En el frontispicio de un modelo energético sustentable quedaría perfecta la siguiente máxima: La energía más barata es la que no necesitamos consumir. Además de avanzar hasta conectar por completo las sociedades humanas al sol como lo están los ecosistemas naturales, el segundo pilar de transformación del modelo energético pasa por incentivar el ahorro y la eficiencia energética.
La energía no consumida no solo es más barata en términos monetarios, es más barata para la salud humana y para la salud de la vida en la tierra. Este planteamiento entra en conflicto directo con los intereses de las empresas energéticas de titularidad privada, cuyo negocio se basa en generar energía, transportarla y venderla al mejor precio posible. Reducir la dependencia del estado y del sistema productivo de la demanda de energía supone garantía de tranquilidad para la población y aumento de competitividad para múltiples sectores económicos. Es clave reducir la intensidad energética española, los kilovatios hora necesarios por unidad de producto interior bruto. La intensidad energética es un buen indicador para apreciar la eficiencia energética de la economía real.
La evolución al alza del precio de la luz, que no es coyuntural, sino fruto de unas reglas del juego que favorecen los intereses del capital invertido en energía, es aprovechada por los grandes medios de comunicación españoles, en manos últimas de quienes poseen las energéticas, para arremeter contra el gobierno de España, las mismas manos que mecieron la cuna para aniquilar el potencial de las energías renovables durante la etapa de los gobiernos de Rajoy. Es un asunto muy serio que un estado no pueda hacer política energética, más si ya tiene muy limitada la política monetaria.
Sea porque el impacto de la subida de precios de la energía en el proceso de recuperación postpandemia, liquidaba la esperanza de Pedro Sánchez de que una nueva etapa de crecimiento reforzaría su poder, sea porque el run run mediático diario de la subida de la luz y su reflejo doloroso en la factura suponía un desgaste total de la acción de gobierno, que anulaba cualquier otra mejora en las condiciones de vida de las mayorías, la parte socialista ha cedido. Las medidas acordadas en el consejo de ministros del martes 14 de septiembre demuestran que sí que se podía actuar para reducir el precio de la luz. La reacción de las grandes eléctricas amenazando con el cierre desordenado de las nucleares, otrora de titularidad pública, no es más que la prueba de la importancia de las medidas adoptadas. El chantaje les puede salir mal, la reacción amenazante en caliente no hace más que aumentar el deterioro de su imagen ante la ciudadanía y las empresas, y, sobre todo, ante la UE, cuyo vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Green Deal, Frans Timmermans, ha declarado su sintonía con las medidas del gobierno. Pareciera que el viejo capitalismo español de raíz franquista no comprendiese, como buena parte del capitalismo europeo está haciendo, los cambios globales que se avecinan, consecuencia de la recomposición de poderes geoestratégico y del choque de las economías con las consecuencias del cambio climático y la escasez de recursos primarios.
Ni a la derecha española ni al capital, cuya patria es el beneficio, interesa que se toque el actual modelo de formación de precios ni, mucho menos, la estructura oligopólica empresarial. La declaración de guerra del oligopolio eléctrico no es más que el certificado de que apelar a la buena voluntad del capital es como rezar para que llueva o se acabe el paro, pero sin ni siquiera reconfortar el espíritu.
Se ha demostrado que el gobierno puede actuar en el corto plazo para defender los intereses del país. Se ha demostrado una vez más que las propuestas de Unidas Podemos en ese gobierno son, además de imprescindibles, viables en lo inmediato. Por eso es importante que en materia energética se siga actuando y reforzando el frente energético social: garantizar un mínimo suministro vital gratuito y prohibir el corte de electricidad para aquellas personas o familias vulnerables, establecer un precio máximo por tramos ascendentes de consumo o, en su caso, aplicar fiscalidad ecosocial (bonificación o gravamen en función de tramos de consumo), para las y los consumidores finales que no sean empresas con objeto de incentivar la eficiencia energética y limitar el despilfarro. Y un frente energético ecológico incentivando el autoconsumo y el balance neto en condiciones de equidad para instalaciones de particulares y empresas cuyo fin principal no sea la generación eléctrica.
Los dos frentes, el social y el ecológico, tendrían el impulso que necesitan si a nivel de estado, a gran escala, se hace lo que ayuntamientos como el de Barcelona o Cádizestán haciendo, o lo que va a empezar a hacer el gobierno de Illes Balears al crear una empresa de producción y comercialización renovable. España necesita una empresa pública de generación eléctrica por energías renovables (incluida la hidráulica) y una comercializadora pública de este tipo de energías, buena parte de las cuales pueden provenir de consumidores finales con tejados solares fotovoltaicos, de instalaciones renovables en edificaciones públicas o de aprovechamientos eólicos distribuidos por el territorio u offshore. Una empresa pública que se prepare para la tecnología del hidrógeno como vector de acumulación y transporte de energía renovable. Es la única manera de limitar y prevenir el daño del sector energético en manos privadas, que responde a intereses ajenos a lo común, de afrontar la lucha contra el cambio climático y de realizar una transición energética socialmente justa.
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Mario Ortega es químico y doctor en ciencias ambientales. Entre 1999 y 2001 publicó los libros Energías Renovables y Calefacción y Refrescamiento por Superficies Radiantes; es el impulsor y redactor del borrador original de la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, aprobada con el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza.
