Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza para 2013, que serán debatidos y aprobados en el Parlamento andaluz, han sido calificados con acierto por la consejera de Hacienda, Carmen Aguayo, como “presupuestos de resistencia”. A la que se suma otra aseveración tan precisa como trágica: “no tenemos margen para intervenir en la economía andaluza.”
La sociedad andaluza es, del conjunto del Estado, la que está sufriendo con más dolor los efectos de la crisis. Algo que los presupuestos para 2013 de Mariano Rajoy no tienen en cuenta. La ideología de la derecha neoliberal reserva para el Estado un límite de endeudamiento para el ejercicio 2013 del 3,8%, en tanto obliga a Andalucía al límite del 0,7%. Un castigo fraguado en la reforma del artículo 135 de la Constitución que ignora que Andalucía es una de las comunidades autónomas menos endeudadas (en torno al 10% de su PIB) frente, por ejemplo a la deuda española (en torno al 70%) o la catalana (en torno al 20%.)
Añadamos a este límite impuesto de modo centralista otros límites flagrantes:
1. La negación por parte del gobierno central de la aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto andaluz, que obliga al Estado a invertir en función del porcentaje de población. La deuda acumulada con Andalucía, derivada de este incumplimiento de una norma de rango constitucional, supondrá en 2013 más de 3.400 millones de euros.
2. La negación política (ideológica) de que la función de los presupuestos ha de ser social, y por tanto habrían de buscar un reequilibrio de las desigualdades. Sólo el diferencial de 10 puntos en la tasa de paro debería ser argumento más que suficiente para un trato presupuestario en materia de inversiones en políticas activas de empleo que tenga en cuenta este factor. Por contra, el gobierno central recorta hasta un 40% estas políticas en Andalucía, favoreciendo a las comunidades que su partido gobierna. Añadamos la anulación de las políticas de igualdad y de ayuda a la dependencia, añadamos los recortes en transferencias en materia educativa, sanitaria y universidades.
3. La acción legislativa y judicial del gobierno central limita la capacidad de Andalucía de salida de la crisis por medios propios. Los ejemplos de los recurso ante el constitucional para parar nuestras oposiciones en educación pública o para parar el novedoso y eficiente Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia, aventuran nuevas limitaciones a la capacidad legislativa del gobierno y el Parlamento andaluz. La reforma de la Ley de Costas, la reforma de la Ley de Comercio, la legislación retroactiva de políticas anti-energías renovables, por activa, y la carencia absoluta de políticas centrales para favorecer un cambio de modelo productivo en Andalucía, son más ejemplos.
4. El finalismo (dirigismo) de las escasas inversiones presupuestadas por el gobierno del PP, impide la disponibilidad de esas cantidades para que el gobierno andaluz pueda asumir la transformación económica que necesita Andalucía.
No obstante lo anterior, el ejecutivo andaluz, a pesar de ser consciente de los límites, actúa mostrando debilidad o ausencia de proyecto político de gobierno de coalición y no asume el ejercicio de la autonomía en todas sus posibilidades, por contra, curiosamente, lleva a gala lo que autodenominada “lealtad institucional”. Hemos de recordarle a nuestro gobierno que el grado de sufrimiento del pueblo andaluz es muy alto y está llegando a un límite intolerable.
Los presupuestos andaluces son, efectivamente, de resistencia, se nota en la distribución de las partidas presupuestarias, en donde bajan y en donde suben. No cabe duda que hay una apuesta por mantener unos mínimos en salud, educación, servicios sociales, políticas de igualdad, revalorización de pensiones, investigación, lucha contra la exclusión y la pobreza. Una apuesta voluntarista que será absolutamente insuficiente.
La insuficiencia vendrá derivada de la segunda afirmación de la consejera Aguayo, no hay margen. Efectivamente, con el actual marco legislativo no hay margen de intervención en la economía andaluza. Y sobre todo, lo que no hay es políticas legislativas andaluzas que marquen los cambios necesarios en materia de modelo agrario, turístico, energético, cultural, de consumo, comercio, movilidad, industrial o vivienda.
En una situación en la que la sociedad andaluza se acerca a los límites de la implosión y la explosión, observamos que el gobierno andaluz está centrado en la defensa. Vale defendernos es lo primero, pero hace mucha falta una ofensiva legislativa y política que implemente ya una fiscalidad ecológica propia de Andalucía, que legisle al límite de nuestro estatuto para reconducir la economía hacia un modelo sustentable, aún a riego de los recursos centralistas. Andalucía necesita un presupuesto de base cero para crear empleo con un plan de inversiones en economía verde.
Y lo que más hace falta es una ofensiva política contra las políticas neoliberales de la actual Europa y del gobierno de Rajoy. Un gobierno andaluz que se dice de izquierdas no puede vivir mucho tiempo sin objetivos políticos en alianza con la sociedad andaluza. A los y las andaluces nos va el futuro en ello.
Publicado como EDITORIAL de Paralelo 36 Andalucía el 6 de noviembre de 2012
