Para las fuerzas del mal a las que la democracia estorba, en tiempos de límites planetarios visibles, el combate contra el feminismo, la ecología y los poderes territoriales es estratégico. El feminismo une la democracia a la vida, el ecologismo la une al territorio, el federalismo vincula el poder de la gente con la tierra donde vive.
Antes del 15M la institucionalidad española funcionaba alejada de los problemas de la gente. El celofán brillante del consumo y el crédito ocultaba el bloqueo de los poderes políticos a las demandas ciudadanas ante actuaciones concretas de los poderes económicos. Ni el latrocinio de lo público, ni los daños ambientales ni los urbanísticos, tenían coste electoral. La ecología era green washing. Los cauces de reivindicación se habían desplazado a la constitución de plataformas ciudadanas, luchas de causa sin conexión ideológica. Con el sindicalismo debilitado in extremis, el ecologismo ciudadano irrumpía sin etiqueta en multitud de conflictos. Quijotes contra molinos.
Cuando el capitalismo especulativo quedó con los pies colgando sobre la economía real llegó la crisis de 2008. En 2011, el 15M vulcanizó el malestar e inició una repolitización contrapartidista, adanista e ideológicamente blanda, que acabaría convirtiendo las causas de lucha en la lucha de causas. Podemos tradujo la repolitización en proyecto político.
Pero la crisis sistémica de la democracia española no solo era una crisis de inutilidad institucional para solventar los problemas de la gente, era una crisis de fondo de organización territorial. Una crisis de concentración del poder. La cuestión catalana es la manifestación más significativa de los déficit democráticos del estado español por causa de una evolución centralista de la interpretación y aplicación del modelo autonómico.
La derecha española tiene un proyecto de España basado en la concentración total del poder. La España progresista no se aglutina en torno a un proyecto alternativo, entre otras cosas por la negativa del PSOE a asumir la necesidad de un nueva configuración territorial del poder en España. Sus vínculos con poderes económicos y financieros a los que interesa concentrar sus interlocuciones y tejemanejes se lo impiden. Los movimientos de la España vaciada, los agravios interprovinciales en comunidades de gran tamaño, como la andaluza, son una válvula de escape ante la ausencia de proyecto alternativo al de Madrid es España. Un proyecto que no puede ser más que de reparto plurinacional del poder, y de desconcentración y descentralización democrática del mismo dentro de naciones, nacionalidades o autonomías hacia las provincias, las comarcas y los municipios.
Las elecciones en Castilla y León, a pesar de que las encuestas fabricadas por los poderes de la derecha indican que está cantado que PP y Vox se repartirán el gobierno, son un melón cerrado. Las reacciones del bipartidismo al bulo fabricado contra Alberto Garzón, a partir de unas declaraciones a The Guardian relativas al daño ambiental de la ganadería intensiva, las macrogranjas, y la mala calidad alimentaria de la carne fabricada, ha puesto de manifiesto el nerviosismo tanto del PP como del PSOE.
Días antes dirigentes del PP acusaban a las candidaturas provinciales de la España vaciada, que se presentan en Soria, Salamanca, Palencia y Burgos, de ser marcas blancas del PSOE. Por su parte Pablo Casado las acusa de querer destruir España en cantones; el España se rompe contra las demandas provinciales. Por su parte el PSOE se alinea con PP y Vox al desacreditar al ministro de Consumo de Unidas Podemos, sin advertir a sus ministerios y sus líderes territoriales en Castilla y León, Castilla la Mancha, Aragón, Asturias y Extremadura que las palabras de Garzón responden a las estrategias de sostenibilidad verde europeas asumidas por el gobierno de España.
La actitud del PP abre espacio a Vox, la del PSOE entrega espacio de combate electoral a las candidaturas de la España vaciada, muy sensibles con el daño que produce la ganadería industrial, y a Unidas Podemos cuya convicción ecologista es fuerte. El resultado de las elecciones en Castilla y León nos dirá en qué proporción se reconfiguran los espacios electorales en una comunidad de nueve provincias y amplio territorio. Cualitativamente podemos pensar, como sabe el PP y y debería saber el PSOE, que se verá afectado el bipartidismo.
La actitud del PSOE al usar una fake contra Garzón torpedea la percepción de ser visto como alternativa que cure los males de la España vaciada. Las plataformas provinciales saben el gravísimo problema económico, social y ambiental que provocan las macrogranjas, luchar contra ellas es una de sus banderas. Que el PSOE no lo haya visto y decida hacer política basura con el asunto es, además de repugnante, de una torpeza inaudita.
PP y Vox están temerosos de las candidaturas provinciales, el PSOE en Babia dejando espacio para ellas y para Unidas Podemos. A lo mejor no está tan cantado el resultado de las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León. El feminismo, la ecología y la demanda de reparto territorial del poder, en el marco de la defensa de derechos y de lo público, tendrán muchas cosas que decir para enfrentar la invasión mediática de las mentiras.
