El debate sobre el futurible impuesto andaluz a las grandes superficies comerciales, defendido por IU-A, con la negativa del PSOE-A, y el no beligerante del PP-A es un ejemplo elocuente de las posiciones ideológicas de las tres fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria en Andalucía. Es en la fiscalidad, en la política de ingresos, donde se expresa de modo contante y sonante de parte de quien está cada quien, si para favorecer a una mayoría social o para apalancar el poder económico de las grandes fortunas y las corporaciones que funcionan de facto como oligopolios o monopolios.
Los condicionantes del modelo centralista
En un estado centralista como el nuestro desde el punto de vista de la potestad para definir las políticas fiscales de ingresos, salvo el País Vasco y Navarra, territorios privilegiados constitucionalmente en virtud de “derechos históricos” (permítanme que me ría de esa expresión,) las demás comunidades autónomas son fundamentalmente instituciones de gasto, la mayor parte del mismo dirigido desde Madrid y Bruselas. De modo que sin voz directa y propia en Europa y sin capacidad de influencia sobre quien ostenta el poder político central, como han tenido durante mucho tiempo el País Vasco y Cataluña con sus fuerzas políticas nacionalistas de derechas en parlamentos sin mayorías absolutas, la política presupuestaria y fiscal, la gran política, queda condicionada por el gobierno de Madrid.
Los presupuesto del Estado para 2014 prevén un nuevo recorte de ingresos para Andalucía de 1.200 millones de euros, e incumplen de nuevo la Disposición Adicional 3ª del Estatuto de Autonomía de Andalucía, acumulando un debe para la CA desde 2008 de más de 2.340 millones de euros.
En este contexto presupuestario, añadido a los durísimos recortes de derechos, y después de que el gobierno central cercenara durante 2013 el impuesto andaluz a la banca creando uno de valor 0 para impedir por la vía de la duplicidad del concepto imponible que la CC.AA no pueda implantarlo, y después de que medidas de ahorro como la subasta de medicamentos hayan sido recurridas al Constitucional, paralizadas y aplazadas sine die a la espera de sentencia, al gobierno andaluz le quedan escasos resquicios para proveerse de ingresos propios con la finalidad de amortiguar la desigualdad y operar en nuestro territorio políticas que apalanquen un nuevo modelo productivo ajeno al especulativo. Entre estos resquicios están los llamados impuestos medioambientales o ecológicos, que a mi me gusta llamar ecosociales porque no son ajenos a la producción de efectos reequilibradores de la desigualdad y sus efectos, ya sean económicos, sanitarios o de género.
Impuestos ecológicos propios
Conviene recordar que de los ocho impuestos propios con que cuenta la CC.AA andaluza cuatro de ellos son fruto del acuerdo político en pasadas legislaturas entre el PSOE-A y Los Verdes de Andalucía. Emisiones de CO2, residuos radiactivos, vertidos a las aguas litorales y residuos peligrosos deberían ser explorados para buscar un incremento de la tasa impositiva.
El estado del impuesto a las grandes superficies comerciales
Pero centrándonos en el debate abierto sobre el impuesto a las grandes superficies comerciales en virtud de sus afecciones territoriales y ambientales también me gustaría recordar que este impuesto está implantado ya en Cataluña (que fue pionera en 2001 bajo el gobierno en minoría de CiU ), Asturias, Navarra, La Rioja y Aragón. Si bien es cierto que recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, el cual tardó nada más y nada menos que 11 años en emitir sentencia en 2012 a favor de gravamen, y posteriormente llevado por la gran patronal del sector, que siempre se mostró muy beligerante con el mismo, ante el Tribunal Europeo, lugar en el que se encuentra.
En la actualidad la implantación del impuesto está siendo estudiada por los gobiernos de Canarias (con fuerte oposición de la patronal) y Baleares, y propuesto por IU-A en Andalucía en choque directo con la cúpula de su socio de gobierno.
Lo que se pretende en Andalucía
El impuesto a las grandes superficies comerciales en Andalucía, con más de 2.500 m2 de superficie de negocio prevé una recaudación de entre 15 y 20 millones de euros, tiene la funcionalidad explícita de incentivar y apoyar al pequeño y mediano comercio que compite en condiciones de desigualdad con los gigantes del consumismo. Una pequeña cantidad en términos relativos que es vital en las circunstancias actuales para pymes y autónomos del comercio, que aguantan la mayor parte del empleo generado por el sector en Andalucía.
Un PSOE-A que quiere parecer distinto pero es el mismo
Sorprenden por el matiz de ignorancia y simplicidad las declaraciones del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo afirmando que “no he llegado a analizar como consejero este impuesto. Hay que ver el resultado a corto, largo y medio plazo que tiene un impuesto. Con este pueden ocurrir dos cosas: que las grandes superficies tengan posibilidades de trasladarlo al precio de los bienes que venden o que se vean obligados por la caída del consumo a llevarlo a los costes de la producción. Si lo llevan a los costes de producción esto puede generar disminución de empleo. Si lo llevan a los bienes que venden significa retraimiento del consumo: suben los precios y baja el consumo y puede llevar a afectar al empleo.” El consejero quiere ignorar que el dinero disponible para consumo es el que es, y que si las grandes superficies suben precios el consumo se desplazará a otros lugares, es de lo que se trata, y quiere ignorar que como es sabido, y los datos de las organizaciones sindicales y de consumidores lo corroboran, por cada empleo generado en una gran superficie comercial se destruyen tres en el resto del sector, lo que el impuesto trata de invertir. Se trata por tanto de trasladar ingresos de capital desde una minoría muy poderosa que dicta las leyes de comercio en el BOE, tales como la de horarios y rebajas, a una mayoría distribuida de medianos y pequeños comerciantes, incluidas las empresas cooperativas y de la economía social.
El daño irreversible provocado por el modelo de consumo en las grandes superficies comerciales
Sabemos de las prácticas de oligopolio que efectúa la patronal de las grandes superficies imponiendo precio de compra a los proveedores y precio de venta a los consumidores con saltos en el mercado de los productos agrícolas superiores en muchas ocasiones al 500%, degradando la vida de los agricultores y elevando artificialmente los precios a los consumidores.
Sabemos del daño brutal al comercio de proximidad, expresión acuñada en el mundo de la ecología política, que crea vida en los núcleos urbanos consolidados y ofrece las mercancías sin necesidad de desplazamientos en automóvil, con la consiguiente disminución de las emisiones de gases contaminantes y la reducción en el gasto sanitario.
Sabemos la alta tasa de ocupación de territorio productivo agrario en los entornos de las ciudades que necesitan las grandes superficies, dejando un rastro infame de alquitrán y hormigón.
No podemos olvidar el gran número de casos de corrupción e ilegalidades urbanísticas, algunas con sentencias firmes en los juzgados, consecuencia de la connivencia del poder político y los proyectos de construcción de hipermercados en los extrarradios de las ciudades.
En el debe del modelo de las grandes superficies se encuentra también las infraestructuras viarias ejecutadas con cargo a inversiones de dinero público para facilitar el acceso a las mismas.
Y así tendríamos un suma y sigue que hacen impagable el daño social que ha hecho el modelo de comercio y consumo alimentado por la gran patronal del comercio.
Es necesaria la presión de sindicatos de clase, agrarios y consumidores
De modo que un impuesto muy limitado como el que se plantea en Andalucía no debe ser obstaculizado por un PSOE-A cuya presidenta afirma ser muy de izquierdas pero que no ha dado la más mínima muestra de comprender lo que ha pasado y por tanto poner un poco de sensatez en sus apuestas estratégicas.
Con el apoyo al impuesto a las grandes superficies comerciales está perdiendo la oportunidad de demostrar que el partido que aspira a liderar va a estar con las clases medias y populares y no con los lobbies que venimos soportando desde hace años.
Son necesarias alianzas entre sindicatos, organizaciones de consumidores y productores agrarios para presionar con el fin de que este impuesto llegue a buen puerto en Andalucía, porque es un ejemplo simbólico de que se puede legislar no sólo desde la resistencia, si no también desde la ofensiva política contra los poderes que piden menos salarios, menos derechos y más trabajo en condiciones laborales de semiesclavitud.
@marioortega
