La investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, amparada por Felipe VI, define un bloque reaccionario formado por el rey, VOX y el Partido Popular. Un bloque controlado y alimentado por las derechas mediáticas, las altas esferas de la Judicatura y los elementos familiares franquistas incrustados en el Estado profundo. PSOE y Sumar han legitimado la propuesta de investidura del candidato del PP sin chistar.
El presidente del Partido Popular gana tiempo para su consolidación como líder de la oposición, corrige su gran error de campaña (no ir al debate entre candidatos) y prepara la estrategia de la tensión permanente para la legislatura que se abre, con la implacable perspectiva de que el independentismo catalán consiga una amnistía que corrija los desmanes políticos y judiciales que llevaron al exilio y a la cárcel a personas que solo ejercían derechos democráticos.
Por su parte, Pedro Sánchez aprovecha la investidura fallida para pasar por la izquierda a Sumar. Óscar Puente ha suplido el “ruido” que Podemos hacía en los debates parlamentarios y en sus intervenciones públicas. Sánchez, que tiene calado a Sumar, necesita un ruido que exija pocas nueces. Sin el empuje de Podemos, el presidente en funciones del Gobierno prepara una legislatura fake en derechos sociales, feministas y ecológicos. Ruido contra el bloque reaccionario, pero no nueces para las clases populares, las mujeres o el medio ambiente.
El gran ausente de la investidura fallida ha sido Podemos, el partido de Estado que defendió siempre la plurinacionalidad, cuyo liderazgo habló con Puigdemont en el exilio y se reunió con los presos de ERC en la cárcel, dando carta de naturaleza política —como por obligación hace ahora el PSOE— a la cuestión independentista catalana. El partido que impugnó el bipartidismo, que logró los mayores avances democráticos desde la Transición, que naturalizó el Gobierno de coalición sufre, desde la foto de Valencia (de noviembre de 2021), codazos para sacarlo del escenario.
El enésimo veto de Yolanda Díaz a Podemos anuncia su exclusión del Gobierno de coalición. La bondad tiene límites; están en juego avances democráticos y derechos para las mayorías. No bastará la amnistía, es preciso un compromiso multilateral, como ha dicho Gabriel Rufián, o plurilateral en un país plurinacional, como diría yo, que busque una solución estable a la cuestión territorial. La extracción de concentración de poder centralista en Madrid para repartirlo en todas las escalas y, por supuesto, en la escala de las naciones políticas que integran el Estado (Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía) debe ser un objetivo compartido.
Podemos tiene cinco votos, cinco votitos tiene la loba. Sumados a los del BNG (uno), Bildu (seis) y ERC (siete) son diecinueve. Una suma que, con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad para consolidar derechos feministas y LGTBI y avanzar en ellos, tendría garantizada la representación gubernamental de la izquierda plurinacional y soberanista que defiende el avance en derechos sociales, territoriales y ecologistas.
