La unidad como cárcel

Podemos pasa página. El debate de la unidad es una trampa. La España democrática, si es, es diversa y plurinacional, lo demás es un constructo centralista para dibujar en el BOE las conducciones de extracción de capital y las turbinas de bombeo al IBEX 35. El constructo en ocasiones tiene que negociar con los agentes de las burguesías vasca y catalana para derramar gotas de BOE sobre Euskadi y Cataluña. Lo hizo Aznar en el Majestic y lo hace Sánchez ahora. Pasta el primero y amnistía el segundo. Se intensificará el debate de la pasta. Por ahí quieren ir PSOE y la alianza manifiesta entre PNV y Junts. La demanda financiera soberanista chocará con la desigualdad estructural entre territorios. Reconocer esa desigualdad estructural y trabajar para erradicarla es básico para evitar que el choque construya un nuevo “a por ellos”.

La trampa de la unidad es una trampa de agón. Un juego de agón es a muerte. La izquierda española con raíz en el PCE es experta en el juego agónico de la unidad. La unidad es una palabra bonita. Quien rompe paga. Solo la justifica la ley D´Hont. Toda visión estratégica que se aleje del conformismo con el régimen del 78, es anulada mediante el juego agónico de la unidad. Te metes en la negociación con el anhelo de una unidad justa y democrática y acabas, como en Andalucía y después para las generales del 23J, al borde del precipicio. En ese instante la elección es el suicidio o las condiciones impuestas.

Podemos tenía muy difícil zafarse del debate sobre la obligada unidad de la izquierda. La torpeza táctica del grupo dirigente de Sumar, actuando como carcelero, ha facilitado la fuga temprana al grupo mixto. Explicar al electorado, con costumbre de voto útil, que la unidad no es un fin en sí mismo, que el para qué y el cómo son determinantes, era un harakiri. Cargar con la culpa de no contribuir con la unidad a parar a la ultraderecha era plomo en las alas. Además, asumir, antes del 23J, un rosario de deserciones epistolares a la búsqueda de apartamento en la calle Sumar.

Tras la liberación de Podemos, es imprescindible desconectarse del debate de la unidad para pasar al de una alianza estratégica que de continuidad al bloque plurinacional de dirección de estado; el que en la pasada legislatura forzó a Pedro Sánchez a ser un poco de izquierdas. Esa alianza plurinacional puede coordinarse, como lo hacen del lado de la derecha PNV y Junts, para hacer valer la fuerza de sus diecinueve votos en el congreso, los que suman BNG, Podemos, EH Bildu y ERC.

Además, en determinados temas relacionados con la profundización democrática, el bloque plurinacional podría añadir al PNV y Junts hasta alcanzar los treinta y uno. La legislatura se adentra en la amnistía y debates territoriales que encontrarán la oposición más feroz en la judicatura y los medios de comunicación. No debería ser extraño pedir a PNV y Junts que cooperen con el bloque plurinacional de izquierdas, para forzar al PSOE a lo que no quiere hacer para mantener la substancia del bipartidismo del 78. Renovar el CGPJ sin necesidad de entregarse al PP, democratizar RTVE para que sus enfoques y contenidos salgan de la carcundia españolista, liquidar la ley mordaza, abrir el melón de la de secretos oficiales o afrontar la democratización de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Por ejemplo.

La unidad es una cárcel. La alianza estratégica plurinacional con horizonte republicano confederal, un camino de liberación que se hace al andar. Antes de las elecciones europeas, vendrán las gallegas y las vascas. Tal vez pueda explorarse, en beneficio del común, algún tipo de relación sinérgica entre la izquierda de estado plurinacional no subalterna del PSOE y las izquierdas soberanistas. Sería un paso en el camino.

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CaixaBank en Andalucía

Imagina que vives en Santander, Bilbao, Barcelona o Madrid. Sales a la calle, vas al supermercado, pasas al lado de una oficina bancaria, miras, y es el Banco de Andalucía. Imposible, ¿verdad? Pues eso pero al revés es lo que pasa en Andalucía, miras, ves y es CaixaBank. El tejido financiero propio y las cajas de ahorro, salvo Unicaja y las rurales, se ha desmantelado en un proceso de fusión y concentración bancaria que ha llevado el capital de origen andaluz a ser manejado por poderes externos. Es solo un ejemplo de la función de Andalucía como colonia interior. La comunidad que por población y territorio podría ser el país dieciséis de la UE, es un territorio sometido a expolio, de capital humano, ambiental y financiero.

Mientras un porcentaje alto de la clase trabajadora, la clase acomodada, la clase empresarial y agraria, y la clase alta enarbola en Andalucía la bandera rojigualda, adiestrada por el “a por ellos” monárquico, judicial y mediático, su cuenta bancaria está en CaixaBank, Banco Santander, BBVA o Sabadell. Da risa. Bancos con domicilio social fuera de Andalucía. Esto es solo un ejemplo paradigmático de para qué quieren Andalucía los dos partidos de régimen, PSOE y PP, en alianzas ocasionales con PNV o el mundo convergente catalán. Pasa con todas las grandes empresas constructoras, de seguros, de telefonía, de alimentación, hoteleras, turísticas, energéticas o grandes superficies comerciales. En un ranking de las diez primeras por volumen de negocio, solo Unicaja tiene sede social en Andalucía.

Es la razón económica de la desigualdad estructural que sufre Andalucía respecto de otros territorios del estado, principalmente de Madrid, Cataluña y Euskadi. Todos los indicadores sociales muestran a Andalucía en último o penúltimo lugar. Paro, tasa AROPE de pobreza, pobreza infantil, paro juvenil, desigualdad económica, barrios pobres o PIB per cápita arrojan una escala desoladora. Por eso es completamente aberrante que en el parlamento catalán los partidos soberanistas aprueben una demanda de deuda histórica del estado con Cataluña cuantificada en más de 450.000 millones de euros desde los años ochenta. ¿Cuánto se le debe a Andalucía desde que el franquismo decidió poner la SEAT en Martorell? La izquierda plurinacional y soberanista debe salir de ese debate. El internacionalismo no es la ignorancia de la existencia de pueblos políticos, es una llamada a la solidaridad y al pacto entre ellos para evitar que unos sean explotados por otros.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular, en lugar de trabajar para ganar soberanía financiera, soberanía industrial, soberanía energética y alimentaria, soberanía política sobre un territorio enorme incomunicado por ferrocarril, se dedica a utilizar la verdiblanca contra otros pueblos de España. Al tiempo reclama igualdad entre “todos los españoles”, la consiente y la potencia en Andalucía.

Moreno Bonilla con traje de niño güeno tiene abandonada la enseñanza pública y la universidad, traspasando unidades a la concertada y creando universidades privadas en manos de intolerancia religiosa o de capital neoliberal. Tiene en estado de absoluta precariedad al Personal Técnico de Integración Social en los centros educativos, destruye y externaliza el sistema sanitario, las listas de espera son de muerte. Engorda de personal partidista todas las instituciones que ha ganado democráticamente. Concentra el poder de decisión en la capital para canalizar el flujo de recursos extraídos de toda Andalucía hacia empresas radicadas fuera de Andalucía. Esto es lo que da pie a que desde otras comunidades autónomas digan que son las que más trabajan y las que más contribuyen al estado. Falso, el negocio extractivo realizado en Andalucía se imputa en forma de PIB, de IAE o de IVA en otros territorios.

El presidente andaluz enarbola la verdiblanca para darle contenido bélico contra las demandas soberanistas de otros pueblos. Instiga contra la ley de amnistía mientras su consejo de gobierno es incapaz de abordar la industrialización de Andalucía, el desarrollo de la agroecología, la investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables, la industria sanitaria, la industria cultural, la articulación del territorio por ferrocarril, la federalización política del poder institucional o la creación de una banca andaluza capaz de inundar otros territorios, como hace CaixaBank.

Este próximo 4 de diciembre, conmemoramos el cuarenta y seis aniversario del 4D de 1977. El día en que el pueblo cultural andaluz se constituye en la calle como pueblo político. Ese es el mayor legado de la generación de la transición. Hagamos memoria y utilicémosla para defender siempre los intereses de Andalucía.

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Superglú plurinacional

Hoy se inviste Pedro Sánchez Castejón con el apoyo de ocho fuerzas con representación en el congreso. Los votos del electorado del propio PSOE más, por orden cuantitativo, los de Sumar con Podemos, ERC, JxCat, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria suponen doce millones quinientos seis mil seiscientos ochenta y dos (12.506.682). El Partido Popular y Vox votarán en contra, los votos de su electorado suponen once millones ciento veinticinco mil quinientos ochenta y cuatro (11.125.584). El bloque democrático obtuvo el pasado 23 de julio un millón trescientos ochenta y un mil noventa y ocho (1.381.098) votos más que el bloque reaccionario. Estos son los números.

Alberto Núñez Feijóo no fue investido en la farsa de sesión de investidura del 26 de septiembre pasado auspiciada por Felipe VI, clave de bóveda del bloque reaccionario, porque aún siendo primero en votos, trecientos cincuenta mil seiscientos ocho (350.608) más que el PSOE, no dispone de mayoría parlamentaria. Y no podrá disponer mientras Vox y el trumpismo ayusista de su propio partido le marque el paso y sea imprescindible para conformarla. Estos son los números.

El referéndum, consulta sin consecuencia jurídica alguna, del uno de octubre de 2017, se promovió tras las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015. Elecciones planteadas como plesbicitarias por la coalición formada por ERC y la antigua Convergencia pujolista, Junts per Sí, con la propuesta de celebración de un referéndum unilateral. Los ecos del 15M de 2011 empujaban el crecimiento de Podemos, la mayoría absolutísima de M. Rajoy gobernaba sin escrúpulos entregando miles de millones a la banca. Las elecciones plesbicitarias las perdió el bloque de la unilateralidad por catorce mil setecientos nueve votos (14.709), formado por JxSí y CUP, frente al bloque que sumaba el apoyo a un referéndum pactado, Cataluña sí que es Pot (actual En Cumú Podem), con la oposición frontal al mismo, Ciutadans, PSC y PP. La mayoría parlamentaria que pudo formar gobierno y avanzar (JxSí más CUP) no fue mayoría electoral. Esos también son números.

Las reglas del juego y los números son constituyentes de la democracia parlamentaria. La soberanía popular descansa en el congreso, ni en el rey ni en los jueces. Estos días los líderes del bloque reaccionario, con sus jarrones chinos, su judicatura, sus medios de comunicación, sus presidencias de comunidades autónomas, sus juciles y sus jusapoles, participan de un proceso insurgente. La barbarie fascista que se concentra a diario delante de Ferraz.

Las consecuencias políticas de señalar al futuro gobierno de Pedro Sánchez y sus apoyos parlamentarios como golpistas, a pesar de los números, serán duraderas. Como duraderas son las consecuencias para la monarquía del discurso de Felipe VI del tres de octubre de 2017 en el que legitimó el “a por ellos” legitimando a Vox y al ayusismo como dirección ideológica del bloque reaccionario.

La investidura de Sánchez está ensamblada con superglú plurinacional. El PSOE no ha querido nunca depender de la plurinacionalidad de España, pero para gobernar ya no tiene más remedio, son los números. Además está siendo arrojado fuera del consenso del 78 por las ultra derechas judicial, mediática y política. El bloque democrático entra con el PSOE en un punto de no retorno. O avanza en la profundización democrática o entrega España al fascio.

La primera tarea debería ser convertir RTVE en un verdadero medio de información público democrático, la segunda renovar el Consejo General del Poder Judicial cambiando la ley con el apoyo del bloque plurinacional, la tercera liquidar la ley mordaza, la cuarta abrir un debate sobre financiación de las comunidades autónomas que compense las intenciones del pacto bilateral entre elites de las burguesías vasca y catalana para evitar que renazca un nuevo “a por ellos” con más fuerza, basado en la demanda de igualdad de quienes siempre votan y actúan contra la igualdad.

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El que pueda hacer que haga

El bloque reaccionario conforma estos días de noviembre, previos a la investidura de Pedro Sánchez, el modo en que va a practicar la oposición al gobierno y al bloque democrático en la próxima legislatura. Si la pasada el PP y Vox construyeron su discurso sobre la premisa de que el gobierno de coalición era un okupa ilegítimo, en ésta darán una vuelta de tuerca, lo están dando, para acusar al gobierno de ilegal por anticonstitucional. El “a por ellos” que iluminó Felipe VI el 3 de octubre de 2017, al que se apuntó el PSOE, ha devenido en "el que pueda hacer, que haga" instigado por José María Aznar.

Si la premisa para el acuerdo entre el PSOE y el independentismo, la ley de amnistía, es, como acusan desde el bloque reaccionario, ilegal, entonces Sánchez sería un presidente impostor y su gobierno fruto de un golpe de estado. La algarada callejera con violencia verbal y física, frente a las sedes del PSOE y las subdelegaciones del gobierno, con amenaza de tomar el Congreso, retransmitida en directo en la red X, es el plasma ideológico en el que Vox y el ayusismo tienen confinado al Feijóo. La central nuclear en la que está el reactor ultra derechista se llama monarquía. ¿Hay derecha de estado democrática? Pinta que no.

Con todo, la ultra derecha volcada en la revuelta callejera y en las manifestaciones convocadas por el partido popular, crea las condiciones para llevar al PSOE con apoyo de su militancia a un punto de no retorno respecto del régimen del 78, al tiempo que refuerza el voto favorable a la investidura de las fuerzas de izquierdas y soberanistas del bloque democrático. Queriendo o sin querer la derecha involucionista arroja al PSOE fuera del consenso monárquico del 78.

Habrá investidura, si no hay males mayores como un golpe de estado. Nos adentraremos en una legislatura sin mayoría parlamentaria para sacar adelante propuestas sociales y de equidad económica y fiscal. Dos serán las claves políticas de la legislatura. La primera, la necesidad del bloque democrático de avanzar en la profundización democrática.

Democratizar RTVE, renovar el CGPJ, cambiando la ley, derogar la ley mordaza, reducir plazos en la ley de secretos oficiales, prohibir el espionaje político del CNI, legislar para que el acceso a la judicatura no sea endogámico de clase, democratizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, avanzar en derechos feministas, abordar la transición ecológica, son campos de acción política viables.

La segunda, la cuestión territorial en la que las izquierdas plurinacionales y soberanistas habrán de trabajar una alianza republicana entre pueblos, frente al pacto entre elites en el que todas las derechas y el capital se mueven como pez en el agua. En España, además de desigualdad de clase y de género, hay desigualdad territorial. La lucha contra esta última impedirá que sea aprovechada por la derecha con sus falsarias consignas de igualdad entre territorios. Así que, el que pueda hacer, que haga.

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Alien y la república plurinacional

La monarquía es el Alien de la democracia española. El octavo pasajero viaja en la nave cobrando diversas formas, haciéndose visible y reproduciéndose según los momentos de oportunidad. Un Alien metamórfico que un día se muestra como la princesa de un cuento y otro como el ángel exterminador del “a por ellos”.

Desde que el dictador, Francisco Franco lo revitalizó para incrustarlo en el futuro de España con “lo dejo todo atado y bien atado”, Alien tuvo forma real campechana, fue presidente socialista con “OTAN de entrada no”, habló Catalán en la intimidad, frecuentó amoríos diversos, cazó elefantes sin remordimiento, ganó amistad y dinero con monarquías petroleras, mantuvo cuentas en el extranjero igual que alienígenas territoriales que amenazaron con quebrar las ramas del árbol suizo que compartían.

Alien tiene una capacidad inmensa de apoderarse de otros cuerpos para sus deseos de abundancia, reproducción y permanencia. Unas veces luce toga y otras traje de ministro, lo mismo tiene apariencia de periodista que urde como alto mando policial residente en las cloacas tramas antidemocráticas. Alien siempre coopera con Alien.

Alien viaja en la nave democrática para mantenerla a raya. Se trata de que la banca siempre gane y el pueblo siempre pierda. De que los derechos que la Constitución Española define sean productos de mercado para quien pueda costearlos. Alien se apellida Abascal o Ayuso, Bonilla o Feijóo, incluso Sánchez o Díaz. Las burguesías sin raíz madrileña, la catalana y la vasca, necesitan que PNV y Junts, sus referentes, les permitan convivir con Alien. Necesitan volver a llevarse bien con Alien.

Hay que leer a los mejores visionarios de la derecha patria, José Antonio Zarzalejos es uno de ellos, para comprobar que Alien no las tiene todas consigo. En su artículo Las 1.428 palabras de Armengol que no pasarán (o sí) a la historia, rezuma melancolía. Los discursos de las autoridades no son como los de antes, el PSOE no es lo que era, no cree de verdad en la corona, dice él. Pero no es eso. El PSOE ya no puede gobernar imponiendo su visión alienígena monárquica, ni la derecha recuperar el poder mientras Vox le marque los pasos. A lo que contribuye el movimiento más activamente republicano de la época, el feminismo.

En 1986 en la jura de la CE del actual rey, entonces príncipe Felipe, con motivo de su dieciocho cumpleaños, cuenta Josep M. Calvet en La Vanguardia, faltaron Nicolas Redondo, dos diputados de HB que habían renunciado a jurar la CE y uno de ERC, estuvieron todos los demás. Hasta los presidentes de Euskadi, José Antonio Ardanza, y Cataluña, Jordi Pujol, cual alienes rindieron pleitesía a Alien.

En esta jura de la princesa Leonor han faltado la mayoría de los diputados de la coalición Sumar, con la excepción de Yolanda Díaz y Marta Lois, forzados por el tirón de vanguardia de Podemos y sus ministras, Ione Belarra e Irene Montero, los de todas las izquierdas soberanistas, BNG, EH Bildu y ERC, y los de Junts y PNV, total cincuenta y cuatro ausencias. Sin esos cincuenta y cuatro no puede ser investido Pedro Sánchez, aún siendo el PSOE el que mantiene esta farsa antidemocrática.

Lo que a Zarzalejos preocupa, y conduce a la añoranza, es lo que debería impulsar a las izquierdas federales y las izquierdas soberanistas a construir un ecosistema de relaciones propio, para avanzar con el horizonte de una república plurinacional que sostenga un pacto entre pueblos y no un pacto entre elites.

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España avanza

Las formas son el fondo. España avanza fue uno de los lemas que el PSOE usó en la campaña electoral del 23 de julio. España avanza recuerda el España va bien de José María Aznar. España avanza figuraba en grande en el retablo del museo Reina Sofía delante del cual se ofició el martes la boda entre “querido Pedro” y “la vice”. No hubo preguntas de periodistas, se tachó del guion “quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre.”

Sigamos con las formas. En la portada del documento de acuerdo “España avanza” en grande, seguido de “Una nueva coalición de gobierno” en pequeñito. Las siglas PSOE en rojo y el nombre Sumar en rojo degradé, rosa. La unidad de la izquierda en comunión con el PSOE. Si las formas son el fondo, en la nueva coalición de gobierno no se intuye voluntad alguna de transformación. El ruido ha transmutado en la solemne marcha nupcial de España avanza.

España avanza es como un guiso sin aliños, lleno de ausencias y futuribles. Un acuerdo de izquierdas sin feminismo popular, con ecologismo greenwashing y plurinacionalidad ignorada. Hay antecedentes. Izquierda Unida firmó un acuerdo de gobierno con el PSOE de Susana Díaz tras las elecciones andaluzas de 2012. En el aparecían hasta la banca pública o el banco de tierras. Fue el gobierno andaluz de la obediencia debida a los recortes de Mariano Rajoy y del ministro Cristóbal Montoro bajo el designio de la “lealtad institucional”. En marzo de 2015, Díaz arrojó a una IU suplicante por la borda y convocó elecciones anticipadas.

Sumar se ha casado con el PSOE. La fiesta espera la investidura. Las burguesías catalana y vasca no quieren repetición electoral. La amnistía está a falta de afinar la letra de los pagarés. PNV y Junts buscan un pacto entre elites territoriales con el poder económico central. España avanza sin plurinacionalidad ni diversidad territorial. Salvo la mención a la financiación de la Comunitat Valenciana, para satisfacer a Compromís, el acuerdo no expresa intención alguna de reducir las desigualdades estructurales que afectan a comunidades como la Andaluza que podría ser por población el miembro dieciséis de la UE.

 España avanza pero no sabemos cuánto ni hacia dónde. CC.OO y UGT le han dado los parabienes, CEOE y PNV los paramales. Yolanda Díaz ha negociado con Sánchez sin previo acuerdo interno en su coalición, al menos Podemos ha sido ignorado. Pero sus cinco votos cuentan. Si hay investidura, la legislatura estará marcada por la cuestión territorial y la virulencia del bloque reaccionario.

 Una vez que se cierre el acuerdo de investidura con las fuerzas nacionalistas e independentistas, la decisión de Podemos será muy difícil. Sus activos más importantes, Irene Montero y Ione Belarra, están vetados por Sánchez y Díaz. Pretenden acorralar a Podemos bajo la amenaza de culpa de una repetición electoral en la que el bloque reaccionario puede ganar posiciones. Ante esa amenaza la de Ada Colau es calderilla.

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La capital del flamenco está en Gaza

 

La sangre del pueblo palestino riega el jardín europeo. Nada oculta la infamia genocida del sionismo israelí apoyado por el gobierno de los EE.UU, nada oculta la complicidad de la UE. No hay poder ni prensa mercenaria que blanquee el genocidio. Los gobiernos europeos que lo toleran bajo el epígrafe “Israel tiene derecho a defenderse”, son partícipes. Decir esto no es estar a favor del terror, es estar a favor de la paz, en contra de la guerra. A favor del derecho del pueblo palestino a existir en condiciones dignas, a tener su propio estado. Es tener humanidad, como el flamenco.

Antes de matar hay que anular todo rastro de empatía entre asesino y víctima. Así, y controlando toda la comunicación, es como el gobierno sionista israelí alimenta el plan de exterminio de todo un pueblo al que califica de animal. La hipocresía del gobierno de los EE.UU y de los gobiernos de la UE es abisal. La UE arriesga el bienestar de sus pueblos en su alineamiento con los intereses del complejo militar industrial petrolero de los EE.UU. Israel es su gendarme en Oriente Medio.

La valentía de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno de España es histórica. Ione Belarra es la única miembro de un gobierno europeo que habla sin medias tintas del genocidio que perpetra el estado de Israel contra un pueblo indefenso. Cuando escribo esto hace unas horas que Israel ha bombardeado el hospital Al Ahli en la franja de Gaza, las imágenes son elocuentes. Cientos de cadáveres de población civil, cientos de cuerpos inermes de niños y niñas palestinas.

El alineamiento prosionista de Los Verdes alemanes, Die Grunen, es también histórico. Su ministra de exteriores en el gobierno, Annalena Baerbock, certifica con sus palabras y hechos el giro a la derecha del partido que un día fue referente europeo de una nueva izquierda verde. Un giro anunciado en sus posiciones antipacifistas respecto de la guerra en Ucrania y sus posiciones pro nucleares y pro combustibles fósiles con la vuelta al carbón de la sulfúrica lluvia ácida.

 En un contexto así, anunciando la entrega al PSOE sanchista, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de España, deja de ir a las manifestaciones contra el genocidio palestino mientras se besa, envuelta en flashes, con la ganadora de un Planeta que no es el de la humanidad sino del lobby mediático que oculta la verdad y ataca cualquier intención democrática.

Entre tanto la presidenta de la comunidad de Madrid, después de apoyar incondicionalmente y en exclusiva a Israel, se va a Nueva York para declarar que Madrid, además de ser la capital del bocatas de calamares y las cañas, es la capital mundial de flamenco. Sabemos que el gran trabuco de Madrid es el BOE que crea a su alrededor una casta de vividores sin patria ni matria, capaces de robar el aire que respiran tanto a las y los madrileños como el resto de la España plurinacional.

El pueblo andaluz tiene dos idiomas, sus acentos, que emparentancon América Latina, y el flamenco, que emparenta con lo universal. Como dijo Manolo Sanlúcar cuando la UNESCO declaró el flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es al contrario, “la humanidad es patrimonio del flamenco". El flamenco no tiene dueño, ni capital, es el idioma que Andalucía regala a la humanidad. Ayuso, como escribió Machado “desprecia cuanto ignora”. La palabra flamenco proviene de los vocablos árabes felah y mencub. El primero, felah, significa campesino, el segundo, mencub, marginal, desposeído de su tierra. Es el cante de los desposeídos. Estos días la capital del flamenco está en Gaza.

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Sin ti no soy nada

Están negociando Yolanda Díaz y Pedro Sánchez de verdad, o la primera está esperando que Sánchez llegue a un acuerdo con Puigemont, para comprobar después el plato de lentejas que le ofreceran bajo la consigna de o las tomas o repetición electoral? ¿Yolanda Díaz ha pactado previamente las propuestas y la forma de abordar la negociación con el PSOE, para decidir el voto en la investidura, con las fuerzas políticas que conforman la coalición Sumar? Los hechos y declaraciones públicas, tanto de la vicepresidenta segunda como de sus portavoces apuntan que no o, en el mejor de los casos, que se está produciendo una negociación light.

La vicepresidenta podría tener que trasladar porciones de lentejas a las fuerzas políticas que la apoyaron en las elecciones. El epígrafe en el economato de Sumar sería: lentejas o culpable de repetición electoral. En toda negociación debe existir una porción importante de discreción, pero la discreción no está reñida con la coordinación o la transparencia. Los hechos en Sumar indican ausencia de coordinación y falta de transparencia. Tal es así que de una manera directa, Podemos, y por efecto arrastre, IU, han marcado posiciones diferenciadas de la líder del proyecto de unidad con el que concurrieron a las elecciones.

Con la experiencia de los vetos, sumada a la ausencia de coordinación y transparencia, Podemos ha tenido que marcar posición propia para la negociación de la investidura. Sus cinco votos valen tanto como los del PNV, Bildu, ERC o Junts. Su electorado, que admitió el papel subalterno en las candidaturas sin primarias, tiene derecho a sentirse partícipe de un acuerdo justo y digno. IU, está en alerta. Su coordinador, Alberto Garzón, lanzó hace unos días la idea de organizar un frente amplio que se parece mucho al modelo existente de IU.

Yolanda Díaz, agotada en la consigna de no hacer ruido, ha sembrado el campo para que todo el apoyo mediático que la aupó, se vuelva contra ella. Así lo contaba ayer la editorial de Diario Red titulada La progresía mediática no paga traidores. Díaz pone en juego toda su credibilidad en la investidura de Pedro Sánchez. Arriesga el potencial de futuro que la actual correlación de debilidades otorga a las fuerzas de izquierdas, progresistas y democráticas con representación en el Congreso. La reunión de ayer entre Sánchez, Díaz y sus equipos, oídas las declaraciones de Nacho Álvarez, no parece que tenga soporte interno en Sumar ni con Podemos, de ser así, debíamos de conocerlo con carácter previo.

A la líder de Sumar le convendría cantar a Podemos el tema de Amaral, Sin ti no soy nada. Defender la continuidad en el ministerio de Igualdad de Irene Montero y activar una estrategia de acercamiento al bloque plurinacional condicionando la investidura con propuestas de profundización democrática: derogación de la ley mordaza, nueva mayoría para renovar el CGPJ y abordaje, tras la amnistía, de un proceso plurilateral que cree las condiciones para avanzar hacia un modelo republicano federal o confederal. De lo contrario tendrá que escuchar al PSOE cantarle las Bulerías del desenamoro: Oye tú como te digo, que no estás en mis pensares, que no quiero tus suspiros, que no me baño en tus mares, orviame, y orviame y orvía.

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Cinco votitos tiene la loba

La investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, amparada por Felipe VI, define un bloque reaccionario formado por el rey, VOX y el Partido Popular. Un bloque controlado y alimentado por las derechas mediáticas, las altas esferas de la Judicatura y los elementos familiares franquistas incrustados en el Estado profundo. PSOE y Sumar han legitimado la propuesta de investidura del candidato del PP sin chistar.

El presidente del Partido Popular gana tiempo para su consolidación como líder de la oposición, corrige su gran error de campaña (no ir al debate entre candidatos) y prepara la estrategia de la tensión permanente para la legislatura que se abre, con la implacable perspectiva de que el independentismo catalán consiga una amnistía que corrija los desmanes políticos y judiciales que llevaron al exilio y a la cárcel a personas que solo ejercían derechos democráticos.

Por su parte, Pedro Sánchez aprovecha la investidura fallida para pasar por la izquierda a Sumar. Óscar Puente ha suplido el “ruido” que Podemos hacía en los debates parlamentarios y en sus intervenciones públicas. Sánchez, que tiene calado a Sumar, necesita un ruido que exija pocas nueces. Sin el empuje de Podemos, el presidente en funciones del Gobierno prepara una legislatura fake en derechos sociales, feministas y ecológicos. Ruido contra el bloque reaccionario, pero no nueces para las clases populares, las mujeres o el medio ambiente.

El gran ausente de la investidura fallida ha sido Podemos, el partido de Estado que defendió siempre la plurinacionalidad, cuyo liderazgo habló con Puigdemont en el exilio y se reunió con los presos de ERC en la cárcel, dando carta de naturaleza política —como por obligación hace ahora el PSOE— a la cuestión independentista catalana. El partido que impugnó el bipartidismo, que logró los mayores avances democráticos desde la Transición, que naturalizó el Gobierno de coalición sufre, desde la foto de Valencia (de noviembre de 2021), codazos para sacarlo del escenario.

El enésimo veto de Yolanda Díaz a Podemos anuncia su exclusión del Gobierno de coalición. La bondad tiene límites; están en juego avances democráticos y derechos para las mayorías. No bastará la amnistía, es preciso un compromiso multilateral, como ha dicho Gabriel Rufián, o plurilateral en un país plurinacional, como diría yo, que busque una solución estable a la cuestión territorial. La extracción de concentración de poder centralista en Madrid para repartirlo en todas las escalas y, por supuesto, en la escala de las naciones políticas que integran el Estado (Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía) debe ser un objetivo compartido.

Podemos tiene cinco votos, cinco votitos tiene la loba. Sumados a los del BNG (uno), Bildu (seis) y ERC (siete) son diecinueve. Una suma que, con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad para consolidar derechos feministas y LGTBI y avanzar en ellos, tendría garantizada la representación gubernamental de la izquierda plurinacional y soberanista que defiende el avance en derechos sociales, territoriales y ecologistas.

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Puigdemont, Urkullu y los pactos de la Moncloa

Tanto la propuesta de acuerdo histórico de Carles Puigdemont para negociar la investidura de Pedro Sánchez, como la propuesta del Lehendakari Íñigo Urkullu de una convención constitucional para reinterpretar la CE del 78 en términos plurinacionales, con bilateralidad entre Euskadi, Galicia y Cataluña, tienen relación con los Pactos de la Moncloa que, tras la muerte del dictador, prepararon la transición hacia un sistema democrático homologable en la Unión Europea de la época. Hay un hilo histórico que conecta las propuestas de las derechas vasca y catalana actuales con los pactos de la Moncloa.

Quieren llegar a un acuerdo de reparto de soberanías con el estado que permita a las elites burguesas de esos territorios manejar parte de las plusvalías del trabajo, ambientales y de la explotación de la función de reproducción social de las mujeres. Esas plusvalías de reparto las extrae el poder radicado en Madrid de la España vaciada, de sus propias clases trabajadoras y subalternas y de territorios que funcionan como colonias interiores, como es claramente el andaluz. Pedro Sánchez busca ese acuerdo con PNV y Junts, al que pretende arrastrar sin condiciones a las fuerzas de izquierdas, independentistas, soberanistas, plurinacionales o, sencillamente, sociales.

En la transición las elites vasca y catalana, junto con el postfranquismo, representado por UCD, la monarquía y el empuje social de PSOE, PCE, UGT y, sobre todo, CC.OO, alcanzaron un acuerdo histórico al que llamaron Pactos de la Moncloa. Se trataba de superar la crisis económica interna y preparar las bases constitucionales del régimen del 78. Los pactos de la Moncloa incrustaron el franquismo en la democracia, cargaron sobre la clase trabajadora el peso de la crisis y pretendieron excluir de soberanía propia al resto de territorios que no fuesen Euskadi, Cataluña y Galicia. Las dos primeras intenciones salieron según lo previsto.

La tercera no, Andalucía se cruzó en el camino por la irrupción poderosa del andalucismo político que reclamó “poder andaluz”. Eso forzó a los padres de la CE a incluir el leonino artículo 151 de la CE y, posteriormente, en 1983, a llegar a una acuerdo bipardista para redactar la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico para desdibujar la plurinacionalidad de Cataluña y Galicia (Euskadi tenía reconocimiento foral constitucional), a la vista de que Andalucía consiguió su estatuto de nacionalidad histórica en 1980, vía ejercicio del derecho a decidir, rompiendo todos los planes asimétricos.

Estos días Pedro Sánchez busca un pacto de investidura que le entregue soberanía fiscal y económica a las elites vasca y catalana, e ignore la necesidad de avances democráticos feministas, ecologistas y sociales. Una especie de nuevos pactos de la Moncloa pero sin la derecha española devenida ultraderecha. Como avanzadilla, Sumar (sin Podemos) se entrega a sondear y confrontar los límites de ese acuerdo de derechas en perfecta sintonía con el sanchismo. El PSOE le prepara a Yolanda Díaz lentejas, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ajusta la billetera.

Las izquierdas soberanistas y plurinacionales, Podemos, Bildu, BNG y ERC, saben que existe explotación de clase, ambiental y sobre las mujeres, pero también de unos pueblos sobre otros vía pactos entre sus elites económicas. Consiguientemente, al igual que los poderes de derechas vasco y catalán preparan su alianza de recuperación del bipartidismo, convendría pensar una alianza por la izquierda dirigida a la superación de lo que trajeron aquellos pactos de la Moncloa. El riego de no avanzar por ahí, a más de acrecentar las desigualdades ínter y extra territoriales, es que el bloque de ultraderecha que conforman PP, Vox y Felipe VI, utilice la desigualdad real entre pueblos para articular un nuevo “a por ellos” que impida el avance plurinacional republicano y las legítimas demandas de soberanía.

El acuerdo histórico de Puigdemont y Andalucía

 

Ni unilateralidad, imposible en una Unión Europea a la que le cuesta aceptar lenguas de naciones sin estado, ni bilateralidad en un estado plurinacional. La investidura no debe ser solo una acuerdo entre representantes de elites de derechas nacionalistas con el PSOE sanchista. Con lentejas para el resto. Para que un acuerdo sea estable, requiere incluir la desigualdad entre territorios, pienso en Andalucía, la desigualdad de clase y las cuestiones feminista y ecologista.

Cualquier acuerdo territorial que resista el tiempo ha de ser plurilateral. Andalucía es una nación cultural y política cuya lengua son sus acentos. Si no está en el acuerdo estará contra el al estilo del “a por ellos” capitalizado por el PP y la ultraderecha madrileña. En la transición las elites vasca y catalana, junto con el postfranquismo, representado por UCD, la corona representada por Juan Carlos I y el empuje social representado por el PSOE, el PCE, UGT y, sobre todo, CC.OO, alcanzaron un acuerdo histórico, lo llamaron Pactos de la Moncloa. Se trataba de superar la crisis interna, agravada por la primera crisis del petróleo del siglo XX, tras la muerte del dictador, así nació el régimen del 78.

Ese pacto incrustó el franquismo en la democracia naciente, cargó sobre la clase trabajadora el peso de la crisis y pretendió excluir de soberanía propia al resto de territorios que no fuesen Euskadi, Cataluña y Galicia. Los dos primeros acuerdos salieron según lo previsto. El franquismo permaneció en judicatura, policía, ejercito y alto funcionariado. Las elites económicas serían las grandes beneficiarias de privatizaciones de empresas estratégicas. La tercera no, Andalucía se cruzó en el camino gracias a la irrupción poderosa del andalucismo político de la mano del Partido Socialista de Andalucía que reclamó “poder andaluz”.

Estos días, mientras Feijóo fracasa, y en su partido muchos esperan el momento para devolverlo a su tierra envuelto en papel prensa madrileño, El PNV y el sanchismo, por mediación subalterna de Sumar, trabajan para convencer a Junts de que es preciso firmar un acuerdo de amparo a las elites vasca y catalana, ley de amnistía mediante. Puigdemont está fuertemente presionado por el empresariado catalán para que llegue a un acuerdo; María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del PSOE, pone sobre la mesa la billetera del estado.

Un acuerdo así, excluyente del feminismo, la ecología y las demandas de equidad de otros territorios, principalmente el andaluz, fortalecerá el ariete reaccionario formado por la aleación de PP, Vox y Felipe VI. Un acuerdo así busca un nuevo reparto entre elites de las plusvalías del trabajo, ambientales y de las tareas de reproducción social de las mujeres. El acuerdo histórico que propone Puigdemont o la convención constitucional que propone el lehendakari Íñigo Urkullu, apuntan a unos nuevos Pactos de la Moncloa. Unos ganan, la mayoría pierde.

Para avanzar en un pacto con potencial republicano es preciso pensar un acuerdo entre pueblos, es preciso pensar en términos de plurinacionalidad plurilateral, no solo en términos de concesiones a Cataluña y Euskadi, con Madrid extrayendo capital de territorios colonizados como el andaluz. En ese acuerdo es determinante el pueblo andaluz para que la derecha no lo use como obstáculo a las legítimas demandas de soberanía de otros pueblos.

Tal vez la izquierda de estado y las independentistas y soberanistas, vasca, catalana y gallega pudiesen explorar, como hacen por la derecha PNV y Junts con el sanchismo, la posibilidad de una alianza estratégica plurinacional republicana para que un nuevo acuerdo histórico tenga en cuenta las desigualdades de clase y las territoriales, la defensa del feminismo y del ecologismo. Así el bloque reaccionario, formado por PP, Vox y Felipe VI, con la ayuda de medios de comunicación, judicatura y estado profundo franquista, al que se suman las comunidades gobernadas por PP y Vox, tendría más difícil torcer el pulso al imprescindible avance democrático plurinacional.

 Publicado en La Voz del Sur

Andalucía es una nación

El jueves 31 de agosto el lehendakari Íñigo Urkullu en un importante artículo publicado en El País, excluía a Andalucía de la condición de nacionalidad histórica. El lehendakari propone un proceso neoconstituyente para la configuración plurinacional del Estado, en el que solo Galicia, Cataluña y Euskadi, con Navarra como comunidad foral, tendrían derecho a participar bilateralmente. La línea divisoria es la misma que quisieron imponer los padres de la CE de 1978. Solo serían nacionalidades históricas aquellas cuyo reconocimiento se hizo en la república antes del golpe de estado de julio del 1936. El trato de privilegio a Euskadi (y Navarra) quedaría justificado por fueros medievales pactados con la monarquía castellana. Monarquía y fascismo no pueden ser elementos de legitimación de ninguna nación, privilegio o bilateralidad.

El martes 4 de septiembre, Pablo Iglesias en Noticias Básicas, comentando la reunión de Bruselas entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, incluía a Andalucía entre las cuatro naciones históricas que la CE reconoce, las otorgadas Galicia, Euskadi y Cataluña, y la que ganó esa condición en la calle (1977) y en las urnas (1980).

El jueves 7 de septiembre, la asociación Andalucía y Democracia publica un texto en CTXT con el título Andalucía es una nación en la España plurinacional. Un ejercicio de historia democrática del pueblo andaluz para refrescar la memoria y para exponer los hechos y datos que demuestran que Andalucía es una colonia interior, la pagafantas de inversiones, expolios y privilegios de Madrid, Cataluña y Euskadi y, consiguientemente, la que más necesita influencia y soberanía.

El viernes 8 de septiembre, el presidente andaluz propone a los grupos parlamentarios un Pacto en defensa de los intereses de Andalucía. Sólo el digital Fuentes de Andalucía, con el titular Moreno toca a rebato en defensa de los intereses de Andalucía, ata los cabos de la importancia del movimiento de Juan Manuel Moreno Bonilla. Si Ayuso y los medios de la capital del reino no detectan en su radar el desplazamiento al andalucismo del presidente andaluz, es porque están centrados en devolver a Galicia envuelto en papel prensa madrileña a Alberto Núñez Feijóo.

El presidente andaluz, a propuesta del referente histórico andalucista Alejandro Rojas Marcos, declaró el 4 de diciembre día de la bandera de Andalucía. Puede que se agarre al andalucismo para usarlo en beneficio partidista, de empresas externas, de clases ricas terratenientes, para mantener el estatus quo colonial y nuestra condición subalterna respecto de Madrid, Cataluña y Euskadi. Puede que emule lo que en su día hizo el PSOE. Pero también con ese movimiento podría ayudar a un tejido empresarial propio que tanto necesita Andalucía.

Andalucía es un pueblo cultural reconocible. Nueve siglos antes de que España tuviese su primera constitución en 1812, Córdoba, con alcantarillado e iluminación urbana, era capital del mundo, disponía de bibliotecas y centros de estudios. Al-Andalus era un conjunto de ciudades cuando Londres o Berlín eran villas medievales. Habrían de pasar cien años desde que se inició la construcción de la Mezquita para que en Asturias se pusiese la primera piedra de Santa María del Naranco. El primer renacimiento europeo es andalusí. Medina Azahara, la ciudad palaciega, se culmina veinticuatro años antes de que finalice el siglo X. Madrid es andalusí, Mohámed I de Córdoba, emir entre 852-886, ordenó la construcción de una alcazaba en el asentamiento preexistente. El topónimo, su patrón, al-Isidri y su patrona, al-Mudena, son andalusíes. Es historia.

Pero nada de eso debe contar para considerar que Andalucía es una nación. Es solo, nada más y nada menos, parte de la herencia cultural y política de la comunidad que habita la Andalucía del siglo XXI. Un pueblo deviene nación cuando se constituye políticamente. Andalucía lo hizo el 4 de diciembre de 1977, elevando su condición de nación al derecho a poseer instituciones de gobierno propias el 28 de febrero de 1980.

El PSOE hace tiempo que traicionó el andalucismo, las pruebas de la traición son Alfonso Guerra y Felipe González. La izquierda andaluza no ve que nuestra bandera republicana es la verdiblanca. La izquierda andaluza necesita interpretar políticamente la identidad mixta andaluza y española de las y los andaluces, coherente con nuestra condición de pueblo pacífico y mestizo. Esa interpretación debe servir para construir una propuesta andalucista que ambicione el poder en nuestro territorio y la influencia en el poder del estado español, emulando la ambición actual del nacionalismo vasco de izquierdas. Lamentable, cuanto menos, que Yolanda Díaz, Sumar, ignore Andalucía para representar la plurinacionalidad en el Estado.

Si la izquierda de estado y la izquierda andaluza no unen la voluntad de poder al reconocimiento de Andalucía como nación, no se abrirán las puertas para avanzar hacia un estado plurinacional republicano, ninguna suma sumará. Como afirma la asociación Andalucía y Democracia: Con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada.

Publicado en Diario Red

Andalucía es nación en la España plurinacional

Carta abierta al lehendakari Íñigo Urkullu

Señor Urkullu, con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada. Su artículo del pasado 31 de agosto en El País tiene el mérito de abrir el interesante proceso para un acuerdo territorial de largo alcance. Las propuestas del PNV son inteligentes, oportunas y de gran calado para el avance y la profundización democrática.

No obstante, nuestra crítica constructiva a la propuesta de Urkullu es dura y muy relevante para los intereses del pueblo andaluz. El lehendakari Urkullu sugiere explorar “un nuevo pacto utilizando la vía de la ´actualización de los derechos históricos`, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución”. 

Para el pueblo cultural y político andaluz, para nuestra institucionalidad política, el argumento de los derechos históricos no puede ser válido con la exclusión de Andalucía. La condición de nacionalidad histórica fue conquistada desde las calles el 4 de diciembre de 1977 y, en las urnas, el 28 de febrero de 1980, algo que no se le pidió a Galicia, Cataluña y Euskadi. Aquel referéndum del 28-F imponía condiciones muchísimo más duras que las exigidas a Quebec o Escocia en sus respectivos referéndums de independencia.

La línea de exclusión de Andalucía en la propuesta de Urkullu es dolorosamente expresa, aunque no explícita. El lehendakari otorga para su propuesta la condición de nacionalidades históricas exclusivamente a aquéllas reconocidas en la II República: Galicia, Cataluña y la propia Euskadi. Excluye u olvida que la nacionalidad histórica andaluza iba a ser reconocida en septiembre de 1936. Urkullu admite así el dictado del fascismo franquista para dejar a Andalucía fuera de su propuesta “neoconstituyente”.

Las nacionalidades otorgadas no pueden estar por encima de aquella que conquistó la misma condición política en las calles y en las urnas. Nos sorprende que el lehendakari apele a viejos fueros otorgados por los reyes de Castilla y a exclusiones impuestas por el franquismo. Pedir un avance soberanista en base a históricos servicios prestados a la monarquía es una legitimación de un régimen que deberíamos superar abriendo una vía republicana.

Añadimos que la “convención constitucional” que propone Urkullu ya tuvo un mal precedente en los llamados padres de la Constitución, que pretendieron relegar a Andalucía a autonomía de segunda categoría. La actual realidad del Estado de las Autonomías no es la que configura el Título VIII de la CE, sino el fruto del acuerdo de los partidos para frenar el impacto de Andalucía tras el 28-F de 1980 en el mapa autonómico, que pasó por amputar su Estatuto. También se aprobó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) que generalizó las instituciones a los diversos trozos en los que se dividió Castilla, provincias diversas y ciudades autónomas para rebajar el calado de una España con 4 nacionalidades que hubieran sumado la mitad de su población. El origen andaluz de la mutación constitucional de 1981, con Manuel Clavero Arévalo como oficiante del café para todos, obliga a Andalucía a estar dentro de cualquier nueva propuesta de avance plurinacional para garantizar su buen fin e impedir su tergiversación posterior.

Al PNV le interesa la profundización democrática en España, cierto que para remover los obstáculos para sus demandas soberanistas, pero no menos cierto que para reformar un estado federal/confederal, cuya unidad no va a poner en cuestión en el contexto geopolítico global y europeo que vivimos, a cuyo modelo territorial le crujen los pilares y las vigas maestras, debido a la continua y persistente deriva centralista y centralizadora, bajo las interpretaciones restrictivas de la CE, en particular de su título VIII, tanto por los dos partidos de régimen, PSOE y PP, como por las altos tribunales judiciales y el propio Tribunal Constitucional.

El Partido Nacionalista Vasco ha puesto sobre la mesa elementos de negociación para decidir su voto en la posible investidura para esta XV legislatura que apuntan con decisión hacia la profundización y la transparencia democrática. Utilizará su fuerza parlamentaria para que la judicatura española pueda investigar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, modificar la ley de secretos oficiales para disminuir el tiempo de ocultación de determinadas acciones de Estado, acabar con la inviolabilidad del Rey cuando ejerza como jefe del Estado de acuerdo con la CE, eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias de su tribunal de Garantías, y modificar las normas que regulan el CNI para evitar casos de espionaje político como el Pegasus.

Reconocemos como legítima la aspiración a la negociación bilateral efectiva de las naciones de la España plurinacional con el Estado. Sin embargo, la bilateralidad en un estado plurinacional alberga una contradicción en su seno, pues si se reconoce que hay un estado llamado España, que contiene pueblos con aspiración a tener su propio estado, cualquier punto de acuerdo bilateral afecta a las otras bilateralidades. Es indiscutible que las comunidades con reconocimiento constitucional de sus derechos forales, Euskadi y Navarra, con sus exclusivos conciertos económicos, son las que tienen mejores indicadores sociales y económicos. Consiguientemente, cualquier negociación para avanzar requiere imprescindiblemente de la plurilateralidad, en la que Andalucía, el pueblo andaluz, deviene imprescindible por sí y por el resultado óptimo.

Andalucía no puede, no se va a dejar, seguir siendo la pagafantas de los acuerdos bilaterales financieros, fiscales, de reindustrialización o de cualquier otro tipo entre clases dominantes de los distintos territorios. Y no lo va a ser porque amparan y crean las condiciones para la desigualdad territorial y de clase. Andalucía no lo va a permitir.

Los datos en este sentido son tozudos. La desigualdad es el resultado del dominio político y económico centralista, principalmente de raíz madrileña, que mantiene, conserva y hace crecer las causas estructurales del sometimiento de Andalucía. Andalucía y Democracia lo ha expuesto en textos colectivos anteriores que se pueden encontrar en este enlace https://andaluciaydemocracia.blogspot.com, y explícitamente en un reciente texto con el título 28F de 2023, Andalucía colonia interior, que proponemos releer. Los datos demuestran que, independientemente de las mejoras objetivas en la calidad de vida en Andalucía desde la transición hasta la actualidad, como en el resto de autonomías, la desigualdad comparada con el resto de territorios ha aumentado.

Advertimos que sin Andalucía no será posible dar naturaleza constitucional al estado plurinacional. Andalucía es el pueblo cultural e histórico que tiene más necesidad de soberanía. Por población y tamaño, Andalucía podría ser la décimo sexta nación de la Unión Europea. El funcionamiento de Andalucía como colonia interior de otros territorios de España, fundamentalmente Madrid, se manifiesta en la economía extractiva a la que nos ha condenado la evolución centralista del modelo bipartidista surgido de la CE del 1978. 

El extractivismo colonial se manifiesta en el frente ambiental, que relega a Andalucía al papel de almacén de residuos, minería e industria contaminante, al turismo intensivo en manos de operadores ajenos a nuestra tierra, a la ocupación del territorio para el urbanismo de segundas residencias, a la destrucción y gentrificación de los núcleos urbanos e históricos y a la agricultura antiecológica. Todo ello con el consiguiente expolio de recursos hídricos, escasísimos en tiempos de cambio climático con consecuencias catastróficas claras.

Pero no solo. El extractivismo colonial se manifiesta también en la ausencia de sedes sociales de grandes empresas, en la emigración permanente de mano de obra cualificada (capital humano) produciendo en las familias duras fracturas emocionales. Se manifiesta en la práctica entrega de la banca andaluza y sus cajas de ahorros a entidades que tienen sus sedes sociales fuera de Andalucía. Hay un sangrante extractivismo cultural que nos expolia la identidad para usarla como símbolo de España ante el mundo (el flamenco a la cabeza), despreciando internamente los acentos y las raíces mestizas del territorio (Al-Andalus) en que se dio el primer renacimiento europeo. 

Todo ello agravado en los últimos años por el contexto europeo de dominio neoliberal y por las posiciones belicistas en la Unión Europea y de los partidos del régimen, PP y PSOE. En coherencia con lo que ocurre con otros pueblos colonizados, nuestra condición de subalternidad da argumentos a las posiciones centralistas o “bilateralistas” para acusar a Andalucía de comunidad subvencionada y receptora de miserables subsidios para la supervivencia de las clases más desfavorecidas.

En esta legislatura se va a hacer visible la confrontación política entre dos bloques. Uno reaccionario de raíz franquista formado por el Partido Popular y Vox, bajo el amparo del rey Felipe VI. Lo hemos visto al señalar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como primer candidato a la investidura tras las elecciones generales del 23 de julio. El bloque reaccionario se autodenomina constitucionalista, aunque son centralistas y monárquicos. El bloque democrático vendría a estar formado por los que defienden la plurinacionalidad del Estado y se sitúan en el campo feminista y de los derechos sociales y ambientales. El PSOE no tiene más remedio que situarse en el bloque progresista. No obstante, como en la legislatura anterior, lo hará agarrado al freno de mano.

Ante todo lo anterior, aventuramos que un pacto para la “actualización de los derechos históricos” que excluya a Andalucía provocará una reacción emocional contraria y activará el sentimiento andalucista. Sentimiento sometido en las últimas décadas gracias a la ingestión de somníferos administrados por el PP y el PSOE. El bloque reaccionario utilizará a Andalucía -ya lo está haciendo- para una supuesta “defensa de la igualdad entre todos los españoles”. En realidad, lo que busca es obstruir cualquier proceso legítimo de emancipación territorial, aunque sea a costa de  enfrentarnos -como hicieron con el “a por ellos”- a pueblos que legítimamente demandan soberanía.

Aviso para navegantes: sin el pueblo andaluz no será posible el proceso de “neoconstitucionalización” demandado por Urkullu. Sólo será viable con Andalucía y bajo la premisa de una plurinacionalidad que beneficie a todos los pueblos de España, se sientan nación o no. El pueblo andaluz no va a consentir quedar relegado a segunda categoría. Por eso es clave que Urkullu y todos los que le acompañen se abran a reconocer que, por derecho propio, Andalucía es una nación en la España plurinacional. Como la que más.

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; José Luis de Villar Iglesias, doctor en Historia y profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Raúl Solís Galván, periodista.

Olas de calor, Rubiales, PNV y Lehendakari Urkullu

El mes de agosto que dejamos atrás ha sido el mes de las olas de calor, el mes glorioso de las campeonas del mundial de fútbol enfrentadas al machismo de Rubiales, el mes de las propuestas del PNV para negociar la investidura de Pedro Sánchez y la del Lehendakari Íñigo Urkullu para abrir un proceso que lleve a una interpretación plurinacional de la CE. Las rogativas de Alberto Núñez Feijóo no cuentan dado que se encamina a una investidura fallida.

El PNV quiere utilizar su fuerza para que la judicatura española pueda investigar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, abrir el melón de la ley de secretos oficiales, acabar con la inviolabilidad del Rey cuando no actúe en funciones de jefe de Estado, eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias del su tribunal de Garantías, y modificar las normas que regulan el CNI para evitar casos de espionaje político como el Pegasus. Son propuestas para la profundización democrática del Estado, anticipadas por otros partidos como Podemos, ERC, Bildu o Junts, independientemente de que el PNV necesite agruparlas ahora porque Bildu puede sobrepasarlos en en apoyo electoral en Euskadi.

Por su parte el Lehendakari Urkullu propone abrir un proceso bilateral de negociación entre Galicia, Euskadi y Cataluña con el Estado español para lograr un pacto de interpretación plurinacional de la CE de 1978. El Lendakari sabe, y por eso plantea las condiciones para su exclusión indicando que solo las comunidades forales y las que en la república fueron reconocidas son nacionalidades históricas, que Andalucía accedió a la condición constitucional de nacionalidad histórica por la vía del artículo 151 de la CE ejerciendo el derecho a decidir en 1980. Fue el golpe de estado fascista en julio del 1936, el que impidió el reconocimiento del mismo estatus para Andalucía en septiembre del mismo año como estaba previsto. No debería ser el franquismo el que establezca la división entre quienes son nacionalidades históricas y quienes no, sino los pueblos que así lo deciden.

Agosto ha concentrado en España hechos que ratifican que los temas que demandan respuestas políticas urgentes por parte de las fuerzas progresistas son la lucha contra el cambio climático y sus efectos, la consolidación y avance en el proyecto feminista, y la creación de las condiciones ambientales e institucionales para la profundización democrática y la estabilización de un nuevo modelo territorial que tenga en cuenta la plurinacionalidad del Estado y las demandas de soberanía de los pueblos que se sienten pueblos culturales y políticos.

En esta legislatura, si se forma gobierno, y esto va a depender esencialmente de la flexibilidad del PSOE y de la elasticidad del independentismo catalán, se van a hacer visibles dos bloques. Un bloque reaccionario amparado por Felipe VI, y un bloque democrático formado por los partidos soberanistas, Sumar y Podemos, en el que el PSOE, que apoyó la aplicación del 155 a Cataluña, no tiene más remedio que estar, aún agarrado al freno de mano de los motores ideológicos progresistas del cambio: el feminismo, la ecología y la plurinacionalidad.

Buenas señales serían que, ademas de la negociación con Junts y ERC, los actores llamados a formar gobierno recuperasen el empuje feminista de Irene Montero, dándole a ella y a su equipo continuidad en el ministerio de Igualdad, que se tomasen muy en serio las propuestas negociadoras del PNV para la profundización democrática y que abordasen decididas políticas estructurales que pongan la defensa contra el cambio climático y sus efectos en el centro de la agenda política. Lo del lehendakari Urkullu lo dejo para mejor ocasión, pero anticipo que ningún proyecto de avance plurinacional será posible sin la connivencia de Andalucía y sin un horizonte republicano.

Publicado en Diario Red

Sumar no suma, Podemos vive

 

Los números electorales son datos que hay que interpretar en función de la historia, los contextos, los acontecimientos y las expectativas. Comparar los resultados de Sumar con los de Unidas Podemos solo puede hacerse reconociendo el valor de las contingencias. Otra cosa sería comulgar con aquello que en 'Amanece que no es poco' decían los lugareños a su alcalde “alcalde todos somos contingentes, pero tú eres necesario”. Sumar no era imprescindible, la unidad de la izquierda existía, se llamaba Unidas Podemos. 

Sumar es la construcción política de un proyecto electoral pensado por Yolanda Díaz, el PCE y la antigua ICV (ahora Los Comunes). La dimisión de Pablo Iglesias de la Secretaría General de Podemos, provocó de urgencia que designara a una de las figuras con mejor imagen del espacio electoral de cambio, la ministra de trabajo Yolanda Díaz, después vicepresidenta segunda del gobierno en sustitución del propio Pablo Iglesias, para liderar el espacio de unidad con el objetivo de hacerlo crecer. Iglesias había dicho: “ya no sumo, me han convertido en un chivo expiatorio.” La misión de Díaz era de ampliar el espacio electoral, no reducirlo.

Bajo la búsqueda obsesiva de una nueva unidad vestida de proceso de escucha y construcción programática participada, estaba una nueva apuesta estratégica basada en la aproximación a las posiciones del PSOE, para lo cual era precisa la sustitución del peso de Podemos por los pesos futuribles de IU, Compromís y Más Madrid, fuerzas políticas que pensaron en momentos críticos con mucho presíng mediático, dejar pasar a Pedro Sánchez para que gobernase en solitario (incluso con Ciudadanos). Se trataba de reducir la voz reivindicativa de impugnación de los acuerdos del régimen del 78, para evitar los ataques mediáticos indiscriminados y, así, hacer crecer el espacio de representación de la izquierda. Lo que ocurre es que esa estrategia está indefectiblemente subordinada a la aceptación de los límites del PSOE y no a la acción para el logro de políticas de izquierda, ecologistas, feministas y plurinacionales.

La alianza táctica/estratégica de Yolanda Díaz con el PCE, la antigua ICV, Más Madrid y Compromís ha logrado el objetivo estructural que podríamos resumir en un “quítate tú para ponerme yo”. El motor Podemos vive en boxes. Los éxitos de Sumar están por ver. Lo cierto es que aún en un contexto mediático de alabanza hacia su lideresa, al contrario que los contextos en los que se ha movido siempre Podemos, ha perdido 700.000 votos respecto de Unidas Podemos, Compromís y Más Madrid en noviembre de 2019. La comparación con el 28M de este mismo 2023 es tan retorcida como irrisoria. Mientras se intentaba forzar a Podemos a entrar sin condiciones en la coalición de Sumar el baile de encuestas le otorgaban en ocasiones hasta 50 diputados. La propia encuesta del CIS, cuyo presidente el Sr. Tezanos presume de ser quien más se ha aproximado a los resultados del 23J, en plena campaña electoral otorgaba a Sumar entre 43 y 50 escaños. Han sido 31. Es obvio que Sumar no ha sumado, ni para el objetivo que estaba llamada a cumplir su líder, ni sobre las expectativas que le auguraban sus propios pronósticos y las encuestas.

Que el resultado electoral arroje un empate a 171 entre el bloque de izquierdas y el bloque de ultraderecha, se debe a acontecimientos emergentes cuando la cosa estaba perdida: El candidato del PP emponzoñando el debate cara a cara con Sánchez, la periodista Silvia Intxaurrondo enfrentándose a Feijóo por la mentira de la subida de las pensiones con el IPC, Zapatero entrando a lo podemita en campaña, valorando la figura de Irene Montero y los logros del hasta ese momento ignorado gobierno de coalición, y, por último, lo más importante, el gran error de Alberto Núñez Feijóo de no acudir por cobardía al debate a cuatro en TVE dejando su representación en manos del líder de Vox, Santiago Abascal. Esos acontecimientos lograron in extremis activar el voto de la izquierda, frenar el trasvase de votos del PSOE al PP y acumular voto útil sobre Sánchez a la vista del parecido con Díaz.

España puede ir hacia una repetición electoral o hacia un gobierno de coalición cuya base parlamentaria sea democrática y plurinacional. PNV y Junts, caso de que Sánchez sea investido, condicionarán por la derecha las políticas del gobierno. Podemos vive, así que mientras eso ocurra la agenda de profundización democrática plurinacional en la que pueden coincidir tantos las derechas nacionalistas como las izquierdas soberanistas tendrá voz en la izquierda.

Haría bien Yolanda Díaz en lograr un acuerdo previo de Sumar con Podemos antes de afrontar la negociación con el PSOE y con el resto de partidos que habrán de investir a Pedro Sánchez. Un acuerdo que no puede ser más que un acuerdo estratégico para esta legislatura que cuente con la autonomía política del motor ideológico y con la necesidad de una alianza republicana con las fuerzas soberanistas de izquierdas de las distintas realidades plurinacionales del estado. Un acuerdo con Podemos que debe priorizar y no relegar al último momento como ha venido haciendo hasta ahora, sin vetos a Irene Montero ni ninguno de sus liderazgos. Si esto no se hace así la coalición de fuerzas progresistas llamada Sumar estará anunciando su propio fracaso.

Publicado en La Voz del Sur

España es Cataluña

Decía el más andalucista de todos los parlamentarios que Podemos metió en 2015 en el parlamento Andaluz, José Luis Serrano, que Andalucía no es España, España es Andalucía. La virtud y la tragedia identitaria andaluza resumida en una frase que la demoscopia cultural confirma. La comunidad capaz de dibujar un mapa autonómico plurinacional, como nacionalidad histórica a partir del referéndum del 28F de 1980, era la que prestaba su identidad cultural a España para que fuese usada en Madrid como chiste, en la emigración con desprecio y en el mundo con admiración.

Las elecciones generales del 23J han situado a Cataluña en una posición a la andaluza de 1977, o contribuye a dibujar un mapa de España plurinacional, democrático, europeista y antifascista, o el no pasarán trazado el domingo en todo el territorio español con los pinceles de Euskadi, Cataluña y, sospecho hasta ver los análisis numéricos que pronto saldrán a la luz, el feminismo, o da pie a una nueva repetición electoral que hará más difícil para el electorado sostener su voto contra la ultraderecha madrileñizada representada por PP/Vox.

Pero la responsabilidad no puede recaer solo sobre el independentismo catalán, es hora de un auténtico parlem. Es hora de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz reconozcan que el manual de supervivencia, que en cierto modo es el manual de supervivencia de la izquierda en todo el territorio español, está escrito con las indicaciones estratégicas del nacionalismo catalán y vasco y del podemismo republicano plurinacional. La palabra no la tiene solo Puigdemont.

El electorado de izquierdas puede hoy estar feliz. Partido Popular y Vox no tienen números. El PSOE resiste creciendo en votos, Sumar aguanta sin sumar, el gobierno de coalición puede reeditarse, el carácter plurinacional de España contra la ultraderecha centralista es clave. El motor Podemos tendrá que salir de boxes. La precampaña y la campaña electoral comenzaron con tristeza y desasosiego, el acto de Sumar de Magariños anunció un reparto territorial trágico que se consumó el 28 de mayo de este mismo año. La derecha cabalgaba a lomos de los grandes grupos mediáticos y de las encuestas de pago, liberado Feijóo de su imagen de moderado, Voz toreaba en los gobiernos del PP allá donde daban los números. Las señales de alarma del neofascismo dejaron de ser de advertencia, desaparecían las concejalías y las consejerías de igualdad y se prohibían conciertos y obras teatrales. Hechos consumados.

Todo eso ocurría sin que los dos actores llamados a enfrentarse en España a la ultraderecha reivindicasen con fuerza ideológica el feminismo, la plurinacionalidad, el gobierno de coalición con sus logro, ni mucho menos el pacifismo frente a la guerra en Europa y la Europa guerrera. Todo empezó cambiar tras el destrozo que Feijóo hizo de Sánchez en el debate de Antena 3. Zapatero lo vio y decidió ser un Rambo electoral. Luego vinieron las dos milagrosas ayudas de la RTVE que el PSOE regaló en esta legislatura al PP. La periodista Silvia Intxaurrondo reveló simbólicamente al mentiroso candidato del PP, el debate a tres hizo el resto dado el garrafal error de su candidato de no acudir, por cobardía, para hacer un catenaccio en un partido que creía ganado. El debate movilizó el voto de la izquierda, recuperó la esperanza y visibilizó tanto parecido entre Sáncchez y Díaz que contribuyó a un tiempo a levantar el voto de Sumar por la izquierda y a facilitar la transferencia de voto útil a PSOE.

Ahora para formar gobierno la izquierda habrá de tener en cuenta que Cataluña no es España, España es Cataluña. Parlem. Y no olvidar que avanzar es derribar barreras y romper candados, para avanzar hay que democratizar el CGPJ, los ministerios de estado y RTVE, como mínimo.

Publicado en Diario Red

 

Negacionismos, poder y combate ideológico

Los negacionismos del cambio climático, de las causas estructurales de la desigualdad de género y del derecho de los pueblos políticos y culturales a su soberanía que abraza abiertamente la ultraderecha española, PP-Vox, tienen una conexión ideológica fuerte. El Partido Popular es garantía de retrocesos legislativos, no solo volver a leyes de interrupción del embarazo que tutelan e infantilizan a las mujeres, también liquidar las políticas de igualdad y contra la violencia de género o derogar la legislación que ha introducido fiscalidad o derechos laborales feministas y de los cuidados. Temeroso de perder voto femenino, Feijóo no asume abiertamente los postulados de Vox, pero justifica, atrapado en la amplificación mediática de los neofascistas, las posiciones negacionistas de sus aliados ideológicos. Igualmente, la ultraderecha forma un pack que une el desprecio por las causas ambientales con la negación del calentamiento global y sus efectos económicos y ecosistémicos devastadores. Feijóo promete frenar el avance de las renovables, ampliar la vida de las centrales nucleares, políticas de agua tan insostenibles como inútiles y liquidar toda legislación que ordene el territorio y la actividad productiva teniendo en cuenta los límites para la vida.

El negacionismo de las causas estructurales de la desigualdad y de los efectos reales del calentamiento global actúa culturalmente contra la conexión ideológica entre el ecologismo y el feminismo: Poner la vida en el centro. Poner la vida en el centro es, en este momento de crisis geopolítica derivada de la crisis de límites del productivismo, la premisa más revolucionaria para construir un proyecto de largo alcance para la izquierda. La virulencia de los ataques contra el feminismo, simbolizado a nivel mundial, español y europeo por Irene Montero, con la intención de desvirtuar sus logros políticos, tiene que ver con que el capitalismo es un devorador de tiempo. El tiempo de las mujeres, el tiempo acumulado en la naturaleza y el tiempo de la clase trabajadora. Quienes declinan actuar contra el cambio climático, tampoco quieren legislar contra la desigualdad de género, ni a favor de la reducción de la edad de jubilación, el tiempo de trabajo o la conciliación familiar.

Para mantener débiles las líneas de fuerza del proyecto emancipador ecofeminista de las izquierdas, es imprescindible limitar la democracia territorial, la capacidad de autogobierno de los pueblos. El denominador común entre la reforma del artículo 135 de la CE, la aplicación del 155 a Cataluña y la regla de gasto para controlar los presupuestos de las instituciones es la limitación de la soberanía territorial. Los grandes poderes económicos del estado dominados por capital exterior, multinacionales y fondos de inversión, ponen todo su esfuerzo en centralizar el poder. Así reducen la complejidad de actores con los que tratar, e imponen con más facilidad las políticas dedicadas a su voraz enriquecimiento.

La conexión ideológica del negacionismo antifemimista, antiecologista y de la plurinacionalidad de España de la ultraderecha española, PP-Vox, demuestra que son capataces bien pagados de un puñado de propietarios del mundo capaces de llevarnos a guerras (ignorada la de Ucrania en esta campaña electoral), destruir estados, ecosistemas y derechos de las mujeres sin ápice de remordimiento moral. El buenísimo frente a ellos es tan inocente como inútil. Quizá Zapatero se haya dado cuenta y ha decidido agitar una campaña electoral a la que el PSOE y Sumar salieron a la defensiva, bajo la premisa de no molestar con ruido, escondiendo el motor de empuje de la izquierda en un garaje subterráneo. Tenemos la esperanza que que aprovechen esta última semana de campaña para corregir las ausencias y aumentar la fuerza del combate ideológico.

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