A las movilizaciones agrarias en protesta por los bajos precios no acudieron los terratenientes ni los fondos de inversión que compran tierras masivamente en Andalucía y Extremadura. A los propietarios del gran latifundio les dan igual los precios. Sus ingresos rentistas, garantizados por la Política Agraria Común actual, son por que sí, por su cara bonita sin necesidad de que las tierras estén verdaderamente en labor y sean productivas. Tampoco influye en sus ingresos si hacen agricultura y ganadería ecológica o hacen agricultura intensiva que liquida las reservas naturales, daña la tierra y contamina el medio ambiente. Ni, por supuesto condiciona sus ingresos el hecho de que paguen bajos jornales, contraten en precario o ilegalmente. La PAC es para ellos dinero contante y sonante sin contrapartida productiva, social o medioambiental alguna.
Las movilizaciones del campo andaluz y extremeño por los bajos precios agrícolas en origen están sustentadas por propietarios de tierra pequeños y medianos, y por trabajadores y trabajadoras del campo que sí necesitan producir y vender para “completar” unos ingresos mínimos. El problema, los saben, no es el salario mínimo, como Vox, PP, Ciudadanos y García Page del PSOE extremeño han dicho para atacar al actual gobierno de coalición. El problema es una estructura de mercado basada en el oligopolio extractivo que impone el precio de compra y abusa con el precio de venta en la línea de los súper e hípermercados.
A los herederos de la Duquesa de Alba los precios de los productos agrarios les importan un pito, el mismo pito que a banqueros y fondos de inversión con cientos de miles de hectáreas extremeñas o andaluzas. Ellos tienen residencia fiscal en Madrid y piso en la Castellana, a Andalucía vienen a la feria, al chalet de la playa o al cortijo.
A las movilizaciones de esta pasada semana en el campo andaluz, más fuertes en Granada y Jaén, por los bajos precios del aceite, fueron las mismas familias de los pueblos andaluces que en los años sesenta emigraban a cualquier norte para convertirse en proletarios sin tierra. Entonces, como ahora, en la raíz del problema del campo andaluz está la estructura de la propiedad agraria y el desprecio de las comercializadoras al trabajo del campo. Pero ahora hay una razón añadida para acometer con urgencia una revolución en el campo andaluz. El cambio climático y el modelo productivo intensivo está liquidando los recursos naturales, contaminando el medio ambiente y destruyendo la capacidad de regeneración de la tierra. Un modelo insostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental debería pedir a gritos una revolución verde.
La PAC subvenciona la propiedad y no la función de la propiedad. La PAC que se negocia este año para el periodo 2021-2027, debería fomentar en profundidad la revolución verde en el campo premiando la sostenibilidad ambiental, la producción tradicional y agroecológica, la igualdad de género con la incorporación de la mujer a los mandos y estructuras claves del sistema, la justicia social con salarios y condiciones laborales y de vida dignas para la gente trabajadora cualquiera que sea su procedencia, los mercados, la transformación y comercialización en proximidad, la diversificación de los productos y su adecuación a las condiciones naturales y climáticas de cada lugar, y la reproductivilidad del capital humano facilitando la incorporación de la juventud a la agroganadería.
Para ello es imprescindible que el gobierno de España se tome el asunto en serio. Si no, auguro que el principal problema territorial que va a tener el gobierno de coalición no va a ser Cataluña, si no Andalucía. Para ello las fuerzas políticas progresistas deben exigir una negociación en Europa que rompa con los intereses especulativos y latifundistas, que lamine, dificulte y grave el uso antisocial y antiambiental de la tierra.
Desde luego una revolución así necesita un tiempo, pero hay ejemplos de que otro modelo agrario es posible, viable y sustentable. Durante un breve periodo, cuatro años, en el que un agroecólogo andaluz, el catedrático de la UPO de Sevilla, Manuel González de Molina, estuvo al frente de la desaparecida Dirección General de Agricultura Ecológica, un millón de hectáreas andaluzas entraron en producción ecológica. Ahí siguen, demostrando que, a pesar de la falta de apoyo institucional, se puede.
Para terminar, me gustaría hacer ver que la cuestión territorial también es relevante en este asunto. Si uno va a comprar tomates al Hipercor o al Carrefour el etiquetado, cualquiera que sea la variedad, dice “procedencia” ESPAÑA, de modo que no distingue si es del Maresme o del Guadalfeo, de la Vega de Granada o de Mazarrón. Y todo el mundo sabe que no es lo mismo que el tomate sea de proximidad, más allá de la inmensidad de variedades y sabores, o del quinto pino. Pues aquí, en Andalucía, todo el mundo sabe que la única bandera que defendió de verdad el campo andaluz frente a la gran propiedad, a la que el modelo productivo, el precio y las condiciones laborales le importan un pito como he dicho al principio de este texto, es la bandera andaluza. Los que se enaltecen con la otra gustarían pagar no con SMI sino con mendrugos de pan como en los tiempos de Los Santos Inocentes.
Dicho lo anterior, lo más urgente, y esto sí lo puede hacer el gobierno de España, es una ley de precios que prohiba directa o indirectamente vender por debajo del coste de producción y grave cualquier compra que no suponga un 10, un 15 o un 20% más del coste de producción. Esto es lo que exigen ya las organizaciones agrarias.
