En mi último artículo en este medio conté porqué cada vez que Pedro Sánchez en su comparecencia pública del miércoles pronunciaba la palabra provincia yo pensaba “tú verás”. Y no es porque le tenga aversión emocional a lo provincial, es porque detrás de esa insistencia, estaba seguro y hoy lo estoy del todo, se manifiestan las disonancias de la constitución del 78 en lo que se refiere a asuntos territoriales.
España no es un estado federal, mucho menos más federal que Alemania, como se nos ha insistido desde siempre. Es un estado a medio camino entre el centralismo y el federalismo, más tirando hacia lo primero, consiguientemente siempre hay conflictos de competencias, tensiones territoriales y avisperos para llegar a acuerdos. La historia reciente desde la sentencia del TC de 2010 que liquidó el estatuto catalán (un golpe de estado constitucional en palabras de jurista Javier Pérez Royo) tras haber sido consensuado en Cataluña, aprobado por el Parlament, limado en las Cortes españolas y, finalmente, refrendado y aprobado por el pueblo Catalán en un proceso constitucional impecable, ha sido la historia de la centralización del poder en la Ciudad Estado de Madrid (no me voy a cansar de usar la espléndida metáfora de Enric Juliana), aumentada por las directrices neoliberales que modificaron el 135 de la CE para anclar los recortes, el salvamento de la banca y el pago de la deuda en detrimento del bienestar de gentes, familias, autónomos y empresas. Desde entonces ninguna comunidad autónoma o municipio puede mover un pelo presupuestario sin la tutela vigilante de la tijera central. La lealtad institucional al centralismo se ha llamado en este país recortes y deterioro de lo público. Donde los gobiernos se aplicaron con más saña, más deterioro. Véase estos días las consecuencias trágicas del estado en que dejaron la sanidad pública los gobiernos de derechas Madrileño y Catalán.
El déficit federal de España, una España en la que solo puede caber todo el mundo democráticamente si se reconoce su diversidad, su plurinacionalidad y la libertad de los pueblos (que como tal quieran constituirse) para decidir sobre su destino, se acentúa en los momentos críticos. Este de la pandemia y el estado de alarma es el más crítico vivido con la constitución del 78 en vigor, más que el del referéndum del 1 de octubre de 2017, que aún teniendo una fuerte carga civil democrática solo fue eso, sin valor jurídico, constitucional o estatutario alguno. La pandemia es más crítica porque hay vidas que se están perdiendo, porque sigue habiendo riesgo para la salud y la vida de las personas y porque la crisis socioeconómica será descomunal e imprevisible.
Pareciera que mientras la ciudadanía se comporta con civismo y cooperación inusitada (la inmensísima mayoría), mientras las y los trabajadores de la salud, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, del mundo agrario, alimentario y del resto de los servicios esenciales, desde las tiendas y supermercados hasta la limpieza, contribuyen sin chistar y haciendo más de lo que pueden para que sigamos vivos con esperanza en el futuro, algunos grupos políticos que por su importancia deberían tener sentido de estado, se dedican a jugar la pelota en corto a ver si marcan un gol para arrancar unos aplausos, porque votos votos solo están previstos para pronto en Euskadi, Galicia y Cataluña.
Hay un alma en el PSOE que parece no entender que un mando único no puede ser un único mando en un estado como España. Tener en un comité de decisión a las comunidades autónomas al menos desde la segunda prórroga del estado de alarma se está manifestando decisivo para la eficiencia práctica en los resultados y su aceptación institucional en el estado constitucional autonómico que es España. Cosa que la provincia no representa para nada, más allá del debate de si esa es la unidad epidemiológica o sanitaria adecuada. Dialogar y pactar las características de esta nueva prórroga que se dispone a solicitar el gobierno con los agentes políticos de peso y de gobierno en cada comunidad autónoma habría de haberse planteado desde muy atrás y no con la dinámica de la cita de los domingos y su recurrente esto es lo que hay. No se pueden, ni se deben, ignorar a los poderes territoriales ni a los partidos que representan amplias capas de población en las comunidades autónomas, mucho menos a los que facilitaron la investidura y el consecuente gobierno de coalición. Espero que ese alma no se lleve el gato al agua buscando un triunfo en corto, porque está poniendo en juego el futuro del gobierno progresista en España y su fortaleza en Europa.
Peor es lo que está haciendo Pablo Casado con el PP, un partido que cuando gobierna dice “el estado soy yo” y cuando no gobierna pretende llevar el caos al estado como estrategia electoral permanente. Esto es lo que está haciendo Casado y su corte desde el inicio del estado de alarma, al enturbiar permanentemente con digos y diegos la gestión del gobierno, sin perjuicio de que cuando todo esto pase haga las críticas pertinentes, sumándose a la estela de la irresponsabilidad dislocada de Vox. Lo hace además votando en Europa contra los intereses de las y los españoles al alinearse con los países del norte para dificultar el acceso a inversiones e inyecciones de euros que no repercutan directamente en la deuda y el déficit. No parece muy patriota.
Aún peor les lo que hace ERC, que además puede salirle mal en Cataluña. Se comporta estos días como un partido que parece no defender aquello con lo que más se le llena la boca, el pueblo catalán. Hagamos memoria, fue Gabriel Rufián, en octubre de 2017, al acusar a Puigdemont de venderse por treinta monedas, quien provocó la ruptura del acuerdo que Rajoy y el entonces presidente de Cataluña tenían (con la mediación del PNV) para que el presidente catalán convocase elecciones, intentando superar así el acantilado que había generado el referéndum del 1 de octubre. Fue ERC en el Congreso, con Gabriel Rufián de portavoz parlamentario quien obligó a Sánchez, en los primeros meses de 2019, a convocar elecciones anticipadas al no permitir aprobar unos presupuestos, muy sociales, que había pactado con Unidas Podemos y que podían haber pactado con ERC. Estos días, tal vez estas horas, es ERC quien se muestra incapaz de negociar con el gobierno de coalición para continuar el estado de alarma que demanda la mayoría del pueblo de Cataluña porque padece el mismo síndrome de dependencia respecto de Torra y Junts per Cataluña que Pablo Casado de Vox. Un partido incapaz de entender el momento tan crítico para la salud, la economía y nuestras relaciones en Europa (que afectan a Cataluña en primer plano) no es un partido que dé, una vez más, seguridad al pueblo de Cataluña. Esperemos que cambie su aptitud, hasta el momento del voto en el Congreso hay tiempo.
Al otro lado de la locura, sin entrar a analizar la posición de partidos de menor tamaño regionalizados, la evidencia es palpable en estas dos últimas semanas de estado de alarma. Solo el PNV y Unidas Podemos están demostrando un amplio sentido de estado. El primero sabe que no puede poner en juego los intereses de Euskadi porque esos intereses están trabados en España y en Europa. El PNV pide negociación, acuerdo y respeto y aplicación de la CE y el Estatuto de Guernika. Sánchez no pude seguir despreciando al principal artífice externo de su investidura (y también de haberlo llevado junto con Podemos a la presidencia del gobierno mediante la moción de censura a Rajoy). El segundo, Unidas Podemos, porque contando con la fuerza que cuenta, 35 diputadas y cinco ministerios, está siendo capaz de que las medidas para afrontar la crisis desde lo económico y los social no dejen a nadie atrás, condicionando la tarea del gobierno hacia la protección de familias, autónomos y empresas y mirando haca el futuro apoyando la propuesta de acuerdo de reconstrucción. Desde el 3 de mayo hasta el momento en que escribo Pablo Iglesias está en silencio público, estoy seguro que sigue trabajando a tope para que lo avanzado en protección de la gente no se vaya al traste por el intento plenipotenciario del alma centralista del PSOE.
Este comienzo de semana hemos comprobado que hay dos partidos que se dicen de estado pero que actúan en más ocasiones de lo conveniente sin reconocer las características territoriales, constitucionales y políticas del estado del que dicen ser. También que hay en Cataluña unos partidos independentistas que ignoran que ante una pandemia no se puede ser independiente de nada y se dedican a tensar para prepararse para las elecciones catalanas más que a proteger la salud y seguridad del pueblo catalán. Y dos partidos, a los que nadie reconoce como de estado, pero que son los únicos que actúan como si fuesen de estado y de más allá del estado, pareciera que la inteligencia y la coherencia política tienen el nombre del PNV y de Unidas Podemos.
Si una vez más se prorroga el estado de alarma la sociedad española habrá de agradecerles su capacidad de cesión y negociación en tiempos tan duros. Ojalá eso fuese lo contagioso y no el virus.
