Puigdemont, Urkullu y los pactos de la Moncloa

Tanto la propuesta de acuerdo histórico de Carles Puigdemont para negociar la investidura de Pedro Sánchez, como la propuesta del Lehendakari Íñigo Urkullu de una convención constitucional para reinterpretar la CE del 78 en términos plurinacionales, con bilateralidad entre Euskadi, Galicia y Cataluña, tienen relación con los Pactos de la Moncloa que, tras la muerte del dictador, prepararon la transición hacia un sistema democrático homologable en la Unión Europea de la época. Hay un hilo histórico que conecta las propuestas de las derechas vasca y catalana actuales con los pactos de la Moncloa.

Quieren llegar a un acuerdo de reparto de soberanías con el estado que permita a las elites burguesas de esos territorios manejar parte de las plusvalías del trabajo, ambientales y de la explotación de la función de reproducción social de las mujeres. Esas plusvalías de reparto las extrae el poder radicado en Madrid de la España vaciada, de sus propias clases trabajadoras y subalternas y de territorios que funcionan como colonias interiores, como es claramente el andaluz. Pedro Sánchez busca ese acuerdo con PNV y Junts, al que pretende arrastrar sin condiciones a las fuerzas de izquierdas, independentistas, soberanistas, plurinacionales o, sencillamente, sociales.

En la transición las elites vasca y catalana, junto con el postfranquismo, representado por UCD, la monarquía y el empuje social de PSOE, PCE, UGT y, sobre todo, CC.OO, alcanzaron un acuerdo histórico al que llamaron Pactos de la Moncloa. Se trataba de superar la crisis económica interna y preparar las bases constitucionales del régimen del 78. Los pactos de la Moncloa incrustaron el franquismo en la democracia, cargaron sobre la clase trabajadora el peso de la crisis y pretendieron excluir de soberanía propia al resto de territorios que no fuesen Euskadi, Cataluña y Galicia. Las dos primeras intenciones salieron según lo previsto.

La tercera no, Andalucía se cruzó en el camino por la irrupción poderosa del andalucismo político que reclamó “poder andaluz”. Eso forzó a los padres de la CE a incluir el leonino artículo 151 de la CE y, posteriormente, en 1983, a llegar a una acuerdo bipardista para redactar la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico para desdibujar la plurinacionalidad de Cataluña y Galicia (Euskadi tenía reconocimiento foral constitucional), a la vista de que Andalucía consiguió su estatuto de nacionalidad histórica en 1980, vía ejercicio del derecho a decidir, rompiendo todos los planes asimétricos.

Estos días Pedro Sánchez busca un pacto de investidura que le entregue soberanía fiscal y económica a las elites vasca y catalana, e ignore la necesidad de avances democráticos feministas, ecologistas y sociales. Una especie de nuevos pactos de la Moncloa pero sin la derecha española devenida ultraderecha. Como avanzadilla, Sumar (sin Podemos) se entrega a sondear y confrontar los límites de ese acuerdo de derechas en perfecta sintonía con el sanchismo. El PSOE le prepara a Yolanda Díaz lentejas, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ajusta la billetera.

Las izquierdas soberanistas y plurinacionales, Podemos, Bildu, BNG y ERC, saben que existe explotación de clase, ambiental y sobre las mujeres, pero también de unos pueblos sobre otros vía pactos entre sus elites económicas. Consiguientemente, al igual que los poderes de derechas vasco y catalán preparan su alianza de recuperación del bipartidismo, convendría pensar una alianza por la izquierda dirigida a la superación de lo que trajeron aquellos pactos de la Moncloa. El riego de no avanzar por ahí, a más de acrecentar las desigualdades ínter y extra territoriales, es que el bloque de ultraderecha que conforman PP, Vox y Felipe VI, utilice la desigualdad real entre pueblos para articular un nuevo “a por ellos” que impida el avance plurinacional republicano y las legítimas demandas de soberanía.

El acuerdo histórico de Puigdemont y Andalucía

 

Ni unilateralidad, imposible en una Unión Europea a la que le cuesta aceptar lenguas de naciones sin estado, ni bilateralidad en un estado plurinacional. La investidura no debe ser solo una acuerdo entre representantes de elites de derechas nacionalistas con el PSOE sanchista. Con lentejas para el resto. Para que un acuerdo sea estable, requiere incluir la desigualdad entre territorios, pienso en Andalucía, la desigualdad de clase y las cuestiones feminista y ecologista.

Cualquier acuerdo territorial que resista el tiempo ha de ser plurilateral. Andalucía es una nación cultural y política cuya lengua son sus acentos. Si no está en el acuerdo estará contra el al estilo del “a por ellos” capitalizado por el PP y la ultraderecha madrileña. En la transición las elites vasca y catalana, junto con el postfranquismo, representado por UCD, la corona representada por Juan Carlos I y el empuje social representado por el PSOE, el PCE, UGT y, sobre todo, CC.OO, alcanzaron un acuerdo histórico, lo llamaron Pactos de la Moncloa. Se trataba de superar la crisis interna, agravada por la primera crisis del petróleo del siglo XX, tras la muerte del dictador, así nació el régimen del 78.

Ese pacto incrustó el franquismo en la democracia naciente, cargó sobre la clase trabajadora el peso de la crisis y pretendió excluir de soberanía propia al resto de territorios que no fuesen Euskadi, Cataluña y Galicia. Los dos primeros acuerdos salieron según lo previsto. El franquismo permaneció en judicatura, policía, ejercito y alto funcionariado. Las elites económicas serían las grandes beneficiarias de privatizaciones de empresas estratégicas. La tercera no, Andalucía se cruzó en el camino gracias a la irrupción poderosa del andalucismo político de la mano del Partido Socialista de Andalucía que reclamó “poder andaluz”.

Estos días, mientras Feijóo fracasa, y en su partido muchos esperan el momento para devolverlo a su tierra envuelto en papel prensa madrileño, El PNV y el sanchismo, por mediación subalterna de Sumar, trabajan para convencer a Junts de que es preciso firmar un acuerdo de amparo a las elites vasca y catalana, ley de amnistía mediante. Puigdemont está fuertemente presionado por el empresariado catalán para que llegue a un acuerdo; María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del PSOE, pone sobre la mesa la billetera del estado.

Un acuerdo así, excluyente del feminismo, la ecología y las demandas de equidad de otros territorios, principalmente el andaluz, fortalecerá el ariete reaccionario formado por la aleación de PP, Vox y Felipe VI. Un acuerdo así busca un nuevo reparto entre elites de las plusvalías del trabajo, ambientales y de las tareas de reproducción social de las mujeres. El acuerdo histórico que propone Puigdemont o la convención constitucional que propone el lehendakari Íñigo Urkullu, apuntan a unos nuevos Pactos de la Moncloa. Unos ganan, la mayoría pierde.

Para avanzar en un pacto con potencial republicano es preciso pensar un acuerdo entre pueblos, es preciso pensar en términos de plurinacionalidad plurilateral, no solo en términos de concesiones a Cataluña y Euskadi, con Madrid extrayendo capital de territorios colonizados como el andaluz. En ese acuerdo es determinante el pueblo andaluz para que la derecha no lo use como obstáculo a las legítimas demandas de soberanía de otros pueblos.

Tal vez la izquierda de estado y las independentistas y soberanistas, vasca, catalana y gallega pudiesen explorar, como hacen por la derecha PNV y Junts con el sanchismo, la posibilidad de una alianza estratégica plurinacional republicana para que un nuevo acuerdo histórico tenga en cuenta las desigualdades de clase y las territoriales, la defensa del feminismo y del ecologismo. Así el bloque reaccionario, formado por PP, Vox y Felipe VI, con la ayuda de medios de comunicación, judicatura y estado profundo franquista, al que se suman las comunidades gobernadas por PP y Vox, tendría más difícil torcer el pulso al imprescindible avance democrático plurinacional.

 Publicado en La Voz del Sur

Andalucía es una nación

El jueves 31 de agosto el lehendakari Íñigo Urkullu en un importante artículo publicado en El País, excluía a Andalucía de la condición de nacionalidad histórica. El lehendakari propone un proceso neoconstituyente para la configuración plurinacional del Estado, en el que solo Galicia, Cataluña y Euskadi, con Navarra como comunidad foral, tendrían derecho a participar bilateralmente. La línea divisoria es la misma que quisieron imponer los padres de la CE de 1978. Solo serían nacionalidades históricas aquellas cuyo reconocimiento se hizo en la república antes del golpe de estado de julio del 1936. El trato de privilegio a Euskadi (y Navarra) quedaría justificado por fueros medievales pactados con la monarquía castellana. Monarquía y fascismo no pueden ser elementos de legitimación de ninguna nación, privilegio o bilateralidad.

El martes 4 de septiembre, Pablo Iglesias en Noticias Básicas, comentando la reunión de Bruselas entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, incluía a Andalucía entre las cuatro naciones históricas que la CE reconoce, las otorgadas Galicia, Euskadi y Cataluña, y la que ganó esa condición en la calle (1977) y en las urnas (1980).

El jueves 7 de septiembre, la asociación Andalucía y Democracia publica un texto en CTXT con el título Andalucía es una nación en la España plurinacional. Un ejercicio de historia democrática del pueblo andaluz para refrescar la memoria y para exponer los hechos y datos que demuestran que Andalucía es una colonia interior, la pagafantas de inversiones, expolios y privilegios de Madrid, Cataluña y Euskadi y, consiguientemente, la que más necesita influencia y soberanía.

El viernes 8 de septiembre, el presidente andaluz propone a los grupos parlamentarios un Pacto en defensa de los intereses de Andalucía. Sólo el digital Fuentes de Andalucía, con el titular Moreno toca a rebato en defensa de los intereses de Andalucía, ata los cabos de la importancia del movimiento de Juan Manuel Moreno Bonilla. Si Ayuso y los medios de la capital del reino no detectan en su radar el desplazamiento al andalucismo del presidente andaluz, es porque están centrados en devolver a Galicia envuelto en papel prensa madrileña a Alberto Núñez Feijóo.

El presidente andaluz, a propuesta del referente histórico andalucista Alejandro Rojas Marcos, declaró el 4 de diciembre día de la bandera de Andalucía. Puede que se agarre al andalucismo para usarlo en beneficio partidista, de empresas externas, de clases ricas terratenientes, para mantener el estatus quo colonial y nuestra condición subalterna respecto de Madrid, Cataluña y Euskadi. Puede que emule lo que en su día hizo el PSOE. Pero también con ese movimiento podría ayudar a un tejido empresarial propio que tanto necesita Andalucía.

Andalucía es un pueblo cultural reconocible. Nueve siglos antes de que España tuviese su primera constitución en 1812, Córdoba, con alcantarillado e iluminación urbana, era capital del mundo, disponía de bibliotecas y centros de estudios. Al-Andalus era un conjunto de ciudades cuando Londres o Berlín eran villas medievales. Habrían de pasar cien años desde que se inició la construcción de la Mezquita para que en Asturias se pusiese la primera piedra de Santa María del Naranco. El primer renacimiento europeo es andalusí. Medina Azahara, la ciudad palaciega, se culmina veinticuatro años antes de que finalice el siglo X. Madrid es andalusí, Mohámed I de Córdoba, emir entre 852-886, ordenó la construcción de una alcazaba en el asentamiento preexistente. El topónimo, su patrón, al-Isidri y su patrona, al-Mudena, son andalusíes. Es historia.

Pero nada de eso debe contar para considerar que Andalucía es una nación. Es solo, nada más y nada menos, parte de la herencia cultural y política de la comunidad que habita la Andalucía del siglo XXI. Un pueblo deviene nación cuando se constituye políticamente. Andalucía lo hizo el 4 de diciembre de 1977, elevando su condición de nación al derecho a poseer instituciones de gobierno propias el 28 de febrero de 1980.

El PSOE hace tiempo que traicionó el andalucismo, las pruebas de la traición son Alfonso Guerra y Felipe González. La izquierda andaluza no ve que nuestra bandera republicana es la verdiblanca. La izquierda andaluza necesita interpretar políticamente la identidad mixta andaluza y española de las y los andaluces, coherente con nuestra condición de pueblo pacífico y mestizo. Esa interpretación debe servir para construir una propuesta andalucista que ambicione el poder en nuestro territorio y la influencia en el poder del estado español, emulando la ambición actual del nacionalismo vasco de izquierdas. Lamentable, cuanto menos, que Yolanda Díaz, Sumar, ignore Andalucía para representar la plurinacionalidad en el Estado.

Si la izquierda de estado y la izquierda andaluza no unen la voluntad de poder al reconocimiento de Andalucía como nación, no se abrirán las puertas para avanzar hacia un estado plurinacional republicano, ninguna suma sumará. Como afirma la asociación Andalucía y Democracia: Con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada.

Publicado en Diario Red

Andalucía es nación en la España plurinacional

Carta abierta al lehendakari Íñigo Urkullu

Señor Urkullu, con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada. Su artículo del pasado 31 de agosto en El País tiene el mérito de abrir el interesante proceso para un acuerdo territorial de largo alcance. Las propuestas del PNV son inteligentes, oportunas y de gran calado para el avance y la profundización democrática.

No obstante, nuestra crítica constructiva a la propuesta de Urkullu es dura y muy relevante para los intereses del pueblo andaluz. El lehendakari Urkullu sugiere explorar “un nuevo pacto utilizando la vía de la ´actualización de los derechos históricos`, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución”. 

Para el pueblo cultural y político andaluz, para nuestra institucionalidad política, el argumento de los derechos históricos no puede ser válido con la exclusión de Andalucía. La condición de nacionalidad histórica fue conquistada desde las calles el 4 de diciembre de 1977 y, en las urnas, el 28 de febrero de 1980, algo que no se le pidió a Galicia, Cataluña y Euskadi. Aquel referéndum del 28-F imponía condiciones muchísimo más duras que las exigidas a Quebec o Escocia en sus respectivos referéndums de independencia.

La línea de exclusión de Andalucía en la propuesta de Urkullu es dolorosamente expresa, aunque no explícita. El lehendakari otorga para su propuesta la condición de nacionalidades históricas exclusivamente a aquéllas reconocidas en la II República: Galicia, Cataluña y la propia Euskadi. Excluye u olvida que la nacionalidad histórica andaluza iba a ser reconocida en septiembre de 1936. Urkullu admite así el dictado del fascismo franquista para dejar a Andalucía fuera de su propuesta “neoconstituyente”.

Las nacionalidades otorgadas no pueden estar por encima de aquella que conquistó la misma condición política en las calles y en las urnas. Nos sorprende que el lehendakari apele a viejos fueros otorgados por los reyes de Castilla y a exclusiones impuestas por el franquismo. Pedir un avance soberanista en base a históricos servicios prestados a la monarquía es una legitimación de un régimen que deberíamos superar abriendo una vía republicana.

Añadimos que la “convención constitucional” que propone Urkullu ya tuvo un mal precedente en los llamados padres de la Constitución, que pretendieron relegar a Andalucía a autonomía de segunda categoría. La actual realidad del Estado de las Autonomías no es la que configura el Título VIII de la CE, sino el fruto del acuerdo de los partidos para frenar el impacto de Andalucía tras el 28-F de 1980 en el mapa autonómico, que pasó por amputar su Estatuto. También se aprobó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) que generalizó las instituciones a los diversos trozos en los que se dividió Castilla, provincias diversas y ciudades autónomas para rebajar el calado de una España con 4 nacionalidades que hubieran sumado la mitad de su población. El origen andaluz de la mutación constitucional de 1981, con Manuel Clavero Arévalo como oficiante del café para todos, obliga a Andalucía a estar dentro de cualquier nueva propuesta de avance plurinacional para garantizar su buen fin e impedir su tergiversación posterior.

Al PNV le interesa la profundización democrática en España, cierto que para remover los obstáculos para sus demandas soberanistas, pero no menos cierto que para reformar un estado federal/confederal, cuya unidad no va a poner en cuestión en el contexto geopolítico global y europeo que vivimos, a cuyo modelo territorial le crujen los pilares y las vigas maestras, debido a la continua y persistente deriva centralista y centralizadora, bajo las interpretaciones restrictivas de la CE, en particular de su título VIII, tanto por los dos partidos de régimen, PSOE y PP, como por las altos tribunales judiciales y el propio Tribunal Constitucional.

El Partido Nacionalista Vasco ha puesto sobre la mesa elementos de negociación para decidir su voto en la posible investidura para esta XV legislatura que apuntan con decisión hacia la profundización y la transparencia democrática. Utilizará su fuerza parlamentaria para que la judicatura española pueda investigar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, modificar la ley de secretos oficiales para disminuir el tiempo de ocultación de determinadas acciones de Estado, acabar con la inviolabilidad del Rey cuando ejerza como jefe del Estado de acuerdo con la CE, eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias de su tribunal de Garantías, y modificar las normas que regulan el CNI para evitar casos de espionaje político como el Pegasus.

Reconocemos como legítima la aspiración a la negociación bilateral efectiva de las naciones de la España plurinacional con el Estado. Sin embargo, la bilateralidad en un estado plurinacional alberga una contradicción en su seno, pues si se reconoce que hay un estado llamado España, que contiene pueblos con aspiración a tener su propio estado, cualquier punto de acuerdo bilateral afecta a las otras bilateralidades. Es indiscutible que las comunidades con reconocimiento constitucional de sus derechos forales, Euskadi y Navarra, con sus exclusivos conciertos económicos, son las que tienen mejores indicadores sociales y económicos. Consiguientemente, cualquier negociación para avanzar requiere imprescindiblemente de la plurilateralidad, en la que Andalucía, el pueblo andaluz, deviene imprescindible por sí y por el resultado óptimo.

Andalucía no puede, no se va a dejar, seguir siendo la pagafantas de los acuerdos bilaterales financieros, fiscales, de reindustrialización o de cualquier otro tipo entre clases dominantes de los distintos territorios. Y no lo va a ser porque amparan y crean las condiciones para la desigualdad territorial y de clase. Andalucía no lo va a permitir.

Los datos en este sentido son tozudos. La desigualdad es el resultado del dominio político y económico centralista, principalmente de raíz madrileña, que mantiene, conserva y hace crecer las causas estructurales del sometimiento de Andalucía. Andalucía y Democracia lo ha expuesto en textos colectivos anteriores que se pueden encontrar en este enlace https://andaluciaydemocracia.blogspot.com, y explícitamente en un reciente texto con el título 28F de 2023, Andalucía colonia interior, que proponemos releer. Los datos demuestran que, independientemente de las mejoras objetivas en la calidad de vida en Andalucía desde la transición hasta la actualidad, como en el resto de autonomías, la desigualdad comparada con el resto de territorios ha aumentado.

Advertimos que sin Andalucía no será posible dar naturaleza constitucional al estado plurinacional. Andalucía es el pueblo cultural e histórico que tiene más necesidad de soberanía. Por población y tamaño, Andalucía podría ser la décimo sexta nación de la Unión Europea. El funcionamiento de Andalucía como colonia interior de otros territorios de España, fundamentalmente Madrid, se manifiesta en la economía extractiva a la que nos ha condenado la evolución centralista del modelo bipartidista surgido de la CE del 1978. 

El extractivismo colonial se manifiesta en el frente ambiental, que relega a Andalucía al papel de almacén de residuos, minería e industria contaminante, al turismo intensivo en manos de operadores ajenos a nuestra tierra, a la ocupación del territorio para el urbanismo de segundas residencias, a la destrucción y gentrificación de los núcleos urbanos e históricos y a la agricultura antiecológica. Todo ello con el consiguiente expolio de recursos hídricos, escasísimos en tiempos de cambio climático con consecuencias catastróficas claras.

Pero no solo. El extractivismo colonial se manifiesta también en la ausencia de sedes sociales de grandes empresas, en la emigración permanente de mano de obra cualificada (capital humano) produciendo en las familias duras fracturas emocionales. Se manifiesta en la práctica entrega de la banca andaluza y sus cajas de ahorros a entidades que tienen sus sedes sociales fuera de Andalucía. Hay un sangrante extractivismo cultural que nos expolia la identidad para usarla como símbolo de España ante el mundo (el flamenco a la cabeza), despreciando internamente los acentos y las raíces mestizas del territorio (Al-Andalus) en que se dio el primer renacimiento europeo. 

Todo ello agravado en los últimos años por el contexto europeo de dominio neoliberal y por las posiciones belicistas en la Unión Europea y de los partidos del régimen, PP y PSOE. En coherencia con lo que ocurre con otros pueblos colonizados, nuestra condición de subalternidad da argumentos a las posiciones centralistas o “bilateralistas” para acusar a Andalucía de comunidad subvencionada y receptora de miserables subsidios para la supervivencia de las clases más desfavorecidas.

En esta legislatura se va a hacer visible la confrontación política entre dos bloques. Uno reaccionario de raíz franquista formado por el Partido Popular y Vox, bajo el amparo del rey Felipe VI. Lo hemos visto al señalar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como primer candidato a la investidura tras las elecciones generales del 23 de julio. El bloque reaccionario se autodenomina constitucionalista, aunque son centralistas y monárquicos. El bloque democrático vendría a estar formado por los que defienden la plurinacionalidad del Estado y se sitúan en el campo feminista y de los derechos sociales y ambientales. El PSOE no tiene más remedio que situarse en el bloque progresista. No obstante, como en la legislatura anterior, lo hará agarrado al freno de mano.

Ante todo lo anterior, aventuramos que un pacto para la “actualización de los derechos históricos” que excluya a Andalucía provocará una reacción emocional contraria y activará el sentimiento andalucista. Sentimiento sometido en las últimas décadas gracias a la ingestión de somníferos administrados por el PP y el PSOE. El bloque reaccionario utilizará a Andalucía -ya lo está haciendo- para una supuesta “defensa de la igualdad entre todos los españoles”. En realidad, lo que busca es obstruir cualquier proceso legítimo de emancipación territorial, aunque sea a costa de  enfrentarnos -como hicieron con el “a por ellos”- a pueblos que legítimamente demandan soberanía.

Aviso para navegantes: sin el pueblo andaluz no será posible el proceso de “neoconstitucionalización” demandado por Urkullu. Sólo será viable con Andalucía y bajo la premisa de una plurinacionalidad que beneficie a todos los pueblos de España, se sientan nación o no. El pueblo andaluz no va a consentir quedar relegado a segunda categoría. Por eso es clave que Urkullu y todos los que le acompañen se abran a reconocer que, por derecho propio, Andalucía es una nación en la España plurinacional. Como la que más.

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; José Luis de Villar Iglesias, doctor en Historia y profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Raúl Solís Galván, periodista.

Olas de calor, Rubiales, PNV y Lehendakari Urkullu

El mes de agosto que dejamos atrás ha sido el mes de las olas de calor, el mes glorioso de las campeonas del mundial de fútbol enfrentadas al machismo de Rubiales, el mes de las propuestas del PNV para negociar la investidura de Pedro Sánchez y la del Lehendakari Íñigo Urkullu para abrir un proceso que lleve a una interpretación plurinacional de la CE. Las rogativas de Alberto Núñez Feijóo no cuentan dado que se encamina a una investidura fallida.

El PNV quiere utilizar su fuerza para que la judicatura española pueda investigar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, abrir el melón de la ley de secretos oficiales, acabar con la inviolabilidad del Rey cuando no actúe en funciones de jefe de Estado, eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias del su tribunal de Garantías, y modificar las normas que regulan el CNI para evitar casos de espionaje político como el Pegasus. Son propuestas para la profundización democrática del Estado, anticipadas por otros partidos como Podemos, ERC, Bildu o Junts, independientemente de que el PNV necesite agruparlas ahora porque Bildu puede sobrepasarlos en en apoyo electoral en Euskadi.

Por su parte el Lehendakari Urkullu propone abrir un proceso bilateral de negociación entre Galicia, Euskadi y Cataluña con el Estado español para lograr un pacto de interpretación plurinacional de la CE de 1978. El Lendakari sabe, y por eso plantea las condiciones para su exclusión indicando que solo las comunidades forales y las que en la república fueron reconocidas son nacionalidades históricas, que Andalucía accedió a la condición constitucional de nacionalidad histórica por la vía del artículo 151 de la CE ejerciendo el derecho a decidir en 1980. Fue el golpe de estado fascista en julio del 1936, el que impidió el reconocimiento del mismo estatus para Andalucía en septiembre del mismo año como estaba previsto. No debería ser el franquismo el que establezca la división entre quienes son nacionalidades históricas y quienes no, sino los pueblos que así lo deciden.

Agosto ha concentrado en España hechos que ratifican que los temas que demandan respuestas políticas urgentes por parte de las fuerzas progresistas son la lucha contra el cambio climático y sus efectos, la consolidación y avance en el proyecto feminista, y la creación de las condiciones ambientales e institucionales para la profundización democrática y la estabilización de un nuevo modelo territorial que tenga en cuenta la plurinacionalidad del Estado y las demandas de soberanía de los pueblos que se sienten pueblos culturales y políticos.

En esta legislatura, si se forma gobierno, y esto va a depender esencialmente de la flexibilidad del PSOE y de la elasticidad del independentismo catalán, se van a hacer visibles dos bloques. Un bloque reaccionario amparado por Felipe VI, y un bloque democrático formado por los partidos soberanistas, Sumar y Podemos, en el que el PSOE, que apoyó la aplicación del 155 a Cataluña, no tiene más remedio que estar, aún agarrado al freno de mano de los motores ideológicos progresistas del cambio: el feminismo, la ecología y la plurinacionalidad.

Buenas señales serían que, ademas de la negociación con Junts y ERC, los actores llamados a formar gobierno recuperasen el empuje feminista de Irene Montero, dándole a ella y a su equipo continuidad en el ministerio de Igualdad, que se tomasen muy en serio las propuestas negociadoras del PNV para la profundización democrática y que abordasen decididas políticas estructurales que pongan la defensa contra el cambio climático y sus efectos en el centro de la agenda política. Lo del lehendakari Urkullu lo dejo para mejor ocasión, pero anticipo que ningún proyecto de avance plurinacional será posible sin la connivencia de Andalucía y sin un horizonte republicano.

Publicado en Diario Red