El único medio de comunicación de ámbito andaluz destilaba en esa editorial la preocupación de que Andalucía fuese usada durante la presente legislatura como un campo de guerra contra el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Del mismo modo que las batallas por la hegemonía en el control de los recursos y los dominios territoriales de potencias económicas y bélicas se ha dirimido siempre sobre territorios colonizados, Andalucía es, hoy día, gracias al legado españolísimo de Susana Díaz, la colonia perfecta para confrontar con el Gobierno de España.
Al grupo de comunicación conservador andaluz, que representa o aspira a representar intereses de un empresariado que también es andaluz y que tiene sus negocios en Andalucía tanto en el mercado interior como en la exportación, es decir que aspira a representar también sus propios intereses, le preocupa la desaparición de Andalucía del escenario político español si no es para que el ejecutivo de Moreno y Marín, condicionado por Vox, la use para bloquear o envenenar la acción del Gobierno de España en relación a la búsqueda de una solución negociada al problema catalán.
La preocupación es certera y parte de evidencias concretas. El editorial, prudente hacia quien va dirigido, no hace recuento de ellas, pero son cotidianas. La gran promesa del presidente Moreno Bonilla en el Debate sobre el Estado de la Comunidad del pasado 28 de enero fue crear una embajada andaluza en Cataluña para defender a los andaluces residentes allí del “separatismo” y atraer inversores. Bastaría ese ejemplo, esperpéntico por otra parte, pero tenemos a diario ejemplos de que el Ejecutivo de Moreno y Marín está más preocupado por hacerle oposición al de Sánchez e Iglesias, ayudando a la tríada Casado–Arrimadas–Abascal, que en darle voz, por ejemplo, al campo andaluz y su pequeño, mediano y gran empresariado, o al empresariado andaluz vinculado a la construcción o el turismo tradicionalmente aliado de la derecha.
Menciono el campo por que el conflicto ha dejado de ser latente, y la construcción y el turismo por su peso, pero bien podría decir que sectores empresariales como el de las renovables, el agroalimentario y su industria de transformación o el tecnológico vinculado a nuestras universidades, sienten, igual que el grupo de comunicación Joly la sensación de abandono total por parte del gobierno de Andalucía de los intereses del empresariado andaluz. Sectores a los que la subida del SMI no les importa lo más mínimo porque saben que ahí no está el núcleo central de sus problemas de sustenabilidad.
Si un grupo de comunicación, el único andaluz, que representa intereses económicos concretos, diríamos, de derecha liberal, alerta de que Andalucía está muda en lo importante y es trinchera para dirimir el poder en España, es que el silencio político andaluz no solo afecta a la vida cotidiana de los millones que somos, es que está percibiendo el miedo a que el proceso de conversión de nuestro empresariado en clase subalterna del capital externo es una realidad apabullante.
El mundo, Europa y España viven un momento crucial de transición económica, tecnológica, energética y de control de recursos. Un momento en el que la apuesta por posicionarse a la vanguardia en el cambio de modelo productivo generará ventajas competitivas apalancados sobre las diferentes realidades territoriales. Mientras Sánchez e Iglesias miran a Euskadi, a Cataluña, a Barcelona para repartir poder real concentrado en Madrid, como única manera de “estabilizar” el conflicto territorial consecuencia de una derecha española que usa al nacional catolicismo centralista y a la sagrada unidad de España como elemento central de su oposición política, el empresariado andaluz está huérfano de voz condenado a arrodillarse a intereses externos. Esto es, condenado a su total desaparición.
En las colonias todos son esclavos, incluidos quienes se creen empresarios de las colonias. Andalucía tiene un Ejecutivo mudo para defender los intereses del tejido empresarial y la sociedad civil andaluza. El mismo Ejecutivo que está concentrando el poder que hay repartido por todo el territorio para así mejor continuar con la tarea de privatización y entrega de capital público a intereses extraños a nuestra tierra. Esta deriva del Ejecutivo andaluz acabará afectando tanto al empresariado de Almería como al de Granada, Málaga o Sevilla.
Hay una necesidad en Andalucía que trasciende nuestro tradicional interés de clase, la necesidad de no ser colonia, la necesidad de no ser protectorado de nadie. La sociedad civil andaluza, las asociaciones empresariales, los sindicatos y los clúster corporativos deberían darse cuenta ya. Nos va la vida en ello.
