La Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Aguayo, ha protagonizado el primer acto de rebeldía política institucional frente al gobierno central. Eso es lo que pedíamos en la editorial de P36 del 27 de julio, una vez conocidos los espeluznantes datos de desempleo que arrojaba la EPA del segundo trimestre de 2012. El 62,25% del incremento del paro en España corresponde a Andalucía.
El lunes 30 el presidente Rajoy se reunía con el presidente Griñán, en un “clima cordial”, sin desvelar las decisiones ya tomadas en materia de contención del déficit público que afectarían a los presupuestos autonómicos para 2013. Un acto de deslealtad institucional y de falsedad presidencial, muy típico ya de un presidente del gobierno de España que se esconde, hasta que son hechos consumados anunciados por alguno de sus ministros o ministras, de las inminentes políticas reaccionarias que aplica semana a semana a golpe de Real Decreto Ley, sin negociación con agentes sociales, instituciones o partes afectadas, y utilizando cuando es imprescindible legalmente el rodillo parlamentario.
Ese mismo lunes 30, por la tarde, Rajoy se reunía con los presidentes autonómicos del PP para forzar el apoyo unánime a las medidas del gobierno. Con toda probabilidad en esa reunión de barones anunció los planteamientos que Montoro haría públicos al día siguiente en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, y les exigió un mensaje externo de aceptación unánime. Eso es lo que ocurrió ayer, 31 de julio, al finalizar la reunión del CPFF. Montoró anunció una amplia mayoría (todas las comunidades donde gobierna el PP).
El plante, tras una hora de reunión, de la consejera andaluza está más que justificado.
El gobierno central (centralista), se ha dedicado a difamar el estado de las autonomías por toda Europa, con la pretensión de eludir su incapacidad comunicativa y de cargar la culpa de la deuda pública española sobre el modelo de estado constitucional. El gobierno del PP, mano interpuesta de la derecha neocoms, tiene en su ADN la idea de una España nacionalcatólica una grande y libre, y quiere aprovechar la crisis no solo para desplazar el poder hacia el capital y sus dueños, sino para eliminar los obstáculos institucionales que garantizan un estado social. Son las autonomías las que gestionan la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Montoro anunció ayer en el CPFF, sin posibilidad de diálogo y negociación con los gobiernos autonómicos el reparto en la contención del déficit. A Andalucía le tocaba un esfuerzo cinco veces superior al del Estado. 3.000 millones de euros más de recorte presupuestario que en 2.012, un 2% de nuestro PIB. Lo que supondría el despido de 60.000 empleados públicos y drásticos recortes en sanidad y educación. La deuda pública andaluza está por debajo de la media de las comunidades autónomas, y con respecto a la catalana o la valenciana, muy por debajo.
Carmen Aguayo ha tenido una actitud mucho más medida y democrática que la del gobierno catalán, que ni siquiera acudió a la reunión. Al objetivo de la protesta andaluza contra el objetivo de déficit impuesto a Andalucía, por su carácter de imposición antidemocrática, se sumaron los gobiernos de las comunidades Canaria y Asturiana. Montoro sólo ha podido apelar públicamente al cierre de filas del las comunidades gobernadas por el PP.
Desde esta editorial Paralelo 36 Andalucía hace un llamamiento al gobierno andaluz para que active todos los resortes políticos e institucionales que pongan a Andalucía a la vanguardia de la reclamación de un estado federal donde ningún gobierno de España pueda, en función de exclusivos intereses de la clase rica y de jerarquías reaccionarias, sacrificar a un pueblo convirtiendo la existencia de las personas en un valle de lágrimas.
Para empezar el gobierno andaluz podría llevar al parlamento autonómico la declaración del Ministro Montoro como “Ministro non grato para Andalucía”, y pactar con los sindicatos y la sociedad civil andaluza la convocatoria de un referendum consultivo de caráter andaluz que ponga en cuestión el modelo de Europa y las políticas neoliberales.
De otro lado sabemos que Andalucía puede, que Andalucía plantó el 25 de marzo pasado la primera barricada Europea contra el dolor social que impone la derecha, por ello creemos que el presidente Griñán está legitimado para explorar la convocatoria de un Congreso Europeista en Andalucía de todos los líderazgos de las izquierdas y socialdemocracias europeas con el fin de definir un horizonte constitucional europeo que supere el bloqueo y la debilidad política actual de la Unión Europea.
En twitter @marioortega
