28F de 2023, Andalucía colonia interior

La crisis ecológica y la guerra declarada entre Rusia y Occidente sobre el territorio ucraniano es el contexto global en que se mueve toda política de Estado y de partido. El contexto que afecta a las poblaciones de todos los países. Pagamos la guerra y pagamos la crisis ecológica, como hemos pagado la crisis financiera, con el incremento de la desigualdad y de la dependencia del Estado de poderes antidemocráticos. La especulación crece, como crece el filibusterismo de medios de comunicación propiedad de un puñado de capitalistas. La rapiña del capital está desatada, lo vemos a diario con los beneficios impresionantes de las grandes compañías y los bancos.

Celebramos el Día de Andalucía cuando se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania, otra guerra en Europa. Nadie con poder en el viejo Occidente hace una apuesta comprometida con la paz. Más al contrario, contra la racionalidad económica, la dependencia de la UE de los combustibles fósiles y del lobby nuclear aumenta, al tiempo que ata a un proveedor inestable e interesado, como es Estados Unidos, su futuro energético. La llamada locomotora europea, Alemania, anda oxidándose con un gobierno tripartito progresista/verde/liberal que no da sentido a sus definiciones ideológicas. El pacifismo alemán de posguerra se ha enterrado bajo las explosiones de los gasoductos Nord Stream y los anuncios del envío de tanques a Ucrania.

El aterrizaje del capitalismo neoliberal tras su huida desde lo terrenal al espacio financiero, entregando la máquina de producción de mercancías a China y Asia, es una vuelta a la ambición por el control de materias primas y combustibles. Para ello precisa de la provocación y la guerra. Rusia es un país invasor, es preciso decirlo, como es preciso decir que la estrategia de dominio bélico mundial frente a China de la OTAN, seguida por la UE, con Joe Biden como comandante en jefe, no es precisamente un ejemplo de búsqueda de paz, democracia y bienestar para la humanidad. Ninguna guerra se acaba con más guerra, ni despreciando con sarcasmo cualquier iniciativa de paz que se proponga dentro o fuera de Naciones Unidas.

En este contexto global tenemos en Andalucía un gobierno ajeno a lo que pasa en el mundo. Un gobierno cuya política es la inercia del pasado más reciente. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para Andalucía, el proyecto del Partido Popular, en su delegación andaluza, es canalizar nuestros recursos humanos, ambientales, territoriales, naturales y monetarios hacia el extractivismo de poderes económicos radicados fuera de nuestra tierra. El Partido Popular en el Gobierno andaluz actúa desde el legado del PSOE, que a su vez adoptó el sol y playa franquista, sin más política territorial que la exaltación de la bandera verdiblanca, importante como símbolo pero inoperante si no tiene contenido político andalucista. No hay políticas para la estructuración de economías locales que limiten la dependencia exterior, mimen el medio y mejoren nuestras condiciones de vida.

Turismo, construcción, agricultura intensiva y extracción minera, a lo que hay que añadir, mediante el mecanismo de la privatización de servicios públicos y la colaboración público/privada, la entrega de capital público y beneficios empresariales a empresas con domicilio social fuera de Andalucía. Una economía del expolio que genera trabajo de baja remuneración y exilio económico, esta vez de andaluces y andaluzas con buena cualificación profesional. En términos económicos, Andalucía tiene un patronazgo colonial exterior que extrae nuestros recursos con sus plusvalías. Las consecuencias las definen los datos que mostramos a continuación.

En un análisis de domicilios sociales de las 65 grandes empresas con más actividad en España en los sectores de la distribución alimentaria, la banca, la telefonía, los seguros, la construcción, la aguas, la energía, las tecnológicas, las plataformas de streaming y grupos mediáticos, 43 están radicadas en Madrid, el resto entre Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Cantabria (el Banco Santander). Ninguna tiene domicilio social en Andalucía. La única banca que queda con sede en Andalucía, Málaga, Unicaja, se encuentra en un proceso de fusión con Liberbank cuya sede social está en Madrid. Son datos muy reveladores del papel subalterno de Andalucía en la economía española, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de esas empresas extraen beneficios de su actividad en nuestra comunidad autónoma. Beneficios que son imputados fuera, principalmente en Madrid, ese paraíso fiscal interior para las grandes fortunas al que el presidente andaluz quiere, quiméricamente, que se parezca Andalucía.

Si ampliamos el espectro a la sede social de las 12 principales empresas de operadores turísticos y cadenas hoteleras, nos encontramos con que ni una sola tiene la sede social en Andalucía. Una comunidad en la que el sector turístico representa más del 12% del PIB, unos 20.000 millones de euros, entrega los beneficios y consiguientemente la imputación fiscal al exterior, dejando aquí precariado, destrucción ambiental y territorial. Modelo más colonial imposible.

Cuando a esta evaluación empresarial le añadimos algunos datos comparativos socioeconómicos relativos a tasa de desempleo, 19%, en España 13,1%; riesgo de pobreza en 2021, 32,3%, en España 21,7%; desigualdad económica, 6,8, en España 6,2; tasa AROPE de pobreza 38,7%, en España 27,8%; PIB per cápita 18.906 €, en España 25.500 €; desempleo juvenil 35%, en España 30,1%, observamos que todos los indicadores tienen a Andalucía, dejando a un lado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el último o penúltimo lugar. Ni que decir tiene que, cuando los indicadores se separan por sexos, las mujeres salen aún más perjudicadas. Como en todo territorio colonial, el género femenino es el que se enfrenta con mayor crudeza a la economía del expolio.

La respuesta política a esta situación de desigualdad estructural, independientemente de que esté canalizada o no por alguna opción electoral, es una necesidad apremiante. El autogobierno conseguido por el pueblo andaluz en la Transición, que celebramos el 28 de febrero como Día de Andalucía, tuvo su factor de cohesión popular en una identidad cultural fuerte y compartida, y su motor energético en la situación de desigualdad y pobreza que se vivía en Andalucía en los años sesenta y setenta del siglo pasado respecto de otras “regiones” del Estado. Más de dos millones de andaluces vivieron la tragedia de la inmigración. Ayer como hoy fue necesaria una respuesta popular contra la desigualdad. Una respuesta que no se atisba en el horizonte próximo.

Cataluña y Euskadi se disponen, una vez superado el fracaso del procés, a actuar sobre el poder político del Estado para avanzar en sus respectivos proyectos nacionales; las declaraciones y actos recientes de dirigentes de la derecha vasca apuntan de nuevo, como en el proceso constitucional que culminó en 1978, hacia el avance de un Estado asimétrico que se configure de facto como un Estado centralizado en Madrid y dos naciones integradas en el mismo con fuerte capacidad política y fiscal propia. El resultado de un proceso así no es difícil de imaginar: más desigualdad y centralismo para los territorios vinculados colonialmente a la capital, Madrid, y mejores condiciones socioeconómicas para País Vasco y Cataluña. La desigualdad territorial de Andalucía se agravaría.

El pueblo andaluz tiene una configuración identitaria peculiar, un pueblo visible cuyo idioma son sus acentos, un pueblo cuya lengua política debe volver a ser la de la reivindicación de la igualdad anclada en la identidad cultural. Según el CENTRA (Fundación Centro de Estudios Andaluces), en una reciente encuesta sobre identidad nacional andaluza, el 68,5% de las y los andaluces se siente tan andaluz como español, el 13,4% más andaluz que español y el 10,5% más español que andaluz. Son unos datos reveladores para definir los parámetros políticos de avance territorial sobre los que deberá articularse un proyecto político que interfiera con fuerza en las intenciones de mantenernos relegados en la nula capacidad de decisión para afrontar nuestra, reconocida en los datos, desigualdad estructural.

Necesitamos en Andalucía una izquierda que perciba que, tras la desigualdad como colonia interior, está la explotación de nuestro territorio por otros, del capital sobre la naturaleza y del capital sobre la vida y el tiempo de las mujeres. Esa izquierda no puede ignorar la fuerza cultural del pueblo andaluz sino canalizarla por la vía política en las luchas contra la desigualdad, por la paz, los derechos de las mujeres y contra la crisis ecológica y sus efectos. Pero a su vez no puede despreciar la necesidad de alianzas de gobierno incluso con quienes, desde posiciones blandas y, a veces, reactivas, son aliados necesarios para luchar contra la dirección antidemocrática que ha emprendido la derecha y la ultraderecha española. Alianzas de gobierno para exigir cumplimiento de acuerdos desde dentro y fuera del gobierno, sin inhibición de posicionamientos concretos aunque choquen con el aliado gubernamental.  

Vivimos en Andalucía una crisis en el ámbito de la izquierda con cuatro espacios definidos. El del Partido Socialista, que no se recupera de la pérdida del poder de la Junta de Andalucía por parecerse demasiado al PP del presidente andaluz. El de la izquierda postanguita, con añoranza de ser la única izquierda a la izquierda del PSOE en Andalucía. El de la escisión de Podemos, Adelante Andalucía, replegado sobre posiciones identitarias y sindicales que no priorizan las alianzas; y el de la izquierda quincemayista, Podemos, que no acaba de ver de manera clara lo imprescindible que es el empuje andalucista para articular un proyecto de dirección de Estado con voluntad de poder, que permita defender y ahondar la democracia, al tiempo que avanzar hacia una nueva configuración federal/confederal republicana, para equilibrar las demandas nacionales con la necesidad de igualdad estructural de todos los pueblos, naciones y regiones de España.

Llegan las elecciones municipales; es el peor momento para recomponer un proyecto común de la izquierda andaluza. Independientemente de los resultados que se den tras el 28 de mayo, seguirá siendo imprescindible defender los intereses del pueblo andaluz, incluido el empresariado arraigado, para romper la situación de colonia interior en la que nos encontramos. Ese proyecto no debe partir de la ignorancia de nuestra identidad política y cultural, ni de la ilusión óptica de lo que no somos.

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta de Andalucía y Democracia; Salvador Soler García, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Lilian Bermejo Luque, profesora de la Universidad de Granada; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Manuel González de Molina, catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Rubén Pérez Trujillano, jurista y profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Javier Rodríguez Alcázar, escritor y profesor de la UGR; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Julián Álvarez Ortega, abogado; Marcos García Mariscal, abogado laboralista; Manuel Rodríguez Alcázar, presidente de Unidad Cívica Andaluza por la República; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Raúl Solís Galván, periodista.

Publicado en CTXT - La Voz del Sur y Diario Público

Los Togas Negras contra las Guerreras Moradas

En aquellos partidos de fútbol de políticos contra periodistas todos eran hombres. El partido que se libra hoy es el de jueces conservadores contra mujeres feministas. Los Togas Negras contra las Guerreras Moradas. Si se jugase en un estadio y las entradas se repartiesen según los datos que arroja la pregunta 26 del CIS en su barómetro de febrero, ¿qué partido está haciendo más en España para apoyar la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres?, la hinchada mayoritaria sería feminista.

Del lado de las Guerreras Moradas, en las gradas, habría un 32,3% de personas que tienen en Unidas Podemos el referente del feminismo en España y un 18,1% que lo tienen en el PSOE, Un total del 50,3%, al que habría que añadir pequeños porcentajes que suman 0,8% de partidos territoriales que están "a la izquierda del PSOE". El bloque que apoya al gobierno de coalición cuenta con un respaldo del 51,1% del electorado en materia de políticas de igualdad de las mujeres. Del lado de los Togas negras estarían quienes creen que los derechos de las mujeres los defiende mejor el PP (4,6), Vox (2,5%) y Ciudadanos (0,8%), total 7,9%. El resto no sabe no contesta.

El CIS indica que España es feminista. La razón por la que Feijóo y el PP más reaccionario, con Federico Jiménez Losantos general de la caterva mediática, se separan en materia del derecho al aborto de su facción episcopal. Con Rajoy, el ministro Gallardón salió derrotado por el feminismo en su intento de reformar la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2010, ley de plazos, para volver a la ley de supuestos. El tren de la libertad partió de Asturias, recorrió España, y arroyó al ministro de Justicia en febrero de 2014 en una gran manifestación en Madrid.

La pregunta 26 también dice que entre quienes recuerdan haber votado al PSOE, un 37,7% piensa que es el PSOE quien mejor defiende a las mujeres, y un 37,4% que es Unidas Podemos. Más de un tercio de votantes del PSOE afirman que es Podemos quien mejor defiende a las mujeres. Entre el electorado que recuerda haber votado a Unidas Podemos, un 80% afirma que esa opción es la más feminista, en tanto solo un 8% se inclina por el PSOE. Conclusión, el equipo de Irene Montero tiene una base sólida de apoyo feminista, que incluye a su propio electorado y a parte importante del electorado del PSOE. La encuesta está hecha entre el 1 y el 11 de febrero, los días que con más fiereza se atacó a la ministra de Igualdad en los prime time televisivos.

La ministra de Igualdad soporta la mayor violencia política de toda la Unión Europea. Cuando ha tenido oportunidad de defender sus posiciones en el Senado y en el Congreso, cuando ha sido entrevistada en grandes medios de comunicación, su discurso ha sido dialécticamente arrollador. El CIS de febrero no ha tenido tiempo de recoger las consecuencias de la contraofensiva del equipo de Irene Montero. Se verán en las próximas manifestaciones del 8 de Marzo.

Al presidente Pedro Sánchez, tan valiente cuando decidió recorrer España para vencer en primarias a Susana Díaz, no solo es que le temblaran las piernas al ver salir al campo al equipo de los Togas Negras, es que quiso aprovechar el partido que se libra contra las Guerreras Moradas para debilitar a Irene Montero, principal valor del feminismo en España y voz referente de toda la izquierda. Si el PSOE vota con el PP la reforma de la ley del 'solo sí es sí', para que el feminismo vuelva a la pantalla del código penal de la manada, pondrá en riesgo la continuidad del gobierno de coalición tras las futuras elecciones generales. Pedro Sánchez debilitará así su posición de referente de la Internacional Socialista, con la aspiración de recuperar el "socialismo" en Europa. Un cálculo político antifeminista inexplicable.

Andalucía, el barrio pobre de Madrid

Según el Instituto Nacional de Estadística en su estudio sobre Indicadores Urbanos de 2022, once de los quince barrios más pobres de España están en Andalucía, seis de ellos en Sevilla, cuatro en Córdoba, uno en Málaga. A su vez once de los quince barrios más ricos están en Madrid. La renta media anual por habitante de alguien que vive en el barrio más pobre de España, Polígono Sur (Sevilla), es de 5.666 euros; la de quien vive en el más rico, El Viso (Madrid), es de 41.107 euros, siete veces más. La Agencia Tributaria, en su estadística de IRPF por código postal, indica que la renta disponible por habitante en las capitales andaluzas oscila entre los 23.737 euros de Granada y los 20.535 euros de Huelva. La media de las capitales andaluzas es de 22.093 euros, en tanto la renta media en Madrid es de 30.894 euros, un 28,5% más.

El efecto capitalidad de Sevilla respecto del resto del territorio andaluz no existe, o no es como el de Madrid respecto de resto del estado. Si así fuese Sevilla tendría el menor número de barrios pobres de Andalucía y el mayor de barrios ricos, así como una renta media muy superior a la del resto de capitales andaluzas, como Madrid respecto de España. Es evidente que, con estos datos, la capital de Andalucía no está privilegiada respecto del resto de capitales andaluzas.

Los datos de desempleo de las capitales andaluzas al terminar 2022 oscilan entre el 15,83% de Jaén y el 24,57% de Cádiz. La media de las capitales andaluzas está en 19,89%, la tasa de paro de la ciudad de Sevilla, 19,08. La tasa de paro de la ciudad de Madrid es 7,56%. Las capitales andaluzas y la propia capital de Andalucía, Sevilla, tienen una tasa de paro más de 12 puntos superior a la de la ciudad de Madrid. Con el paro también observamos que no hay efecto capitalidad dentro de Andalucía, sí lo hay de Madrid respecto de nuestras ciudades. Si indagamos en otros indicadores socioeconómicos: riesgo de pobreza, desigualdad económica, tasa Arope, PIB per cápita, paro juvenil, encontraremos que Andalucía, a parte las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es siempre última o penúltima respecto del resto de comunidades.

Los discursos triunfantes del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que gobierna ya más de cuatro años, chocan con la realidad. Igual que chocan con los datos las acusaciones de privilegio a Sevilla por ser capital de Andalucía. Los males estructurales de nuestra tierra se deben a una economía colonizada, no a que unas provincias roben a otras, o que la capital robe al resto, como sí hace Madrid respecto de toda Andalucía. El poder político andaluz, del PSOE al PP, lo que ha hecho es canalizar nuestro capital político, humano, ambiental, territorial, energético, y monetario a otros lugares de España, principalmente a la capital del reino. Es ese poder, PSOE antes PP después, el responsable de la desigualdad estructural de Andalucía respecto de Madrid, Cataluña o Euskadi.

Y sí, Andalucía ha mejorado en los últimos 40 años, solo faltaba. Pero ha empeorado en términos relativos. Andalucía es el barrio pobre de Madrid, habrá que decir alguna vez ¡basta ya! Necesitamos más poder andaluz.

De izquierdas en Davos, de derechas aquí

Ningún avance progresista del gobierno de coalición se ha conseguido sin presionar al PSOE dentro y fuera del gobierno. Ni uno sin ganar la alianza de las fuerzas de la España plurinacional. Solo cuando se dejó de hacer fue necesario que ocurriera una chamba, la reforma laboral. La ley del solo sí es sí se aprobó con 201 votos a favor, frente a PP y Vox que votaron en contra. Que Pedro Sánchez ordene a su partido reformar en el Congreso la ley cinco meses después, a unos meses de las elecciones municipales y autonómicas, alineándose con la judicatura retrógrada, los grandes medios que emiten desde el centro del reino, y la parte de la sociedad que no lo va a votar aunque se vista de arzobispo es una infamia contra el movimiento feminista. Además un error que puede dar al traste con cualquier expectativa de repetición del gobierno de coalición. El PP echa se afana en ello.

Pilar Llop, ministra de Justicia, cuyo catedrático asesor, Francisco Javier Álvarez, mantenía en 2022, contra la propuesta de ley, que con ella “queda prohibido acercarse a la propia pareja por la noche, mientras ésta se encuentra dormida, abrazarla y acariciarla,” ha sostenido en la Ser que “tenemos unos jueces extraordinarios. Es fácil probar que hay violencia e intimidación. Basta una heridita.” Hay ministerios más simples que el asa de un cubo, hay jueces que brindan por su victoria.

A Sánchez se le volverá en contra su alianza con el coro de los grillos que cantan a la luna. La ley del solo sí es sí es la mejor de la legislatura, la de más raíz democrática. Tumbar su sentido de protección de las mujeres poniendo en el centro el consentimiento y no la resistencia, en alianza directa con PP y Vox, pone en grave riesgo su futuro electoral. El presidente se ha tendido una trampa; podría llegar a la presidencia de la Unión Europea con gran respaldo, podría presidir la Internacional Socialista y recuperar la credibilidad del socialismo. Queda bajo sospecha.

Dice el Tratado sobre la estupidez humana de Carlo M. Cipolla que perfecto estúpido es quien queriendo hacer daño a los demás se hace daño a sí mismo. Es el PSOE con su acción contra Igualdad. Lo que uno espera de la izquierda partidaria, intelectual o con columna de opinión, no es la ceguera equidistante ni el buen rollito, no es el “vamos a ceder” para que el PSOE nos quiera, no es que se pregunte porqué no se arreglan dentro del gobierno, no es que hablen de “problemas de comunicación”, no es que alimenten la crítica contra quienes luchan, al par que ensalzan a quienes sonríen para que no los persigan en la Sexta. Lo que uno espera es que tome partido, porque si no tendremos gobierno derechas dispuesto a todo.

Pedro Sánchez aparentó ser muy de izquierdas en Davos, pero en el día a día hay que sacarle las medidas progresistas con sacacorchos. Frena la ley de vivienda, liquidar la ley mordaza para que un policía no te impute o te multe sin más prueba que su palabra, la ley de protección animal para que los perros de caza sigan pudiéndose tratar como vida de usar y matar, impide limitar la subida de las hipotecas convertidas, junto con el precio de los alimentos en el principal problema de las familias. Lo hace mientras busca a su izquierda un espacio dócil con reducida capacidad de empuje. De izquierdas en Davos de derechas aquí.

Operación derribar a Irene

Irene Montero, ministra de Igualdad, junto Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, son el principal capital político de Podemos, símbolo de la fuerza progresista de izquierdas que representan. Es una evidencia. Su capacidad política, legislativa y de lucha por los derechos sociales y feministas tiene pruebas directas, las legislaciones conseguidas desde sus ministerios en materia de protección social y en materia de feminismo, y pruebas indirectas, la recurrente saña, violencia política y acoso mediático inducido por los poderes que se creen propietarios de España. La derecha las teme tanto como las difama odiosamente.

La ley del solo sí es sí se aprobó con 201 votos a favor, solo el PP y Vox votaron en contra. Aplaudida por el parlamento europeo, puesta como ejemplo para ser imitada en toda la Unión Europea, el principal tema de conversación en medios de derechas y de la progresía, falsa izquierda, como nos enseña La Base, es lo mala que es porque rebaja penas y excarcela a violadores. Un juicio que se instala en nuestros cerebros a fuerza de oírlo sin tregua y sin refutación posible.

Montones de juristas han explicado, con menor espacio mediático, que es falso que la ley permita rebajar condenas y excarcelar violadores. No son pocas las intervenciones desde el gobierno, incluidas las de Pedro Sánchez en los primeros días tras su aprobación, que han explicado que la ley blinda el derecho de las mujeres a no tener que demostrar ni explicar si al ser agredidas opusieron resistencia. La pregunta que los jueces deben hacer con esta ley a la mujer agredida es si consintió, y no si se resistió. Mas claro agua. El código penal tiene una disposición adicional que indica que si la pena aplicada es aplicable con la nueva ley no cabe rebaja. Diáfano.

El cuarto poder en España es muy antidemocrático, porque suma la acción concertada con algunos jueces y juezas, que aplican la ley a su arbitrio reaccionario. Así esa judicatura suministra armamento pesado contra lo que simboliza Irene Montero en el gobierno. Liquidar un proyecto es liquidar el símbolo que lo representa, un símbolo es aquello que reúne todos los significados de una idea, la idea de mejorar España para las mayorías, en este caso para las mujeres. Lo que estamos viviendo es una operación contra Irene Montero, la enésima contra Podemos, en la que participa el poder mediático y un puñado de togas sin cara y sin nombre. ¿Qué pasaría si el Ferri pusiera el foco en el perfil de los jueces y juezas que con sus sentencias, y no con la ley, rebajan penas y excarcelan a violadores?

Sorprende el giro de Pedro Sánchez sumándose abiertamente al ejército que ataca el ministerio de Igualdad. El presidente del gobierno sabe que la ley es muy buena, pero necesita debilitar a Podemos y a su principal símbolo feminista, Irene Montero, para facilitar a Yolanda Díaz el acuerdo que le pidió por teléfono. La posición perfilada de YD durante cuarenta y ocho horas, mientras todo el mundo disparaba contra Irene Montero, recuerda la misma posición perfilada que mantuvo cuando se vetaba a Victoria Rosell para formar parte del CGPJ, cuando hubo una ofensiva para limitar los derechos trans, cuando Sánchez cambió la posición de Estado respecto del Sahara o cuando se alineó con la OTAN y los EE.UU para enviar armas a Ucrania.

Pedro Sánchez prepara el campo electoral. Necesita ir a elecciones sin que el espacio de Unidas Podemos pierda peso, pero a su vez que sea dócil. Que tenga menos fuerza reivindicativa, menos convicción para defender posiciones. A la convicción le llaman ruido. El PSOE, para no acometer medidas estructurales que limiten los privilegios de los poderosos, necesita a su izquierda un espacio que no insista con propuestas de protección de las mayoría sociales, que tenga en despachos ministeriales ministros y ministras silenciosamente esculturales y sonrientes. Por cierto, alguien sabe que hace Alberto Garzón o ¿quién es el ministro de Universidades? De eso trata también la operación Derribar a Irene, de sumar restando.