El neofascismo no es exclusivo de España, pero en España es especialmente virulento.Los pactos de gobierno en Madrid, Andalucía y Murcia entre PP y Ciudadanos bajo el amparo de Vox legitiman en las instituciones el discurso agresivo, las mentiras para ocultar la verdad de hechos presentes y pasados, la connivencia con comportamientos de grupos violentos y el impulso de acciones contra la memoria histórica democrática (documentada y científica). El atentado a la estatua de Largo Caballero o la retirada a martillazos de la placa de Indalecio Prieto son ejemplos muy recientes.
La transición desde el régimen de Franco, caudillo por la gracia de Dios, a la democracia, no extirpó el franquismo ni de los poderes económicos colgados del BOE, ni del poder judicial, ni de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o del ejército. Un pacto de ocultación, olvido y silencio, junto con la asunción de una jefatura del estado monárquica impuesta por un generalísimo que llegó al poder mediante la insurrección armada y el genocidio, legó una realidad que ahora se manifiesta con cacerolas en barrios ricos, hordas neonazis en acciones con actitudes violentas, y redes sociales ahítas de odio contra todo aquello que no sea una visión de España monocroma.
El asunto es tan grave que ha alcanzado una fuerte representación en el Congreso y en numerosos parlamentos autonómicos. La democracia no debe ser utilizada como instrumento para destruirla.
Cabe preguntarse quiénes representan y defienden la democracia y quiénes representan o toleran el fascismo. El conjunto de partidos que representa la mayoría demócrata de la sociedad tienen en sus manos pactar instrumentos legislativos y compromisos para la profundización y arraigo del sistema democrático. Líneas defensivas para proteger las instituciones de alianzas con partidos de corte fascista, que no condenen las amenazas, la coacción, la violencia y los comportamientos de odio contra las y los representantes democráticos, sindicatos, organizaciones feministas, ecologistas, LGTBI, colectivos racializados, o cualquier otra que defienda intereses legítimos y los derechos humanos. La condena, con sus líneas de actuación de Estado pactadas, permitiría señalar de manera inequívoca las actitudes que se están normalizando al enmascararse en símbolos que tienen vocación de pertenencia y representación colectiva como la bandera o la Constitución.
Si se han podido firmar pactos de estado como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por qué no se puede firmar un acuerdo antifascista de defensa de la democracia. Estar en ese pacto definiría el compromiso democrático frente a la tolerancia del sanguinario fascismo. ¿Estarían el PP y Ciudadanos en un pacto por la democracia contra el fascismo, o tienen intención de ser permanentes rehenes de Vox?
