Canal Sur no existe

Tele viene del griego, significa distancia, al ver la tele vemos cosas a distancia. Canal sur casi nadie la ve porque dista mucho de lo que de verdad es Andalucía, de nuestro espíritu. Visión es del latín, su deriva semántica supone un desplazamiento de la realidad; ver visiones es ver cosas que no son necesariamente verdad. Tele-visión, es ver visiones a distancia, cosas que otros te cuentan. Lo que cuentan los telediarios de Canal Sur, informativos los llaman sin motivo, son cuentos, a veces delirios impuestos desde la sede del PP, Génova, en Madrid. Así lo denuncia el Sindicato de periodistas de Andalucía. Un jijijaja diario ajeno a la realidad andaluza ha hecho que la televisión que pagamos las y los andaluces no la vea prácticamente nadie. Más de cien millones de euros de dinero público andaluz desperdiciados.

Canal Sur, la pública andaluza nace un 28 de febrero de 1989, nueve años después de que el pueblo andaluz decidiera ser como el que más en el referéndum de 1980. Ya en 1990, un año después de su nacimiento, su cuota de pantalla era de un 24,4%. Teniendo en cuenta que entonces, además de TVE 1 y 2,  comenzaron su andadura Antena 3, Telecinco y Canal + (que tenía programas en abierto), que uno de cada cuatro andaluces viese Canal Sur era un exitazo para sus profesionales.

Desde entonces, la audiencia de Canal Sur ha ido descendiendo hasta fosas abisales. El Barómetro andaluz de septiembre de 2020, realizado por el Instituto de Estadística y Cartografía del gobierno de Andalucía, pregunta ¿ve usted Canal Sur Televisión? Uno de cada tres andaluces (33%) responde que nunca, uno de cada cuatro (23,3%) dice que “de vez en cuando”, lo que quiere decir que la ve de reojillo alguna vez. Es decir, el 56,3% de las y los andaluces no ve prácticamente su televisión autonómica, frente a un 12,75 que la ve uno o dos días en semana, un 12,9% que la ve tres o cuatro días y un 17,9% que la ve a diario.

Los treinta y siete años de gobierno del PSOE consiguieron llenar Canal Sur de telediarios de autobombo (Andalucía Imparable, Segunda Modernización), banalidades de sobremesa vespertina, batas de cola, niños repeinaos, juanes y medio para la tercera edad, toros que nadie ve, fútbol del Madrid o del Barcelona, bertines osborne e hijos de Paquirris. Había excepciones en días y franjas horarias marginales.

Ese es el legado desértico que tras las elecciones de  2018, con una cuota de pantalla del 9,2%, recibió el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Ya era difícil que la audiencia media anual bajase del 9% en que la dejó el poder absoluto del último PSOE derechizado hacia Ciudadanos. Pues bien, el poder de Moreno (PP) y Marín (Ciudadanos), con la inestimable ayuda externa de Vox, está consiguiendo bajar la audiencia al entorno de 7%. Ya mismo la TVE andaluza no la ven ni ellos ni Dios.

Si como dice el Barómetro citado, el 39,9% de la población andaluza se informa por la televisión y un 29,2% por las redes sociales, es evidente que el deterioro de Canal Sur no solo perjudica enormemente los intereses de Andalucía, sino que cuanto menos se ve Canal Sur menos posibilidades tiene el poder político de influir partidistamente en beneficio propio, hay que ser torpes para, aunque solo sea por interés propio, no mejorar la credibilidad de la cadena pública andaluza.

Irónicamente, a la vista de que el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla no tiene oposición por la izquierda en Andalucía -el PSOE andaluz está de facto en stand by y el espacio de Adelante Andalucía implosionando-, que Canal Sur tenga una capacidad nula de conformar opinión pública libre es el significante comunicativo de que, como escribí aquí: Andalucía no existe, y Canal sur es la muestra agónica.

Lo que tenemos que preguntarnos las y los andaluces es por qué ahora la derechísima gobernante, y antes el PSOE de Andalucía, no tiene ningún interés en aumentar la calidad de la radiotelevisión pública andaluza, consiguientemente la audiencia y su diversidad expresiva. Tal vez sea porque eso supondría hacer valer el verdadero espíritu político y cultural andaluz, un espíritu que cuando existe no puede más que estar alineado con las causas de la justicia social, la equidad territorial, el feminismo y la ecología. Eso, o a lo mejor que el gobierno de Moreno Bonilla está tan atrapado por Vox que es este partido antiandaluz el que está dictándole la política de enterramiento del espíritu de Andalucía. O todo a la vez.

Vox, el fascismo acecha

El neofascismo no es exclusivo de España, pero en España es especialmente virulento.Los pactos de gobierno en Madrid, Andalucía y Murcia entre PP y Ciudadanos bajo el amparo de Vox legitiman en las instituciones el discurso agresivo, las mentiras para ocultar la verdad de hechos presentes y pasados, la connivencia con comportamientos de grupos violentos y el impulso de acciones contra la memoria histórica democrática (documentada y científica). El atentado a la estatua de Largo Caballero o la retirada a martillazos de la placa de Indalecio Prieto son ejemplos muy recientes.

La transición desde el régimen de Franco, caudillo por la gracia de Dios, a la democracia, no extirpó el franquismo ni de los poderes económicos colgados del BOE, ni del poder judicial, ni de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o del ejército. Un pacto de ocultación, olvido y silencio, junto con la asunción de una jefatura del estado monárquica impuesta por un generalísimo que llegó al poder mediante la insurrección armada y el genocidio, legó una realidad que ahora se manifiesta con cacerolas en barrios ricos, hordas neonazis en acciones con actitudes violentas, y redes sociales ahítas de odio contra todo aquello que no sea una visión de España monocroma.

El asunto es tan grave que ha alcanzado una fuerte representación en el Congreso y en numerosos parlamentos autonómicos. La democracia no debe ser utilizada como instrumento para destruirla.

Cabe preguntarse quiénes representan y defienden la democracia y quiénes representan o toleran el fascismo. El conjunto de partidos que representa la mayoría demócrata de la sociedad tienen en sus manos pactar instrumentos legislativos y compromisos para la profundización y arraigo del sistema democrático. Líneas defensivas para proteger las instituciones de alianzas con partidos de corte fascista, que no condenen las amenazas, la coacción, la violencia y los comportamientos de odio contra las y los representantes democráticos, sindicatos, organizaciones feministas, ecologistas, LGTBI, colectivos racializados, o cualquier otra que defienda intereses legítimos y los derechos humanos. La condena, con sus líneas de actuación de Estado pactadas, permitiría señalar de manera inequívoca las actitudes que se están normalizando al enmascararse en símbolos que tienen vocación de pertenencia y representación colectiva como la bandera o la Constitución.

Si se han podido firmar pactos de estado como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por qué no se puede firmar un acuerdo antifascista de defensa de la democracia. Estar en ese pacto definiría el compromiso democrático frente a la tolerancia del sanguinario fascismo. ¿Estarían el PP y Ciudadanos en un pacto por la democracia contra el fascismo, o tienen intención de ser permanentes rehenes de Vox?

Andalucía no existe

Según la oportuna encuesta de 40dB. para la Plataforma de Medios Independientes, en la que participa lavozdelsur.es, Andalucía, la colonia, es prácticamente igual de monárquica que Madrid, la metrópoli.

Un 31,5% del electorado andaluz votaría por la república, como lo haría un 32,2% del electorado madrileño, frente a un 43,1 en Andalucía y un 46,3 en Madrid que votaría monarquía. Indecisos, blancos y abstenciones sumarían en Andalucia un 25,4% y en Madrid un 21,5%.

En tanto la ciudadanía electoral española es más republicana que monárquica, 40,9% frente al 34,9%, con una suma de indecisos, blancos y abstenciones del 24,2%, Madrid y Andalucía se muestran más monárquicas que republicanas.

Los datos que arroja la encuesta indican que la Andalucía de la transición, la que lideró la configuración del estado de las autonomías, simbolizado en las gigantescas manifestaciones revolucionarias del 4 de diciembre de 1977 que forzaron la introducción del artículo 151 de la CE, y el posterior acceso a la plena autonomía con el ejercicio del derecho a decidir el 28 de febrero de 1980, ha desaparecido. La Andalucía política que se incrusta en la Constitución del 78 no existe, ergo Andalucía no existe.

Una mirada minuciosa a la encuesta permite deducir que el sentimiento republicano está vinculado al progreso, la izquierda y los derechos democráticos, en tanto el sentimiento monárquico está vinculado al conservadurismo, la desigualdad y los privilegios. El electorado de PP, Vox y Ciudadanos es mayoritariamente monárquico, en tanto el electorado de las izquierdas y las opciones soberanistas, nacionalistas, federalistas o confederalistas es mayoritariamente republicano.

Siendo absoluta verdad que las y los andaluces están más preocupados por el paro, la precariedad laboral, el destrozo de la sanidad pública y la pérdida de fuerza de la educación pública, con el consiguiente incremento de la desigualdad estructural, que por el destino de la monarquía, la pregunta importante es por qué se alían con esa anacrónica institución cuando, los encuestados lo dicen mayoritariamente, es una institución de derechas que no de derechos.

Cuento lo que se ve. El Madrid actual centro del centralismo, albergue lujoso de corruptelas, cloacas y poderes fácticos no es España. Todo eso que ahora es Madrid tiene en Andalucía, con ocho millones y medio de habitantes, su baluarte, porque Andalucía ha dejado de ser España para ser subalterna de Madrid, la criada de la peli, la chacha de la caspa madrileña como en tiempos de la dictadura franquista.

La culpa la tiene el PSOE de González, Guerra, Borbolla, Cháves, Griñán y Díaz por descapitalizar al pueblo andaluz de su capacidad de transformación y lucha por la justicia social y territorial y haber abierto en los últimos tiempos la puerta a las derechas y Vox consecuencia de su alianza con Ciudadanos y con el españolismo del “a por ellos”. El pueblo andaluz, que existe a ojos vista, no tiene culpa de nada, la culpa es de las dirigencias políticas que llevan decenios poniendo los intereses de Andalucía, los de clase, los agrarios y los empresariales al servicio de números y códigos fiscales con residencia concentrada en la Castellana.

La Andalucía del 77 no existe ni en el debate de la izquierda ni el debate territorial porque ha dejado de ser España para ser Madrid en su lucha contra Cataluña y contra todo lo que sea progreso, bienestar, ecología, feminismo y equidad. La culpa no fue del cha cha cha, la culpa es del PSOE que hoy representa aquí Susana Díaz. El pueblo andaluz no tiene culpa de nada, la culpa es de la elite del PSOE que ha hegemonizado el gobierno andaluz durante cuarenta años.

Andalucía es una realidad cultural y una realidad territorial pero no es una realidad política. Está desaparecida, no existe. Las derechas españolistas con toda su capacidad demagógica y guerrera han concentrando sus fuerzas en Madrid para disparar contra Cataluña y, ahora, contra el gobierno de España; el independentismo unilateral catalán, parte del cual empieza a barruntar un propósito de enmienda, aislado del mundo e ignorante de los límites estructurales en su propio territorio, dispara contra Madrid al que confunde con España. Andalucía, por su bien, no puede ser parte madrileña ni parte catalana de esa guerra contra el actual gobierno de España.

Madrid no es España. España, lo dice la encuesta directa e indirectamente, es progresista, federalista y republicana, como lo es el País Valencià. El futuro federal republicano de España lo está dibujando el triángulo País Valencià (PSOE-Compromìs-Unidas Podemos), Galicia (PP) y Euskadi (PNV-PSOE). Nótense entre paréntesis los diferentes gobiernos actuales de tres comunidades cuya suma poblacional no llega a los diez millones, el 21% de la población española. Ximo Puig lo está diciendo una vez y otra, hay que quitar poder a Madrid, hay que compensar el efecto capitalidad, hay que impedir el dumping fiscal, hay que descentralizar las instituciones del estado, hay que cambiar el modelo radial por un modelo en red, hay que avanzar en justicia territorial. Federalismo. Lo dice el presidente de la comunidad valenciana cuando debería decirlo Andalucía, la comunidad autónoma con mas paro, precariedad, desigualdad, pobreza y con mayor dependencia del turismo y menor tejido industrial.

El día en que Andalucía se salga de la subalternidad madrileña volverá a liderar la configuración del modelo de estado en beneficio de las y los andaluces, tal y como lo hizo en la transición. Las condiciones materiales, geográficas, geopolíticas y formativas de sus gentes son inmejorables para romper con la dependencia del poder central y alumbrar un futuro con energías renovables, industrialización verde, aroecología, industria cultural y reforzamiento del papel de los servicios públicos y la economía de los cuidados.

La España progresista pasa por una Andalucía progresista. Mientras los gobiernos catalán y madrileño pelean contra el gobierno de coalición haciendo una pinza diabólica, Andalucía debe sumarse al triángulo de la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Galicia formando un cuadrángulo, en el que representaría casi la mitad de la población del mismo y cuya suma sería casi la mitad de la población de España. Con esta perspectiva territorial estratégica progresista, federal y de calado republicano deberían trabajar las izquierdas andaluzas buscando una alianza táctica para reforzar, bajo demanda, las políticas progresista del gobierno de coalición. Otra cosa es seguir en la Andalucía que no existe colonia de Madrid, en ese caso la clase política actual será la verdadera responsable de que Andalucía perpetúe el atraso estructural que nos separa de la media española y la media europea en los próximos decenios.

Persecución

No encuentro mejor resumen para describir la historia de las acusaciones y actuaciones judiciales contra Pablo Iglesias, como símbolo de lo que significa Podemos y como substancia democrática cristalizada de lo que representó el 15M de 2011, que la palabra persecución.

Persecución es el título del memorable disco que El Lebrijano publicó en 1976 en el que con textos de Félix Grande se describía la historia del pueblo gitano desde su llegada a la península ibérica en “la infancia del siglo XV”.

El mismo día y a la misma hora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba a lo grande el Plan de Recuperación y Transformación de la economía española, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el caso Tándem por los tejemanejes del excomisario encarcelado José Manuel Villarejo, deduce de la pieza Dina, en la que investiga el robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias y directora de ‘La Última Hora’ Dina Bousselham, por arte de birlibirloque, que el culpable es el actual vicepresidente segundo del Gobierno de España. Lo cuenta a la perfección Ignacio Escolar, director de elDiario.es, en su artículo “No hay pruebas”contra Pablo Iglesias.

El mismo día que el presidente del Gobierno por la mañana y las vicepresidencias del Gobierno por la tarde desmenuzan las líneas políticas e inversoras estratégicas para afrontar los próximos años los graves problemas estructurales del país, poniendo por delante la lucha contra la precariedad laboral, la pobreza, particularmente la pobreza infantil, la construcción de un modelo energético renovable en una España reindustrializada en verde, las inversiones en salud, educación y economía de los cuidados, ese mismo día el juez instructor García Castellón da a conocer un texto de sesenta páginas por el que eleva al Tribunal Supremo la solicitud de imputación de Pablo Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticosy denuncia falsa.

El mismo juez que ha fracasado en la persecución veraniega de Pablo Iglesias hasta por Gales, en Reino Unido, para intentar demostrar, sin conseguirlo, que fue quien dañó la tarjeta del móvil, y que, ante su fracaso, fue obligado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a devolver a Iglesias la condición de perjudicado en el caso del robo del móvil, el mismo juez hace coincidir la publicación de un escrito de sesenta páginas solicitando al Tribunal Supremo “sin pruebas”, como explica Ignacio Escolar, la imputación del vicepresidente segundo con un acto estelar del Gobierno en el que se representaba unidad y fuerza para avanzar las políticas de inversión pública de los próximos años, que ponen en juego inicialmente 70.000 millones de euros y la posibilidad de generar 800.000 empleos en tres años.

Difícil creer, en tiempos de revuelta ultramontana de la derecha reaccionaria española, que el juez actúa en solitario y por casualidad, las creencias son libres. Allá cada quien con sus creencias, los hechos son los hechos. Cada vez que desde 2014 Podemos se ha situado en posición de ayudar a un avance social y democrático en España, las cloacas han actuado para ensuciar el escenario con denuncias falsas e imputaciones imposibles que han acabado archivadas.

Darle la vuelta al caso del robo de un móvil haciendo de las víctimas culpables y de los culpables víctimas, todo presuntamente, escribir, quién sabe cuándo, sesenta páginas, para sacarlas a la luz el día d a la hora h, sin tener en cuenta los hechos objetivos, su tracto sucesivo, los informes policiales que niegan la hipótesis de que fue el propio Iglesias el que rompió la tarjeta del móvil antes de devolverla a su propietaria, e ignorar la determinación de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para obligar al juez instructor a devolver la condición de perjudicado a Iglesias, no parece casualidad.

Imposible no pensar que la inverosímil solicitud de imputación con agravante de coincidencia con uno de los actos más importantes del Gobierno de coalición es una acción dirigida a debilitar y destruir el Gobierno de España. Un Gobierno fruto de una mayoría parlamentaria surgida de las urnas. La derecha y sus poderes profundos intentan derribar a Pablo Iglesias para derribar después a Pedro Sánchez. Las consecuencias serían nefastas para la mayoría de los españoles, para las empresas y los autónomos y para todas aquellas ideas políticas que aportan democracia y progreso al futuro. Quienes no toleran que el BOE lo escriban la democracia, la inteligencia y la tolerancia están trabajando en ello desde que nació Podemos. Si consiguen el objetivo, no habrá beneficio ni para quienes lo intentan. Son como el demonio de Ripalda: conjunto de todo mal sin mezcla de bien alguno.

La UE debe tomar nota. La España democrática y diversa representada por esos 187 diputados y diputadas, una mayoría absoluta muy reforzada, que pide la renovación del caducado CGPJ también debería pedir que el Gobierno, en uso de sus competencias, no refrende los nuevos nombramientos vitalicios propuestos por el máximo órgano del poder judicial, dado que se encuentra en funciones, hasta que éste no se renueve, como es mandato constitucional, en virtud de la nueva configuración de la representación democrática que habita las Cortes Generales.

“Es como muerte civil, dijo Miguel de Cervantes. Mejor nombre a esa condena no pudo ponerle nadie. Varios monarcas ordenan a jueces y tribunales que manden a los gitanos a las galeras reales”. Poeta Félix Grande, Persecución; al cante, El Lebrijano. La muerte civil de Pablo Iglesias es lo que pretende la troupe subterránea que opera el poder en España. La buscan porque buscan la muerte política de lo que significa Podemos, un faro de esperanza en España con potencia lumínica para alumbrar un futuro mejor para las mayorías sociales y las diversidades.