaén, por los bajos precios del aceite, fueron las mismas familias de los pueblos andaluces que en los años sesenta emigraban a cualquier norte para convertirse en proletarios sin tierra. Entonces, como ahora, en la raíz del problema del campo andaluz está la estructura de la propiedad agraria y el desprecio de las comercializadoras al trabajo del campo. Pero ahora hay una razón añadida para acometer con urgencia una revolución en el campo andaluz. El cambio climático y el modelo productivo intensivo está liquidando los recursos naturales, contaminando el medio ambiente y destruyendo la capacidad de regeneración de la tierra. Un modelo insostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental debería pedir a gritos una revolución verde.

La PAC subvenciona la propiedad y no la función de la propiedad. La PAC que se negocia este año para el periodo 2021-2027, debería fomentar en profundidad la revolución verde en el campo premiando la sostenibilidad ambiental, la producción tradicional y agroecológica, la igualdad de género con la incorporación de la mujer a los mandos y estructuras claves del sistema, la justicia social con salarios y condiciones laborales y de vida dignas para la gente trabajadora cualquiera que sea su procedencia, los mercados, la transformación y comercialización en proximidad, la diversificación de los productos y su adecuación a las condiciones naturales y climáticas de cada lugar, y la reproductivilidad del capital humano facilitando la incorporación de la juventud a la agroganadería.

Para ello es imprescindible que el gobierno de España se tome el asunto en serio. Si no, auguro que el principal problema territorial que va a tener el gobierno de coalición no va a ser Cataluña, si no Andalucía. Para ello las fuerzas políticas progresistas deben exigir una negociación en Europa que rompa con los intereses especulativos y latifundistas, que lamine, dificulte y grave el uso antisocial y antiambiental de la tierra.

Desde luego una revolución así necesita un tiempo, pero hay ejemplos de que otro modelo agrario es posible, viable y sustentable. Durante un breve periodo, cuatro años, en el que un agroecólogo andaluz, el catedrático de la UPO de Sevilla, Manuel González de Molina, estuvo al frente de la desaparecida Dirección General de Agricultura Ecológica, un millón de hectáreas andaluzas entraron en producción ecológica. Ahí siguen, demostrando que, a pesar de la falta de apoyo institucional, se puede.

Para terminar, me gustaría hacer ver que la cuestión territorial también es relevante en este asunto. Si uno va a comprar tomates al Hipercor o al Carrefour el etiquetado, cualquiera que sea la variedad, dice “procedencia” ESPAÑA, de modo que no distingue si es del Maresme o del Guadalfeo, de la Vega de Granada o de Mazarrón. Y todo el mundo sabe que no es lo mismo que el tomate sea de proximidad, más allá de la inmensidad de variedades y sabores, o del quinto pino. Pues aquí, en Andalucía, todo el mundo sabe que la única bandera que defendió de verdad el campo andaluz frente a la gran propiedad, a la que el modelo productivo, el precio y las condiciones laborales le importan un pito como he dicho al principio de este texto, es la bandera andaluza. Los que se enaltecen con la otra gustarían pagar no con SMI sino con mendrugos de pan como en los tiempos de Los Santos Inocentes.



Dicho lo anterior, lo más urgente, y esto sí lo puede hacer el gobierno de España, es una ley de precios que prohiba directa o indirectamente vender por debajo del coste de producción y grave cualquier compra que no suponga un 10, un 15 o un 20% más del coste de producción. Esto es lo que exigen ya las organizaciones agrarias.