Andalucía y federalismo plurinacional

 

La realidad plurinacional del Estado español hace inevitable el debate sobre su configuración territorial institucional. España no es Madrid ni Madrid es España. España es una ficción hecha realidad a base de imposición centralista, bien facistoide, bien borbónica, sostenida en estos tiempos por el capitalismo neoliberal. El Estado español federal/confederal es un sueño que precisa acuerdos plurinacionales para construir una realidad republicana.

El procés ha muerto. Mientras el nacionalismo catalán se zafa del pasado inmediato, el andalucismo del siglo XXI no puede por más que usar la fuerza de una Andalucía que, por tamaño y población, podría ser el país dieciséis o diecisiete de la UE, para promover un pacto entre pueblos que confronte con el pacto entre elites al que está suscrito el régimen del 78.

El bipartidismo imperfecto, del que habla insistentemente Pablo Iglesias, beneficia más que a nadie a las elites capitalistas que medran en Madrid, amparadas por el PSOE y por el PP, BOE mediante. Pero también a las elites burguesas apegadas al nacionalismo catalán y vasco, que siempre terminan succionando una porción del jugo que desde Madrid DF, como lo define Enric Juliana, se extrae del resto de territorios del estado.

En el actual contexto bélico global, con la democracia en riesgo de oclusión bajo el régimen de guerra impuesto por Wall Street y la OTAN, malo será que las izquierdas plurinacionales y soberanistas no formulen un horizonte estratégico común. Si los soberanismos de izquierdas gallego, vasco y catalán ignoran la fuerza cultural y poblacional de Andalucía, y a la inversa, si la izquierda andaluza desconoce el sustrato identitario popular sobre el que hacer crecer el empuje reivindicativo contra nuestra desigualdad estructural histórica, el horizonte republicano federal se situará, invisible, tras las empalizadas de intereses de las distintas burguesías que constituyen las derechas española, catalana y la vasca, subalternas todas del gran capital global.

El pueblo cultural y político andaluz existe. Es preciso en Andalucía sentar las bases ideológicas para la construcción de una propuesta propia que ponga por delante la soberanía política andaluza como parte esencial de la plurinacionalidad del Estado. Dicha propuesta ha de estar asociada a un proyecto democrático republicano que garantice derechos, justicia, igualdad, paz y ecología, cualquiera que sea el lugar de nacimiento y residencia de las personas a las que va dirigido.

La propuesta republicana para el siglo XXI, como objetivo estratégico de las distintas izquierdas soberanistas y la izquierda plurinacional, está vinculada a la propuesta de un Estado federal plurinacional. Para encarar el futuro sin que releguen al pueblo andaluz a la subalternidad del capitalismo global y de las elites madrileñas, vascas y catalanas, la izquierda andaluza debe proponer un pacto entre pueblos al conjunto de las izquierdas del Estado español. A su vez, debe luchar por la propia singularidad fiscal y la bilateralidad con el Gobierno de España, reconocida en el estatuto de autonomía en sus artículos 184, 220 y en su disposición adicional tercera.

El PSOE no es un partido de izquierdas

El PSOE no es un partido de izquierdas. Esta afirmación no es contradictoria con que su electorado sea de izquierdas, considere al PSOE de izquierdas o crea que votándolo frena a la ultraderecha, incluso con que buena parte de su militancia sea de izquierdas. El PSOE es el partido instrumental de los poderes económicos y monárquicos herederos del franquismo para vestir al régimen del 78 de aires democráticos.

El PSOE, en su papel de partido de régimen, ha entregado a la derecha el control del órgano de gobierno de los jueces. El pacto con el PP para renovar el Consejo General de Poder Judicial va contra los intereses de la mayoría social. Lo notaremos agravado en los próximos años, como notamos su pacto con el PP para reformar el artículo 135 de la CE, su apoyo a Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la CE a Cataluña, o su obstrucción a la derogación de la ley mordaza. Por recordar solo algunas de sus últimas hazañas de derechas

Conseguida la investidura para la XV legislatura, promulgada la ley de amnistía, a la espera de su ratificación en el Constitucional, con Salvador Illa presidiendo la Generalitat, el refrendo del legislativo a la acción de gobierno pasa a segundo plano. El presidente lo dijo en un desliz comunicativo en su discurso ante el Comité Federal del PSOE del 7 de septiembre, "vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin el concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo".

Pedro Sánchez está decidido a resistir, tiene motivos. Si convocara elecciones por falta de presupuestos para 2025 entregaría el gobierno al PP y Vox. El PSOE no se puede permitir esa derrota, reduciría al mínimo su poder territorial, y el PSC (única federación fuerte con poder) se quedaría sin amparo en Madrid, quedando al pairo en Cataluña.

Sánchez tiene que resistir para que el PSOE mantenga la farsa de una democracia deficitaria. Seguirá lanzando cortinas de humo, espejismos de propuestas que si hubiese números para sacar las adelante en el congreso no lanzaría. Mientras tanto apoyará la política migratoria antiderechos humanos de la Unión Europea, seguirá vendiendo y comprando armas a Israel, apoyando la escalada bélica en Ucrania, entregando más poder ideológico a la derecha potenciando la enseñanza concertada, o impidiendo una política de vivienda que frene la ambición de los fondos buitre y los grandes propietarios.

Andalucía, si no hay sorpresas, abrirá el nuevo ciclo electoral en la primavera/verano de 2026. Aquí se producirá el primer combate electoral. No hay visos de que el PSOE andaluz recupere fuelle, mucho menos con un Pedro Sánchez atrapado en un gobierno sin horizonte de transformación progresista. El PSOE ya ha advertido el fracaso de la operación Sumar que instigó contra Podemos. Sin un flanco izquierdo mínimamente fuerte está condenado a perder irreversiblemente el poder. Las maniobras para reconstruir una izquierda dócil, sin la cual el PSOE no podrá ya gobernar, van a continuar, ya están en marcha otra vez con el PCE y Sumar. La izquierda no subalterna ha de ser cauta en Andalucía y fuera de Andalucía, ya la han engañado un buen puñado de veces.

Es tiempo de trabajar un proyecto ideológico que aspire a sustituir al PSOE como actor hegemónico en el electorado de izquierdas. Las claves sociales, las feministas de clase, las de la ecología política y las del andalucismo como ideología para defender los intereses del pueblo andaluz, están llamadas a ser los pilares de una izquierda andaluza y andalucista que no se conforme con ser subalterna ni aspire a suplantar la farsa teatral que representan el llamado Partido Socialista Obrero Español.

Andalucía y Cataluña

El principal fabricante de desigualdad y deterioro de los servicios públicos andaluces es el Sr. Juan Manuel Moreno Bonilla. Para atacar el fruto democrático de los resultados electorales del pueblo catalán usa la verdiblanca, una bandera de paz con la que enfrenta Andalucía con Cataluña. El presidente andaluz prometió en su campaña electoral una “bajada masiva de impuestos”, es decir, un arma de destrucción masiva de la capacidad normativa y gestora de la Junta de Andalucía, una bomba nuclear contra nuestras competencias.

Al poner la corona borbónica sobre el escudo de Andalucía, el presidente del Partido Popular, que en la pasada legislatura alcanzó el poder de la Junta con el apoyo de Vox, manda la señal de que entrega nuestro autogobierno al absolutismo madrileño de Isabel Díaz Ayuso. La política del presidente andaluz se basa en entregar todo el poder a Madrid y todo el capital ambiental, patrimonial, natural, social, cultural y monetario del pueblo andaluz a manos privadas que declaran sus impuestos y rentas fuera de Andalucía.

Moreno Bonilla recorta en los servicios públicos, no solo en sanidad, educación y dependencia, también en todas las prestaciones y funciones que dependen de la JJ.AA. Con una mano baja los impuestos de competencia autonómica o transferidos a las clases altas, los ricos y las grandes empresas, o se niega a implementar impuestos imprescindibles para la financiación municipal, como la tasa turística, y con la otra actúa como un pedigüeño ante el gobierno central comprometiendo la fuerza política reivindicativa de Andalucía.

No se puede regalar con una mano el dinero andaluz, el campo andaluz y el patrimonio andaluz a manos externas con la privatización y eliminación de controles democráticos para la protección del territorio y el medio ambiente, y con la otra acusar al pueblo catalán de robar a Andalucía. Señor, Moreno Bonilla, para defender los intereses del pueblo andaluz, empiece por ser coherente y abandone ser el polichinela de Madrid y de las elites económicas que representa su camarada, amiga de Milei, Isabel Díaz Ayuso, que es la que verdaderamente roba a Andalucía con, como decía Carlos Cano, cuatro palabritas finas.

Si en Cataluña se abre la brecha para avanzar hacia un modelo federal, Andalucía tiene que ser como la que más. Nuestra arbonaida, nuestro país deber defender nuestra singularidad, reclamar la compensación por el déficit histórico en inversiones e infraestructuras, exigir las competencias en materia ferroviaria y el dinero para llevarlas a buen puerto. Exigir un plan de industrialización para Andalucía con fondos del estado y europeos, que afronte el cambio del modelo productivo y energético permitiéndonos limitar nuestra dependencia del turismo o la construcción, que solo generan precariedad laboral, destrucción ambiental y colonización económica.

Y más, Sr. Bonilla, recupere usted primero los impuestos a los ricos que eliminó, como el de sucesiones o patrimonio, eleve su parte del IRPF a las rentas altas, incremente al máximo el impuesto del juego, instale un impuesto ambiental a las grandes superficies comerciales, ponga ya la tasa turística que hasta sus propios alcaldes le piden, exija a los municipios que gobierna su partido que suba el IBI de los grandes tenedores, deje de regalar terreno y privilegios para que la iglesia monte universidades privadas para regalar títulos al pijerío, invierta en formación profesional pública y no conceda más grados a operadores privados, recupere los impuestos ambientales como el de emisiones contaminantes, el de residuos peligrosos o de vertidos a ríos y mar. Impulse una banca pública de obediencia andaluza. Exija un cambio profundo en la estructura fiscal del estado para que paguen más quienes más tienen con beneficios abusivos, empezando por la banca. 

Y, acompasado con todo eso, lo que lo legitimaría para reclamar lo que a Andalucía le corresponde como nacionalidad histórica, exija un acuerdo en la línea del que han firmado PSC y ERC. Exija la competencia para la gestión total de los impuestos que se recaudan en Andalucía. Reclame una norma, o hágala usted, que contabilice todo lo que las y los andaluces pagan en impuestos a empresas con sede fiscal exterior a nuestro territorio y que se embolsan otras comunidades como la madrileña, pregúntele al estado cuánto ingresa por las actividad portuaria, aeroportuaria y ferroviaria en Andalucía, o cuánto ingresa por el beneficio bancario del Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell o Bankinter fruto del expolio de capital andaluz.

Andalucía no es una comunidad subsidiada, es, con el apoyo del PP y también del PSOE, una comunidad expoliada. Deje de usar la bandera de Andalucía, Sr. presidente, como un arma contra otros pueblos que conforman la plurinacionalidad del estado, úsela para reclamar lo que es del pueblo andaluz.

Turistificación y precio de la vivienda en Andalucía

 

La especialización de Andalucía en el turismo es una decisión de estado regalada al poder político de la Unión Europea para mantener Andalucía como una colonia interior. En el reparto funcional de la producción de valor en España y Europa, Andalucía no cuenta para el sector industrial ni para la economía del conocimiento, ni siquiera para la producción cultural.

El clima andaluz, el enorme litoral de costa este hasta consta oeste, nuestro inmenso patrimonio cultural, el más peculiar de toda la península ibérica gracias al legado de al-Ándalus, nuestro territorio, nuestra naturaleza y nuestro paisaje, son ya por completo productos de mercado capitalista cuya explotación la dirigen operadores externos a Andalucía.

El sector turístico aliado con el de la construcción ha sido el principal motor de destrucción y expolio de Andalucía. Además, ha inducido una economía temporal, de productos básicos encarecidos y de empleo mal pagado y precario, siendo las mujeres las más dañadas al sufrir los trabajos más duros y peor remunerados. 

Los males producidos por el sector turístico se agravan en los centros históricos, en los barrios andalusíes y en las zonas litorales. Tropas de turistas toman las calles desde la mañana a la noche expulsando la vida de las familias del barrio, promocionando la generación de parques temáticos con decorados reales, dificultando el acceso al transporte público, multiplicando los consumos de agua y la generación de residuos, encareciéndolo todo y requiriendo enormes inversiones de mantenimiento patrimonial y urbano.

De entre los veinte grandes operadores turísticos, según datos para 2022 de El Economista solo uno tiene su sede social en Andalucía. De entre los 20 principales operadores de alojamientos turísticos, solo tres declaran sus beneficios en Andalucía. De entre los veinte grandes conglomerados hoteleros que operan en España solo uno tiene sede social en Andalucía. Las dos grandes plataformas digitales que operan en Andalucía intermediando la oferta y la demanda de alojamientos turísticos, Booking y Airbnb, tributan sus beneficios en Países Bajos e Irlanda, respectivamente, países de la UE que operan con carácter de paraísos fiscales.

El modelo extractivo turístico es el principal causante de que el precio de los alquileres de vivienda en Andalucía entre junio de 2014 y junio de 2024, según datos del portal Idealista, haya subido un 95%, superior en casi 10 puntos a la media de subida en España. Por otro laso, el precio de la vivienda, según el mismo portal, ha subido en Andalucía, entre junio de 2014 y junio de 2024, un 61% frente al la subida de un 36% de media en España.

La vivienda, además de un derecho constitucional, es un bien de primera necesidad para construir un proyecto vital. Consiguientemente, el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional que deben garantizar tanto el gobierno de España como el gobierno andaluz. Con el panorama dibujado es de justicia la tasa turística que ya pide hasta una multitud de alcaldes del Partido Popular, una tasa que debería repercutir fuera del sector turístico para mejorar los servicios públicos municipales y facilitar el acceso a la vivienda.

Es de justicia un ecoimpuesto hotelero, es de justicia prohibir desde ya el crecimiento de plazas hoteleras, es de justicia limitar y vigilar el crecimiento indiscriminado de los pisos turísticos. Es un deber del gobierno andaluz aplicar la ley de vivienda que con mucho esfuerzo frente a la obstrucción del PSOE sacó Podemos Adelante declarar los pueblos y ciudades turísticas y patrimoniales, con alta concentración de alojamientos turísticos, zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres. Si no se hace, si el gobierno de España y el andaluz no actúan con decisión a favor del acceso a la vivienda, es porque son cómplices de intereses económicos de un pequeño grupo de personas que lo tiene todo y lo quieren todo.

Bloque reaccionario, régimen de guerra y farsa del PSOE

 

Lo quieren todo todo el tiempo

Sostengo en este artículo que la forma en que el capitalismo global asume su acción política en España es el lawfare orientado por el bloque reaccionario. Sostengo que vivimos en la tercera fase del neoliberalismo, una huida hacia delante más brutal que las anteriores. Sostengo que en España, debilitado Podemos, el partido que rompió el consenso de régimen del que participaron PSOE, PCE, PSUC, CiU y PNV, la acción del bloque reaccionario va dirigida a expulsar por la fuerza al PSOE como pilar del régimen del 78. Sostengo que el bloque reaccionario pretende una involución antidemocrática de acuerdo con las necesidades de supervivencia del capitalismo occidental para la que la socialdemocracia liberal estorba.

El bloque reaccionario ya no necesita al PSOE porque necesita todo todo el tiempo. La socialdemocracia liberal surgida en Europa tras la segunda guerra mundial es prescindible para el capitalismo global. En España no necesita al pilar sobre el que en la transición se construyó la ficción de que España era una democracia plena. La dependencia de Pedro Sánchez para mantener el poder en el gobierno, como hizo con Podemos tras las repetición electoral de diciembre de 2019 o con Junts tras la últimas de julio de 2023, produce el temor de que acabe por romper los candados que cierran la posibilidad de una auténtica profundización democrática de carácter republicano.

El amago veraz de Pedro Sánchez para irse, al comprobar que no podía seguir sin situarse judicialmente como pieza de caza mayor para el bloque reaccionario, dejaba al PSOE al albur de una sucesión interna y presidencial incierta. Saltaron todas las alarmas en el interior del partido que ha lavado siempre la imagen de la monarquía heredera del franquismo.

El régimen de guerra es el ambiente en el que se instala la violencia mediática, judicial y política como estrategia del capitalismo para quedarse con todo todo el tiempo. En España el ejecutor de esa violencia que atenta contra la democracia es el bloque reaccionario que subvierte los resultados electorales calificando a los gobiernos de Sánchez de ilegítimos o ilegales.

El bloque reaccionario está formado por monarquía, derecha ultra y ultraderecha, CGPJ y multitud de medios de comunicación entre los que los principales son Atresmedia y Mediaset, con la colaboración especial, según el momento, del grupo PRISA. Hasta el miércoles 24 de abril cuando Pedro Sánchez hace pública su inquietante carta de amor, el PSOE fue beneficiario de ese lawfare. Lo usó en asociación con SUMAR para intentar liquidar a Podemos. El ejemplo más paradigmático es la operación conjunta de acoso y veto a Irene Montero.

Viniendo de donde venimos, un lawfare implacable contra multitud de actores sociales, culturales y políticos entre los que destacan Podemos y los partidos independentistas catalanes, parece mentira que la movilización de UGT, CC.OO y el llamado mundo de la cultura, celebrada el domingo 28 de abril, para rogar a Pedro Sánchez que se quedase, se hiciese sin exigirle condición concreta alguna. Si el bloque reaccionario lo quiere todo todo el tiempo, habrían de pedirle al presidente del gobierno que concrete medidas urgentes para confrontar con la manifiesta intención de involución totalitaria.

Régimen de guerra y bloque reaccionario

El régimen de guerra, apropiándome de la descriptiva expresión de Raúl Sánchez Cedillo, supone la tercera fase del neoliberalismo, una fase en la que el capitalismo occidental busca el control total del planeta y sus recursos. Por eso la OTAN declaró a China desafío sistémico. Por eso el pressing sobre Rusia para que Ucrania formase parte de la OTAN tuvo como consecuencia la guerra en Ucrania. Por eso la ayuda directa a Israel para sostener su posición de gendarme nuclear en oriente medio. Por eso Ursula von der Layen mira a la ultraderecha para conformar el próximo Consejo Europeo tras las elecciones de junio.

El PSOE es en España el baluarte del régimen de guerra, como se encarga de hacernos ver la ministra de Defensa, Margarita Robles. Al tiempo que está atado al régimen de guerra pretende, de un lado, seguir negociando con el bloque de poder heredero del franquismo incrustado en la CE del 78 y, de otro, como descubre el ministro Óscar Puente en su tuit de apoyo al fondo buitre Blackrock, ser dócil con los representantes del capitalismo occidental que se están quedando con todo.

En la primera fase del neoliberalismo, con la llegada al poder en el mundo anglosajón de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, éste resuelve su crisis ecosistémica, encarecimiento de materias primas y petróleo, con una huida hacia la especulación financiera, desplazando la fábrica a países asiáticos e instalando la guerra Irán-Irak en Oriente Medio. Comienza en Europa la precarización intensiva del trabajo. El PCE y el PSOE firman en 1977 los pactos de la Moncloa con el bloque procedente del franquismo. Pocos años después Felipe González nos mete en la OTAN, comienza la liquidación de la industria, la especialización de la economía en la construcción y el turismo, y los procesos de liberalización de banca y empresas públicas.

Consecuencia de ese primer neoliberalismo es la crisis económica global de 2008. El valor acumulado en las bolsas se quedó con los pies colgando ante el valor real de los productos sobre los que se soportaba la ficción especulativa. El capital occidental jugó en el casino de las bolsas mientras la fábrica se desplazó a China. Los estados delegaron la innovación al emprendimiento, incapaz de competir con la primera división asiática. Se sientan las bases socioeconómicas para la aparición del trumpismo global del que Ayuso y Feijóo son sus representantes en España.

La crisis de 2008 se afronta en España con la reforma bipartidista del artículo 135 de la CE que garantiza el rescate a la banca. José Luís Rodríguez Zapatero, PSOE, era presidente del gobierno. Llegó una crisis social brutal. Triunfó la derecha comandada por Mariano Rajoy, se rescató la banca sin contrapartidas. Se instaló la ley mordaza para criminalizar la protesta. El nacionalismo catalán de CiU intentó escapar, acosado por su propia corrupción, por la vía del independentismo. Irrumpió con fuerza Podemos, abdicó Juan Carlos I, la banca montó Ciudadanos, el Podemos de derechas. 

Llegó Vox como fragmento neofascista del Partido Popular impulsado por el a por ellos de Felipe VI. Se aplicó el 155 a Cataluña con el apoyo de Pedro Sánchez. La “justicia” imputó por rebelión a los líderes del procés. Huyeron o fueron encarcelados. Comienza a lo bestia la violencia judicial, mediática y política contra los liderazgos de Podemos. El PSOE se mantiene como el actor fundamental del régimen para sostener la ficción de una democracia plena, y colabora de manera directa con el lawfare haciendo uso político y electoral contra Podemos y el independentismo.

El bloque reaccionario lo quiere todo todo el tiempo. Las consecuencias de lo narrado no han sido analizadas por quienes han formado o forman parte del conglomerado SUMAR, elemento central construido desde Moncloa con la batuta de Yolanda Díaz para reducir a cenizas a Podemos. Al igual que Pedro Sánchez y SUMAR ruegan al bloque reaccionario que los acepte democráticamente, CC.OO, UGT y el mundo de la cultura, rogaban el domingo 28 de abril a Pedro Sánchez que siguiese, sin exigirle contrapartida de acción alguna. Caben dos opciones, o no son conscientes que el neoliberalismo occidental ha iniciado la fase de destrucción de la democracia, lo quieren todo todo el tiempo, despreciando lo que queda de socialdemocracia liberal, o les puede el corto plazo viviendo en la ilusión óptica de que todo volverá a ser como antes.

La farsa del PSOE

Tras la primera fase de financiarización, privatizaciones y desindustrialización, la segunda de acumulación de poder en el gobierno central, concentración bancaria, precarización laboral, privatizaciones e irrupción de los fondos buitres apropiándose del mercado de la vivienda y los servicios públicos, estamos en la tercera. El sistema capitalista lo quiere todo todo el tiempo. El capitalismo occidental necesita apropiarse por completo del estado, de todo los social, porque ya no puede competir con China o los BRICS en el modelo que el mismo a propiciado.

Su manijero en España, el bloque reaccionario, ya no puede permitir que el PSOE ocupe el poder siquiera por tiempos cortos, pretenden expulsarlo del consenso de régimen, dejarlo al margen solo para que esté en la oposición de manera permanente. Ayuso es Miley, Feijóo su consorte. El PSOE es Sergio Massa, ni puedo ni quiero. La violencia política, toda vez que Podemos ha sido expulsado del gobierno queda dirigida contra Pedro Sánchez enviando la señal de que el PSOE puede ser oposición, pero nunca a partir de ahora ejercer el gobierno. Lo quieren todo todo el tiempo. El bloque reaccionario necesita el miedo para poder cumplir con la necesidad neoliberal de expropiar de derechos públicos a las clases medias y populares, también los del pequeño y mediano empresariado. Por eso ya no oculta su brutalidad contra todo, incluida la socialdemocracia liberal que ha actuado de máscara democrática.

Lo quieren todo todo el tiempo. El régimen de guerra, que alimenta el propio Pedro Sánchez con su posición otanista y sin atreverse a actuar contra el estado genocida de Israel, es el medio ambiente en el que el bloque reaccionario actúa contra la democracia. En esta tercera fase del neoliberalismo las socialdemocracias liberales son prescindibles, por eso Ursula von der Leyen echa el guiño a la ultraderecha en Europa, por eso Joe Biden ya no puede ni siquiera parecer progresista, por eso el PSOE está siendo expulsado del consenso de régimen del 78 aunque se resista a ser expulsado y siga pidiendo al PP pactos de estado.

Sorprende que los sindicatos CC.OO y UGT, SUMAR y lo que se ha dado en llamar mundo de la cultura, junto con la línea editorial de algunos medios de la progresía rogara a Pedro Sánchez que no se fuese sin pedirle nada a cambio. Añoran un pasado que no va a volver. Sostener la farsa de un presidente del Gobierno que, tras denunciar la existencia de la máquina del fango en la democracia española, vuelva para quedarse diciendo que quiere abrir un debate público para liderar un proceso de regeneración democrática, sin proponer una sola medida para hacerlo no puede durar mucho tiempo. El neoliberalismo, en España el bloque reaccionario, lo quiere todo todo el tiempo.

El bloque reaccionario, agente español de la tercera fase del capitalismo neoliberal, no va a parar. El PSOE no podrá sostener la farsa de su papel desde la transición. Para evitarlo no tiene más remedio que asumir su expulsión del consenso de régimen del 78 y actuar legislativamente con el bloque democrático, el de investidura. No quiere hacerlo. Hay una batería de medidas que el bloque de investidura, que es el que tiene el apoyo electoral, debe forzarlo a afrontar. La renovación urgente del cinco años caducado CGPJ sin la participación del Partido Popular, la derogación de la ley mordaza, una ley de medios que garantice el derecho constitucional a una información veraz, la persecución penal de las cloacas, la prevaricación judicial y el lawfare mediático, la reducción del tiempo de la ley de secretos oficiales, el acceso sin sesgo de clase a la carrera judicial, por ejemplo, además de afrontar de una vez por todas la garantía del derecho básico a una vivienda digna. Sí que se puede.

Elecciones en Euskadi, diez ideas y un colorario desde Andalucía

 

Como lectura desde la izquierda y desde Andalucía, aquí expongo diez ideas y un colorario sobre los resultados electorales en el País Vasco, más allá de la evidencia de que Euskadi presenta desde el comienzo del actual sistema democrático, sustentado sobre la CE del 78, un ecosistema electoral propio, y de que la suma de los nacionalismos soberanistas de derechas (PNV) y de izquierdas (Bildu) representa, tras las elecciones autonómicas del pasado 21A, un récord histórico de 54 representantes en el parlamento de Ajuria Enea sobre un total de 75 posibles.

1. El bipartidismo de régimen representado por PSOE y PP, y su alianza entre élites burguesas u oligárquicas mejora. El pacto PNV-PSOE en Euskadi y PSOE-PNV en España se solidifica. Pedro Sánchez pretenderá consolidar esta legislatura sin avances sociales, feministas o ambientales, reforzando la inversión bélica y la obediencia a los EE.UU, al tiempo que miente discursivamente en los marcos progresistas.

2.  Bildu atrapa el voto de Elkarrekin Podemos como voto útil para derrotar al PNV. Las dos experiencias electorales últimas en nacionalidades históricas, Galicia y Euskadi, muestran que cuando las izquierdas soberanistas territoriales reconducen su praxis suavizando su posición independentista reducen el campo de la izquierda con vocación de proyecto de estado. La operación de PRISA en la última semana de campaña, resucitando a ETA, ha evitado que Bildu coja voto del PSE imprescindible para derrotar al PNV. Además ha preparado el terreno de la continuidad del pacto de gobierno PNV/PSE a ojos del electorado español y vasco.

3.  Sumar es un azucarillo en disolución, sus resultados en Áraba una ilusión óptica. Como explica Enric Juliana, ha sido CC.OO quien ha facilitado el escaño testimonial en Araba vinculado al PCE. Podemos sigue pagando su modelo orgánico sin estructuración territorial heredero del errejonismo. Los círculos son bucles de humo sin fuerza para la intervención política.

4.  PNV y post convergentes (tras la amnistía se verá más claro) tienen dos referentes de estado, PP y PSOE para negociar los intereses de sus respectivas oligarquías a costa de los derechos de todos los pueblos del Estado, incluidos el vasco y el catalán. Ni Bildu ni ERC cuentan con esa ventaja posicional desde la izquierda soberanista. El PSOE y el PP siempre preferirán a los puntales perimetrales de derechas del régimen.

5. ERC y Bildu deberían tener una idea de España y una interlocución de estado que actúe sinérgicamente para avanzar hacia una república federal/confederal consecuencia de un pacto entre pueblos. Está pendiente la renovación del CGPJ y la derogación de la ley mordaza, Pedro Sánchez conduce un tanque de guerra sin más oposición a su belicismo que el de Podemos.

6.  Las oligarquías vasca y catalana tienen la misma idea de España que Ayuso, España es Madrid, lo demás territorio de extracción. Les va muy bien así, a ellas y a los poderes económicos y reaccionarios que habitan el interior de la M30. Su negocio está vinculado al BOE y a la capacidad de negociación del PNV y postconvergentes con los poderes del estado representados por PP y PSOE. La burguesía catalana añora el pujolismo, es la razón por la que el candidato del PSC en las elecciones catalanas, Salvador Illa, intenta rehabilitar la figura de Jordi Pujol afirmando que tuvo un papel destacado en el autogobierno.

7.  La recuperación del bipardismo monárquico puede darse también en Cataluña en las próximas elecciones del domingo 12 de mayo. Agotado el procés, es probable que ERC sufra en Cataluña el desborde del PSC. Los resultados de Junts son una incógnita pero es evidente que el empresariado catalán prefiere en este momento a Salvador Illa. No parece que la aventura independentista unilateral siga teniendo credibilidad en Cataluña. Veremos.

8. El estado español no es un continuum homogéneo con las excepciones de Galicia, Euskadi y Cataluña. Las identidades culturales son múltiples y las desigualdades y problemáticas autonómicas muy variadas. Miren Canarias estos días utilizando su bandera para revelarse contra un modelo turístico depredador que coloniza el territorio y extrae el capital humano, ambiental y monetario sin contemplaciones.

9.  De momento, las izquierdas soberanistas gallega, vasca y catalana no parecen estar interesadas en un referente político plurinacional que trabaje para debilitar la alianza entre élites de sus territorios con el bipartidismo monárquico. Un horizonte republicano, federal y plurinacional, fruto de una alianza entre pueblos requiere de una fuerza verdaderamente federalista con vocación de estado. Ese proyecto común tendría alianzas tácticas diferentes en cada territorio.

10.  Avanzar hacia el horizonte republicano, federal y plurinacional, es imposible sin considerar Andalucía como una de las cuatro nacionalidades históricas constitucionales, artículo 2, tres de origen más una, Andalucía por el procedimiento del 151.

Corolario uno. Pese a que el bipartidismo de régimen utilizará los resultados de las elecciones en Euskadi y en Cataluña, estos no van a alterar el escenario de disputa estatal y europeo que se dará en las europeas. La connivencia belicista de la alianza entre el bipartidismo monárquico de régimen y las representaciones políticas de las oligarquías vasca y catalana será evidente. Esa alianza querrá contraponer el feminismo de elite, el de los consejos de administración de las grandes empresas y el de los techos de cristal, con el feminismo de clase, el de las mujeres que sufren todo tipo de violencia y desigualdad, la de género, la salarial y la política. Violencias y desigualdades amplificadas por las desigualdades territoriales, las intraterritoriales y las extraterritoriales.

Andalucía, desierto empresarial; Madrid, agujero negro

 

En El Economista se puede consultar el ránking de empresas por volumen de facturación en el año 2021, vinculado a la provincia en la que tienen su sede social. De entre las doscientas primeras, solo ocho están radicadas en Andalucía. Ciento doce tienen su sede en Madrid, veinticinco en Cataluña, y catorce en Euskadi. Galicia tiene trece empresas entre las doscientas primeras del ranking. Navarra tiene seis. Cuatro Aragón. La Comunitat Valenciana tiene también cuatro, destacando Mercadona S.A que es la primera con 25.154.320.000 € de volumen de negocio en 2021, un 20% más que la segunda que es REPSOL Petróleo S.A. Murcia tres y Canarias dos.

Madrid, con el 14,4% de la población española acumula el 52% de todas las grandes empresas del país. La desproporción es brutal. Entre Madrid, Cataluña, Euskadi y Galicia, con el 41% de la población, acumulan el 82% de las sedes sociales de las doscientas primeras empresas de España. Andalucía con una población equivalente al 17,7% del total de España cuenta con la sede social de ocho empresas de entre las doscientas primeras, solo un 4% de tejido empresarial con alta facturación. Un fuerte contraste con Navarra que con el 1,40% de la población española alberga seis empresas de entre las doscientas primeras. Los datos no incluyen los de los bancos. Si los incluyese, entre los diez primeros solo estaría Unicaja con sede en Andalucía.

De las diez primeras empresas del ranking, siete están en Madrid, una en Valencia, una en A Coruña y una en Barcelona. Madrid se imputa el 64,5% del aporte fiscal al estado de las diez primeras empresas del país, sin contar la de los bancos. El desequilibrio es aterrador a favor de la capital del reino. Este es el verdadero significado del “Madrid es España y España es Madrid” de Isabel Díaz Ayuso. Las grandes empresas tienen su sede social allí, imputan su aportación al PIB y su fiscalidad en Madrid, con fiscalidad autonómica de paraíso fiscal, pero extraen el beneficio del resto de España.

Contra esto es contra lo que Andalucía necesita luchar. Andalucía es la gran perjudicada de un modelo de colusión entre el capitalismo castizo madrileño que vive del BOE, las grandes empresas extranjeras radicadas en Madrid para succionar capital de todo el estado, los grandes grupos de comunicación españoles que emiten desde Madrid y trabajan para justificar el colonialismo centralista y, por último pero no menos importante, el bipartidismo de régimen del 78 que ampara, mediante los pactos del PP y del PSOE con las derechas vasca y catalana, la desigualdad territorial.

Cuando el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ataca la amnistía con el argumento de que en España todos debemos ser iguales, oculta las causas de la desigualdad territorial de Andalucía. Los datos de paro, pobreza, pobreza infantil, bajos salarios, precariedad laboral, deterioro de los servicios públicos, infrafinanciación y desindustrialización, entre otros, que sitúan a Andalucía entre las comunidades autónomas más perjudicadas, no son más que la consecuencia de la concentración de poderes económicos, mediáticos e institucionales en Madrid, a los cuales tanto el PP andaluz como el PSOE andaluz les rinden pleitesía desde siempre.

El acuerdo histórico de Puigdemont y Andalucía

 

Ni unilateralidad, imposible en una Unión Europea a la que le cuesta aceptar lenguas de naciones sin estado, ni bilateralidad en un estado plurinacional. La investidura no debe ser solo una acuerdo entre representantes de elites de derechas nacionalistas con el PSOE sanchista. Con lentejas para el resto. Para que un acuerdo sea estable, requiere incluir la desigualdad entre territorios, pienso en Andalucía, la desigualdad de clase y las cuestiones feminista y ecologista.

Cualquier acuerdo territorial que resista el tiempo ha de ser plurilateral. Andalucía es una nación cultural y política cuya lengua son sus acentos. Si no está en el acuerdo estará contra el al estilo del “a por ellos” capitalizado por el PP y la ultraderecha madrileña. En la transición las elites vasca y catalana, junto con el postfranquismo, representado por UCD, la corona representada por Juan Carlos I y el empuje social representado por el PSOE, el PCE, UGT y, sobre todo, CC.OO, alcanzaron un acuerdo histórico, lo llamaron Pactos de la Moncloa. Se trataba de superar la crisis interna, agravada por la primera crisis del petróleo del siglo XX, tras la muerte del dictador, así nació el régimen del 78.

Ese pacto incrustó el franquismo en la democracia naciente, cargó sobre la clase trabajadora el peso de la crisis y pretendió excluir de soberanía propia al resto de territorios que no fuesen Euskadi, Cataluña y Galicia. Los dos primeros acuerdos salieron según lo previsto. El franquismo permaneció en judicatura, policía, ejercito y alto funcionariado. Las elites económicas serían las grandes beneficiarias de privatizaciones de empresas estratégicas. La tercera no, Andalucía se cruzó en el camino gracias a la irrupción poderosa del andalucismo político de la mano del Partido Socialista de Andalucía que reclamó “poder andaluz”.

Estos días, mientras Feijóo fracasa, y en su partido muchos esperan el momento para devolverlo a su tierra envuelto en papel prensa madrileño, El PNV y el sanchismo, por mediación subalterna de Sumar, trabajan para convencer a Junts de que es preciso firmar un acuerdo de amparo a las elites vasca y catalana, ley de amnistía mediante. Puigdemont está fuertemente presionado por el empresariado catalán para que llegue a un acuerdo; María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del PSOE, pone sobre la mesa la billetera del estado.

Un acuerdo así, excluyente del feminismo, la ecología y las demandas de equidad de otros territorios, principalmente el andaluz, fortalecerá el ariete reaccionario formado por la aleación de PP, Vox y Felipe VI. Un acuerdo así busca un nuevo reparto entre elites de las plusvalías del trabajo, ambientales y de las tareas de reproducción social de las mujeres. El acuerdo histórico que propone Puigdemont o la convención constitucional que propone el lehendakari Íñigo Urkullu, apuntan a unos nuevos Pactos de la Moncloa. Unos ganan, la mayoría pierde.

Para avanzar en un pacto con potencial republicano es preciso pensar un acuerdo entre pueblos, es preciso pensar en términos de plurinacionalidad plurilateral, no solo en términos de concesiones a Cataluña y Euskadi, con Madrid extrayendo capital de territorios colonizados como el andaluz. En ese acuerdo es determinante el pueblo andaluz para que la derecha no lo use como obstáculo a las legítimas demandas de soberanía de otros pueblos.

Tal vez la izquierda de estado y las independentistas y soberanistas, vasca, catalana y gallega pudiesen explorar, como hacen por la derecha PNV y Junts con el sanchismo, la posibilidad de una alianza estratégica plurinacional republicana para que un nuevo acuerdo histórico tenga en cuenta las desigualdades de clase y las territoriales, la defensa del feminismo y del ecologismo. Así el bloque reaccionario, formado por PP, Vox y Felipe VI, con la ayuda de medios de comunicación, judicatura y estado profundo franquista, al que se suman las comunidades gobernadas por PP y Vox, tendría más difícil torcer el pulso al imprescindible avance democrático plurinacional.

Andalucía es nación en la España plurinacional

Carta abierta al lehendakari Íñigo Urkullu

Señor Urkullu, con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada. Su artículo del pasado 31 de agosto en El País tiene el mérito de abrir el interesante proceso para un acuerdo territorial de largo alcance. Las propuestas del PNV son inteligentes, oportunas y de gran calado para el avance y la profundización democrática.

No obstante, nuestra crítica constructiva a la propuesta de Urkullu es dura y muy relevante para los intereses del pueblo andaluz. El lehendakari Urkullu sugiere explorar “un nuevo pacto utilizando la vía de la ´actualización de los derechos históricos`, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución”. 

Para el pueblo cultural y político andaluz, para nuestra institucionalidad política, el argumento de los derechos históricos no puede ser válido con la exclusión de Andalucía. La condición de nacionalidad histórica fue conquistada desde las calles el 4 de diciembre de 1977 y, en las urnas, el 28 de febrero de 1980, algo que no se le pidió a Galicia, Cataluña y Euskadi. Aquel referéndum del 28-F imponía condiciones muchísimo más duras que las exigidas a Quebec o Escocia en sus respectivos referéndums de independencia.

La línea de exclusión de Andalucía en la propuesta de Urkullu es dolorosamente expresa, aunque no explícita. El lehendakari otorga para su propuesta la condición de nacionalidades históricas exclusivamente a aquéllas reconocidas en la II República: Galicia, Cataluña y la propia Euskadi. Excluye u olvida que la nacionalidad histórica andaluza iba a ser reconocida en septiembre de 1936. Urkullu admite así el dictado del fascismo franquista para dejar a Andalucía fuera de su propuesta “neoconstituyente”.

Las nacionalidades otorgadas no pueden estar por encima de aquella que conquistó la misma condición política en las calles y en las urnas. Nos sorprende que el lehendakari apele a viejos fueros otorgados por los reyes de Castilla y a exclusiones impuestas por el franquismo. Pedir un avance soberanista en base a históricos servicios prestados a la monarquía es una legitimación de un régimen que deberíamos superar abriendo una vía republicana.

Añadimos que la “convención constitucional” que propone Urkullu ya tuvo un mal precedente en los llamados padres de la Constitución, que pretendieron relegar a Andalucía a autonomía de segunda categoría. La actual realidad del Estado de las Autonomías no es la que configura el Título VIII de la CE, sino el fruto del acuerdo de los partidos para frenar el impacto de Andalucía tras el 28-F de 1980 en el mapa autonómico, que pasó por amputar su Estatuto. También se aprobó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) que generalizó las instituciones a los diversos trozos en los que se dividió Castilla, provincias diversas y ciudades autónomas para rebajar el calado de una España con 4 nacionalidades que hubieran sumado la mitad de su población. El origen andaluz de la mutación constitucional de 1981, con Manuel Clavero Arévalo como oficiante del café para todos, obliga a Andalucía a estar dentro de cualquier nueva propuesta de avance plurinacional para garantizar su buen fin e impedir su tergiversación posterior.

Al PNV le interesa la profundización democrática en España, cierto que para remover los obstáculos para sus demandas soberanistas, pero no menos cierto que para reformar un estado federal/confederal, cuya unidad no va a poner en cuestión en el contexto geopolítico global y europeo que vivimos, a cuyo modelo territorial le crujen los pilares y las vigas maestras, debido a la continua y persistente deriva centralista y centralizadora, bajo las interpretaciones restrictivas de la CE, en particular de su título VIII, tanto por los dos partidos de régimen, PSOE y PP, como por las altos tribunales judiciales y el propio Tribunal Constitucional.

El Partido Nacionalista Vasco ha puesto sobre la mesa elementos de negociación para decidir su voto en la posible investidura para esta XV legislatura que apuntan con decisión hacia la profundización y la transparencia democrática. Utilizará su fuerza parlamentaria para que la judicatura española pueda investigar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, modificar la ley de secretos oficiales para disminuir el tiempo de ocultación de determinadas acciones de Estado, acabar con la inviolabilidad del Rey cuando ejerza como jefe del Estado de acuerdo con la CE, eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias de su tribunal de Garantías, y modificar las normas que regulan el CNI para evitar casos de espionaje político como el Pegasus.

Reconocemos como legítima la aspiración a la negociación bilateral efectiva de las naciones de la España plurinacional con el Estado. Sin embargo, la bilateralidad en un estado plurinacional alberga una contradicción en su seno, pues si se reconoce que hay un estado llamado España, que contiene pueblos con aspiración a tener su propio estado, cualquier punto de acuerdo bilateral afecta a las otras bilateralidades. Es indiscutible que las comunidades con reconocimiento constitucional de sus derechos forales, Euskadi y Navarra, con sus exclusivos conciertos económicos, son las que tienen mejores indicadores sociales y económicos. Consiguientemente, cualquier negociación para avanzar requiere imprescindiblemente de la plurilateralidad, en la que Andalucía, el pueblo andaluz, deviene imprescindible por sí y por el resultado óptimo.

Andalucía no puede, no se va a dejar, seguir siendo la pagafantas de los acuerdos bilaterales financieros, fiscales, de reindustrialización o de cualquier otro tipo entre clases dominantes de los distintos territorios. Y no lo va a ser porque amparan y crean las condiciones para la desigualdad territorial y de clase. Andalucía no lo va a permitir.

Los datos en este sentido son tozudos. La desigualdad es el resultado del dominio político y económico centralista, principalmente de raíz madrileña, que mantiene, conserva y hace crecer las causas estructurales del sometimiento de Andalucía. Andalucía y Democracia lo ha expuesto en textos colectivos anteriores que se pueden encontrar en este enlace https://andaluciaydemocracia.blogspot.com, y explícitamente en un reciente texto con el título 28F de 2023, Andalucía colonia interior, que proponemos releer. Los datos demuestran que, independientemente de las mejoras objetivas en la calidad de vida en Andalucía desde la transición hasta la actualidad, como en el resto de autonomías, la desigualdad comparada con el resto de territorios ha aumentado.

Advertimos que sin Andalucía no será posible dar naturaleza constitucional al estado plurinacional. Andalucía es el pueblo cultural e histórico que tiene más necesidad de soberanía. Por población y tamaño, Andalucía podría ser la décimo sexta nación de la Unión Europea. El funcionamiento de Andalucía como colonia interior de otros territorios de España, fundamentalmente Madrid, se manifiesta en la economía extractiva a la que nos ha condenado la evolución centralista del modelo bipartidista surgido de la CE del 1978. 

El extractivismo colonial se manifiesta en el frente ambiental, que relega a Andalucía al papel de almacén de residuos, minería e industria contaminante, al turismo intensivo en manos de operadores ajenos a nuestra tierra, a la ocupación del territorio para el urbanismo de segundas residencias, a la destrucción y gentrificación de los núcleos urbanos e históricos y a la agricultura antiecológica. Todo ello con el consiguiente expolio de recursos hídricos, escasísimos en tiempos de cambio climático con consecuencias catastróficas claras.

Pero no solo. El extractivismo colonial se manifiesta también en la ausencia de sedes sociales de grandes empresas, en la emigración permanente de mano de obra cualificada (capital humano) produciendo en las familias duras fracturas emocionales. Se manifiesta en la práctica entrega de la banca andaluza y sus cajas de ahorros a entidades que tienen sus sedes sociales fuera de Andalucía. Hay un sangrante extractivismo cultural que nos expolia la identidad para usarla como símbolo de España ante el mundo (el flamenco a la cabeza), despreciando internamente los acentos y las raíces mestizas del territorio (Al-Andalus) en que se dio el primer renacimiento europeo. 

Todo ello agravado en los últimos años por el contexto europeo de dominio neoliberal y por las posiciones belicistas en la Unión Europea y de los partidos del régimen, PP y PSOE. En coherencia con lo que ocurre con otros pueblos colonizados, nuestra condición de subalternidad da argumentos a las posiciones centralistas o “bilateralistas” para acusar a Andalucía de comunidad subvencionada y receptora de miserables subsidios para la supervivencia de las clases más desfavorecidas.

En esta legislatura se va a hacer visible la confrontación política entre dos bloques. Uno reaccionario de raíz franquista formado por el Partido Popular y Vox, bajo el amparo del rey Felipe VI. Lo hemos visto al señalar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como primer candidato a la investidura tras las elecciones generales del 23 de julio. El bloque reaccionario se autodenomina constitucionalista, aunque son centralistas y monárquicos. El bloque democrático vendría a estar formado por los que defienden la plurinacionalidad del Estado y se sitúan en el campo feminista y de los derechos sociales y ambientales. El PSOE no tiene más remedio que situarse en el bloque progresista. No obstante, como en la legislatura anterior, lo hará agarrado al freno de mano.

Ante todo lo anterior, aventuramos que un pacto para la “actualización de los derechos históricos” que excluya a Andalucía provocará una reacción emocional contraria y activará el sentimiento andalucista. Sentimiento sometido en las últimas décadas gracias a la ingestión de somníferos administrados por el PP y el PSOE. El bloque reaccionario utilizará a Andalucía -ya lo está haciendo- para una supuesta “defensa de la igualdad entre todos los españoles”. En realidad, lo que busca es obstruir cualquier proceso legítimo de emancipación territorial, aunque sea a costa de  enfrentarnos -como hicieron con el “a por ellos”- a pueblos que legítimamente demandan soberanía.

Aviso para navegantes: sin el pueblo andaluz no será posible el proceso de “neoconstitucionalización” demandado por Urkullu. Sólo será viable con Andalucía y bajo la premisa de una plurinacionalidad que beneficie a todos los pueblos de España, se sientan nación o no. El pueblo andaluz no va a consentir quedar relegado a segunda categoría. Por eso es clave que Urkullu y todos los que le acompañen se abran a reconocer que, por derecho propio, Andalucía es una nación en la España plurinacional. Como la que más.

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; José Luis de Villar Iglesias, doctor en Historia y profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Raúl Solís Galván, periodista.

Sumar no suma, Podemos vive

 

Los números electorales son datos que hay que interpretar en función de la historia, los contextos, los acontecimientos y las expectativas. Comparar los resultados de Sumar con los de Unidas Podemos solo puede hacerse reconociendo el valor de las contingencias. Otra cosa sería comulgar con aquello que en 'Amanece que no es poco' decían los lugareños a su alcalde “alcalde todos somos contingentes, pero tú eres necesario”. Sumar no era imprescindible, la unidad de la izquierda existía, se llamaba Unidas Podemos. 

Sumar es la construcción política de un proyecto electoral pensado por Yolanda Díaz, el PCE y la antigua ICV (ahora Los Comunes). La dimisión de Pablo Iglesias de la Secretaría General de Podemos, provocó de urgencia que designara a una de las figuras con mejor imagen del espacio electoral de cambio, la ministra de trabajo Yolanda Díaz, después vicepresidenta segunda del gobierno en sustitución del propio Pablo Iglesias, para liderar el espacio de unidad con el objetivo de hacerlo crecer. Iglesias había dicho: “ya no sumo, me han convertido en un chivo expiatorio.” La misión de Díaz era de ampliar el espacio electoral, no reducirlo.

Bajo la búsqueda obsesiva de una nueva unidad vestida de proceso de escucha y construcción programática participada, estaba una nueva apuesta estratégica basada en la aproximación a las posiciones del PSOE, para lo cual era precisa la sustitución del peso de Podemos por los pesos futuribles de IU, Compromís y Más Madrid, fuerzas políticas que pensaron en momentos críticos con mucho presíng mediático, dejar pasar a Pedro Sánchez para que gobernase en solitario (incluso con Ciudadanos). Se trataba de reducir la voz reivindicativa de impugnación de los acuerdos del régimen del 78, para evitar los ataques mediáticos indiscriminados y, así, hacer crecer el espacio de representación de la izquierda. Lo que ocurre es que esa estrategia está indefectiblemente subordinada a la aceptación de los límites del PSOE y no a la acción para el logro de políticas de izquierda, ecologistas, feministas y plurinacionales.

La alianza táctica/estratégica de Yolanda Díaz con el PCE, la antigua ICV, Más Madrid y Compromís ha logrado el objetivo estructural que podríamos resumir en un “quítate tú para ponerme yo”. El motor Podemos vive en boxes. Los éxitos de Sumar están por ver. Lo cierto es que aún en un contexto mediático de alabanza hacia su lideresa, al contrario que los contextos en los que se ha movido siempre Podemos, ha perdido 700.000 votos respecto de Unidas Podemos, Compromís y Más Madrid en noviembre de 2019. La comparación con el 28M de este mismo 2023 es tan retorcida como irrisoria. Mientras se intentaba forzar a Podemos a entrar sin condiciones en la coalición de Sumar el baile de encuestas le otorgaban en ocasiones hasta 50 diputados. La propia encuesta del CIS, cuyo presidente el Sr. Tezanos presume de ser quien más se ha aproximado a los resultados del 23J, en plena campaña electoral otorgaba a Sumar entre 43 y 50 escaños. Han sido 31. Es obvio que Sumar no ha sumado, ni para el objetivo que estaba llamada a cumplir su líder, ni sobre las expectativas que le auguraban sus propios pronósticos y las encuestas.

Que el resultado electoral arroje un empate a 171 entre el bloque de izquierdas y el bloque de ultraderecha, se debe a acontecimientos emergentes cuando la cosa estaba perdida: El candidato del PP emponzoñando el debate cara a cara con Sánchez, la periodista Silvia Intxaurrondo enfrentándose a Feijóo por la mentira de la subida de las pensiones con el IPC, Zapatero entrando a lo podemita en campaña, valorando la figura de Irene Montero y los logros del hasta ese momento ignorado gobierno de coalición, y, por último, lo más importante, el gran error de Alberto Núñez Feijóo de no acudir por cobardía al debate a cuatro en TVE dejando su representación en manos del líder de Vox, Santiago Abascal. Esos acontecimientos lograron in extremis activar el voto de la izquierda, frenar el trasvase de votos del PSOE al PP y acumular voto útil sobre Sánchez a la vista del parecido con Díaz.

España puede ir hacia una repetición electoral o hacia un gobierno de coalición cuya base parlamentaria sea democrática y plurinacional. PNV y Junts, caso de que Sánchez sea investido, condicionarán por la derecha las políticas del gobierno. Podemos vive, así que mientras eso ocurra la agenda de profundización democrática plurinacional en la que pueden coincidir tantos las derechas nacionalistas como las izquierdas soberanistas tendrá voz en la izquierda.

Haría bien Yolanda Díaz en lograr un acuerdo previo de Sumar con Podemos antes de afrontar la negociación con el PSOE y con el resto de partidos que habrán de investir a Pedro Sánchez. Un acuerdo que no puede ser más que un acuerdo estratégico para esta legislatura que cuente con la autonomía política del motor ideológico y con la necesidad de una alianza republicana con las fuerzas soberanistas de izquierdas de las distintas realidades plurinacionales del estado. Un acuerdo con Podemos que debe priorizar y no relegar al último momento como ha venido haciendo hasta ahora, sin vetos a Irene Montero ni ninguno de sus liderazgos. Si esto no se hace así la coalición de fuerzas progresistas llamada Sumar estará anunciando su propio fracaso.

Si eres buena persona, votar izquierda es imperativo categórico

 

Sumar es ir a votar izquierda el próximo 23 de julio. Con más ganas si hay posibilidad de salida de alguna representación de Podemos. No solo para que no gobierne la extrema derecha, sobre todo para consolidar los avances en derechos y mantener viva una agenda democrática. Nos falta derogar la ley mordaza, renovar el CGPJ para sacarlo de las garras ultraderechistas, hacer que RTVE sea veraz sin que juegue a la farsa. Nos faltan políticas sociales, feministas y ecologistas. Nos falta educación y sanidad pública. Nos falta erradicar la cultura mediática, judicial e institucional de la corrupción. Nos falta internalizar la plurinacionalidad del estado.

El PSOE nunca quiso el gobierno de coalición. Tras el 15M de 2011 entregó al PP la reforma del artículo 135 de la CE por orden de Obama y Merkel. Así puso por delante el instinto depredador de la banca. La docilidad del PSOE con el FMI, el BCE y la CE, troika, preparó el triunfo del PP con más de once millones de votos. Llegaron tiempos de suicidios, paro y pobreza. En 2014, tras la irrupción de Podemos, con la maquinaria judicial de los desahucios a tope, el paro desatado y millones de familias cabalgando el hambre y la precariedad, la ley mordaza, la reforma laboral sanguinaria en pleno vigor y las pensiones miserables, el PSOE regaló por dos veces al partido de M. Rajoy en los papeles de Bárcenas el gobierno de España, en diciembre de 2015 y tras la repetición electoral de 2016, aunque podía gobernar con Podemos.

La sentencia condenatoria de la Gürtel hizo que Pedro Sánchez llegara al gobierno de España en junio de 2018 con una moción de censura en la que no creía. Pablo Iglesias le sumó los escaños de Unidas Podemos y los de los nacionalismos vasco y catalán. Hicieron falta dos elecciones más, abril de 2019, veto mediante a Pablo Iglesias alegando insomnio, y noviembre del mismo año, con la irrupción de Vox, para que Sánchez se viese obligado a gobernar con Unidas Podemos.

Esta ha sido una legislatura muy complicada, pandemia y guerra de Ucrania. Se han producido multitud de avances en derechos sociales, feministas, laborales y de los animales, a fuerza de Podemos y con la resistencia del PSOE. La presencia de Unidas Podemos en el gobierno ha obligado al PSOE a proteger a las mayorías sociales. Pero acaba la legislatura con un Pedro Sánchez otanista que entrega el discurso de la igualdad y el feminismo a la ultraderecha, que elude lucir la utilidad del gobierno de coalición, y que, tras dar cancha a Yolanda Díaz para que achique a Podemos, llama al voto útil para laminar el voto por su izquierda.

Termina la legislatura con Pedro Sánchez traicionando lo más ideológico del legado de su gobierno: igualdad y derechos sociales. Así alimenta a la ultraderecha que tapa con la bandera de España y el antifeminismo sus intenciones de regreso a un país sin libertades, un país donde la protección sea exclusiva para la economía rentista y el capitalismo financiero improductivo. Por eso, en este momento, votar izquierda, más si Podemos puede salir, aunque sea bajo el nombre de Sumar, es para las buenas personas un imperativo categórico.