Juan Manuel Moreno Bonilla se sale del guión de Pablo Casado

Me lo preguntaba en un artículo publicado en este mismos medio el trece de abril: ¿Quién defiende a Andalucía ante los efectos del Covid-19? , y e sorprendía que tras un mes de estado de alarma y confinamiento, la oposición andaluza por la izquierda, PSOE y la coalición Adelante Andalucía, no hubiesen visto la necesidad acuciante de plantear un gran acuerdo de unidadpor Andalucía para afrontar colectivamente el desastre de la pandemia. Esbozar algunos contenidos estratégicos del mismo y llamar a la sociedad civil, sindicatos y empresarios para darle forma y demandar a un gobierno andaluz, también pasivo hasta la fecha y en guerras inútiles de contabilidad y culpabilidad con el Gobierno central, para que comenzase desde ya a buscar una respuesta común que defendiese los intereses de Andalucía, aquí, en Madrid y en Europa. Empezando por demandar para ya el Ingreso Mínimo Vital.

El cinco de abril Pedro Sánchez, con apoyo explícito del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, lanzó un llamamiento a partidos, representantes sindicales, empresariales y sociales en general, gobiernos autonómicos y municipios, para unos nuevos pactos de la Moncloa. Lo peor, como se vio enseguida era el nombre. Lo mejor, la idea.

El objetivo pactista del gobierno es afrontar la crisis socioeconómica en la que ya se está adentrando España con fuerza, como el resto de Europa y el mundo, con una respuesta de unidad, una respuesta de país, coherente con las debilidades reveladas por la crisis pandémica, consecuencia de años de recortes, abandono de lo público y externalización del sistema productivo a cambio de un modelo económico basado en monocultivos y financiarización especulativa. Un objetivo imposible de abordar si esa respuesta de país no se encuadra en un gran acuerdo europeo de financiación e inversión. Consiguientemente cuanto más amplias sean las bases de apoyo al acuerdo, más fuerza tendrá España para negociar en la UE las formas y las condiciones de financiación.

Sin pesimismo ni optimismo, podemos decir que esta semana pasada se han sentado las líneas para un acuerdo en Europa que pueda ser aceptado por todas las capitales, por utilizar una terminología típica de la verborrea europea neoliberal. No hay nada definitivamente cerrado, pero el camino por el que los líderes citados en la Comisión Europea el pasado jueves 23 de abril por la tarde han decidido avanzar no es precisamente el del veto.

Si se desploma el tejido empresarial europeo, la economía productiva, quebrará todo el sistema bancario, consiguientemente la ola de quiebra impactaría contra la economía especulativa que caería como un castillo de naipes. Lo de 2008 sería un terremotillo al lado del maremoto descomunal que provocará ignorar, una vez más, la conexión imprescindible entre economía real y economía financiera. Esto es lo que ya saben quienes en 2008 obligaron a los PIGS, como llamaban a Portugal, Italia, Grecia y España despectivamente, a recortes, austeridad y humillación. Por eso Guindos y Montoro, rigurosos aliados del capital extranjero, -vivir para ver- piden el Ingreso Mínimo Vital, porque, entre otras cosas, acabará repercutiendo positivamente en los balances empresariales. Por eso hay en España un sector importante del gran empresariado que ha influido en Ciudadanos para que se salga de la foto de Colón, suavice su enfrentamiento al gobierno y participe del acuerdo.

Por eso, y porque va a necesitar mucho dinero y ya otea de dónde va a venir, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha sido el primero de los presidentes autonómicos en extrapolar la propuesta de Sánchez al Parlamento de Andalucía, aprovechando su comparecencia plenaria del viernes 25 de abril, con el nombre de Alianza por Andalucía. Dinero va a hacer falta, y en Andalucía mucho más porque la ola de la crisis aquí va a retorcer los pilares del sector turístico y va a revolcar contra el rompeolas litoral a todas las empresas que dependen de él, desde la restauración y el comercio hasta las de limpieza o distribución alimentaria. El primer indicador que anuncia el megamaremoto andaluz es el desempleo de marzo, de todo el paro que ha generado la covid-19 en España, la mitad es andaluz. El recientísimo estudio de la Universidad de Granada ya ha dicho que en Andalucía llegaremos a un 37,5% de paro. Me quedé corto con el 35% que aventuré en el artículo que he citado al principio como expresamente dije en el. La alerta es roja en todos los sensores.

La propuesta del presidente del gobierno andaluz en sede parlamentaria, contó con el apoyo de Ciudadanos, socio de gobierno, del PSOE y de Adelante Andalucía. Se acordó trabajar conjuntamente en una acuerdo andaluz para afrontar los durísimos tiempos venideros. Es una buena noticia, más allá de ver cómo se va concretando. Vox ha seguido su camino antidemocrático hacia la montaña helada fascista, no apoyando el acuerdo. Quedará aislado afortunadamente para las y los andaluces, para las empresas y para los autónomos de nuestro tejido productivo. Amparados por las ideologías del odio y la muerte se pueden hacer guerras pero no negocios, el empresariado inteligente lo sabe. as palabras de Susana Díaz en las que ofrecía sus votos para un nuevo acuerdo presupuestario andaluz ayudan a aislar a Vox. No es poca cosa.

La propuesta de Moreno Bonilla ha situado a la oposición andaluza en la retaguardia de su gobierno. Con un poco de habilidad táctica PSOE y AA podían haberse anticipado y jugar, si no a la par que Bonilla, sí con más iniciativa. Están a tiempo de mejorar su posición porque los marcos neoliberales se agrietan y la izquierda tiene mucho que decir en un ambiente favorable al reforzamiento de lo público.
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La iniciativa de acuerdo deja un territorio abierto de posibilidades para que la parte inteligente de la sociedad andaluza y sus representantes políticos, sindicales y de la sociedad civil, busque una amplia alianza entre el mundo del trabajo y el tejido empresarial andaluz pequeño, mediano y de gran tamaño para territorializar la economía andaluza, hacerla fuerte en proximidad y menos dependiente de avatares externos o sobrevenidos, ante el riesgo de que esta crisis convierta en sirvientes de capitales y políticas externas a toda Andalucía, incluida a la clase adinerada andaluza tan tendente a la desidia como a la residencia efectiva en Madrid.

Para hablar y acordar hay materia si se piensa transversalmente con marcos democráticos. Los contenidos, para afrontar las verdades que ha puesto de manifiesto la covid-19, habrán de centrarse en el reforzamiento del sistema sanitario público, de los sistemas de cuidados y protección social, la reestructuración de nuestro sistema productivo, el redimensionamiento y reconversión de ciertos sectores, así como la presencia o influencia andaluza en las decisiones de Estado y de la UE para que sean lo más fructíferas posibles para nuestra tierra. Se nos viene encima un paro descomunal y es hora de demandar en serio un fuerte impulso industrial. ¿Qué tal industrializar Andalucía apalancándonos sobre las demandas de la salud, las energías renovables, el sector agroalimentario y las tecnologías digitales?

Fuera del aire de los pactos se están quedando Torra, la CUP, Vox y, quién sabe, el PP con sede en la ciudad Estado de Madrid, utilizando la lucida metáfora de Enric Juliana. Dentro, una España diversa que puede avanzar en el reforzamiento democrático del estado dentro de une UE más federal y cohesionada. Esperemos que del lado de la inteligencia siga el PP andaluz liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla que, al menos en este impulso de acuerdo, se comporta como una derecha civilizada al estilo de la que representa el PNV.

Pablo Casado y sus escuderos Cayetana y Teodoro, estarán restregándose los ojos con la operación andaluza emprendida por Juan Manuel Moreno Bonilla. Sanchez e Iglesias han debido ver el acuerdo del parlamento andaluz como agua de mayo. Por el contrario, Casado, tras conocerlo, habrá pasado un fin de semana de pesadilla con un Juan Manuel Moreno Bonilla aparecido como podemita que corea ¡en Andalucía sí se puede!

Bicicletas contra la Covid-19

Algunos ministerios como el de Sanidad o el de Transición Ecológica han comenzado a darse cuenta que la promoción de la bicicleta puede ser una política de Estado para luchar contra la enfermedad covid-19. Su uso para la movilidad urbana, para los desplazamientos al trabajo, a las compras, al cole, al ocio y la cultura o a instalaciones deportivas, es una forma de asegurar el “distanciamiento social” que va a seguir exigiendo el control de propagación del virus. En tiempos de tensión, es bueno acordarse de la bici. La bicicleta “desestresa” y da felicidad. El coche y la moto acucian la emergencia de la angustia. No sería poco para fomentar su uso para, también, poner la vida en el centro.

Ojalá podamos dar de-verdad la bienvenida al Estado a la bicicleta en una España en la que son muy pocas instituciones locales, comarcarles y autonómicas con poder y competencias las que actúan de manera efectiva para fomentar su uso. Estaría muy bien, aprovechando el impacto crítico sobre nuestras costumbres como especie que la pandemia está provocando, utilizar viejas reivindicaciones de la ecología para ponerlas en el centro de la solución de los problemas actuales y lanzarlas hacia adelante para consolidar sus bondades. La bicicleta como medio de movilidad es una de ellas.

No todas las distancias se pueden recorrer en bici ni todas las personas pueden recorrer las misas distancias ni con la misma seguridad ni por los mismos sitios. Pero es indudable que muchas sí, que si hay políticas de estado correctas que no dejen, en esto también, a nadie atrás, muchísimos desplazamientos que se hacen a motor innecesariamente pueden hacerse en bici. Piensen ustedes en su vida diaria y en la de las personas de alrededor, miren cómo se mueven y verán. No olviden pensar en las personas mayores, en los niños y niñas y en quienes necesitan cierta adaptabilidad de los recorridos para hacerlos posible y seguros. No hay que ser un estudioso para imaginar un sin fin de cosas que se pueden hacer para facilitar el uso de la bici en buena parte de nuestros desplazamientos diarios.

La insonora bicicleta no provoca accidentes graves -en las ciudades la inmensa mayoría de accidentes son coche/moto/peatón. La bici no consume combustible, no contamina, es escudo individual y colectivo contra el cambio climático, no pelea por el espacio urbano, no requiere grandes y costosas infraestructuras. Tiene un precio al alcance de la inmensa mayoría de los bolsillos. Sobre ella hacemos deporte sin notarlo y mantenemos nuestra salud, la salud de las ciudades y la de la naturaleza en forma. No hace falta ser un deportista con espléndida condición física, ni joven, para montar bicicleta.

Si muchos, aprovechando el estímulo de autoprotección y protección comunitaria al que el covid-19 nos obliga, nos animáramos al máximo a ir en bicicleta, otra realidad del mundo alumbraría. Pero no basta, es imprescindible que, de una vez por todas, la bici ocupe en España en las políticas de Estado el lugar que por su potencialidad para proteger lo común le corresponde.

Cuando se aprende a montar en bici no se olvida nunca, ojalá nuestras conciencias y nuestras autoridades políticas hayan aprendido de esta letal pandemia y no olviden muchas de sus enseñanzas, entre ellas, no menor, que la bicicleta es salud personal, salud colectiva, salud como especie humana y salud planetaria.

Cuando el desastre pase, recordemos que durante un tiempo la atmósfera estuvo limpia y las estrellas lucían con un brío desconocido para las generaciones más jóvenes. Los primeros estudios serios de letalidad indican que es mayor en las zonas con alta contaminación atmosférica, usemos las bicis contra el covid-19. sigámoslas usando cuando pase a favor del planeta, si alguna vez volviese a ocurrir esta desgracia harían falta menos respiradores.

Una bomba atómica de neutrones ha caído sobre Andalucía y, como el virus, nadie los ve

Lector, lectora, si vives en Andalucía mira a tu alrededor desde la ventana del confinamiento. ¿Ves lo que yo? Las ciudades y pueblos vacíos, la vida como la conocíamos desaparecida. Los comercios, los bares, los restaurantes, los chiringuitos playeros, los bares de copas, las salas de fiestas y discotecas cerrados. Los cines, los teatros, los grandes y pequeños festivales de música, de rock, clásica, flamenco, jazz, clausurados sine die. Toda la red de hospedaje, pensiones, pisos turísticos, viviendas vacacionales, hotelitos, casas rurales, hoteles de todas las estrellas, cerrados hasta un “ya veremos” incierto.

Andaluz, andaluza, da igual donde hayas nacido si vivimos juntos, si ves eso, ves lo que yo veo. ¿Te preguntas como yo por qué eso no lo ve el Gobierno andaluz? Que además de ver eso debería ver que lo que llaman el desescalamiento de la crisis sanitaria no ocurrirá de un día para otro y que a todos esos sectores que describo en el párrafo anterior les espera una larga travesía del desierto y no solo hasta que haya cura o vacuna para el covid-19, será todo mucho más largo.

La economía andaluza, prácticamente toda la economía formal y mucha de la informal, vive por razones históricas políticas estructurales, que no quiero traer aquí porque lo importante ahora es pensar en el hoy y el mañana cuando la letalidad baje, está soportada sobre cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, decenas de miles de pymes y autónomos y un buen puñado de grandes empresas hoteleras con gran capacidad de empleo estacional o no, que demandan servicios de todo tipo de otras muchas empresas.

La crisis en la que ya estamos es para el empleo en Andalucía como una bomba atómica de neutrones, como el virus nos matan sin hacerse visibles. Si como dice de manera optimista el FMI, el paro en España crecerá este año hasta el 21%, en Andalucía podrá alcanzar cifras superiores al 35%, me quedo muy corto seguro. Solo en este pasado mes de marzo en el que se inició el estado de alarma, de todo el paro que se creó en España, la mitad fue andaluz. No será difícil que Andalucía acabe soportando más de la tercera parte del paro español aun representando al 20% de la población del estado. Imaginad las consecuencias, todas, las migratorias incluidas. La experiencia de la crisis de 2008 es la más reciente para prever que la tragedia será aún más descomunal que la de entonces y de mucho más largo recorrido temporal.

Es incomprensible que el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos no esté actuando ya para que el daño que eso supone para personas, familias y empresas, se limite al máximo. Es incomprensible que esté a por uvas convalidando en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía un decreto ley que pretende volver a los tiempos de Jauja dando facilidad a grandes agentes económicos para destruir patrimonio cultural y natural, territorio y soberanía social, política y laboral. Es un gobierno ciego por completo, porque con la bomba de neutrones que ha caído sobre Andalucía, ni siquiera esa aspiración de vender Andalucía a cualquier precio le saldrá bien.

En el gobierno de España, las y los ministros más progresistas, entre ellos todos los de Unidas Podemos aprietan en el Consejo de Ministros para que una Renta Básica de Emergencia o Ingreso Mínimo Vital, llámenla como quieran y detallen lo que les parezca pues no es momento para debates sobre las esencias, se apruebe cuanto antes. Por lo que he descrito, para las personas más afectadas por la crisis un ingreso así es vital para ahora, para ya, no para mañana, también para la economía española es fundamental, pero es que para Andalucía es el único antídoto contra la radiación de neutrones que ya se expande invisible, como el virus, por todo el territorio liquidando empresas y empleo.

En una entrevista en Público, el ministro Alberto Garzón, describe la misma visión que cualquier andaluz o andaluza ve desde la ventana de su confinamiento: “…muchos de mis vecinos en Málaga viven de la hostelería, de contratos muy intensos durante el verano que este año probablemente no existan. Son familias que tienen que pagar el agua y la luz, los recursos más básicos, y es ahí donde entra Unidas Podemos: lo primero es proteger a esa gente. Y la renta mínima es urgente porque hay gente en este país que se va a quedar sin dinero, con cero ingresos. Hacen falta medidas de radicalidad económica para ella.”

Si lo vemos la inmensa mayoría de andaluces y andaluzas desde la ventana, si lo ven los ministerios en Madrid, me pregunto: ¿Por qué no lo ven las organizaciones de la sociedad civil andaluza? ¿Por qué el sindicalismo andaluz, UGT-A y CCOO de Andalucía junto con los demás, no están actuando ya para generar un movimiento andaluz de apoyo masivo a una Renta Básica de Emergencia ya, ya y ya? ¿Por qué no lo ve el empresariado andaluz? ¿A quiénes obedecen los representantes de las empresas andaluzas y de las y los autónomos andaluces en perjuicio propio y en beneficio externo? ¿Por qué el bloque progresista en el parlamento andaluz PSOE-A y Adelante Andalucía no acuerdan exigir conjuntamente a la presidencia andaluza de San Telmo y la vicepresidencia, los señores Moreno y Marín, que se dejen de guerras de contabilidad de infectados y reclamen al gobierno de España la Renta Básica de Emergencia para ya, ya y ya?

¿Acaso creemos las y los andaluces que desde fuera nos van a sacar las castañas del fuego por nuestra cara bonita sin que apretemos? Para que el progreso avance en España y para que Andalucía resista los largos meses, seguro más de un año, que nos esperan, dado que las cifras de paro y destrucción empresarial van a ser aquí terroríficas por nuestros monocultivos económicos y laborales, es preciso que Andalucía lance un clamor al gobierno central exigiendo la Renta Básica de Emergencia para ya, no para mañana, ni para pasado mañana ni para de aquí a tres meses, para ya. Sería además la mejor forma de apoyar al gobierno de España en su intención de que nadie se quede atrás por razón de su situación, entre las que podemos incluir el territorio en el que vive, frente a las presiones que actúan en contra de esta premisa de justicia social.

O se actúa ya, o cuando las empresas en Andalucía puedan volver a contratar van a encontrar disponible un ejército de muertos vivientes. Mientras escribo esto la radiación de neutrones, tan invisibles como el virus, sigue actuando. Nosotros, las y los andaluces, veremos lo que hacemos.

¿Quién defiende a Andalucía ante los efectos del covid-19?

Los segadores andaluces, André Masson 1935

La crisis del covid-19 ha cogido a España con el sistema inmunológico público destrozado. El virus letal ha llegado justo cuando un gobierno sensible a la lucha contra la desigualdad, después de 12 años, desde 2008, de políticas de ajustes, austeridad y recortes para la mayoría ciudadana, iniciaba su andadura con la intención de equilibrar la balanza de la justicia social, muy vencida a favor de las grandes empresas, los fondos extranjeros de inversión y la banca (si es que esta clasificación de poderes del capital no esconde que todo pertenece a unos pocos).

Los datos relativos al deterioro del estado del sistema sanitario son evidentes. Desde 2008 hasta la actualidad ha disminuido la inversión pública por habitante en sanidad en términos netos en un 0,6% del PIB, pasando del 6,6 al 6,2% (datos de la OCDE). Andalucía es la comunidad autónoma con menor inversión sanitaria per cápita, 1.164€, seguida en escasez inversora a muy corta distancia por Cataluña y Madrid. Las tres comunidades más pobladas que representan casi la mitad de la población española son las que menos atención le prestan a la inversión en salud, muy lejos de los 1.731€ de la inversión per cápita de Euskadi (datos del Ministerio de Sanidad). Los números de inversión pública sanitaria (me niego ha llamarlo gasto) explican los déficit en personal, en camas, en UCIs, en respiradores, EPIs y material para afrontar la crisis del covid-19. Pero esos mismos números explicaban antes las listas de espera, la precariedad laboral y la saturación de consultas y hospitales en tiempos de “normalidad”.

Pero no solo el sistema sanitario descentralizado en las comunidades autónomas está en estado inmunodepresivo. El resto de políticas de estado que podrían funcionar como amortiguadores de la crisis económica y social que se derivará de la sanitaria se encuentran igualmente en la UCI y sin defensas. El actual gobierno no ha tenido tiempo, salvo para la subida del SMI, de preparar a España para una etapa con más justa capaz de afrontar en mejores condiciones dificultades sobrevenidas.

La inversión en ciencia, conocimiento e investigación tecnológica, en educación pública, en becas, en los sistemas de ayuda a la dependencia, en los sistemas de protección socioeconómica mediante salarios dignos, derechos laborales, prestaciones por desempleo o subsidios y pensiones, se encuentran limitados y recortados tanto o más que los sistemas de salud. La situación es tal que no sirven ni para cuidados paliativos. El gobierno no tiene más remedio que aplicar, en medio de los contagios y las muertes, medicina intensiva para limitar el destrozo laboral y empresarial causado por el confinamiento y la paralización de buena parte de la actividad económica. Con mayor o menor acierto lo está haciendo cercado por las presiones de quienes se beneficiaron de la crisis de 2008.

Hablo de España. Si hablase de Andalucía no encontraría metáforas de la salud para describir el destrozo en el que nos adentramos. Habría de buscar las metáforas en las películas de terror. El anuncio de que se aproxima la noche de los muertos vivientes lo han dado las cifras de aumento de paro en marzo como consecuencia de las medidas para afrontar la crisis sanitaria. De los 302.265 nuevas personas desempleadas en marzo casi la mitad son andaluzas, 138.569. Un 46% del nuevo desempleo español es andaluz.

Las causas son estructurales. Andalucía tiene un sistema productivo muy desindustrializado, acoplado, aparte de a la olvidada agricultura, sobre los servicios, el comercio, la hostelería, el turismo y la construcción. El turismo tira directa e indirectamente de estos últimos sectores. Si hoy día se caen el turismo y la hostelería, como así va a ser, se cae Andalucía. En la de crisis de 2008 se cayó la construcción, también el daño en Andalucía fue el doble que en la media del resto del estado.

Estos son los hechos, y no por ignorarlos, como hace el actual gobierno andaluz, dejan de ser verdad. A estos hechos quiere enfrentarse el gobierno andaluz aprobando un decreto ley el 16 de marzo, ya en estado de alarma, que modifica o deroga veintiún leyes y seis decretos para “simplificar trámites”. Una manera eufemística de llamar a la ley de la selva eliminando las barreras administrativas de protección contra el urbanismo salvaje, la destrucción medioambiental o el patrimonio cultural andaluz, entre otras muchas liberalizaciones para facilitar el libre albedrío de inversores extractivos que solo dejan precariedad y desolación. El decreto ley fue convalidado sin trámite parlamentario con el apoyo de Vox en la diputación permanente del parlamento andaluz del 2 de abril, en pleno estado de Alarma y en los días más críticos de la pandemia, hurtando un debate democrático y con ciertas libertades civiles coartadas de facto para manifestar la protesta. Con esta enorme modificación legislativa el gobierno andaluz intentar volver a los tiempos de Jauja, cuando los excedentes de capital extranjero actuaron como veneno bulímico para engordar la construcción, hipertrofiar nuestra economía con el turismo, dañar los centros históricos con la gentrificación y despreciar nuestro patrimonio cultural y natural. Moreno y Bonilla pretenden despertar a Drácula para que nos siga chupando la sangre, esa es su única determinación política respecto de Andalucía.

Estos son los hechos. Tenemos un gobierno del estado luchando contra la pandemia, peleando en Europa una salida cooperativa que no limite la inversión pública ni lastre el futuro del país, actuando con medidas de choque contra los daños sociales y empresariales, y sometido a presiones para que estas medidas se desplacen más hacia el apoyo a los capitales que hacia el apoyo a las personas. ¿Y en Andalucía qué tenemos? Un gobierno pensando en retorno al pasado y una oposición incapaz de articular una propuesta de salida colectiva cooperativa que apoye al gobierno gobierno del estado en su imponente tarea y prepare las condiciones para que el terror no se consolide en Andalucía.

Con poco acierto en su denominación, dado que aquellos pactos supusieron la desactivación de la capacidad reivindicativa que tenían las y los trabajadores a la muerte del dictador y la vía de incrustación de los agentes económicos y de poder del régimen franquista dentro de la nueva institucionalidad democrática, del gobierno de Pedro Sánchez ha partido una propuesta de Nuevos Pactos de la Moncloa. Una oferta de diálogo y acuerdo a todo el país, incluidas a las comunidades autónomas representadas en sus gobiernos. Más allá de cómo se le llama y cómo fragüe el contenido de la idea, ¿no sería el momento de abordar un pacto por Andalucía que nos diera voz como sociedad en ese dialogo que tiene calado europeo? ¿Quién defenderá tras la pandemia los intereses de las y los andaluces? No parece que vaya a hacerlo la tríada PP, Ciudadanos, Vox con sus débitos a las altas jerarquías con residencia en Madrid o Barcelona. ¿Lo hará un PSOE andaluz en la oposición, que no ha superado su antisanchismo, y no ha acabado de interiorizar que España tiene un gobierno de coalición que intenta superar las limitaciones bipartidistas de decenios anteriores? ¿Una coalición Adelante Andalucía que no ha hecho ni una sola propuesta de estado en mitad de la pandemia para afrontar el claro desequilibrio andaluz?

Parece imprescindible que Andalucía se sitúe cuanto antes en los debates de estado y de Europa con voluntad de diálogo y acuerdo. No solo se la juega la ciudadanía andaluza. Se la juegan las PYMES y el tejido de trabajadoras y trabajadores autónomos tanto como el mundo del trabajo. No de manera partidista ni partidaria, sino con un acuerdo propio de país andaluz a la vista de nuestros diferenciales estructurales de partida.

El primer acuerdo de representantes de la sociedad civil andaluza, el sindicalismo, el empresariado y los partidos del arco parlamentario que quisiesen apoyarlo parece que debería empujar al gobierno andaluz para que exija de manera urgente al gobierno de España la aprobación de un ingreso mínimo vital, transitorio o permanente, para evitar que la economía andaluza acabe siendo a la salida de la pandemia un cementerio de empresas lleno de muertos vivientes. Si el gobierno del PP y Ciudadanos con apoyo de Vox se resiste a defender medida imprescindible en Andalucía para combatir la crisis y prepararnos para su salida, el resto de fuerzas políticas en alianza con los sectores empresariales, sindicales y de la sociedad civil deberían impulsar la demanda sin más dilación, si es urgente en España, en Andalucía es realmente vital.

Los Pactos de la Moncloa se firmaron el 25 de octubre de 1977, partidos políticos, sindicatos y partidos nacionalistas vasos y catalanes jugaron en ellos un papel crucial. Esos pactos pactos fueron un hecho político de primera magnitud para definir las condiciones en las que se iba a producir la transición política desde la dictadura franquista hacia la democracia. Ya he dicho sin ambigüedad que con esos pactos la clase trabajadora cedió demasiado y la dictadura se incrustó en la democracia.

La manera que tuvo Andalucía de reescribir en beneficio propio esos pactos siendo la región mas dañada por el franquismo (como dice un buen amigo metafóricamente: “la SEAT no la pusieron en Andalucía y eso nos hizo emigrantes”), dado que había sido ignorada en los mismos a pesar de que las diferencias estructurales en nuestro perjuicio respecto del resto del estado eran entonces abisales, fue mediante la movilización social y las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Esas manifestaciones lograron alterar la constitución territorial y sentaron las bases para que Andalucía no quedara relegada a mera espectadora en el reparto de poderes del estado.

No sabemos si la derecha española y sectores del gran empresariado español acabarán entrando a un pacto de estado, de momento pinta que no. Los acuerdos de estado que pudieran salir adelante estarán enmarcados en las decisiones que Europa tome respecto de su futuro. Eso será determinante no solo para el gobierno que los impulsa sino sobre todo para quienes ahora se resisten a hablar con voluntad de acuerdo. Si el camino de Europa es la profundización democrática y protección de las personas, el cambio del modelo productivo hacia parámetros ecológicos y feministas, la reindustrialización y territorialización de nuestras economías para hacerlas menos dependientes de avatares externos, la descarbonización mediante las energías renovables laminando la dependencia del petróleo, el gas y el carbón, y la agroecología como motor esencial para redistribuir población y poder, entonces es indudable que Andalucía tendría mucho que ganar. Para ello ha de tener voz propia (no hablo de partido), ha de tener un proyecto de país compartido en el que caben por supuesto los sectores empresariales propios que llevan años sufriendo la conversión en peones de fondos externos.

Escribo esto para preguntar, aquí, en Andalucía, mi tierra, ¿quién anda ahí? ¿Quién defiende Andalucía? ¿Quién o quienes van a promover desde ya un acuerdo político de amplio espectro que apriete al gobierno de España para que apruebe con carácter de urgente un ingreso mínimo vital (llámenlo como quieran) como sonda de alimentación mientras nos preparamos para un cambio revolucionario que rompa los límites estructurales que nos condenan a la desigualdad? ¿Quién anda ahí?

Un pacto por la democracia social y ecológica en Europa, clave para unos nuevos Pactos de la Moncloa

El gobierno de España propone un pacto de estado post crisis sanitaria que emule los Pactos de la Moncloa de 1977, para afrontar la descomunal magnitud de la crisis social y económica que legarán las imprescindibles medidas adoptadas para limitar el impacto sobre la salud de las personas que dejará la covid-19.

Los partidos políticos del ámbito progresista, nacionalista y democrático responden a la propuesta con cautela sin negar ni afirmar su necesidad. Ciudadanos, dada su debilidad, está a verlas venir y plantea desplazar los pactos desde la residencia de la presidencia del gobierno en la Moncloa hasta la sede de la soberanía nacional en la Carrera de San Jerónimo, no es asunto menor, pero no dice de entrada que no. La derecha que representa el PP, condicionada por su herencia ultra reaccionaria reciente en materia social, económica y territorial, dada la amenaza neofascista de Vox de seguir restándole electorado, antepone condiciones que se aventuran imposibles: recentralización del estado y ruptura reaccionaria con el proyecto socialprogresista y feminista del gobierno de coalición; retorno a un pasado que representa mucho mejor Vox si no le añadiésemos su visible matonismo.

La crisis económica en la que España estaba sumida en 1977 como nos recuerda Carlos Enrique Bayo en su artículo de Público “Las siete preguntas clave sobre el papel de los Pactos de la Moncloa en la Transición”, respondía a variables propias enmarcadas en una crisis mundial, que hoy llamaríamos también crisis ecológica, por la subida del precio del petróleo en un solo año desde 1,63 a 14 dólares/barril.

Desde 1977 hasta ahora el mundo ha cambiado muchísimo. El capitalismo en su fase financiera neoliberal con su inherente necesidad de crecimiento permanente ha huido de los territorios (globalización) bien ignorándolos, bien destruyéndolos, bien apoderándose de los gobiernos por la vía de la deuda o directamente de la guerra. El sistema económico productivo global ha avanzado contaminando, calentando, envenenando, destruyendo y rompiendo todos los ecosistemas cualquiera que sea su escala territorial. La desigualdad entre personas y género ha crecido de manera imparable como externalidades negativas sociales para sostener las dinámicas del capital. Todo esto ha ocurrido al tiempo que se desmoronaba el soporte de los estados del bienestar que limitaba el daño social al que se aplicaban principalmente en Europa los partidos socialdemócratas.

La crisis de 2008 es la primera detonación nuclear del sistema. El capitalismo pierde pie tras su huida hacia adelante por la vía de la financiarización y la desconexión de la economía productiva. Las bancas europeas entran en quiebra porque la productividad de la economía real es incapaz de pagar la deuda. En España, la economía sostenida en los años de Jauja, por la construcción de mas vivienda que en Italia, Francia y Alemania juntas, se derrumba y arrastra bancos y cajas de ahorros (por cierto en manos la mayoría de ellas de políticos sin escrúpulos).

Conocemos la historia. Las decisiones políticas de la Unión Europea ahondaron el daño social en todos los países, pero sobre todo en los países del sur al imponer a los estados condiciones de endeudamiento ultra reaccionarias para, tiene guasa el asunto, rescatar a la banca. ZP, o sea el PSOE, como última acción de gobierno después de liquidar el superávit público en un plan de obras para tapar baches (el Plan E) pacta con Rajoy por imposición del capital alemán la reforma del artículo 135 de la CE con el fin de dejar atado en la CE la obligación de anteponer el salvamento a la banca al salvamento de las personas. Ese acto que hoy podríamos calificar de antipatriótico desde posiciones progresistas pone una autopista constitucional a toda la política antisocial (y asesina en término de justicia social) que Rajoy con su PP de la Gürtel ejecuta en España. En Europa podía haber estado la solución y en Europa encontramos entonces la condena.

He resumido mucho para concluir el recorrido histórico hasta decir que si la ecología política venía explicando que la crisis del sistémica del capitalismo era una crisis metabólica debido al choque del sistema productivo económico con los límites materiales de nuestra existencia, escasez y agotamiento de materias primas, calentamiento global, alteración de las condiciones químico-físicas de la biosfera y pérdida de biodiversidad, la pandemia de la covid-19 es la constatación de que si no abordamos la salida desde posiciones ecologistas que integren la salud y el futuro decente y digno de los cuerpos, las vidas y los territorios, ahora que todavía estamos a tiempo, cualquier otro acontecimiento emergente podría suponer tal devastación económica y social que podría conducir a la certificación de muerte de las democracias.

Los artículo que el economista Juan Torres está escribiendo estos días de confinamiento en Público alertan y proponen medidas imprescindibles de combate para afrontar de inmediato la gravísima crisis social y económica en la que nos adentramos. La salud es lo primero, porque sin salud no hay economía y sin economía no hay vida (salud, dinero y amor decía aquella canción). Tres asuntos centrales destaco de esos artículos. El primero es que hay que hacer ya lo que haga falta para salvar las economías de las personas, las familias, los autónomos y de empresas (en ello está el gobierno navegando en difíciles equilibrios intentando que nadie quede atrás). El segundo es la apelación a la necesidad de que esta vez la política Europea actúe coordinada y solidariamente sin condicionar las políticas sociales y económicas de ninguno de los países, si hemos entregado nuestra soberanía monetaria y parte importante de la política económica a la UE, no es para ponerla al servicio exclusivo de países ricos como Holanda (un paraíso fiscal de facto) o Alemania (un extractor de capital del resto de la UE). Para ello es imprescindible aplicar políticas de deuda mancomunada (los coronabonos), de inversión social directa a las personas que han quedado desempleadas, y de apoyo directo a las empresas que van a entrar en crisis. Y tercero, y lo más importante, es imprescindible abrir una vía en el Tratado de Lisboa para que el BCE pueda prestar dinero directamente a los estados sin la necesidad de pasar por la intermediación de la Banca privada. Europa se la juega, consiguientemente se la juegan las democracias europeas como bien advertía el presidente, Pedro Sánchez, en el artículo de este domingo 5 de abril publicado en El País y que reproducían las principales cabeceras europeas.

Lo que no debemos olvidar como lección de esta crisis sanitaria es lo que recuerda Francisco Garrido en La Voz del Sur este pasado 6 de abril con el provocador título “El medio ambiente no existe, imbécil, el medio es el todo”. Consiguientemente, ni para mañana ni para pasado mañana, para más allá, unos nuevos Pactos de la Moncloa han de adaptarse a la necesidad de afrontar las causas raíz de las últimas crisis, causas ecológicas agravadas en sus consecuencias sociales y económicas por las políticas neoliberales. Los pueblos de Europa deben asumir colectivamente este reto en el marco de unos nuevos geoequilibrios de poder mundial que, sin duda, dejará visibles esta crisis, ya lo estamos viendo al observar los diferentes papeles de EE.UU y de China ante la crisis pandémica.

El pragmatismo político y la magnitud del problema ha llevado al gobierno de España a defender en Europa una salida justa, social y colectiva, y en España a proponer unos nuevos Pactos de la Moncloa. El presidente Pedro Sánchez ata esa salida a las políticas europeas contra el cambio climático, el vicepresidente Pablo Iglesias al reforzamiento de los artículos sociales de la Constitución Española. No parecen malos ingredientes para unos acuerdos de estado. Los partidos nacionalistas intentarán llevar al acuerdo sus respectivas territorialidades y demandas de soberanía, no estaría mal que se aprovechasen para, definitivamente, dar un horizonte de salida a la cuestión territorial. Y no solo para Cataluña, otras nacionalidades, naciones y regiones, tendrán mucho que decir, Andalucía sobre todo, a la vista de nuestra posición de debilidad extrema con el actual modelo productivo que nos condena a ser los camareros y agricultores precarios del mundo.

Si algo ha dejado claro la covid-19 es que necesitamos un fuerte Estado social con límites democráticos para evitar la ley del más fuerte, que necesitamos que la fortaleza de lo público sea considerada una inversión vital estratégica, sanidad, educación, dependencia, protección de mayores, jóvenes y desempleados, una inversión patriótica de verdad y no la de la banderita o banderaza. Que territorializar nuestra economía, industrializarla y limitar su dependencia del exterior, es imprescindible. Que necesitamos diversificar las fuentes de productividad, no podemos seguir dependiendo del turismo de manera tan determinante (si la crisis en España va a ser trágica, en Andalucía va a ser terrorífica), que necesitamos equidad y justicia en inversiones territoriales (cooperación, fraternidad y federalismo). Que necesitamos generar una economía de ecosistemas municipales, comarcales, autonómicos y estatales capaces de autosostenerse, resiliencia y reproducibilidad, en tiempos de dificultad. Que necesitamos poner en el centro la vida y la economía de los cuidados, feminismo. Que necesitamos las energías renovables para tener seguridad y soberanía energética, que necesitamos la agraoecología para tener alimentos saludables procedentes de un medio ambiente próximo y limpio, que necesitamos aproximar los lugares de consumo para alejar la desigualdad, que necesitamos movernos menos y con mas seguridad. Que necesitamos las redes digitales sin brecha por razones económicas como forma de acceso a los servicios públicos, el conocimiento y la cultura. Que necesitamos la ciencia y la investigación cooperativa.

En definitiva, necesitamos proteger lo común.

Sin un acuerdo en Europa por una democracia social y ecológica será mucho mas difícil avanzar en unos nuevos Pactos de la Moncloa que superen, de lejos, las limitaciones que nos dejaron los de 1977.

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Referencias

- “Las siete preguntas clave sobre el papel de los Pactos de la Moncloa en la Transición” en https://www.publico.es/politica/pactos-moncloa-siete-preguntas-clave-papel-pactos-moncloa-transicion.html
“Europa se la juega” en https://elpais.com/elpais/2020/04/04/opinion/1586022750_086446.html



- “El medio ambiente no existe, imbécil, el medio es el todo” https://www.lavozdelsur.es/el-medio-ambiente-no-existe-imbecil-el-medio-es-el-todo/

Covid-19, pensar la esperanza. Ecología, feminismo y federalismo

Hay colesterol bueno (HDL) y colesterol malo (LDL) como hay ozono bueno (estratosférico) y malo (troposférico). Hay virus buenos, y virus malos, el Covid-19 es malo. Calificamos de bueno o de malo algo según haga daño o cuide a la humanidad.

Hay populismos buenos y populismos malos. Lo estamos viendo ahora más que nunca. Hay nacionalismos buenos y nacionalismos malos, lo hemos sabido siempre. Tanto el populismo como el nacionalismo no son en sí ideologías, son herramientas tácticas o estratégicas para las ideologías. En uno de mis últimos artículos en este medio, Virus e ideología, una cuestión de vida o muerte, he descrito que hay ideologías de la muerte e ideologías de la vida, ideologías malas e ideologías buenas. Consiguientemente tanto el populismo como el nacionalismo o el populismo nacionalista, pueden ayudar a las ideologías de la vida o a las ideologías de la muerte.

Diríamos que el nacionalismo es una suerte de populismo que llama a la gente a aglutinarse en masa bajo categorías trasversales. Cuando esas categorías son la etnia, o la genética, la condición territorial de nacimiento, real o imaginaria, histórica o mítica, el nacionalismo populista es antihumanitario, es entonces un nosotros contra un ellos, su deriva hacia el mal es xenófoba, homófona y machista; son los nacionalismos de derechas, de ultraderecha o directamente fascistas, nazis, franquistas (en versión española) o neofascistas (con carácter universal).

Lo estamos viendo a las claras estos días con las actitudes de Vox y la jauría que han construido sus bots digitales en las redes sociales, telefónicas y de medios de comunicación que en realidad son asesinos a sueldo del periodismo por la propagación de mentiras y bulos sin base de verdad alguna. En su tarea de oposición al gobierno, su nacionalismo español lo construyen contra las mujeres culpabilizando al 8M del covid19, cuando esos mismos días millones de personas se relacionaban de cerca en el transporte, en centros comerciales, en actos deportivos de masas, en eventos culturales o en su propio mitin procedentes de Milán, el epicentro de la pandemia en Europa. O lo definen contra la inmigración pidiendo que paguen por ser cuidados en el sistema sanitario público, poniendo en riesgo la vida de la persona inmigrante y de toda la población, quienes en su inmensa mayoría están trabajando en servicios esenciales, cultivando la tierra, atendiendo a la dependencia domiciliaria, cargando y descargando, reponiendo, llevando y trayendo. Es populismo nacionalista del muy malo, cancerígeno y carcinógeno. Un nacionalismo populista que, permanecía en reservorios familiares o partidistas, como el propio Partido Popular, donde, en tiempos de Jauja y luego de Gürtel no presentaba sintomatología.

Cuando la categoría central del populismo o del nacionalismo populista (pueden leer también patriótico si lo desean) es la de ciudadanía como concepto ligado a una comunidad de derechos, entonces podemos hablar de universalidad, soberanía, igualdad, fraternidad, solidaridad, justicia, equidad y libertad sin que queden segadas por cuestiones individualmente inelegibles como la condición genética, sexual, de género, cultural, lingüística, económica o geográfica, ya electiva o de nacimiento.

El Covid-19 es un alien invisible. Se propaga con facilidad en los contactos personales, lo que acoplado a una forma globalizada de economía mundo (Inmanuel Wallerstein) que no sabe vivir sin movimientos de personas y mercancías a largas distancias y a la velocidad de los aviones, ha generado una bomba vírica mundial de consecuencias fatales aún desconocidas en su totalidad. En la naturaleza no hay fronteras, es verdad, pero hay límites y ecosistemas, hay complejidad organizada que protege la vida en el planeta, la humana también. Esta pandemia, esta crisis global sanitaria, que como explican científicos prestigiosos es también manifestación emergente de la gran crisis ecológica del planeta, derivará, ya lo ha hecho, en crisis global socioeconómica.

Cuando la enfermedad resulte controlada o erradicada, lo que será posible en un tiempo relativamente breve con el grado de conocimiento científico de la humanidad y las dinámicas organizadas de los estados, el debate entre las ideologías de la muerte y las ideologías de la vida cobrará aún más virulencia que en este momento de confinamiento. Tanto el populismo como el nacionalismo, tanto el nacionalismo populista o el populismo nacionalista podrán ser utilizados para la cooperación y la vida o para el egoísmo y la muerte.

Tal vez convenga, para afrontar esta disyuntiva feroz, reconocer cuanto antes que, como también están diciendo filósofos y filósofas, intelectuales y gente sabia, después de esta pandemia todo estará en cuestión. ¿No es eso el síntoma de una crisis cultural de consecuencias universales? ¿No va a cambiar esta crisis la gramática con la que interpretamos el mundo? ¿Lo cambiará para lo bueno o lo hará para que triunfe lo peor? ¿Se cerrarán los pueblos y las naciones sobre sí mismos, confundiendo límites ecológicos con fronteras, primando un nosotros contra un ellos? O, por el contrario, ¿Buscaremos una gobernanza democrática global apalancada sobre las democracias locales?

Una de las revelaciones más poderosas de este crisis global es que se está poniendo en juego la relación entre los conceptos de soberanía y cooperación. El neoliberalismo destruye los poderes soberanos locales concentrando el poder, centralizándolo y extirpando la democracia. Al igual que la economía mundo es el resultado de un proceso de acumulación vertical y horizontal de poder para controlar los recursos, producir mercancías, especular y acumular capital ignorando la función protectora de lo común de los estados, el neoliberalismo es un proceso político cuyo objetivo es la toma de los estados para aniquilar su función orgánica del protección del bien común, o el interés general. Esto explica la virulenta reacción de Casado y Abascal en España, arropados por las cabeceras facciosas, al tuit de Pablo Iglesias que simplemente reproducía el artículo 128 de nuestra constitución.

Más que sobre el concepto nación, los conceptos sobre los que van a pivotar los debates políticos en los que nos estamos adentrando para definir una nueva naturaleza de los estados capaz de confrontar con la naturaleza endogámica y autoritaria que impulsan las ideologías de la muerte, son los de soberanía y cooperación, lo que inevitablemente nos llevará a la relación entre federalismo y fraternidad. Una traducción política biomimética del concepto de ecosistema, como conjunto de relaciones que sostienen los equilibrios para la vida en relación con otros ecosistemas que forman parte de su entorno.

De repente la pandemia revela que no producimos respiradores, mascarillas, trajes de protección, test y otro material sanitario imprescindible. De repente nos damos cuenta a lo bestia que sin estado, sin sanidad pública estamos expuestos abiertamente a la muerte. De repente descubrimos que somos un país desindustrializado que depende del exterior y de la jauría en el comercio internacional. Otra vez nos damos cuenta que hemos entregado la soberanía monetaria a cambio de poner copas y sol a Europa y al mundo (casi la mitad del paro español generado en el mes de marzo consecuencia de las medias antipandemia es andaluz). Consiguientemente tenemos que pelear en Europa un cambio de normas para que el BCE y los estados miembros de la UE antepongan el “interés general” al interés del capital.

Se abre una oportunidad. Estos días nos han faltado mascarillas, respiradores y EPIs, test. ¿Podemos descartar una crisis energética que limite nuestro acceso al petróleo y el gas? ¿Podemos descartar una crisis alimentaria que limite el acceso mayoritario a la comida? ¿Podemos descartar una catástrofe ambiental, o de otro tipo, aquí o en otra parte del planeta, que ponga en riesgo todo nuestro sistema social y productivo? No. Por ello, necesitamos construir un nuevo horizonte de futuro orientado por las ideologías de la vida y la democracia, reforzar nuestras soberanías desde lo local a lo global para trabarlas con normas políticas de fraternidad universal.

La naturaleza, también la humana, no tiene fronteras, el Covid-19 nos lo demuestra. La naturaleza tiene límites, los límites que el capitalismo se viene venimos saltando vertiginosamente de un tiempo a esta parte poniendo en riesgo nuestra vida como individuos y como especie. Las ideologías de la vida están atravesadas por los cuidados, la fraternidad y la protección cauta del medio ambiente. El despreciado principio de precaución. Feminismo, federalismo y ecología son los artilugios para pensar el futuro contra la barbarie.

El mundo digital en estado de alarma por el virus neofascista

No sé si está ocurriendo en el resto de países europeos que se enfrenta a la misma crisis sanitaria que España. Ni siquiera sé si el neofascismo italiano representado en la exitosa Liga de Salvini se está comportando como el neofascismo español. Resulta espeluznante que mientras la buena gente, la que empatiza contra la enfermedad confinada o convaleciente en hospitales, da muestras soberbias de civismo, cooperación, solidaridad y fraternidad, grupos de fanáticos, organizados o no, en torno a los partidos de la derecha y ultraderecha, substancialmente PP y Vox, alentados por algunos de sus líderes y por algunos de sus gobernantes, hayan decidido inundar las redes sociales y los WhatsApp de mentiras sin argumentos para hacer política neofascista contra un Gobierno que se ha encontrado con el mayor problema de la sociedad española desde el golpe de Estado de 23 de febrero de 1980.

El fascismo español, de naturaleza franquista, el de viva la muerte muera la inteligencia, gusta de mensajes simples para conseguir sus perverso objetivo. Objetivo que no es otro que la propiedad completa de España, sus recursos y su productividad, en manos de una oligarquía que, en el siglo XXI, aspira a ser sierva (ya los es) de fondos de capital que no entienden de personas, territorios ni patrias. Para el neofascismo español la patria es aquello que puede entregar a fondos de inversión extranjeros a cambio de que sus representantes por unas migajas sean considerados parte de esa clase privilegiada. Como la familia Aznar antes, los nuevos neofascistas aspiran a ser considerados lugartenientes de la mafia capitalista mundial.

Los hashtag, fake news, bulos, mentiras y falseamiento de la verdad que estamos viendo estos días contra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y todo el Gobierno de coalición son la prolongación en la superficie del hedor de las cloacas. Han abierto las compuertas de las alcantarillas para volcar inmundicias en el mundo digital ahora que estamos confinados defendiendo el primero de los bienes comunes, la salud y la vida, para forzar que nuestra imagen de la realidad esté distorsionada.

A esta operación sin precedentes se han sumado tertulianos y próceres del periodismo de medios tan relevantes como los pertenecientes al grupo Prisa. Estos medios han decidido utilizar el dolor de esta crisis, el actual y el que sin duda vendrá, para volver a intentar su contemporáneo anhelo de poder, que el PSOE acabe formando un gobierno de concentración con el PP. Es puro interés, como años atrás, de los verdaderos propietarios de las grandes cadenas de televisión y de los periódicos con ediciones de papel, para que esta colosal crisis socioeconómica que enfrentaremos acabe sirviendo para mantener y hacer crecer la desigualdad, capturando en sus bolsillos el gran potencial de cambio de los 200.000 millones anunciado por el Gobierno como fuerza de choque monetaria para salvar a la gente y la economía sin que nadie se quede atrás como ocurrió a partir de 2008.

Por eso no debemos olvidar que el PP es un partido que se ha financiado ilegalmente y que ha tenido en su interior tramas demostradas y juzgadas que han obtenido ingentes comisiones por construir escuelas y hospitales, por privatizar y deteriorar con recortes servicios públicos, con el sistema sanitario a la cabeza como estamos viendo estos trágicos días.

El PP y sobre todo Vox están calentando el ambiente mediante la propaganda en las redes sociales para que el virus del neofascismo encuentre hábitat social propicio. El objetivo no es otro que el de que una vez que superemos colectivamente esta pandemia España enferme socialmente (como una vez ocurrió en Alemania) y nos convirtamos en zombies de intereses ajenos a las personas, a nuestras pymes, a nuestras y nuestros autónomos, a nuestros agricultores, a nuestros trabajadores y trabajadores públicos, del sistema sanitario, la educación, los servicios sociales, las emergencias y los cuerpos y fuerzas de seguridad, en definitiva ajenos a los intereses del verdadero país que somos.

Al neofascismo español en su guerra contra el Gobierno de coalición, mientras éste junto con la población la libra contra el Covid-19, no le importa la gente, le importa el día después porque como el vampiro huele la sangre, ha olfateado los 200.000 millones de euros y los quieren llevar a los exclusivos bolsillos de sus amiguetes. Por eso han puesto las redes digitales en estado de alarma.

Virus e ideología, una cuestión de vida o muerte

La vida no tiene ideología, los virus tampoco. La palabra virus viene del latín, significó originalmente veneno. No todos los virus son veneno. Los virus son vida porque son capaces de reproducirse para que siga viviendo la concreta especie vírica. Los virus son partícipes de la evolución de la vida en la tierra, son a veces intercambiadores transversales, interespecies, de material genético. La lucha de la vida por la vida también necesita de los virus para mantener activo, en forma, el sistema inmunológico animal.

Los virus no tienen moral, la vida tampoco. Los virus están para lo bueno y para lo malo. La naturaleza es un conjunto de relaciones que nada tienen que ver con la moral. La moral es, entre los miles de millones de formas de vida, una cuestión humana. La moral es el conjunto de juicios de valor, qué es bueno y qué es malo, que no necesitan argumentación. Cada moral es producto de una ideología. La ideología necesita hechos para interpretar los hechos y comprender el mundo. Si no los tiene los inventa, son las religiones. La ideología requiere argumentos. Toda ideología es un relato del pasado (verdad o mentira) y una propuesta de futuro. El relato del pasado de la vida está grabado en el ADN, la grabación es una propuesta de futuro. La vida no tiene ideología, las sociedades humanas son ideológicas.

La vida no tiene ideología pero hay ideologías de la vida como hay ideologías de la muerte.Los virus que atacan, atacan por igual a los negros que a los blancos, a las mujeres que a los hombres, a los ricos que a los pobres, a quienes limpian oficinas y a quienes dan las órdenes del precio del dinero, a quien atiende en el súper con contrato precario que a quien nunca supo lo que significa la precariedad. La bioquímica de los virus no tiene ni moral ni ideología, no distingue la desigualdad ni las diferencias que nos definen a diario, nuestra condición individual dentro del sistema de relaciones económicas y sociales en el que nos movemos. La vida no tiene ideología pero hay ideologías que son vida e ideologías que son muerte.

La vida no tiene ideología pero la acción política es hija de la ideología. Hay políticas que protegen la vida y políticas que promocionan la muerte. Defender el estado democrático es defender la vida, pedir que quede raquítico como institución exclusivamente coercitiva es promocionar la muerte. Defender la inversión en ciencia básica y aplicada, el carácter público y de propiedad común de patentes sanitarias, es defender la vida, recortar en ciencia y conocimiento (cultura), despreciarla, como ha hecho Pablo Casado, permitir que nuestros cerebros emigren y mantener condiciones laborales y de investigación indignas a las y los investigadores es fomentar la muerte. Destruir la sanidad pública, como la educación pública, mediante recortes y privatizaciones es alimentar la ideología de la muerte, reforzar la salud, la educación y los cuidados públicos, junto con la educación en valores comunes, es defender la vida. Pedir el pin parental es ponerse de parte de la muerte, educar en la cooperación, el reconocimiento mutuo, la tolerancia, la libertad sexual de la mujeres, contra la homofobia y la xenofobia es amar a vida contra la muerte.

De repente, el Covid-19. De repente, la revelación: nuestra vida depende de la vida de los demás. De repente una emergencia en la que el estado de alarma nos pide que seamos más estado y menos yo, más cooperantes y menos competidores, más solidarios y solidarias y menos egoístas, más sociedad y menos individualidad. De repente, en nuestra soledad, nuestro aislamiento, nos damos cuenta que nos necesitamos, que necesitamos tanto a la cajera del supermercado como a la médico. Que la lucha por la vida es la lucha por el reconocimiento mutuo y la igualdad.

Prefiero este gobierno de coalición con sus debates, sus aciertos, errores y diferencias, que gobiernos como el de Donald Trump o Boris Johnson o Bolsonaro dispuestos a dejar enfermar y morir a la población en virtud de la ideología fascioneoliberal de la muerte. Por supuesto mucho mejor que un gobierno de los herederos de aquel de los hilillos del Prestige, al que remolcaron aguas adentro de alta mar para que se hundiera en aguas internacionales creyendo que así acabarían con el problema de la inminente marea negra de chapapote. Un gobierno que habría estado apoyado por quienes solo quieren el poder del estado para liquidar la salud, la educación pública y toda institución que vele por el bien común.

La vida no tiene ideología, la política sí. De nosotros depende que sea una cuestión de vida y no una cuestión de muerte.

Trazos de memoria personal de la Ley de bioclimatización de los coles andaluces

Siento una gran alegría porque la Ley de bioclimatización para los colegios andaluces va a salir adelante por unanimidad. La presentó Podemos Andalucía en la pasada legislatura, llevaron el asunto con decisión la entonces parlamentaria Libertad Benítez Gálvez y su compañero jurista Francisco Javier Fernández y la ha empujado en esta legislatura Adelante Andalucía por medio del tesón del parlamentario Jose Ignacio García Sánchez. Pero nada hubiese sido posible sin la carta a la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de los niños y niñas del CEIP Pablo VI de Sevilla y sin la convicción, reivindicación y apoyo de las Ampas, el colectivo Escuelas de Calor, y la participación de multitud de colectivos, colegios profesionales y organizaciones sindicales.

En los primeros días de junio de 2017, con un calor sofocante, se hizo viral la carta de los niños y las niñas de la clase de sexto C del CEIP Pablo VI de Sevilla en la que con una simpatía y elegancia extrema se quejaban del calor en el cole y reivindicaban soluciones. Es la carta de la imagen.

Al leerla decidí escribir un breve para intentar poner en el centro del problema su raíz, el calentamiento global debido al cambio climático, sus afecciones socialmente inesperadas y un enfoque de medidas paliativas que a su vez supongan luchar contra el mismo y no incrementar nuestra factura energética. En el artículo que más abajo se reproduce pedía una ley, dotada presupuestariamente, de acondicionamiento bioclimático y renovable en los centros educativos públicos andaluces. Del artículo tuvo conocimiento el grupo parlamentario de Podemos Andalucía en la pasada legislatura, me pidieron que hiciera un borrador de la ley.

Estos días se cumplen dos años y nueve meses de la carta viral. A partir del primer borrador, se desató un proceso democrático de participación y empuje (AMPAs, Escuelas de Calor, sindicatos, colegios profesionales…) que terminó por mejorar la ley hasta el punto de que el informe favorable de los letrados del parlamento andaluz la calificó de “muy novedosa”.

La Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros escolares mediante técnicas bioclimáticas y el uso de energías renovables, ha sido respaldada finalmente, además de por el grupo parlamentario impulsor por el resto de grupos parlamentarios, todos. Un hito particularmente relevante en esta legislatura.

El calor extremo en las aulas de Sevilla detonó el asunto pero el bioclimatismo y las energías renovables pueden acometer cualquier problema de confort térmico (calor, refrescamiento, humedad, ventilación…) protegiendo la salud humana y la del planeta al mismo tiempo.

Enlace al artículo publicado en Paralelo 36 Andalucía el 5 de junio de 2017

Si te preguntan, responde

Nunca había tenido el Gobierno de España una ministra feminista que sufriera los ataques machistas de sus adversarios políticos con tanta virulencia como los que está sufriendo Irene Montero. No es preciso que recuerde ninguno porque se mueven con soltura por redes sociales y por grupos de guasap de todo tipo. Ataques que llegan rotundos de los partidos de derechas, de sus portavoces o voces femeninas más destacadas, pero también de sectores del socialismo o de medios de comunicación de apariencia progresista que siempre cerraron filas entorno a Leire Pajín o Bibiana Aidó, por ejemplo.

Irene Montero, Leire Pajín y Bibiana Aidó coinciden en su llegada a los ministerios en su juventud. Esa juventud que desde una perspectiva machista es una zona de combate contra el feminismo más favorable, al tiempo que es el lugar en el que hay que frenar el avance feminista que dibuja el futuro. Son mujeres símbolo y por eso hay que destruir su reputación política cuanto antes, despreciar e ignorar su formación, situarlas en el lugar de lo sexuado, acusarlas de falta de experiencia o, lo de siempre y peor, acusarlas de que están ahí por ser quienes son respecto de sus parejas.

Lo que ha ocurrido esta semana con la ministra Irene Montero, una mujer altamente cualificada, una política de garra capaz de hacer sombra, de hecho se la hace, a cualquier hombre, es exactamente eso. La carcundia, la derecha y también cierta parte del antiguo socialismo quieren destruir su valor simbólico porque así quieren frenar el nuevo y determinante avance feminista por la igualdad y por el bien de toda la sociedad, incluidos los hombres, que supone la ley de libertad sexual de las mujeres. Una ley hecha por mujeres con alta formación académica y jurídica que la inmensísima mayoría del movimiento feminista apoya sin fisuras.

Ha sido una lástima que la misma ministra que filtró un documento falso desde su gabinete ministerial, cuando Sánchez albergaba todavía la posibilidad de no formar gobierno con Iglesias, forzar la repetición electoral para debilitar lo suficiente a Ciudadanos, liquidar a Unidas Podemos para gobernar en solitario o con el ya olvidado Albert Rivera, sea la misma que filtró un documento de crítica y corrección del proyecto de ley en cuestión procedente del ministerio de justicia y de su propia vicepresidencia para debilitar la posición de la ministra de igualdad ante el consejo de ministros que debía aprobar la ley antes del 8 de marzo. Es una práctica tipo viejo PSOE, ese que no consiente que ningún avance en derechos se haga sin su protagonismo y sin sus condiciones de freno de mano para no ir rápido.

Esperemos que se corrija este desavío con diálogo entre los socios de gobierno, pero también con la determinación suficiente para seguir aplicando el programa de gobierno pactado. Para otra cosa no debe estar el gobierno de coalición, para otra cosa ya estaban el PSOE en solitario, las derechas o los socios minoritarios a los que el PSOE gustaba de dar codazos a diario y patadas en el culo en sus pactos de comunidades autónomas como la andaluza.

Mi hija tenía nueve añillos y me pidió que los sábados llevase a parte de su equipo deportivo en el coche porque no cabían todas en un solo vehículo. La tarde antes del primer partido se me acercó muy seria y me dijo: “Papá, mañana me vas a llevar a mí y a mis compañeras de equipo al partido, tú no digas nada, nos llevas y ya está”. Dijo esto y se fue tan pancha después de que yo le dijera que yo solo conduciría y estaría callado. Se me quedó la cara pensativa. La niña no quería injerencias y, como ocurre a esa edad hasta que se hacen mayores, no quería ser identificada por lo que es o dejase de ser su padre. Lo más curioso del asunto es que volvió al rato y, también seria me dijo: “Bueno, papá, si te preguntan respondes”.

Pues eso, primero callar mientras se fraguaba la ley, y una vez que sale a la luz, surgen los ataques y todo el mundo pregunta, responder es lo que han hecho las portavocías, las vicepresidencias y multitud de hombres y mujeres concernidos por la importancia de que esta ley salga cuanto antes y se anuncie en un momento tan importante días antes de este ocho de marzo.

Rompamos el silencio. ¡Andalucía como la que más!

Manifiesto promovido por la asociación Andalucía y Democracia

Hace diez años que se manifestó de forma explícita la crisis del capitalismo global. Una crisis fruto de la desconexión entre la economía real, asentada sobre estados, territorios y flujos de materia y energía concretos, y la economía financiera dedicada a la especulación sobre valores futuros imaginarios. Una crisis metabólica del capitalismo que ya no encuentra salida de crecimiento sin chocar contra la finitud de las reservas de materias primas -escasez y agotamiento-, y contra los límites biofísicos de la vida sobre el planeta -calentamiento global y cambio climático-.

El modelo ideológico bajo el que actualmente se mueve el sistema capitalista, el neoliberalismo, prescribe que la única manera de continuar en la dinámica de crecimiento y acumulación de capital en pocas manos es desterritorializar, concentrar y dominar el poder político. Está en el centro de la estrategia neoliberal destruir lo que de democracia y soberanías territoriales hay en el mundo, colonizando por completo los estados y los poderes institucionales, reduciéndolos a meros instrumentos de domino y coerción de las poblaciones que se revelen al reclamar derechos y un medio ambiente saludable. Esto supone un ataque rotundo contra la seguridad vital y la seguridad ambiental de la especie humana y el planeta.

En este contexto hemos de entender el acoso a las democracias en América latina representado por la irrupción de Bolsonaro en Brasil, las movilizaciones en Chile contra políticas neoliberales extremas, lo ocurrido en Bolivia con la destitución mediante golpe de estado de un presidente legítimo; también comprendemos así la irrupción de los populismos reaccionarios proteccionistas, como los que lideran Donald Trump y Boris Johnson, o el éxito relativo de partidos neofascistas europeos sustentado sobre la confrontación entre la identidad del estado-nación y la Unión Europea o la inmigración como amenazas externas.

En España el conflicto democracia/capital destapado con la crisis financiera global derribó en las elecciones generales de noviembre de 2011 la mayoría de gobierno del PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, previa irrupción del 15M, entregando al Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, como única salida visible a ojos del electorado, una aplastante mayoría absoluta. Desde entonces se han mezclado en la vida política española, fruto de la acción de los gobiernos de derechas del Partido Popular, la presión económica y fiscal sobre las clases medias y populares, la degradación de los sistemas de salud, educativo y de dependencia, y los recortes fácticos en derechos laborales y democráticos, con larguísimos procesos judiciales, Gürtel y ERES, que han acabado por condenar firmemente los modus operandi de los dos partidos que sostenían el régimen bipartidista del 78, y con la muy relevante cuestión territorial catalana centrada primero en el derecho a decidir y concentrada después sobre el unilateral procés.

La respuesta a la crisis global en la Unión Europea, liderada por Alemania, tuvo como medida estrella cautelar en España la reforma pactada entre los dos partidos de régimen del artículo 135 de la CE y la consiguiente legislación presupuestaria sobre techo de gasto que condiciona y controla todos los presupuestos de las instituciones españolas cualquiera que sea su nivel territorial y sus particularidades diferenciales. Una pérdida de soberanía política que alcanzaba de lleno a los gobiernos de las comunidades autónomas y los municipios. Una respuesta álgida de la acción política recentralizadora añorada por los viejos poderes económico/ideológicos del estado español para quienes las inversiones y concesiones publicadas en el BOE son su principal medio de obtención de beneficios.

En este texto reconocemos la evidencia de que tras el 15M de 2011, los movimientos ideológicos que están articulando las respuestas colectivas más potentes, funcionando como marcos de comprensión de la realidad, en favor de la igualdad y las demandas de derechos, y defendiendo la democracia frente a las injusticias, los recortes sociales y la amenaza totalitaria, son el feminismo y el ecologismo. Al mismo tiempo, reconocemos la evidencia de que el conflicto político territorial centrado en Cataluña, ha puesto de manifiesto la incapacidad de la derecha española y los sectores más reaccionarios herederos del poder franquista para solventar por vías democráticas pactadas lo que son legítimas demandas de soberanía de identidades culturales o territoriales articuladas sobre el concepto nación.

El reciente gobierno de coalición progresista, si quiere responder a las esperanzas de su electorado y de una mayoría social clara y diversa en todo el territorio español, habrá de dar respuesta democrática a los problemas de la gente mediante la mejora de su vida diaria y la garantía de una vida digna futura, así como abordar en serio una salida democrática a la cuestión territorial catalana que deberá pasar por las urnas. Cumplir con estos objetivos requiere de un cambio de hegemonía discursiva que sustituya a la del conflicto entre banderas. Dicho cambio precisa del empuje de una multiplicidad de actores civiles que trascienda los límites de los partidos políticos.

Dicho lo anterior, si el destrozo de los indicadores de igualdad, desempleo, precariedad, pobreza y emigración con pérdida de población, sobre todo población joven formada, ha sido en España dramático, en Andalucía la suma de recortes liderados por la derecha y asumidos disciplinadamente por los gobiernos socialistas, especialmente los de Susana Díaz, ha cobrado tintes trágicos. Una tragedia social que sumada a la degradación de los servicios públicos y al desierto industrial y bancario legado por los gobiernos del Partido Socialista en una economía muy dependiente del turismo y de un modelo agrario con poco valor añadido económico y social, sumado al daño ambiental, y cuyos precios en origen son impuestos mediante oligopolio de unos pocos, exige una respuesta política andaluza colectiva que alcance la fuerza popular de la que el 4 de diciembre 1977 nos constituyó como pueblo para condicionar en favor de la mayoría social el marco constitucional que se estaba negociando.

En este contexto es en el que aspiramos a contribuir a que Andalucía rompa el silencio al que los gobiernos andaluces anteriores y el actual gobierno andaluz de derechas la ha condenado, queremos que Andalucía por sí irrumpa en la escena del debate de estado que sin duda se abrirá para abordar la reconfiguración del poder territorial en España. Es la única manera en la que una nueva articulación territorial de calado federal ancle la democracia sobre la territorialidad.

Entendemos que la manera de frenar el avance del populismo reaccionario con tintes fascistas, la manera de defender, consolidar y avanzar en democracia, es articular un nuevo sentido común mayoritario más allá de los limites partidistas, que sitúe en el centro de los objetivos políticos del pueblo andaluz el incremento de nuestra soberanía territorial trabado con las demandas de igualdad, justicia social, vida digna y seguridad futura que defienden tanto el movimiento feminista como el movimiento ecologista, al reclamar respuestas a la crisis orgánica del sistema económico que no dejen a nadie atrás, al tiempo que avancen para la consecución efectiva de la igualdad de género y luchen contra los efectos del cambio climático.

Se trata de fabricar, Andalucía y España lo necesitan, la nueva argamasa política que una desde la territorialidad y la identidad cultural andaluza, desde nuestro pueblo constituido políticamente el 4 de diciembre de 1977 y desde nuestra institucionalidad conseguida democráticamente ejerciendo el derecho a decidir el 28 de febrero de 1980, al mundo laboral urbano y agrario, al tejido empresarial, a las y los trabajadores públicos, al mundo sindical y de las organizaciones civiles, a las asociaciones de productores agrarios y de empresas de energías renovables, al mundo de la cultura y el flamenco, a las y los trabajadores autónomos, las PYMES y el cooperativismo, entre otros muchos espacios de la sociedad civil, para que Andalucía entre en la escena política española con la fuerza que realmente le corresponde, reclamando la ruptura de la concentración centralista del poder en España como condición necesaria para una democracia real que se enfrente a los efectos suicidas del neoliberalismo y lamine el riesgo de involución antidemocrática. Se trata, lo necesitamos, de construir redes de emancipación.

Por eso queremos romper el silencio de Andalucía, como hizo simbólicamente la reciente senadora Pilar González de Modino por designación autonómica a propuesta de Adelante Andalucía, en su toma de posesión, al prometer cumplir la constitución con la expresión del himno andaluz “por Andalucía libre, sí.” Queremos romper el silencio de Andalucía para hablar de feminismo, de ecologismo, de federalismo, de soberanías territoriales, de identidades culturales, de municipios y comarcas con capacidad propia para decidir sobre los que se hace o se demanda en sus respectivas territorialidades.

Queremos romper el silencio para que Andalucía, con todo su universalismo, no sea usada como frontera sur contra la inmigración y contribuya desde sus instituciones a un trato humanitario en el marco de la declaración universal de los derechos humanos, sin criminalizar a la población extranjera que busca una vida digna fuera de sus países, bien huyendo de la pobreza, de la falta de libertades o de la persecución política.

Queremos romper el silencio de Andalucía porque sabemos que es la garantía, en el marco de los debates estatales, de que la igualdad y los derechos sociales y ambientales estén vinculados a las soberanías territoriales en un estado que es de hecho plurinacional. Queremos romper el silencio para gritar ¡Andalucia como la que más!, como afirmaba el catedrático de la Universidad de Granada, José Luis Serrano, andalucista, de izquierdas, ecologista y feminista, pero, sobre todo radicalmente demócrata.

Rompamos el silencio está promovido por Andalucía y Democracia

Firmantes iniciales
Rubén Pérez Trujillano, Carmen Reina López, Antonio Cambril, Antonia Agudo, Manuel Machuca, Manuel González de Molina, Eugenia Gil, Ricardo Marques, Teresa Sanz, Angel del Rio, Joaquin Coca, Eugenia Garrido, Adelina Sánchez, Antonio Aguilera, David Martínez, Lilian Bermejo, Julián Álvarez, Pilar Cuevas, Javier Rodríguez Alcázar, Lola Conde, David Soto, Hector Lagier, Manuel Rodríguez Alcázar, Marcos García Mariscal, Javier Peizoto, Blanca Parrilla, Francisco Garrido, Raúl Solís, Mario Ortega, Pepe Bejarano, Pilar González de Modino…

La capacidad de veto de Andalucía y la España paleta de Isabel Ayuso

El próximo viernes, 28 de febrero de 2020, celebraremos el cuarenta aniversario del referéndum del 28 de febrero de 1980 que consagró, mediante el ejercicio del derecho a decidir establecido en el artículo 151.1 de la CE, a Andalucía como nacionalidad histórica con acceso a su autonomía por la vía del artículo 151. Vía rápida como la de Galicia, Cataluña y Euskadi que habían celebrado referéndums en la segunda república.

De sobra son conocidas las condiciones leoninas del articulo 151.1. Era necesario el voto afirmativo en cada una de las circunscripciones electorales provinciales por mayoría del censo, no de votos totales. Unas condiciones que, hoy, hubieran impedido con alta probabilidad a Galicia y Cataluña, convertirse en nacionalidad histórica. En 1980 Andalucía lo consiguió fruto de su constitución en las calles como pueblo, el pueblo andaluz, el 4 de diciembre de 1977.

En Almería ganaron abrumadoramente los síes, 42,07% frente a un 4,02% de noes, sin superar el sí el 50% del censo que exige el artículo 151.1 de la CE. El resto de provincias cumplieron el infame requisito. El resultado fue épico en un referéndum preparado por el gobierno de la UCD para que fracasase. El lema de la derecha fue “Andaluz, éste no es tu referéndum”. Tal fue la rotundidad de los resultados que la cuestión almeriense hubo de resolverse con un acuerdo político para modificar la Ley Orgánica de las distintas modalidades de referéndum permitiendo que si la mayoría de los diputados y senadores de una provincia apoyaban el sí por el 151 fuese equivalente a la consecución de la mitad más uno de síes sobre el total del censo provincial.

Es un ejemplo claro de que cuando se quiere se puede llegar a un acuerdo político que refleje una demanda democrática realmente mayoritaria, porque de facto este fue un acuerdo ad hoc que añadía a posteriori un requisito constitucional para reconocer que un 55,41% de votos sobre el censo eran síes en toda Andalucía frente a un 3,41% de noes, es decir, y teniendo en cuenta los votos nulos y los blancos, un 86,9% del voto efectivamente emitido fue Sí.

El referéndum andaluz condicionó el dibujo del mapa de las nacionalidades históricas, forzándolo en cierto modo a hacerlo de abajo a arriba y no de arriba abajo como los poderes procedentes del franquismo, las derechas de las nacionalidades históricas previas y una parte muy relevante del PSOE habían previsto. Como cantó Carlos Cano: “De la manga se cayeron papeletas de febrero, al escenario salieron y se levantó el telón. Y aquí se acabó el carbón, que entró como un vendaval, bata de cola, peinetas. ¡La reina superstar!*

Esa fuerza de diseño institucional manifestada por Andalucía sigue ahí aunque por motivos históricos y coyunturales se encuentra en la actualidad en estado latente. Los partidos del bipartidismo lo saben, la tradición andalucista también lo sabe, la izquierda andaluza lo recuerda perfectamente y ya no puede prescindir de una estrategia que reconozca la singularidad identitaria cultural andaluza anclada a sus reivindicaciones coyunturales o de largo alcance. Y lo saben analistas políticos del prestigio del catalán Enric Juliana que en el texto que acompañaba el pasado sábado a su video blog hablaba, en relación a la “solución” de cualquier problema territorial en España, “la capacidad de veto de Andalucía,” y recordaba en su artículo del domingo titulado “Andalucía en febrero” el proceso histórico de nuestra autonomía y su repercusión en todo el diseño institucional.

La potencialidad de consolidación de un cambio progresista en el futuro de España, en el que sin lugar a dudas deberá estar implicado un nuevo modelo territorial y la distribución equilibrada del poder y las soberanías de las nacionalidades históricas, entre las que está Andalucía por derecho propio con todo su “patrimonio constitucional”, las autonomías, las regiones, las provincias, las comarcas y los municipios, pasará necesariamente por la anuencia andaluza.

Nuestra clave de bóveda, la clave de bóveda andaluza, se juega entre ser vórtice de fuerzas de la democracia o artífice del discurso del mundo reaccionario antiderechos para las mayorías. El actual gobierno andaluz del PP y Ciudadanos, el gobierno de Moreno y Marín con el apoyo de Vox, está cargando la artillería para sumarla al Madrid de Almeida, Ayuso y Arrimadas, la triple A del momento actual que junto con Casado sumarán para intentar derribar al gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias e impedir la consolidación de avances democráticos en un marco de una España plurinacional.

Isabel Ayuso, que preside Madrid, un paraíso fiscal para las grandes corporaciones y fortunas en relación al resto de España, ha llamado paleta a toda la España que sufre el expolio de la fuerza centrípeta madrileña, expolio de capital, expolio humano y expolio de recursos naturales dedicados a mantener el metabolismo acelerado de la gran urbe. Para la triple A más la C, España es propiedad de Madrid, para la España progresista democrática que no se conforma con quedar relegada a la subalternidad Andalucía será su clave de bóveda o no será. Al tiempo.

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*Andalucía superstar
(Carlos Cano)

De la capital del Reino
maletín, capa y sombrero,
vinieron a tomarnos el pelo
y el plumero se les vio.

Y la grasia de este invento,
¡ay señores que momento!,
cuando por Despeñaperros
el cuento se le acabó.

De la manga se cayeron
papeletas de febrero,
al escenario salieron
y se levantó el telón.

Y aquí se acabó el carbón,
que entró como un vendaval
bata de cola, peinetas.
¡La Reina Superstar!

¡Viva Andalucía Libre!
-alimento principal-,
que viene pidiendo tierra
y la tierra abandoná…

Peonadas jornaleras

“Yo tengo clavada en mi conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…”. Blas Infante

Al contrario que las veloces medidas de recortes y robo de derechos consagrados en la Constitución del primer gobierno de Mariano Rajoy, medidas que dejaron en los huesos al Estado y los servicios públicos e incrementaron la deuda por encima del cien por cien del PIB, las primeras acciones legislativas del gobierno Sánchez-Iglesias suponen una transferencia de renta desde el mundo del capital al mundo del trabajo. Discreta, por cierto, transferencia de renta, pero muy eficaz en términos de ingresos decentes para la mayoría.

La subida de las pensiones, la subida de los sueldos de las y los trabajadores públicos, la subida del SMI y, antier, la reducción provisional de 35 a 20 del número de peonadas para acceder al subsidio agrario, suponen unos imprescindibles cuidados paliativos para la inmensa mayoría de la población, dañada por ocho años de derecha pertinaz. Mientras la derecha se llena la boca de la palabra España, destruyendo las bases materiales que la cohesionan, vaciando y enfrentando territorios, y criminalizando los derechos de la gente. La izquierda actúa dignificando la vida y reduciendo el temor al día de mañana.

De las medidas de mejora de ingresos descritas, la que más afecta al mundo rural andaluz, es la de la reducción del número de peonadas para acceder a un subsidio de unos 400 euros durante seis meses. La medida ha sido aprobada, no como otras veces por un periodo limitado, sino, sine die, en tanto se acometen otras reformas estructurales de más calado que garanticen, de manera mucho más estable, una renta agraria digna fruto de la mejora de la productividad del campo.

Esta medida, la de las peonadas jornaleras, sumada a la regulación de precios mínimos de la producción agrícola y ganadera, tiene un carácter urgente y tendrán, juntas, una inmediata mejora de la vida en las centenas de municipios andaluces cuya actividad principal es o está relacionada con la agricultura. Indirectamente favorece la fijación de la población al territorio, paliando el problema del vaciado rural, reduce la pobreza en pueblos y ciudades, establece barreras para el expolio medioambiental de recursos naturales que se abre paso cuando la población tiene que marcharse a las ciudades, mejora la capacidad de negociación de salarios y condiciones laborales de la clase asalariada, y, no puede olvidarse, incrementa el grado de autonomía (libertad) de las mujeres del campo que también son o jornaleras o pequeñas y medianas propietarias de tierra.

Fijar población al campo, a los pequeños y medianos municipios, invierte la espiral que nos aboca a territorios que son desiertos humanos. Si la gente se queda en sus pueblos, se quedan también las demandas de servicios públicos, escuelas y centros de salud, junto con otras actividades económicas, industrias locales, bares, conservación del patrimonio natural, histórico, etnográfico. Es así como, medidas que suponen prácticamente nada para las arcas públicas, son catalizadores de un cambio en la tendencia de concentración de población en las áreas metropolitanas o en las grandes conurbaciones.

Falta mucho por hacer, es cierto, son siglos de historia jornalera de Andalucia, siglos de acumulación de la propiedad en pocas manos, de latifundio y carencias, siglos de infravivienda y desprecio, que afecta ahora con rotundidad a la población inmigrante, y que también va a ser vigilado ahora por la inspección de trabajo, siglos de Salustianos en Alemania o Cataluña o Madrid, pero también de luchas y dignidad.

En el campo andaluz hay que pasar de los cuidados paliativos a la curación, la rehabilitación y la plana salud. Hay un problema de concentración de la propiedad, pero sobre todo de función de la propiedad. Hay un problema de comunicación por ferrocarril entre las comarcas y las capitales. Hay múltiples problemas medioambientales y de escasez de recursos fruto de modelos agrarios contaminantes, extractivos, intensivos e industrializados. Hay un problema grave de cambio climático y de pérdida de biodiversidad. Sobre todo eso es donde hay que actuar con la mirada larga.