Cuerpo, vida y territorio

No hay vida sin memoria y no hay política sin territorio. Toda vida es un almacén de memoria, ADN, y un lugar para vivir, ecosistema. Sobrecoge la sencillez de este resumen. No hay política sin territorio, y no hay identidad sin ecosistema cultural. O sea, no hay cultura sin pueblo y no hay pueblo sin cultura.

La cultura es la memoria de los pueblos, su ADN. Hay pueblos cuya memoria cultural está simbolizada en su idioma (lengua materna), hay otros cuyo idioma es sobre todo su memoria cultural. La matria tiene substancia cultural. Entre los pueblos cuyo idioma es su memoria está el andaluz. La lengua de Andalucía es el anhelo de libertad, justicia y democracia, su acento político. Eso es lo que reivindicó Andalucía el 4 de diciembre de 1977 cuando se constituyó en las calles como pueblo. Eso es lo que el 28 de febrero de 1980, ya en vigor la constitución del 78, ratificó en referéndum su derecho a ser como la que más en el estado autonómico.

Desvincular la democracia del territorio es justo los que busca el neoliberalismo para liquidar la parte del estado que le incomoda, el estado social y de los derechos. El capital necesita reducir la complejidad de las interlocuciones. Por eso fue tan fácil reformar el artículo 135 de la CE por orden externa como aplicar el 155 por acuerdo interno. Por eso está tan escondido de la opinión pública el artículo 128. El capital se afana en desvincular la democracia del territorio, de las identidades y los intereses de comunidades sociales, bien con las armas de de la represión, con las de chantaje, con el control mediático y las fake news, o con un ejercito de togas dispuesto a retorcer crípticamente las normas para dictar sentencias llenas de teatro del absurdo.

La misma fuerza que impide que la Venus capitolina de El Salar, una localidad del municipio granadino de Loja con algo más de 2.500 habitantes, repose culturalmente en su lugar de aparición, como no lo hace la Dama de Baza en Baza, es la que ordenó la política de la última desindustrialización de Andalucía ocultada bajo los millones de los ERES, desmanteló la red de ferrocarriles para que el AVE llegue radial y deficitario al mismo sitio, legisla desde la distancia para contaminar la tierra, el agua y el aire en lugares lejanos, sin que sus habitantes puedan hacer algo más que revelarse, fuerza el monocultivo de la construcción y el turismo vendiendo los recursos a capital externo y lleva a la gente a la esclavitud liquidando derechos laborales y entregando a lo privado (energía, agua, salud, educación, dependencia,…) lo que solo como público garantiza la justicia, la equidad y la seguridad vital.

Quienes arguyen contra las demandas de soberanía de naciones, comarcas, poblaciones y ciudades que no quieren más fronteras dicen la verdad, no quieren fronteras para la fuerza expresiva del capital, pero las adoran para liquidar la democracia, el estado social, lo común, lo público. Ese es el sentido del discurso de Casado/Abascal cuando hablan de reforzar y proteger las fronteras externas. Nos quieren en la dialéctica dentro/fuera en lugar de en la dialéctica autoritarismo/democracia o centralismo/federalismo.

Hace tiempo que sabemos que la crisis del capitalismo es una crisis metabólica. Una especie de bulimia que devora cuerpos, vida y territorios. Enfrentarse a eso solo puede hacerse mediante el feminismo (la soberanía de los cuerpos), el ecologismo (la soberanía de la vida) y las identidades culturales (las soberanías territoriales).

Cuerpo, vida y territorio son argumentos centrales para la defensa de la democracia. O sea, la distribución normativa y caleidoscópica del poder. Tan importante es para el progresismo y la izquierda articular sensibilidades para un proyecto común de carácter republicano, como apalancarse territorialmente sobre modelos organizativos verdaderamente democráticos, o sea, federales. También en los sentidos provincial, comarcal o municipal. Las demandas provincializadas de la España vaciada son el epifenómeno político más reciente que pone de manifiesto la necesidad de un federalismo conceptualmente muy amplio. En España no hay un solo centralismo, las capitales autonómicas también son sumideros de poder. No plantear un proyecto federalizante en todos los niveles territoriales conducirá al aumento de las tensiones en todas las escalas territoriales.

Ximo Puig, presidente de la Comunitat Valenciana lo ha entendido, por eso tiende puentes federales con el gobierno de la Generalitat catalana y con el de la Junta Andalucía. La izquierda ha de creerse el federalismo y practicarlo como proyecto político clave para enfrentarse a la dinámica centralizadora del poder.

Publicado en La Última Hora

El recibo de la luz y la transición energética

En el frontispicio de un modelo energético sustentable quedaría perfecta la siguiente máxima: La energía más barata es la que no necesitamos consumir. Además de avanzar hasta conectar por completo las sociedades humanas al sol como lo están los ecosistemas naturales, el segundo pilar de transformación del modelo energético pasa por incentivar el ahorro y la eficiencia energética.

La energía no consumida no solo es más barata en términos monetarios, es más barata para la salud humana y para la salud de la vida en la tierra. Este planteamiento entra en conflicto directo con los intereses de las empresas energéticas de titularidad privada, cuyo negocio se basa en generar energía, transportarla y venderla al mejor precio posible. Reducir la dependencia del estado y del sistema productivo de la demanda de energía supone garantía de tranquilidad para la población y aumento de competitividad para múltiples sectores económicos. Es clave reducir la intensidad energética española, los kilovatios hora necesarios por unidad de producto interior bruto. La intensidad energética es un buen indicador para apreciar la eficiencia energética de la economía real.

La evolución al alza del precio de la luz, que no es coyuntural, sino fruto de unas reglas del juego que favorecen los intereses del capital invertido en energía, es aprovechada por los grandes medios de comunicación españoles, en manos últimas de quienes poseen las energéticas, para arremeter contra el gobierno de España, las mismas manos que mecieron la cuna para aniquilar el potencial de las energías renovables durante la etapa de los gobiernos de Rajoy. Es un asunto muy serio que un estado no pueda hacer política energética, más si ya tiene muy limitada la política monetaria.

Sea porque el impacto de la subida de precios de la energía en el proceso de recuperación postpandemia, liquidaba la esperanza de Pedro Sánchez de que una nueva etapa de crecimiento reforzaría su poder, sea porque el run run mediático diario de la subida de la luz y su reflejo doloroso en la factura suponía un desgaste total de la acción de gobierno, que anulaba cualquier otra mejora en las condiciones de vida de las mayorías, la parte socialista ha cedido. Las medidas acordadas en el consejo de ministros del martes 14 de septiembre demuestran que sí que se podía actuar para reducir el precio de la luz. La reacción de las grandes eléctricas amenazando con el cierre desordenado de las nucleares, otrora de titularidad pública, no es más que la prueba de la importancia de las medidas adoptadas. El chantaje les puede salir mal, la reacción amenazante en caliente no hace más que aumentar el deterioro de su imagen ante la ciudadanía y las empresas, y, sobre todo, ante la UE, cuyo vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Green Deal, Frans Timmermans, ha declarado su sintonía con las medidas del gobierno. Pareciera que el viejo capitalismo español de raíz franquista no comprendiese, como buena parte del capitalismo europeo está haciendo, los cambios globales que se avecinan, consecuencia de la recomposición de poderes geoestratégico y del choque de las economías con las consecuencias del cambio climático y la escasez de recursos primarios.

Ni a la derecha española ni al capital, cuya patria es el beneficio, interesa que se toque el actual modelo de formación de precios ni, mucho menos, la estructura oligopólica empresarial. La declaración de guerra del oligopolio eléctrico no es más que el certificado de que apelar a la buena voluntad del capital es como rezar para que llueva o se acabe el paro, pero sin ni siquiera reconfortar el espíritu.

Se ha demostrado que el gobierno puede actuar en el corto plazo para defender los intereses del país. Se ha demostrado una vez más que las propuestas de Unidas Podemos en ese gobierno son, además de imprescindibles, viables en lo inmediato. Por eso es importante que en materia energética se siga actuando y reforzando el frente energético social: garantizar un mínimo suministro vital gratuito y prohibir el corte de electricidad para aquellas personas o familias vulnerables, establecer un precio máximo por tramos ascendentes de consumo o, en su caso, aplicar fiscalidad ecosocial (bonificación o gravamen en función de tramos de consumo), para las y los consumidores finales que no sean empresas con objeto de incentivar la eficiencia energética y limitar el despilfarro. Y un frente energético ecológico incentivando el autoconsumo y el balance neto en condiciones de equidad para instalaciones de particulares y empresas cuyo fin principal no sea la generación eléctrica.

Los dos frentes, el social y el ecológico, tendrían el impulso que necesitan si a nivel de estado, a gran escala, se hace lo que ayuntamientos como el de Barcelona o Cádizestán haciendo, o lo que va a empezar a hacer el gobierno de Illes Balears al crear una empresa de producción y comercialización renovable. España necesita una empresa pública de generación eléctrica por energías renovables (incluida la hidráulica) y una comercializadora pública de este tipo de energías, buena parte de las cuales pueden provenir de consumidores finales con tejados solares fotovoltaicos, de instalaciones renovables en edificaciones públicas o de aprovechamientos eólicos distribuidos por el territorio u offshore. Una empresa pública que se prepare para la tecnología del hidrógeno como vector de acumulación y transporte de energía renovable. Es la única manera de limitar y prevenir el daño del sector energético en manos privadas, que responde a intereses ajenos a lo común, de afrontar la lucha contra el cambio climático y de realizar una transición energética socialmente justa.

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Mario Ortega es químico y doctor en ciencias ambientales. Entre 1999 y 2001 publicó los libros Energías Renovables y Calefacción y Refrescamiento por Superficies Radiantes; es el impulsor y redactor del borrador original de la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, aprobada con el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza.

La bicicleta en Granada

Del 16 al 22 de septiembre se volverá a celebrar en Granada la Semana Europea de la Movilidad. Curioso que tanto en Europa como aquí se haya caído de los carteles la palabra sostenible que estuvo en los orígenes de este evento anual. Durante la semana el principal prócer de la ciudad, esta vez del PSOE, volverá a las fotos con bicicletas, peatones y vehículos no contaminantes. Luego con alta probabilidad el tiempo pasará como decía la canción de Casablanca, y si té he visto no me acuerdo.

Me centraré en la bicicleta, incomparable con cualquier otro vehículo a motor carbónico o eléctrico. Podría decir que la bicicleta es históricamente la gran olvidada en Granada, pero ya, pasados los años y pensando en la XXIV Marcha en Bici – Granada al Pedal – Vía Libre al Tranvía – mejor en Bici que se celebrará el domingo 19, en realidad diré que no hay olvido sino hostilidad. ¿Tendrá que ver con cierto sustrato reaccionario dominante que bloquea el progreso en bici como en otros campos del conocimiento o la cultura? La bicicleta en Granada se abre paso a duras penas, como tituló Carlos Cano su LP originario.

La bicicleta no contamina ni emite gases de efecto invernadero, luego es de tremenda utilidad para paliar la famosa contaminación atmosférica granadina y para luchar contra el cambio climático. Se trata de proteger y cuidar el planeta. La bicicleta no hace ruido, así que reduce el malestar y la agresividad, individual o colectiva. La bicicleta fomenta la salud individual. Si cuidar nuestra salud, la de la ciudad y la del planeta reduciendo la presión sobre el sistema sanitario, y el gasto en el, no es importante, ¿qué lo es en materia de movilidad?

Granada es una ciudad hostil para la bicicleta a pedales. Un error considerarla de igual a igual con vehículos eléctricos, sean bicis eléctricas o vehículos de movilidad personal (patinetes con batería). Ni por bondad ambiental ni para la salud, mucho menos por la velocidad alcanzable (salvo quizá ciclistas deportivos), puede compararse un vehículo a motor con un vehículo exclusivo a pedales.

A Granada debería llegarle ya la hora de la bicicleta. Espero, de un gobierno municipal y su alcalde que se preocupen menos por la foto y mucho por cambiar la realidad de la maligna movilidad granadina. Un gobierno y un alcalde activos y pedagógicos en lugar de pasivos y al ritmo de inercias pasadas, aquellas que del hito fotográfico de un exalcalde, imputado, recién ganadas las elecciones, fotografiado con una piqueta mecánica destruyendo un carril bici con pocos meses de vida. Año 2007.

La política de poder granadina si quiere ser sostenible debe comprometerse a cosas concretas con fecha. La fecha para la transformación saludable de la ciudad no puede ser 203040, se sabe mucho sobre movilidad, los ejemplos exitosos mundiales son abundantes, es preciso actuar ya. No vale ir a la foto y si te he visto no me acuerdo, como siempre. Se necesitan espacios seguros para las bicicletas en Ronda, Gran Vía, Constitución, Severo Ochoa, etc., que no compitan ni con los motores ni con los peatones. No hay que mezclar en ordenanzas bicicletas a pedal con vehículos carbónicos o eléctricos. La atención preferente de los agentes de movilidad debe estar en impedir la superación de la velocidad permitida a los motores, que son los que provocan los accidentes graves y ocupan espacios peatonales y doble fila de manera abusiva. La ciudad de las bicis habría de ser una ciudad para las personas mayores, los niños y las niñas, o sea, la ciudad para todos y todas como dejó escrito Francesco Tonucci hace ya bastante tiempo.

Publicado en El Independiente de Granada el 10 de septiembre de 2021