La dinámica del capital ha impuesto una gobernanza antidemocrática mundial sustentada sobre la dependencia financiera de los Estados de la grandes corporaciones bancarias. Romper esta dinámica es la tarea fundamental de la izquierda y del sindicalismo. La fusión de objetivos de la movilización social y las organizaciones políticas emancipadoras es el factor más relevante para lograr una hegemonía social que tenga traducción en un nuevo poder institucional.
La Unión Europea carece de una Constitución democrática que otorgue al pueblo la capacidad de decisión y al parlamento electo todo el poder legislativo, y que blinde los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos ambientales que están en la agenda emancipatoria de las organizaciones de izquierdas. La Unión Europea no es hoy una unión política democrática, el BCE y la Comisión están al servicio del FMI y consiguientemente al servicio del capital y de las pocas manos que lo poseen.
El blindaje de los derechos a los que aludimos sólo puede tener aplicación práctica cambiando radicalmente las prioridades de la política económica, de la política fiscal, de la política energética y de los acuerdos de libre comercio mundial.
La política económica ha de estar supeditada a la generación de empleo con derechos, al reparto del trabajo y a la reducción de la jornada laboral efectiva.
La política fiscal tiene que incrementar su función redistributiva, y alumbrar de una vez por todas su función ecosocial para lograr un modelo productivo que priorice las relaciones de proximidad, la desmaterialización de la economía, el cierre de los ciclos de la materia y la conexión a las energías renovables, en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.
Los acuerdos comerciales deben anclarse sobre el respeto a los derechos humanos, el trabajo decente, la salud humana y la protección ambiental, y no sobre el precio de las mercancías a costa de tener a grandes masas de población en condiciones de pobreza y esclavitud.
Los Estados y las instituciones públicas democráticas, los gobiernos autónomos y los municipios, han de tener capacidad fiscal y autonomía suficiente para proteger a las personas e intervenir política y económicamente teniendo en cuenta las características y hechos diferenciales propios. Por la dignidad laboral, el reparto del trabajo y la recuperación del empleo público en educación, sanidad, medio ambiente, servicios sociales, cultura y conocimiento, y contra la desigualdad, la altísima tasa de desempleo que sufrimos, la huida de una juventud sin futuro, la imposibilidad de acceso al crédito y la vivienda, la izquierda andaluza debe buscar una alianza estratégica de las clases populares, las pymes, el mundo urbano y el mundo rural, las mujeres y los hombres, la ecología y el feminismo, la cultura y el conocimiento, que derrote democráticamente al poder del capital, que derrote a la derecha cualquiera que sea la forma en la que se manifiesta.
