Tanto la propuesta de acuerdo histórico de Carles Puigdemont para negociar la investidura de Pedro Sánchez, como la propuesta del Lehendakari Íñigo Urkullu de una convención constitucional para reinterpretar la CE del 78 en términos plurinacionales, con bilateralidad entre Euskadi, Galicia y Cataluña, tienen relación con los Pactos de la Moncloa que, tras la muerte del dictador, prepararon la transición hacia un sistema democrático homologable en la Unión Europea de la época. Hay un hilo histórico que conecta las propuestas de las derechas vasca y catalana actuales con los pactos de la Moncloa.
Quieren llegar a un acuerdo de reparto de soberanías con el estado que permita a las elites burguesas de esos territorios manejar parte de las plusvalías del trabajo, ambientales y de la explotación de la función de reproducción social de las mujeres. Esas plusvalías de reparto las extrae el poder radicado en Madrid de la España vaciada, de sus propias clases trabajadoras y subalternas y de territorios que funcionan como colonias interiores, como es claramente el andaluz. Pedro Sánchez busca ese acuerdo con PNV y Junts, al que pretende arrastrar sin condiciones a las fuerzas de izquierdas, independentistas, soberanistas, plurinacionales o, sencillamente, sociales.
En la transición las elites vasca y catalana, junto con el postfranquismo, representado por UCD, la monarquía y el empuje social de PSOE, PCE, UGT y, sobre todo, CC.OO, alcanzaron un acuerdo histórico al que llamaron Pactos de la Moncloa. Se trataba de superar la crisis económica interna y preparar las bases constitucionales del régimen del 78. Los pactos de la Moncloa incrustaron el franquismo en la democracia, cargaron sobre la clase trabajadora el peso de la crisis y pretendieron excluir de soberanía propia al resto de territorios que no fuesen Euskadi, Cataluña y Galicia. Las dos primeras intenciones salieron según lo previsto.
La tercera no, Andalucía se cruzó en el camino por la irrupción poderosa del andalucismo político que reclamó “poder andaluz”. Eso forzó a los padres de la CE a incluir el leonino artículo 151 de la CE y, posteriormente, en 1983, a llegar a una acuerdo bipardista para redactar la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico para desdibujar la plurinacionalidad de Cataluña y Galicia (Euskadi tenía reconocimiento foral constitucional), a la vista de que Andalucía consiguió su estatuto de nacionalidad histórica en 1980, vía ejercicio del derecho a decidir, rompiendo todos los planes asimétricos.
Estos días Pedro Sánchez busca un pacto de investidura que le entregue soberanía fiscal y económica a las elites vasca y catalana, e ignore la necesidad de avances democráticos feministas, ecologistas y sociales. Una especie de nuevos pactos de la Moncloa pero sin la derecha española devenida ultraderecha. Como avanzadilla, Sumar (sin Podemos) se entrega a sondear y confrontar los límites de ese acuerdo de derechas en perfecta sintonía con el sanchismo. El PSOE le prepara a Yolanda Díaz lentejas, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ajusta la billetera.
Las izquierdas soberanistas y plurinacionales, Podemos, Bildu, BNG y ERC, saben que existe explotación de clase, ambiental y sobre las mujeres, pero también de unos pueblos sobre otros vía pactos entre sus elites económicas. Consiguientemente, al igual que los poderes de derechas vasco y catalán preparan su alianza de recuperación del bipartidismo, convendría pensar una alianza por la izquierda dirigida a la superación de lo que trajeron aquellos pactos de la Moncloa. El riego de no avanzar por ahí, a más de acrecentar las desigualdades ínter y extra territoriales, es que el bloque de ultraderecha que conforman PP, Vox y Felipe VI, utilice la desigualdad real entre pueblos para articular un nuevo “a por ellos” que impida el avance plurinacional republicano y las legítimas demandas de soberanía.
