No encuentro mejor resumen para describir la historia de las acusaciones y actuaciones judiciales contra Pablo Iglesias, como símbolo de lo que significa Podemos y como substancia democrática cristalizada de lo que representó el 15M de 2011, que la palabra persecución.
Persecución es el título del memorable disco que El Lebrijano publicó en 1976 en el que con textos de Félix Grande se describía la historia del pueblo gitano desde su llegada a la península ibérica en “la infancia del siglo XV”.
El mismo día y a la misma hora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba a lo grande el Plan de Recuperación y Transformación de la economía española, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el caso Tándem por los tejemanejes del excomisario encarcelado José Manuel Villarejo, deduce de la pieza Dina, en la que investiga el robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias y directora de ‘La Última Hora’ Dina Bousselham, por arte de birlibirloque, que el culpable es el actual vicepresidente segundo del Gobierno de España. Lo cuenta a la perfección Ignacio Escolar, director de elDiario.es, en su artículo “No hay pruebas”contra Pablo Iglesias.
El mismo día que el presidente del Gobierno por la mañana y las vicepresidencias del Gobierno por la tarde desmenuzan las líneas políticas e inversoras estratégicas para afrontar los próximos años los graves problemas estructurales del país, poniendo por delante la lucha contra la precariedad laboral, la pobreza, particularmente la pobreza infantil, la construcción de un modelo energético renovable en una España reindustrializada en verde, las inversiones en salud, educación y economía de los cuidados, ese mismo día el juez instructor García Castellón da a conocer un texto de sesenta páginas por el que eleva al Tribunal Supremo la solicitud de imputación de Pablo Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticosy denuncia falsa.
El mismo juez que ha fracasado en la persecución veraniega de Pablo Iglesias hasta por Gales, en Reino Unido, para intentar demostrar, sin conseguirlo, que fue quien dañó la tarjeta del móvil, y que, ante su fracaso, fue obligado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a devolver a Iglesias la condición de perjudicado en el caso del robo del móvil, el mismo juez hace coincidir la publicación de un escrito de sesenta páginas solicitando al Tribunal Supremo “sin pruebas”, como explica Ignacio Escolar, la imputación del vicepresidente segundo con un acto estelar del Gobierno en el que se representaba unidad y fuerza para avanzar las políticas de inversión pública de los próximos años, que ponen en juego inicialmente 70.000 millones de euros y la posibilidad de generar 800.000 empleos en tres años.
Difícil creer, en tiempos de revuelta ultramontana de la derecha reaccionaria española, que el juez actúa en solitario y por casualidad, las creencias son libres. Allá cada quien con sus creencias, los hechos son los hechos. Cada vez que desde 2014 Podemos se ha situado en posición de ayudar a un avance social y democrático en España, las cloacas han actuado para ensuciar el escenario con denuncias falsas e imputaciones imposibles que han acabado archivadas.
Darle la vuelta al caso del robo de un móvil haciendo de las víctimas culpables y de los culpables víctimas, todo presuntamente, escribir, quién sabe cuándo, sesenta páginas, para sacarlas a la luz el día d a la hora h, sin tener en cuenta los hechos objetivos, su tracto sucesivo, los informes policiales que niegan la hipótesis de que fue el propio Iglesias el que rompió la tarjeta del móvil antes de devolverla a su propietaria, e ignorar la determinación de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para obligar al juez instructor a devolver la condición de perjudicado a Iglesias, no parece casualidad.
Imposible no pensar que la inverosímil solicitud de imputación con agravante de coincidencia con uno de los actos más importantes del Gobierno de coalición es una acción dirigida a debilitar y destruir el Gobierno de España. Un Gobierno fruto de una mayoría parlamentaria surgida de las urnas. La derecha y sus poderes profundos intentan derribar a Pablo Iglesias para derribar después a Pedro Sánchez. Las consecuencias serían nefastas para la mayoría de los españoles, para las empresas y los autónomos y para todas aquellas ideas políticas que aportan democracia y progreso al futuro. Quienes no toleran que el BOE lo escriban la democracia, la inteligencia y la tolerancia están trabajando en ello desde que nació Podemos. Si consiguen el objetivo, no habrá beneficio ni para quienes lo intentan. Son como el demonio de Ripalda: conjunto de todo mal sin mezcla de bien alguno.
La UE debe tomar nota. La España democrática y diversa representada por esos 187 diputados y diputadas, una mayoría absoluta muy reforzada, que pide la renovación del caducado CGPJ también debería pedir que el Gobierno, en uso de sus competencias, no refrende los nuevos nombramientos vitalicios propuestos por el máximo órgano del poder judicial, dado que se encuentra en funciones, hasta que éste no se renueve, como es mandato constitucional, en virtud de la nueva configuración de la representación democrática que habita las Cortes Generales.
“Es como muerte civil, dijo Miguel de Cervantes. Mejor nombre a esa condena no pudo ponerle nadie. Varios monarcas ordenan a jueces y tribunales que manden a los gitanos a las galeras reales”. Poeta Félix Grande, Persecución; al cante, El Lebrijano. La muerte civil de Pablo Iglesias es lo que pretende la troupe subterránea que opera el poder en España. La buscan porque buscan la muerte política de lo que significa Podemos, un faro de esperanza en España con potencia lumínica para alumbrar un futuro mejor para las mayorías sociales y las diversidades.
