La amnistía está descontada en la negociación entre Sánchez y Puigdemont. Se amortizará en breve una vez que pase la festividad nacionalcatólica del 12 de octubre, día de la raza franquista, en la que el presidente del gobierno volverá a ser abucheado por el bloque reaccionario. Querer ser por el flanco izquierdo guinda en tarta ajena es absurdo. Bastaría decir que se está de acuerdo con la amnistía y que se apoya el derecho a decidir de todos los pueblos de España.
La amnistía está descontada de los acuerdos de investidura. Por eso las declaraciones de Andoni Ortuzar criticando la acción política de Sumar, empeñado en parecer que pinta algo en la negociación de la amnistía. Por eso ERC insiste en “y dos huevos duros”, como en el camarote de los hermanos Marx. Por eso Puigdemont lanza el órdago de que España tiene con Cataluña una deuda histórica de cuatrocientos cincuenta mil millones de euros.
Todos miran el día después. Podemos, sabedor de que la intención de Sánchez es sacarlo del gobierno, y la de Yolanda Díaz relegarlo a una posición muy subalterna dentro de la coalición, como si sus cinco votos no valiesen nada, plantea cinco propuestas que pueden resumirse en tres líneas políticas. Más feminismo, con Irene Montero en el gobierno. Profundización democrática, con la derogación de la ley mordaza y la renovación del CGPJ. Y más derechos socioeconómicos, con la subida a mil quinientos euros de SMI entre otros.
La legislatura entrante estará marcada por la cuestión territorial. PNV y Junts se alían para buscar un pacto de las burguesías catalana y vasca con Sánchez, que compense en términos económicos la alta concentración de poder centralista en Madrid DF, como Enric Juliana nombra al territorio que concentra el poder mediático, judicial y económico de España. La unilateralidad será descartada por Junts, como ya hizo ERC. Para ello pide una pista de aterrizaje acolchada con cuatrocientos cincuenta mil millones en concepto de deuda histórica. Necesitan volver al pujolismo, peix al cove.
Las derechas catalana y vasca buscan un pacto que mantenga la influencia de sus burguesías económicas en el gobierno de España. Retorno al pasado bipartidista. Recordemos que tan solo unos días antes de la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018, el PNV aprobó los PGE a un PP corrupto. No había pasado un año del “a por ellos” del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
En otros territorios de España, como Andalucía, la demanda de cuatrocientos cincuenta mil millones de euros por deuda histórica suena peor que aquello de las balanzas fiscales, la ordinalidad en el pacto fiscal territorial o la acusación de que las y los jornaleros están en la taberna bebiéndose el PER a costa del sufrido pueblo catalán. ¿Cuánto valen decenios de emigración? ¿Cuánto vale la fractura emocional y el desarraigo? ¿Cuánto valen los efectos de decisiones del estado que han desmantelado la industria en el sur y redirigido las inversiones al norte? ¿Cuánto vale la condena a ser colonia vacacional de trabajo precario de camareros y kellys?
En tanto PNV y Junts se coordinan buscando un pacto, si bien democrático, por la derecha, el flanco izquierdo plurinacional y soberanista está en apariencia ayuno de coordinación. Para evitar o reducir el impacto de un pacto de derechas en la desigualdad inter e intra territorial, que alimente un nuevo “a por ellos” capitalizado por el bloque reaccionario, bajo el epígrafe de que defiende la igualdad entre todos los españoles, se necesita por la izquierda trabajar una alianza estratégica entre los distintos pueblos políticos.
