Andalucía es el territorio político más afectado dada su longitud costera mediterránea y atlántica. El gobierno del Partido Popular actúa contra el patrimonio costero andaluz y contra una de nuestras principales fuentes de valor material e inmateria. Amplía el periodo de concesión de viviendas en las playas hasta los 75 años, permite la trasmisión por herencia y compraventa de viviendas edificadas ilegalmente y modifica las normas de deslinde administrativo para delimitar el suelo público protegido con el fin de flexibilizar la posibilidad de construir donde a alcaldetes fachoides como el de Tarifa les plazca.
Las costas y el litoral andaluz son, además de un bien patrimonial natural en sí mismo para preservar la biodiversidad y el paisaje, elementos geográfico-territoriales para contener la degradación ambiental provocada por los efectos litorales del cambio climático. El gobierno del partido Popular pretende con esta modificación de la Ley de Costas convertir en legal el modelo económico que aúna construcción, corrupción y daño social. No olvidemos que nuestro litoral, aunque ya muy degradado por los años del ladrillismo, es un bien patrimonial fuente de riqueza turística, cultural e identitaria, útil para aunar sostenibilidad, territorio y economía.
Espero que el gobierno andaluz recurra al Constitucional los aspectos destructivos de esta nueva ley de costas descafeinada, elabore una ley autonómica de protección patrimonial del litoral andaluz, defienda nuestro patrimonio público y dé ejemplo urgente con la demolición del Algarrobico y el anuncio de que en el paraje de Valdevaqueros nunca se construirá con el consentimiento de la Junta de Andalucía.
Publicado en Paralelo 36 Andalucía