La táctica de acoso sistemático al Gobierno de España de la vieja derecha española, fragmentada en tres opciones partidistas, no solo tiene el objetivo de hacerse con el control de los 140.000 millones del acuerdo europeo para la reconstrucción, más la parte alícuota de los presupuestos de la UE hasta 2027 que se cuenta por muchos más miles de millones, para repartirlos como solo la derecha española sabe hacer. Hacer saltar por los aires el gobierno es también una táctica de autoprotección del pasado de esa derecha y sus connivencias bipartidistas.
Unidas Podemos en el gobierno no solo es una garantía de que las inversiones serán equilibradas social, ecológica y territorialmente, sino también una garantía de que la alfombra que oculta los pasados tejemanejes de quienes han participado por acción u omisión de la recolecta de las ramas del árbol del que habló el exmonarca catalán Jordi Pujol, se vaya levantando y deje al descubierto muchas vergüenzas ocultadas tras la palabra patria.
Las trincheras de ataque al baluarte gubernamental podemita están en órganos constitucionales e institucionales, a los que no les podemos presumir independencia después de años de nombramientos bipartidistas escorados a las familias políticas del PP , guardianas muchas de las esencias franquistas, están en las cloacas y en medios de comunicación de tres al cuarto pero con mucho dinero a fondo perdido, incluido dinero de fondo extranjeros.
Pero, aún más grave que las trincheras de ataque al gobierno de coalición, es la tolerada extensión del infame “a por ellos” contra las y los representantes públicos de Unidas Podemos. Estar a la vanguardia en la defensa de los derechos de las mayorías para reconstruir una España sin desigualdad ni pobreza, sin violencia machista, sin destrucción ambiental y con los derechos a la salud, la educación y las pensiones garantizados, resulta intolerable para la vieja derecha derrotada en las urnas.
El acoso, las amenazas, el chantaje, las coacciones, la difusión del odio contra Pablo Iglesias, Irene Montero y sus tres chaborrillos, son lo más grave que está ocurriendo antes de la moción de censura que Vox presentará en septiembre. La falta de condena contundente de partidos que se dicen democráticos, el desprecio a los hechos del periodismo con faltriquera llena, la banalización de fiscalía, jueces y policías de lo que es delito a ojos vista, y hasta las desleales e ignorantes declaraciones de ministras como Robles y Calvo, a las que su formación jurídica les presume inteligencia interpretativa, dejan campo abierto a un in crescendo de acoso fascista, alimentado esta pasada semana por el hecho de que la familia Montero-Iglesias hubiese de terminar abruptamente sus vacaciones recién iniciadas. No hay derecho.
La familia Montero-Iglesias está claramente desprotegida por el estado de derecho. Después de cuatro meses de acoso sistemático al rededor de su chalet y de ser amenazada en el inicio de sus vacaciones, en la madrugada de agosto del sábado 22 al domingo 23, un grupo de fachas arrojó objetos al interior de la casa del vicepresidente, la ministra y sus tres criaturas, al grito de "Iglesias, chúpamela”. Pudieron hacerlo porque la impunidad es territorial y la dejación de funciones de quienes tiene que tutelar el estado derecho garante de la democracia es manifiesta. El mismo domingo 24 de agosto, junto con más gente, las amenazas continuaban; otro energúmeno fascista fue noticia por un video grabado en la puerta del mismo domicilio de Galapagar diciendo cosas espeluznantes.
Cualquier banalización de este mal filofranquista será un error del gobierno, particularmente de Pedro Sánchez. Que haya víctimas y muertes, vista la debilidad del estado de derecho para afrontar la defensa de la democracia contra el fascismo, no se puede descartar. La izquierda y la sociedad civil progresista han de exigir acciones inmediatas contra la emergencia fascista y denunciar a quienes con su desprecio, banalización o aliento permiten que sigan ocurriendo cosas así. Fiscales, jueces y policías deben actuar ya con toda la fuerza legal del estado de derecho. El nazismo y el fascismo llegaron así, millones y millones de muertes asolaron el planeta.
El presidente Sánchez debe instar inmediatamente a actuar contra los delitos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y convenir con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo que se abstengan de hacer declaraciones que justifiquen de manera directa o indirecta lo que no son más que comportamientos al borde de los de la noche de los cristales rotos.
Cualquier banalización de este mal filofranquista será un error del gobierno, particularmente de Pedro Sánchez. Que haya víctimas y muertes, vista la debilidad del estado de derecho para afrontar la defensa de la democracia contra el fascismo, no se puede descartar. La izquierda y la sociedad civil progresista han de exigir acciones inmediatas contra la emergencia fascista y denunciar a quienes con su desprecio, banalización o aliento permiten que sigan ocurriendo cosas así. Fiscales, jueces y policías deben actuar ya con toda la fuerza legal del estado de derecho. El nazismo y el fascismo llegaron así, millones y millones de muertes asolaron el planeta.
El presidente Sánchez debe instar inmediatamente a actuar contra los delitos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y convenir con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo que se abstengan de hacer declaraciones que justifiquen de manera directa o indirecta lo que no son más que comportamientos al borde de los de la noche de los cristales rotos.
