La inteligencia y coherencia de dos partidos de estado, Unidas Podemos y PNV

En mi último artículo en este medio conté porqué cada vez que Pedro Sánchez en su comparecencia pública del miércoles pronunciaba la palabra provincia yo pensaba “tú verás”. Y no es porque le tenga aversión emocional a lo provincial, es porque detrás de esa insistencia, estaba seguro y hoy lo estoy del todo, se manifiestan las disonancias de la constitución del 78 en lo que se refiere a asuntos territoriales.

España no es un estado federal, mucho menos más federal que Alemania, como se nos ha insistido desde siempre. Es un estado a medio camino entre el centralismo y el federalismo, más tirando hacia lo primero, consiguientemente siempre hay conflictos de competencias, tensiones territoriales y avisperos para llegar a acuerdos. La historia reciente desde la sentencia del TC de 2010 que liquidó el estatuto catalán (un golpe de estado constitucional en palabras de jurista Javier Pérez Royo) tras haber sido consensuado en Cataluña, aprobado por el Parlament, limado en las Cortes españolas y, finalmente, refrendado y aprobado por el pueblo Catalán en un proceso constitucional impecable, ha sido la historia de la centralización del poder en la Ciudad Estado de Madrid (no me voy a cansar de usar la espléndida metáfora de Enric Juliana), aumentada por las directrices neoliberales que modificaron el 135 de la CE para anclar los recortes, el salvamento de la banca y el pago de la deuda en detrimento del bienestar de gentes, familias, autónomos y empresas. Desde entonces ninguna comunidad autónoma o municipio puede mover un pelo presupuestario sin la tutela vigilante de la tijera central. La lealtad institucional al centralismo se ha llamado en este país recortes y deterioro de lo público. Donde los gobiernos se aplicaron con más saña, más deterioro. Véase estos días las consecuencias trágicas del estado en que dejaron la sanidad pública los gobiernos de derechas Madrileño y Catalán.

El déficit federal de España, una España en la que solo puede caber todo el mundo democráticamente si se reconoce su diversidad, su plurinacionalidad y la libertad de los pueblos (que como tal quieran constituirse) para decidir sobre su destino, se acentúa en los momentos críticos. Este de la pandemia y el estado de alarma es el más crítico vivido con la constitución del 78 en vigor, más que el del referéndum del 1 de octubre de 2017, que aún teniendo una fuerte carga civil democrática solo fue eso, sin valor jurídico, constitucional o estatutario alguno. La pandemia es más crítica porque hay vidas que se están perdiendo, porque sigue habiendo riesgo para la salud y la vida de las personas y porque la crisis socioeconómica será descomunal e imprevisible.

Pareciera que mientras la ciudadanía se comporta con civismo y cooperación inusitada (la inmensísima mayoría), mientras las y los trabajadores de la salud, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, del mundo agrario, alimentario y del resto de los servicios esenciales, desde las tiendas y supermercados hasta la limpieza, contribuyen sin chistar y haciendo más de lo que pueden para que sigamos vivos con esperanza en el futuro, algunos grupos políticos que por su importancia deberían tener sentido de estado, se dedican a jugar la pelota en corto a ver si marcan un gol para arrancar unos aplausos, porque votos votos solo están previstos para pronto en Euskadi, Galicia y Cataluña.

Hay un alma en el PSOE que parece no entender que un mando único no puede ser un único mando en un estado como España. Tener en un comité de decisión a las comunidades autónomas al menos desde la segunda prórroga del estado de alarma se está manifestando decisivo para la eficiencia práctica en los resultados y su aceptación institucional en el estado constitucional autonómico que es España. Cosa que la provincia no representa para nada, más allá del debate de si esa es la unidad epidemiológica o sanitaria adecuada. Dialogar y pactar las características de esta nueva prórroga que se dispone a solicitar el gobierno con los agentes políticos de peso y de gobierno en cada comunidad autónoma habría de haberse planteado desde muy atrás y no con la dinámica de la cita de los domingos y su recurrente esto es lo que hay. No se pueden, ni se deben, ignorar a los poderes territoriales ni a los partidos que representan amplias capas de población en las comunidades autónomas, mucho menos a los que facilitaron la investidura y el consecuente gobierno de coalición. Espero que ese alma no se lleve el gato al agua buscando un triunfo en corto, porque está poniendo en juego el futuro del gobierno progresista en España y su fortaleza en Europa.

Peor es lo que está haciendo Pablo Casado con el PP, un partido que cuando gobierna dice “el estado soy yo” y cuando no gobierna pretende llevar el caos al estado como estrategia electoral permanente. Esto es lo que está haciendo Casado y su corte desde el inicio del estado de alarma, al enturbiar permanentemente con digos y diegos la gestión del gobierno, sin perjuicio de que cuando todo esto pase haga las críticas pertinentes, sumándose a la estela de la irresponsabilidad dislocada de Vox. Lo hace además votando en Europa contra los intereses de las y los españoles al alinearse con los países del norte para dificultar el acceso a inversiones e inyecciones de euros que no repercutan directamente en la deuda y el déficit. No parece muy patriota.

Aún peor les lo que hace ERC, que además puede salirle mal en Cataluña. Se comporta estos días como un partido que parece no defender aquello con lo que más se le llena la boca, el pueblo catalán. Hagamos memoria, fue Gabriel Rufián, en octubre de 2017, al acusar a Puigdemont de venderse por treinta monedas, quien provocó la ruptura del acuerdo que Rajoy y el entonces presidente de Cataluña tenían (con la mediación del PNV) para que el presidente catalán convocase elecciones, intentando superar así el acantilado que había generado el referéndum del 1 de octubre. Fue ERC en el Congreso, con Gabriel Rufián de portavoz parlamentario quien obligó a Sánchez, en los primeros meses de 2019, a convocar elecciones anticipadas al no permitir aprobar unos presupuestos, muy sociales, que había pactado con Unidas Podemos y que podían haber pactado con ERC. Estos días, tal vez estas horas, es ERC quien se muestra incapaz de negociar con el gobierno de coalición para continuar el estado de alarma que demanda la mayoría del pueblo de Cataluña porque padece el mismo síndrome de dependencia respecto de Torra y Junts per Cataluña que Pablo Casado de Vox. Un partido incapaz de entender el momento tan crítico para la salud, la economía y nuestras relaciones en Europa (que afectan a Cataluña en primer plano) no es un partido que dé, una vez más, seguridad al pueblo de Cataluña. Esperemos que cambie su aptitud, hasta el momento del voto en el Congreso hay tiempo.

Al otro lado de la locura, sin entrar a analizar la posición de partidos de menor tamaño regionalizados, la evidencia es palpable en estas dos últimas semanas de estado de alarma. Solo el PNV y Unidas Podemos están demostrando un amplio sentido de estado. El primero sabe que no puede poner en juego los intereses de Euskadi porque esos intereses están trabados en España y en Europa. El PNV pide negociación, acuerdo y respeto y aplicación de la CE y el Estatuto de Guernika. Sánchez no pude seguir despreciando al principal artífice externo de su investidura (y también de haberlo llevado junto con Podemos a la presidencia del gobierno mediante la moción de censura a Rajoy). El segundo, Unidas Podemos, porque contando con la fuerza que cuenta, 35 diputadas y cinco ministerios, está siendo capaz de que las medidas para afrontar la crisis desde lo económico y los social no dejen a nadie atrás, condicionando la tarea del gobierno hacia la protección de familias, autónomos y empresas y mirando haca el futuro apoyando la propuesta de acuerdo de reconstrucción. Desde el 3 de mayo hasta el momento en que escribo Pablo Iglesias está en silencio público, estoy seguro que sigue trabajando a tope para que lo avanzado en protección de la gente no se vaya al traste por el intento plenipotenciario del alma centralista del PSOE.

Este comienzo de semana hemos comprobado que hay dos partidos que se dicen de estado pero que actúan en más ocasiones de lo conveniente sin reconocer las características territoriales, constitucionales y políticas del estado del que dicen ser. También que hay en Cataluña unos partidos independentistas que ignoran que ante una pandemia no se puede ser independiente de nada y se dedican a tensar para prepararse para las elecciones catalanas más que a proteger la salud y seguridad del pueblo catalán. Y dos partidos, a los que nadie reconoce como de estado, pero que son los únicos que actúan como si fuesen de estado y de más allá del estado, pareciera que la inteligencia y la coherencia política tienen el nombre del PNV y de Unidas Podemos.

Si una vez más se prorroga el estado de alarma la sociedad española habrá de agradecerles su capacidad de cesión y negociación en tiempos tan duros. Ojalá eso fuese lo contagioso y no el virus.

Una ventana de oportunidad para un gobierno inteligente

Cada vez que Sánchez decía en su comparecencia de la tarde del pasado miércoles para anunciar las fases de la desescalada que la unidad territorial de la misma sería la provincia, yo pensaba “tú verás”. Mis temores no tardaron en manifestarse en los medios de comunicación. Tanto el presidente (lehendakari) del País Vasco, Íñigo Urkullu, como el presidente del Euskadi Buru Batzar y portavoz parlamentario del PNV, Andoni Ortuzar, declararon al día siguiente que si el gobierno no negociaba con el PNV, por un lado, y el gobierno vasco por otro, los procedimientos y características territorializadas de la desescalada, perdería su apoyo parlamentario para continuar con el estado de alarma.

Antes, en sede parlamentaria y por motivos idénticos a los del PNV, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, preguntaba a los socios de coalición de Gobierno si de verdad querían continuar con la legislatura, cuando estaban ignorando en la gestión del estado de alarma a las comunidades autónomas, a Cataluña y a una formación clave como Esquerra para sostener parlamentariamente el Gobierno.

Pero no sólo desde los sectores nacionalistas e independentistas, aliados estratégicos del Gobierno para poder avanzar la legislatura y finalizarla, arreciaron las críticas. El presidente valenciano, Ximo Puig, del PSOE, que gobierna en coalición con y Compromís y Podemos la comunidad valenciana, planteó críticas en los mismos términos que el PNV o ERC. Las comunidades autónomas estaban siendo ignoradas y recurrir a las provincias como ente territorial sin negociarlo con ellas era, es, saltarse uno de los pilares de la constitución territorial, los gobiernos y los parlamentos autonómicos.

Los presidentes andaluz y gallego, junto con otros menos preocupados por la provincia, plantearon críticas sobre la falta de comunicación, cooperación y negociación leal con las comunidades autónomas. Consiguientemente de la transversalidad de la crítica de ignorar a las autonomías no se debe deducir directamente que es asunto de gentes nacionalistas e independentistas (aunque sean los más beligerantes en el asunto) sino que se ignora de hecho la constitución territorial escrita en la Constitución de 1978.

Personas, periodistas y políticos, nada sospechosos de nacionalistas, autonomistas, mucho menos independentistas o de izquierdas, decían en la SER de Granada que eso de la provincia no era lo más adecuado, que casi todas las comarcas granadinas, menos el área metropolitana, ya cumplían para pasar a la fase 1. Que por qué habían de esperar. Es la complejidad con la que debemos acostumbrarnos a trabajar quienes pensamos que frenar al neoliberalismo y la derecha pasa por la territorialización y el reparto cooperativo de soberanías. A la Guardia Civil y las policías locales les da igual controlar el cumplimiento de las restricciones de movilidad a nivel provincial que a niveles comarcales o de áreas sanitarias.

Espero que el Gobierno rectifique ya porque creo que pone en juego la mayoría de la investidura, el propio pacto de reconstrucción y los presupuestos. Es una torpeza gubernamental típica del poder, da igual por la izquierda que por la derecha, con residencia de muchos años en la Ciudad Estado de Madrid (en metáfora acertadísima de Enric Juliana). Las comunidades autónomas existen y están en la Constitución. La plurinacionalidad es consustancial a cualquier idea de una España democrática. No haber metido a PNV y ERC en los intríngulis de la definición de los estados de alarma no ha estado bien. Podía haberse hecho desde el principio sin muchos aspavientos. Ya es tarde para la discreción. Lo de la provincia como unidad para saltarse los poderes territoriaizados reconocidos en la Constitución y los estatutos es asunto muy serio. Estoy seguro que este gobierno que está demostrando inteligencia sobrada en la gestión de esta crisis sanitaria y su consecuencias socioeconómicas sobrevenidas, no dejará pasar más tiempo el asunto de la coordinación, la cooperación y el acuerdo efectivo, tanto con las comunidades autónomas como con, al menos, los partidos que contribuyeron de alguna manera a su formación previa investidura de Pedro Sánchez como presidente.

Desearía que ya esté habiendo movimientos dentro del Gobierno para pactar con PNV, ERC, Ximo Puig, Juanma Moreno, Feijó, etc, con objeto de cooperar y compartir responsabilidades. La unidad epidemiológica no es la provincia, la provincia es una unidad administrativa que puede servir a la guardia civil para controlar el trafico, pero no necesariamente, la provincia es herencia franquista de procedencia decimonónica absolutista y centralista. Lo que más se parece a una unidad sanitaria, y así lo podemos comprobar en Andalucía porque a ello se ha llegado por la vía de hecho en la planificación de la asistencia sanitaria desde que somos autonomía, y se ha llegado ahí por evidentes razones de coherencia geográfica, cultural y relaciones socioeconómicas entre municipios, es la comarca.

Está muy bien establecer una serie de marcadores a cumplir para ir desdescalando, es una cuestión científico técnica que habrán de cumplir todas las unidades territoriales definidas y pactadas con las comunidades autónomas, y es sencillamente un pacto necesario porque las autonomías y las nacionalidades existen y son competentes en materia de salud. El Gobierno debe ser flexible en la definición de las unidades territoriales, dar cancha y acordar con las comunidades autónomas e imponer con claridad los marcadores a cumplir antes de desescalar por cada unidad territorial. Las comunidades autónomas son las que conocen a la perfección sus territorios. Espero que ya se esté trabajando en ello, de un gobierno que ha sido tan inteligente hasta ahora en unos días tan difíciles, con menos de cien días de vida, no espero otra cosa.

El PNV es clave para el futuro del gobierno, ERC también, necesitamos que se fortalezca en ERC su faceta pactista para limitar a un Quim Torra y un Junts per Cataluña que van a salir absolutamente desprestigiados de la pandemia (son sus recortes sanitarios allí, como los del Madrid de la familia política de Ayuso, los que han agravado en sendas autonomías los daños de la pandemia). Como en el yudo, los movimientos en contra hay que aprovecharlos a favor, en este caso a favor del proyecto civilizatorio común que puede formarse con los grupos de la investidura y amplios sectores sociales y empresariales. No me cabe duda que Pablo Iglesias y su equipo, tan finos en el pasado para el análisis, estarán viendo la panorámica y el riesgo.

Mi intuición me decía que el Gobierno, con sus aciertos y errores iba a salir reforzado de esta pandemia trágica porque la ha abordado poniendo por delante la salud, intentando evitar el colapso del sistema sanitario, y actuando sobre tres asuntos esenciales: 1. Defender a personas, familias, autónomos y empresas con hechos nunca imaginados, dinero, prohibiciones de despidos, desahucios y cortes de suministro; cuando llegue este mes el Ingreso Mínimo Vital, podremos decir a lo grande que este gobierno se ha hecho lo nunca visto por el bien común. 2. Proponer un gran acuerdo de país (el nombre es lo de menos). Y 3. Afrontar bien la negociación en Europa con la fuerza disponible.

Por eso, sería una lástima por una cosa como la provincia (léase metafóricamente), perder el terreno ganado. Hay una Constitución española territorial, como la hay social, en esa Constitución territorial hay tensiones no resueltas desde el origen. Las menos resueltas y más graves están condicionando los últimos lustros de política en España. El gobierno se conformó con el compromiso de abordarlas desde el diálogo y la democracia. La tensión que introduce en el estado autonómico la provincia (impuesta entre otras cosas para una definición de circunscripción electoral que favoreciese a la derecha y el bipartidismo centralista), ha sido considerada menor, pero en momentos como este suma con las más graves.

La cooperación con los aliados estratégicos para sostener el gobierno (PNV y ERC fundamentalmente) y para eliminar cualquier duda de que se imponen sin diálogo las medidas, los tiempos y las definiciones territoriales de la desescalada a las comunidades autónomas ha devenido, en estos momentos de la gestión de la crisis, una cuestión esencial. Jesús Maraña, en un magnífico artículo titulado Muertos, mentiras y votos, explica muy bien cómo y para qué es la estrategia de Casado/Abascal y porqué el Gobierno necesita no debilitar sus alianzas para tener tiempo de negociar en Europa y avanzar en su proyecto democrático. El PNV ha sido y será fundamental para sostener al gobierno de coalición, porque siempre ha sido un mediador con el empresariado español inteligente y con el independentismo Catalán, al tiempo que muy pragmático en los acuerdos para beneficiar los intereses que defiende, no se le debe ningunear. A ERC tampoco, hay que permitirle espacio para que venza su lado pactista y pueda adelantar a un Junts per Cataluña enrocado buscando el conflicto y el desastre.

Este corte del artículo que he mencionado es suficientemente elocuente para lo que intento exponer: “Lo que difícilmente se le perdonará al Gobierno es que cometa errores clamorosos o vanidosos en el plan de desescalada. Más vale que comparta objetivos, criterios y decisiones con el resto de los actores políticos y administrativos. Muy especialmente con sus hasta ahora aliados parlamentarios o con quien pueda sumarse. No tiene sentido presumir de mando estatal y centralizado cuando los datos que maneja y el cumplimiento de los criterios científicos dependen de los niveles autonómicos y municipales. Más vale buscar el consenso y pensarlo tres veces antes de actuar. Aquí no hay medallas que repartir”.

La pandemia ha puesto de manifiesto como una suerte de revelaciones todo lo que se ha hecho mal en el pasado, que somos sociedades culturales en las que habitan nuestras individualidades y no al revés, que debemos cooperar y no competir. Que no se puede dejar en manos del mercado ni la salud ni nada que sea esencial para la protección como sociedad. Que el mando único, no es un único mando al que aspira el neoliberalismo y las 200 familias más ricas del mundo para controlarlo todo en su beneficio. Que el mando único ha de ser un mando democrático, pluridiverso, cooperativo y pactado libremente. Si esta crisis nos dice que necesitamos más inversión en salud, más estado y más políticas de estado, menos dependencia externa y más cooperación, entonces, lo que nos está diciendo también es que necesitamos más federalismo y no menos.

El siguiente paso del Gobierno en los estado de alarma no puede estar al albedrío del PP con Pablo Casado al frente. A la derecha española no le importa ni España ni los españoles, tiéndasele la mano pero impídase que la muerdan. Los aliados, para luchar contra la pandemia están en otros lugares, son los de la moción de censura a Rajoy y los de la investidura de Sanchez. Téngalo en cuenta el gobierno de coalición, aunque solo sea porque le va en ello su supervivencia, se ha abierto una ventana de oportunidad para un Gobierno inteligente. Que entre el aire y salgan los virus.

Juan Manuel Moreno Bonilla se sale del guión de Pablo Casado

Me lo preguntaba en un artículo publicado en este mismos medio el trece de abril: ¿Quién defiende a Andalucía ante los efectos del Covid-19? , y e sorprendía que tras un mes de estado de alarma y confinamiento, la oposición andaluza por la izquierda, PSOE y la coalición Adelante Andalucía, no hubiesen visto la necesidad acuciante de plantear un gran acuerdo de unidadpor Andalucía para afrontar colectivamente el desastre de la pandemia. Esbozar algunos contenidos estratégicos del mismo y llamar a la sociedad civil, sindicatos y empresarios para darle forma y demandar a un gobierno andaluz, también pasivo hasta la fecha y en guerras inútiles de contabilidad y culpabilidad con el Gobierno central, para que comenzase desde ya a buscar una respuesta común que defendiese los intereses de Andalucía, aquí, en Madrid y en Europa. Empezando por demandar para ya el Ingreso Mínimo Vital.

El cinco de abril Pedro Sánchez, con apoyo explícito del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, lanzó un llamamiento a partidos, representantes sindicales, empresariales y sociales en general, gobiernos autonómicos y municipios, para unos nuevos pactos de la Moncloa. Lo peor, como se vio enseguida era el nombre. Lo mejor, la idea.

El objetivo pactista del gobierno es afrontar la crisis socioeconómica en la que ya se está adentrando España con fuerza, como el resto de Europa y el mundo, con una respuesta de unidad, una respuesta de país, coherente con las debilidades reveladas por la crisis pandémica, consecuencia de años de recortes, abandono de lo público y externalización del sistema productivo a cambio de un modelo económico basado en monocultivos y financiarización especulativa. Un objetivo imposible de abordar si esa respuesta de país no se encuadra en un gran acuerdo europeo de financiación e inversión. Consiguientemente cuanto más amplias sean las bases de apoyo al acuerdo, más fuerza tendrá España para negociar en la UE las formas y las condiciones de financiación.

Sin pesimismo ni optimismo, podemos decir que esta semana pasada se han sentado las líneas para un acuerdo en Europa que pueda ser aceptado por todas las capitales, por utilizar una terminología típica de la verborrea europea neoliberal. No hay nada definitivamente cerrado, pero el camino por el que los líderes citados en la Comisión Europea el pasado jueves 23 de abril por la tarde han decidido avanzar no es precisamente el del veto.

Si se desploma el tejido empresarial europeo, la economía productiva, quebrará todo el sistema bancario, consiguientemente la ola de quiebra impactaría contra la economía especulativa que caería como un castillo de naipes. Lo de 2008 sería un terremotillo al lado del maremoto descomunal que provocará ignorar, una vez más, la conexión imprescindible entre economía real y economía financiera. Esto es lo que ya saben quienes en 2008 obligaron a los PIGS, como llamaban a Portugal, Italia, Grecia y España despectivamente, a recortes, austeridad y humillación. Por eso Guindos y Montoro, rigurosos aliados del capital extranjero, -vivir para ver- piden el Ingreso Mínimo Vital, porque, entre otras cosas, acabará repercutiendo positivamente en los balances empresariales. Por eso hay en España un sector importante del gran empresariado que ha influido en Ciudadanos para que se salga de la foto de Colón, suavice su enfrentamiento al gobierno y participe del acuerdo.

Por eso, y porque va a necesitar mucho dinero y ya otea de dónde va a venir, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha sido el primero de los presidentes autonómicos en extrapolar la propuesta de Sánchez al Parlamento de Andalucía, aprovechando su comparecencia plenaria del viernes 25 de abril, con el nombre de Alianza por Andalucía. Dinero va a hacer falta, y en Andalucía mucho más porque la ola de la crisis aquí va a retorcer los pilares del sector turístico y va a revolcar contra el rompeolas litoral a todas las empresas que dependen de él, desde la restauración y el comercio hasta las de limpieza o distribución alimentaria. El primer indicador que anuncia el megamaremoto andaluz es el desempleo de marzo, de todo el paro que ha generado la covid-19 en España, la mitad es andaluz. El recientísimo estudio de la Universidad de Granada ya ha dicho que en Andalucía llegaremos a un 37,5% de paro. Me quedé corto con el 35% que aventuré en el artículo que he citado al principio como expresamente dije en el. La alerta es roja en todos los sensores.

La propuesta del presidente del gobierno andaluz en sede parlamentaria, contó con el apoyo de Ciudadanos, socio de gobierno, del PSOE y de Adelante Andalucía. Se acordó trabajar conjuntamente en una acuerdo andaluz para afrontar los durísimos tiempos venideros. Es una buena noticia, más allá de ver cómo se va concretando. Vox ha seguido su camino antidemocrático hacia la montaña helada fascista, no apoyando el acuerdo. Quedará aislado afortunadamente para las y los andaluces, para las empresas y para los autónomos de nuestro tejido productivo. Amparados por las ideologías del odio y la muerte se pueden hacer guerras pero no negocios, el empresariado inteligente lo sabe. as palabras de Susana Díaz en las que ofrecía sus votos para un nuevo acuerdo presupuestario andaluz ayudan a aislar a Vox. No es poca cosa.

La propuesta de Moreno Bonilla ha situado a la oposición andaluza en la retaguardia de su gobierno. Con un poco de habilidad táctica PSOE y AA podían haberse anticipado y jugar, si no a la par que Bonilla, sí con más iniciativa. Están a tiempo de mejorar su posición porque los marcos neoliberales se agrietan y la izquierda tiene mucho que decir en un ambiente favorable al reforzamiento de lo público.
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La iniciativa de acuerdo deja un territorio abierto de posibilidades para que la parte inteligente de la sociedad andaluza y sus representantes políticos, sindicales y de la sociedad civil, busque una amplia alianza entre el mundo del trabajo y el tejido empresarial andaluz pequeño, mediano y de gran tamaño para territorializar la economía andaluza, hacerla fuerte en proximidad y menos dependiente de avatares externos o sobrevenidos, ante el riesgo de que esta crisis convierta en sirvientes de capitales y políticas externas a toda Andalucía, incluida a la clase adinerada andaluza tan tendente a la desidia como a la residencia efectiva en Madrid.

Para hablar y acordar hay materia si se piensa transversalmente con marcos democráticos. Los contenidos, para afrontar las verdades que ha puesto de manifiesto la covid-19, habrán de centrarse en el reforzamiento del sistema sanitario público, de los sistemas de cuidados y protección social, la reestructuración de nuestro sistema productivo, el redimensionamiento y reconversión de ciertos sectores, así como la presencia o influencia andaluza en las decisiones de Estado y de la UE para que sean lo más fructíferas posibles para nuestra tierra. Se nos viene encima un paro descomunal y es hora de demandar en serio un fuerte impulso industrial. ¿Qué tal industrializar Andalucía apalancándonos sobre las demandas de la salud, las energías renovables, el sector agroalimentario y las tecnologías digitales?

Fuera del aire de los pactos se están quedando Torra, la CUP, Vox y, quién sabe, el PP con sede en la ciudad Estado de Madrid, utilizando la lucida metáfora de Enric Juliana. Dentro, una España diversa que puede avanzar en el reforzamiento democrático del estado dentro de une UE más federal y cohesionada. Esperemos que del lado de la inteligencia siga el PP andaluz liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla que, al menos en este impulso de acuerdo, se comporta como una derecha civilizada al estilo de la que representa el PNV.

Pablo Casado y sus escuderos Cayetana y Teodoro, estarán restregándose los ojos con la operación andaluza emprendida por Juan Manuel Moreno Bonilla. Sanchez e Iglesias han debido ver el acuerdo del parlamento andaluz como agua de mayo. Por el contrario, Casado, tras conocerlo, habrá pasado un fin de semana de pesadilla con un Juan Manuel Moreno Bonilla aparecido como podemita que corea ¡en Andalucía sí se puede!

Bicicletas contra la Covid-19

Algunos ministerios como el de Sanidad o el de Transición Ecológica han comenzado a darse cuenta que la promoción de la bicicleta puede ser una política de Estado para luchar contra la enfermedad covid-19. Su uso para la movilidad urbana, para los desplazamientos al trabajo, a las compras, al cole, al ocio y la cultura o a instalaciones deportivas, es una forma de asegurar el “distanciamiento social” que va a seguir exigiendo el control de propagación del virus. En tiempos de tensión, es bueno acordarse de la bici. La bicicleta “desestresa” y da felicidad. El coche y la moto acucian la emergencia de la angustia. No sería poco para fomentar su uso para, también, poner la vida en el centro.

Ojalá podamos dar de-verdad la bienvenida al Estado a la bicicleta en una España en la que son muy pocas instituciones locales, comarcarles y autonómicas con poder y competencias las que actúan de manera efectiva para fomentar su uso. Estaría muy bien, aprovechando el impacto crítico sobre nuestras costumbres como especie que la pandemia está provocando, utilizar viejas reivindicaciones de la ecología para ponerlas en el centro de la solución de los problemas actuales y lanzarlas hacia adelante para consolidar sus bondades. La bicicleta como medio de movilidad es una de ellas.

No todas las distancias se pueden recorrer en bici ni todas las personas pueden recorrer las misas distancias ni con la misma seguridad ni por los mismos sitios. Pero es indudable que muchas sí, que si hay políticas de estado correctas que no dejen, en esto también, a nadie atrás, muchísimos desplazamientos que se hacen a motor innecesariamente pueden hacerse en bici. Piensen ustedes en su vida diaria y en la de las personas de alrededor, miren cómo se mueven y verán. No olviden pensar en las personas mayores, en los niños y niñas y en quienes necesitan cierta adaptabilidad de los recorridos para hacerlos posible y seguros. No hay que ser un estudioso para imaginar un sin fin de cosas que se pueden hacer para facilitar el uso de la bici en buena parte de nuestros desplazamientos diarios.

La insonora bicicleta no provoca accidentes graves -en las ciudades la inmensa mayoría de accidentes son coche/moto/peatón. La bici no consume combustible, no contamina, es escudo individual y colectivo contra el cambio climático, no pelea por el espacio urbano, no requiere grandes y costosas infraestructuras. Tiene un precio al alcance de la inmensa mayoría de los bolsillos. Sobre ella hacemos deporte sin notarlo y mantenemos nuestra salud, la salud de las ciudades y la de la naturaleza en forma. No hace falta ser un deportista con espléndida condición física, ni joven, para montar bicicleta.

Si muchos, aprovechando el estímulo de autoprotección y protección comunitaria al que el covid-19 nos obliga, nos animáramos al máximo a ir en bicicleta, otra realidad del mundo alumbraría. Pero no basta, es imprescindible que, de una vez por todas, la bici ocupe en España en las políticas de Estado el lugar que por su potencialidad para proteger lo común le corresponde.

Cuando se aprende a montar en bici no se olvida nunca, ojalá nuestras conciencias y nuestras autoridades políticas hayan aprendido de esta letal pandemia y no olviden muchas de sus enseñanzas, entre ellas, no menor, que la bicicleta es salud personal, salud colectiva, salud como especie humana y salud planetaria.

Cuando el desastre pase, recordemos que durante un tiempo la atmósfera estuvo limpia y las estrellas lucían con un brío desconocido para las generaciones más jóvenes. Los primeros estudios serios de letalidad indican que es mayor en las zonas con alta contaminación atmosférica, usemos las bicis contra el covid-19. sigámoslas usando cuando pase a favor del planeta, si alguna vez volviese a ocurrir esta desgracia harían falta menos respiradores.

Una bomba atómica de neutrones ha caído sobre Andalucía y, como el virus, nadie los ve

Lector, lectora, si vives en Andalucía mira a tu alrededor desde la ventana del confinamiento. ¿Ves lo que yo? Las ciudades y pueblos vacíos, la vida como la conocíamos desaparecida. Los comercios, los bares, los restaurantes, los chiringuitos playeros, los bares de copas, las salas de fiestas y discotecas cerrados. Los cines, los teatros, los grandes y pequeños festivales de música, de rock, clásica, flamenco, jazz, clausurados sine die. Toda la red de hospedaje, pensiones, pisos turísticos, viviendas vacacionales, hotelitos, casas rurales, hoteles de todas las estrellas, cerrados hasta un “ya veremos” incierto.

Andaluz, andaluza, da igual donde hayas nacido si vivimos juntos, si ves eso, ves lo que yo veo. ¿Te preguntas como yo por qué eso no lo ve el Gobierno andaluz? Que además de ver eso debería ver que lo que llaman el desescalamiento de la crisis sanitaria no ocurrirá de un día para otro y que a todos esos sectores que describo en el párrafo anterior les espera una larga travesía del desierto y no solo hasta que haya cura o vacuna para el covid-19, será todo mucho más largo.

La economía andaluza, prácticamente toda la economía formal y mucha de la informal, vive por razones históricas políticas estructurales, que no quiero traer aquí porque lo importante ahora es pensar en el hoy y el mañana cuando la letalidad baje, está soportada sobre cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, decenas de miles de pymes y autónomos y un buen puñado de grandes empresas hoteleras con gran capacidad de empleo estacional o no, que demandan servicios de todo tipo de otras muchas empresas.

La crisis en la que ya estamos es para el empleo en Andalucía como una bomba atómica de neutrones, como el virus nos matan sin hacerse visibles. Si como dice de manera optimista el FMI, el paro en España crecerá este año hasta el 21%, en Andalucía podrá alcanzar cifras superiores al 35%, me quedo muy corto seguro. Solo en este pasado mes de marzo en el que se inició el estado de alarma, de todo el paro que se creó en España, la mitad fue andaluz. No será difícil que Andalucía acabe soportando más de la tercera parte del paro español aun representando al 20% de la población del estado. Imaginad las consecuencias, todas, las migratorias incluidas. La experiencia de la crisis de 2008 es la más reciente para prever que la tragedia será aún más descomunal que la de entonces y de mucho más largo recorrido temporal.

Es incomprensible que el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos no esté actuando ya para que el daño que eso supone para personas, familias y empresas, se limite al máximo. Es incomprensible que esté a por uvas convalidando en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía un decreto ley que pretende volver a los tiempos de Jauja dando facilidad a grandes agentes económicos para destruir patrimonio cultural y natural, territorio y soberanía social, política y laboral. Es un gobierno ciego por completo, porque con la bomba de neutrones que ha caído sobre Andalucía, ni siquiera esa aspiración de vender Andalucía a cualquier precio le saldrá bien.

En el gobierno de España, las y los ministros más progresistas, entre ellos todos los de Unidas Podemos aprietan en el Consejo de Ministros para que una Renta Básica de Emergencia o Ingreso Mínimo Vital, llámenla como quieran y detallen lo que les parezca pues no es momento para debates sobre las esencias, se apruebe cuanto antes. Por lo que he descrito, para las personas más afectadas por la crisis un ingreso así es vital para ahora, para ya, no para mañana, también para la economía española es fundamental, pero es que para Andalucía es el único antídoto contra la radiación de neutrones que ya se expande invisible, como el virus, por todo el territorio liquidando empresas y empleo.

En una entrevista en Público, el ministro Alberto Garzón, describe la misma visión que cualquier andaluz o andaluza ve desde la ventana de su confinamiento: “…muchos de mis vecinos en Málaga viven de la hostelería, de contratos muy intensos durante el verano que este año probablemente no existan. Son familias que tienen que pagar el agua y la luz, los recursos más básicos, y es ahí donde entra Unidas Podemos: lo primero es proteger a esa gente. Y la renta mínima es urgente porque hay gente en este país que se va a quedar sin dinero, con cero ingresos. Hacen falta medidas de radicalidad económica para ella.”

Si lo vemos la inmensa mayoría de andaluces y andaluzas desde la ventana, si lo ven los ministerios en Madrid, me pregunto: ¿Por qué no lo ven las organizaciones de la sociedad civil andaluza? ¿Por qué el sindicalismo andaluz, UGT-A y CCOO de Andalucía junto con los demás, no están actuando ya para generar un movimiento andaluz de apoyo masivo a una Renta Básica de Emergencia ya, ya y ya? ¿Por qué no lo ve el empresariado andaluz? ¿A quiénes obedecen los representantes de las empresas andaluzas y de las y los autónomos andaluces en perjuicio propio y en beneficio externo? ¿Por qué el bloque progresista en el parlamento andaluz PSOE-A y Adelante Andalucía no acuerdan exigir conjuntamente a la presidencia andaluza de San Telmo y la vicepresidencia, los señores Moreno y Marín, que se dejen de guerras de contabilidad de infectados y reclamen al gobierno de España la Renta Básica de Emergencia para ya, ya y ya?

¿Acaso creemos las y los andaluces que desde fuera nos van a sacar las castañas del fuego por nuestra cara bonita sin que apretemos? Para que el progreso avance en España y para que Andalucía resista los largos meses, seguro más de un año, que nos esperan, dado que las cifras de paro y destrucción empresarial van a ser aquí terroríficas por nuestros monocultivos económicos y laborales, es preciso que Andalucía lance un clamor al gobierno central exigiendo la Renta Básica de Emergencia para ya, no para mañana, ni para pasado mañana ni para de aquí a tres meses, para ya. Sería además la mejor forma de apoyar al gobierno de España en su intención de que nadie se quede atrás por razón de su situación, entre las que podemos incluir el territorio en el que vive, frente a las presiones que actúan en contra de esta premisa de justicia social.

O se actúa ya, o cuando las empresas en Andalucía puedan volver a contratar van a encontrar disponible un ejército de muertos vivientes. Mientras escribo esto la radiación de neutrones, tan invisibles como el virus, sigue actuando. Nosotros, las y los andaluces, veremos lo que hacemos.

¿Quién defiende a Andalucía ante los efectos del covid-19?

Los segadores andaluces, André Masson 1935

La crisis del covid-19 ha cogido a España con el sistema inmunológico público destrozado. El virus letal ha llegado justo cuando un gobierno sensible a la lucha contra la desigualdad, después de 12 años, desde 2008, de políticas de ajustes, austeridad y recortes para la mayoría ciudadana, iniciaba su andadura con la intención de equilibrar la balanza de la justicia social, muy vencida a favor de las grandes empresas, los fondos extranjeros de inversión y la banca (si es que esta clasificación de poderes del capital no esconde que todo pertenece a unos pocos).

Los datos relativos al deterioro del estado del sistema sanitario son evidentes. Desde 2008 hasta la actualidad ha disminuido la inversión pública por habitante en sanidad en términos netos en un 0,6% del PIB, pasando del 6,6 al 6,2% (datos de la OCDE). Andalucía es la comunidad autónoma con menor inversión sanitaria per cápita, 1.164€, seguida en escasez inversora a muy corta distancia por Cataluña y Madrid. Las tres comunidades más pobladas que representan casi la mitad de la población española son las que menos atención le prestan a la inversión en salud, muy lejos de los 1.731€ de la inversión per cápita de Euskadi (datos del Ministerio de Sanidad). Los números de inversión pública sanitaria (me niego ha llamarlo gasto) explican los déficit en personal, en camas, en UCIs, en respiradores, EPIs y material para afrontar la crisis del covid-19. Pero esos mismos números explicaban antes las listas de espera, la precariedad laboral y la saturación de consultas y hospitales en tiempos de “normalidad”.

Pero no solo el sistema sanitario descentralizado en las comunidades autónomas está en estado inmunodepresivo. El resto de políticas de estado que podrían funcionar como amortiguadores de la crisis económica y social que se derivará de la sanitaria se encuentran igualmente en la UCI y sin defensas. El actual gobierno no ha tenido tiempo, salvo para la subida del SMI, de preparar a España para una etapa con más justa capaz de afrontar en mejores condiciones dificultades sobrevenidas.

La inversión en ciencia, conocimiento e investigación tecnológica, en educación pública, en becas, en los sistemas de ayuda a la dependencia, en los sistemas de protección socioeconómica mediante salarios dignos, derechos laborales, prestaciones por desempleo o subsidios y pensiones, se encuentran limitados y recortados tanto o más que los sistemas de salud. La situación es tal que no sirven ni para cuidados paliativos. El gobierno no tiene más remedio que aplicar, en medio de los contagios y las muertes, medicina intensiva para limitar el destrozo laboral y empresarial causado por el confinamiento y la paralización de buena parte de la actividad económica. Con mayor o menor acierto lo está haciendo cercado por las presiones de quienes se beneficiaron de la crisis de 2008.

Hablo de España. Si hablase de Andalucía no encontraría metáforas de la salud para describir el destrozo en el que nos adentramos. Habría de buscar las metáforas en las películas de terror. El anuncio de que se aproxima la noche de los muertos vivientes lo han dado las cifras de aumento de paro en marzo como consecuencia de las medidas para afrontar la crisis sanitaria. De los 302.265 nuevas personas desempleadas en marzo casi la mitad son andaluzas, 138.569. Un 46% del nuevo desempleo español es andaluz.

Las causas son estructurales. Andalucía tiene un sistema productivo muy desindustrializado, acoplado, aparte de a la olvidada agricultura, sobre los servicios, el comercio, la hostelería, el turismo y la construcción. El turismo tira directa e indirectamente de estos últimos sectores. Si hoy día se caen el turismo y la hostelería, como así va a ser, se cae Andalucía. En la de crisis de 2008 se cayó la construcción, también el daño en Andalucía fue el doble que en la media del resto del estado.

Estos son los hechos, y no por ignorarlos, como hace el actual gobierno andaluz, dejan de ser verdad. A estos hechos quiere enfrentarse el gobierno andaluz aprobando un decreto ley el 16 de marzo, ya en estado de alarma, que modifica o deroga veintiún leyes y seis decretos para “simplificar trámites”. Una manera eufemística de llamar a la ley de la selva eliminando las barreras administrativas de protección contra el urbanismo salvaje, la destrucción medioambiental o el patrimonio cultural andaluz, entre otras muchas liberalizaciones para facilitar el libre albedrío de inversores extractivos que solo dejan precariedad y desolación. El decreto ley fue convalidado sin trámite parlamentario con el apoyo de Vox en la diputación permanente del parlamento andaluz del 2 de abril, en pleno estado de Alarma y en los días más críticos de la pandemia, hurtando un debate democrático y con ciertas libertades civiles coartadas de facto para manifestar la protesta. Con esta enorme modificación legislativa el gobierno andaluz intentar volver a los tiempos de Jauja, cuando los excedentes de capital extranjero actuaron como veneno bulímico para engordar la construcción, hipertrofiar nuestra economía con el turismo, dañar los centros históricos con la gentrificación y despreciar nuestro patrimonio cultural y natural. Moreno y Bonilla pretenden despertar a Drácula para que nos siga chupando la sangre, esa es su única determinación política respecto de Andalucía.

Estos son los hechos. Tenemos un gobierno del estado luchando contra la pandemia, peleando en Europa una salida cooperativa que no limite la inversión pública ni lastre el futuro del país, actuando con medidas de choque contra los daños sociales y empresariales, y sometido a presiones para que estas medidas se desplacen más hacia el apoyo a los capitales que hacia el apoyo a las personas. ¿Y en Andalucía qué tenemos? Un gobierno pensando en retorno al pasado y una oposición incapaz de articular una propuesta de salida colectiva cooperativa que apoye al gobierno gobierno del estado en su imponente tarea y prepare las condiciones para que el terror no se consolide en Andalucía.

Con poco acierto en su denominación, dado que aquellos pactos supusieron la desactivación de la capacidad reivindicativa que tenían las y los trabajadores a la muerte del dictador y la vía de incrustación de los agentes económicos y de poder del régimen franquista dentro de la nueva institucionalidad democrática, del gobierno de Pedro Sánchez ha partido una propuesta de Nuevos Pactos de la Moncloa. Una oferta de diálogo y acuerdo a todo el país, incluidas a las comunidades autónomas representadas en sus gobiernos. Más allá de cómo se le llama y cómo fragüe el contenido de la idea, ¿no sería el momento de abordar un pacto por Andalucía que nos diera voz como sociedad en ese dialogo que tiene calado europeo? ¿Quién defenderá tras la pandemia los intereses de las y los andaluces? No parece que vaya a hacerlo la tríada PP, Ciudadanos, Vox con sus débitos a las altas jerarquías con residencia en Madrid o Barcelona. ¿Lo hará un PSOE andaluz en la oposición, que no ha superado su antisanchismo, y no ha acabado de interiorizar que España tiene un gobierno de coalición que intenta superar las limitaciones bipartidistas de decenios anteriores? ¿Una coalición Adelante Andalucía que no ha hecho ni una sola propuesta de estado en mitad de la pandemia para afrontar el claro desequilibrio andaluz?

Parece imprescindible que Andalucía se sitúe cuanto antes en los debates de estado y de Europa con voluntad de diálogo y acuerdo. No solo se la juega la ciudadanía andaluza. Se la juegan las PYMES y el tejido de trabajadoras y trabajadores autónomos tanto como el mundo del trabajo. No de manera partidista ni partidaria, sino con un acuerdo propio de país andaluz a la vista de nuestros diferenciales estructurales de partida.

El primer acuerdo de representantes de la sociedad civil andaluza, el sindicalismo, el empresariado y los partidos del arco parlamentario que quisiesen apoyarlo parece que debería empujar al gobierno andaluz para que exija de manera urgente al gobierno de España la aprobación de un ingreso mínimo vital, transitorio o permanente, para evitar que la economía andaluza acabe siendo a la salida de la pandemia un cementerio de empresas lleno de muertos vivientes. Si el gobierno del PP y Ciudadanos con apoyo de Vox se resiste a defender medida imprescindible en Andalucía para combatir la crisis y prepararnos para su salida, el resto de fuerzas políticas en alianza con los sectores empresariales, sindicales y de la sociedad civil deberían impulsar la demanda sin más dilación, si es urgente en España, en Andalucía es realmente vital.

Los Pactos de la Moncloa se firmaron el 25 de octubre de 1977, partidos políticos, sindicatos y partidos nacionalistas vasos y catalanes jugaron en ellos un papel crucial. Esos pactos pactos fueron un hecho político de primera magnitud para definir las condiciones en las que se iba a producir la transición política desde la dictadura franquista hacia la democracia. Ya he dicho sin ambigüedad que con esos pactos la clase trabajadora cedió demasiado y la dictadura se incrustó en la democracia.

La manera que tuvo Andalucía de reescribir en beneficio propio esos pactos siendo la región mas dañada por el franquismo (como dice un buen amigo metafóricamente: “la SEAT no la pusieron en Andalucía y eso nos hizo emigrantes”), dado que había sido ignorada en los mismos a pesar de que las diferencias estructurales en nuestro perjuicio respecto del resto del estado eran entonces abisales, fue mediante la movilización social y las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. Esas manifestaciones lograron alterar la constitución territorial y sentaron las bases para que Andalucía no quedara relegada a mera espectadora en el reparto de poderes del estado.

No sabemos si la derecha española y sectores del gran empresariado español acabarán entrando a un pacto de estado, de momento pinta que no. Los acuerdos de estado que pudieran salir adelante estarán enmarcados en las decisiones que Europa tome respecto de su futuro. Eso será determinante no solo para el gobierno que los impulsa sino sobre todo para quienes ahora se resisten a hablar con voluntad de acuerdo. Si el camino de Europa es la profundización democrática y protección de las personas, el cambio del modelo productivo hacia parámetros ecológicos y feministas, la reindustrialización y territorialización de nuestras economías para hacerlas menos dependientes de avatares externos, la descarbonización mediante las energías renovables laminando la dependencia del petróleo, el gas y el carbón, y la agroecología como motor esencial para redistribuir población y poder, entonces es indudable que Andalucía tendría mucho que ganar. Para ello ha de tener voz propia (no hablo de partido), ha de tener un proyecto de país compartido en el que caben por supuesto los sectores empresariales propios que llevan años sufriendo la conversión en peones de fondos externos.

Escribo esto para preguntar, aquí, en Andalucía, mi tierra, ¿quién anda ahí? ¿Quién defiende Andalucía? ¿Quién o quienes van a promover desde ya un acuerdo político de amplio espectro que apriete al gobierno de España para que apruebe con carácter de urgente un ingreso mínimo vital (llámenlo como quieran) como sonda de alimentación mientras nos preparamos para un cambio revolucionario que rompa los límites estructurales que nos condenan a la desigualdad? ¿Quién anda ahí?

Un pacto por la democracia social y ecológica en Europa, clave para unos nuevos Pactos de la Moncloa

El gobierno de España propone un pacto de estado post crisis sanitaria que emule los Pactos de la Moncloa de 1977, para afrontar la descomunal magnitud de la crisis social y económica que legarán las imprescindibles medidas adoptadas para limitar el impacto sobre la salud de las personas que dejará la covid-19.

Los partidos políticos del ámbito progresista, nacionalista y democrático responden a la propuesta con cautela sin negar ni afirmar su necesidad. Ciudadanos, dada su debilidad, está a verlas venir y plantea desplazar los pactos desde la residencia de la presidencia del gobierno en la Moncloa hasta la sede de la soberanía nacional en la Carrera de San Jerónimo, no es asunto menor, pero no dice de entrada que no. La derecha que representa el PP, condicionada por su herencia ultra reaccionaria reciente en materia social, económica y territorial, dada la amenaza neofascista de Vox de seguir restándole electorado, antepone condiciones que se aventuran imposibles: recentralización del estado y ruptura reaccionaria con el proyecto socialprogresista y feminista del gobierno de coalición; retorno a un pasado que representa mucho mejor Vox si no le añadiésemos su visible matonismo.

La crisis económica en la que España estaba sumida en 1977 como nos recuerda Carlos Enrique Bayo en su artículo de Público “Las siete preguntas clave sobre el papel de los Pactos de la Moncloa en la Transición”, respondía a variables propias enmarcadas en una crisis mundial, que hoy llamaríamos también crisis ecológica, por la subida del precio del petróleo en un solo año desde 1,63 a 14 dólares/barril.

Desde 1977 hasta ahora el mundo ha cambiado muchísimo. El capitalismo en su fase financiera neoliberal con su inherente necesidad de crecimiento permanente ha huido de los territorios (globalización) bien ignorándolos, bien destruyéndolos, bien apoderándose de los gobiernos por la vía de la deuda o directamente de la guerra. El sistema económico productivo global ha avanzado contaminando, calentando, envenenando, destruyendo y rompiendo todos los ecosistemas cualquiera que sea su escala territorial. La desigualdad entre personas y género ha crecido de manera imparable como externalidades negativas sociales para sostener las dinámicas del capital. Todo esto ha ocurrido al tiempo que se desmoronaba el soporte de los estados del bienestar que limitaba el daño social al que se aplicaban principalmente en Europa los partidos socialdemócratas.

La crisis de 2008 es la primera detonación nuclear del sistema. El capitalismo pierde pie tras su huida hacia adelante por la vía de la financiarización y la desconexión de la economía productiva. Las bancas europeas entran en quiebra porque la productividad de la economía real es incapaz de pagar la deuda. En España, la economía sostenida en los años de Jauja, por la construcción de mas vivienda que en Italia, Francia y Alemania juntas, se derrumba y arrastra bancos y cajas de ahorros (por cierto en manos la mayoría de ellas de políticos sin escrúpulos).

Conocemos la historia. Las decisiones políticas de la Unión Europea ahondaron el daño social en todos los países, pero sobre todo en los países del sur al imponer a los estados condiciones de endeudamiento ultra reaccionarias para, tiene guasa el asunto, rescatar a la banca. ZP, o sea el PSOE, como última acción de gobierno después de liquidar el superávit público en un plan de obras para tapar baches (el Plan E) pacta con Rajoy por imposición del capital alemán la reforma del artículo 135 de la CE con el fin de dejar atado en la CE la obligación de anteponer el salvamento a la banca al salvamento de las personas. Ese acto que hoy podríamos calificar de antipatriótico desde posiciones progresistas pone una autopista constitucional a toda la política antisocial (y asesina en término de justicia social) que Rajoy con su PP de la Gürtel ejecuta en España. En Europa podía haber estado la solución y en Europa encontramos entonces la condena.

He resumido mucho para concluir el recorrido histórico hasta decir que si la ecología política venía explicando que la crisis del sistémica del capitalismo era una crisis metabólica debido al choque del sistema productivo económico con los límites materiales de nuestra existencia, escasez y agotamiento de materias primas, calentamiento global, alteración de las condiciones químico-físicas de la biosfera y pérdida de biodiversidad, la pandemia de la covid-19 es la constatación de que si no abordamos la salida desde posiciones ecologistas que integren la salud y el futuro decente y digno de los cuerpos, las vidas y los territorios, ahora que todavía estamos a tiempo, cualquier otro acontecimiento emergente podría suponer tal devastación económica y social que podría conducir a la certificación de muerte de las democracias.

Los artículo que el economista Juan Torres está escribiendo estos días de confinamiento en Público alertan y proponen medidas imprescindibles de combate para afrontar de inmediato la gravísima crisis social y económica en la que nos adentramos. La salud es lo primero, porque sin salud no hay economía y sin economía no hay vida (salud, dinero y amor decía aquella canción). Tres asuntos centrales destaco de esos artículos. El primero es que hay que hacer ya lo que haga falta para salvar las economías de las personas, las familias, los autónomos y de empresas (en ello está el gobierno navegando en difíciles equilibrios intentando que nadie quede atrás). El segundo es la apelación a la necesidad de que esta vez la política Europea actúe coordinada y solidariamente sin condicionar las políticas sociales y económicas de ninguno de los países, si hemos entregado nuestra soberanía monetaria y parte importante de la política económica a la UE, no es para ponerla al servicio exclusivo de países ricos como Holanda (un paraíso fiscal de facto) o Alemania (un extractor de capital del resto de la UE). Para ello es imprescindible aplicar políticas de deuda mancomunada (los coronabonos), de inversión social directa a las personas que han quedado desempleadas, y de apoyo directo a las empresas que van a entrar en crisis. Y tercero, y lo más importante, es imprescindible abrir una vía en el Tratado de Lisboa para que el BCE pueda prestar dinero directamente a los estados sin la necesidad de pasar por la intermediación de la Banca privada. Europa se la juega, consiguientemente se la juegan las democracias europeas como bien advertía el presidente, Pedro Sánchez, en el artículo de este domingo 5 de abril publicado en El País y que reproducían las principales cabeceras europeas.

Lo que no debemos olvidar como lección de esta crisis sanitaria es lo que recuerda Francisco Garrido en La Voz del Sur este pasado 6 de abril con el provocador título “El medio ambiente no existe, imbécil, el medio es el todo”. Consiguientemente, ni para mañana ni para pasado mañana, para más allá, unos nuevos Pactos de la Moncloa han de adaptarse a la necesidad de afrontar las causas raíz de las últimas crisis, causas ecológicas agravadas en sus consecuencias sociales y económicas por las políticas neoliberales. Los pueblos de Europa deben asumir colectivamente este reto en el marco de unos nuevos geoequilibrios de poder mundial que, sin duda, dejará visibles esta crisis, ya lo estamos viendo al observar los diferentes papeles de EE.UU y de China ante la crisis pandémica.

El pragmatismo político y la magnitud del problema ha llevado al gobierno de España a defender en Europa una salida justa, social y colectiva, y en España a proponer unos nuevos Pactos de la Moncloa. El presidente Pedro Sánchez ata esa salida a las políticas europeas contra el cambio climático, el vicepresidente Pablo Iglesias al reforzamiento de los artículos sociales de la Constitución Española. No parecen malos ingredientes para unos acuerdos de estado. Los partidos nacionalistas intentarán llevar al acuerdo sus respectivas territorialidades y demandas de soberanía, no estaría mal que se aprovechasen para, definitivamente, dar un horizonte de salida a la cuestión territorial. Y no solo para Cataluña, otras nacionalidades, naciones y regiones, tendrán mucho que decir, Andalucía sobre todo, a la vista de nuestra posición de debilidad extrema con el actual modelo productivo que nos condena a ser los camareros y agricultores precarios del mundo.

Si algo ha dejado claro la covid-19 es que necesitamos un fuerte Estado social con límites democráticos para evitar la ley del más fuerte, que necesitamos que la fortaleza de lo público sea considerada una inversión vital estratégica, sanidad, educación, dependencia, protección de mayores, jóvenes y desempleados, una inversión patriótica de verdad y no la de la banderita o banderaza. Que territorializar nuestra economía, industrializarla y limitar su dependencia del exterior, es imprescindible. Que necesitamos diversificar las fuentes de productividad, no podemos seguir dependiendo del turismo de manera tan determinante (si la crisis en España va a ser trágica, en Andalucía va a ser terrorífica), que necesitamos equidad y justicia en inversiones territoriales (cooperación, fraternidad y federalismo). Que necesitamos generar una economía de ecosistemas municipales, comarcales, autonómicos y estatales capaces de autosostenerse, resiliencia y reproducibilidad, en tiempos de dificultad. Que necesitamos poner en el centro la vida y la economía de los cuidados, feminismo. Que necesitamos las energías renovables para tener seguridad y soberanía energética, que necesitamos la agraoecología para tener alimentos saludables procedentes de un medio ambiente próximo y limpio, que necesitamos aproximar los lugares de consumo para alejar la desigualdad, que necesitamos movernos menos y con mas seguridad. Que necesitamos las redes digitales sin brecha por razones económicas como forma de acceso a los servicios públicos, el conocimiento y la cultura. Que necesitamos la ciencia y la investigación cooperativa.

En definitiva, necesitamos proteger lo común.

Sin un acuerdo en Europa por una democracia social y ecológica será mucho mas difícil avanzar en unos nuevos Pactos de la Moncloa que superen, de lejos, las limitaciones que nos dejaron los de 1977.

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Referencias

- “Las siete preguntas clave sobre el papel de los Pactos de la Moncloa en la Transición” en https://www.publico.es/politica/pactos-moncloa-siete-preguntas-clave-papel-pactos-moncloa-transicion.html
“Europa se la juega” en https://elpais.com/elpais/2020/04/04/opinion/1586022750_086446.html



- “El medio ambiente no existe, imbécil, el medio es el todo” https://www.lavozdelsur.es/el-medio-ambiente-no-existe-imbecil-el-medio-es-el-todo/

Covid-19, pensar la esperanza. Ecología, feminismo y federalismo

Hay colesterol bueno (HDL) y colesterol malo (LDL) como hay ozono bueno (estratosférico) y malo (troposférico). Hay virus buenos, y virus malos, el Covid-19 es malo. Calificamos de bueno o de malo algo según haga daño o cuide a la humanidad.

Hay populismos buenos y populismos malos. Lo estamos viendo ahora más que nunca. Hay nacionalismos buenos y nacionalismos malos, lo hemos sabido siempre. Tanto el populismo como el nacionalismo no son en sí ideologías, son herramientas tácticas o estratégicas para las ideologías. En uno de mis últimos artículos en este medio, Virus e ideología, una cuestión de vida o muerte, he descrito que hay ideologías de la muerte e ideologías de la vida, ideologías malas e ideologías buenas. Consiguientemente tanto el populismo como el nacionalismo o el populismo nacionalista, pueden ayudar a las ideologías de la vida o a las ideologías de la muerte.

Diríamos que el nacionalismo es una suerte de populismo que llama a la gente a aglutinarse en masa bajo categorías trasversales. Cuando esas categorías son la etnia, o la genética, la condición territorial de nacimiento, real o imaginaria, histórica o mítica, el nacionalismo populista es antihumanitario, es entonces un nosotros contra un ellos, su deriva hacia el mal es xenófoba, homófona y machista; son los nacionalismos de derechas, de ultraderecha o directamente fascistas, nazis, franquistas (en versión española) o neofascistas (con carácter universal).

Lo estamos viendo a las claras estos días con las actitudes de Vox y la jauría que han construido sus bots digitales en las redes sociales, telefónicas y de medios de comunicación que en realidad son asesinos a sueldo del periodismo por la propagación de mentiras y bulos sin base de verdad alguna. En su tarea de oposición al gobierno, su nacionalismo español lo construyen contra las mujeres culpabilizando al 8M del covid19, cuando esos mismos días millones de personas se relacionaban de cerca en el transporte, en centros comerciales, en actos deportivos de masas, en eventos culturales o en su propio mitin procedentes de Milán, el epicentro de la pandemia en Europa. O lo definen contra la inmigración pidiendo que paguen por ser cuidados en el sistema sanitario público, poniendo en riesgo la vida de la persona inmigrante y de toda la población, quienes en su inmensa mayoría están trabajando en servicios esenciales, cultivando la tierra, atendiendo a la dependencia domiciliaria, cargando y descargando, reponiendo, llevando y trayendo. Es populismo nacionalista del muy malo, cancerígeno y carcinógeno. Un nacionalismo populista que, permanecía en reservorios familiares o partidistas, como el propio Partido Popular, donde, en tiempos de Jauja y luego de Gürtel no presentaba sintomatología.

Cuando la categoría central del populismo o del nacionalismo populista (pueden leer también patriótico si lo desean) es la de ciudadanía como concepto ligado a una comunidad de derechos, entonces podemos hablar de universalidad, soberanía, igualdad, fraternidad, solidaridad, justicia, equidad y libertad sin que queden segadas por cuestiones individualmente inelegibles como la condición genética, sexual, de género, cultural, lingüística, económica o geográfica, ya electiva o de nacimiento.

El Covid-19 es un alien invisible. Se propaga con facilidad en los contactos personales, lo que acoplado a una forma globalizada de economía mundo (Inmanuel Wallerstein) que no sabe vivir sin movimientos de personas y mercancías a largas distancias y a la velocidad de los aviones, ha generado una bomba vírica mundial de consecuencias fatales aún desconocidas en su totalidad. En la naturaleza no hay fronteras, es verdad, pero hay límites y ecosistemas, hay complejidad organizada que protege la vida en el planeta, la humana también. Esta pandemia, esta crisis global sanitaria, que como explican científicos prestigiosos es también manifestación emergente de la gran crisis ecológica del planeta, derivará, ya lo ha hecho, en crisis global socioeconómica.

Cuando la enfermedad resulte controlada o erradicada, lo que será posible en un tiempo relativamente breve con el grado de conocimiento científico de la humanidad y las dinámicas organizadas de los estados, el debate entre las ideologías de la muerte y las ideologías de la vida cobrará aún más virulencia que en este momento de confinamiento. Tanto el populismo como el nacionalismo, tanto el nacionalismo populista o el populismo nacionalista podrán ser utilizados para la cooperación y la vida o para el egoísmo y la muerte.

Tal vez convenga, para afrontar esta disyuntiva feroz, reconocer cuanto antes que, como también están diciendo filósofos y filósofas, intelectuales y gente sabia, después de esta pandemia todo estará en cuestión. ¿No es eso el síntoma de una crisis cultural de consecuencias universales? ¿No va a cambiar esta crisis la gramática con la que interpretamos el mundo? ¿Lo cambiará para lo bueno o lo hará para que triunfe lo peor? ¿Se cerrarán los pueblos y las naciones sobre sí mismos, confundiendo límites ecológicos con fronteras, primando un nosotros contra un ellos? O, por el contrario, ¿Buscaremos una gobernanza democrática global apalancada sobre las democracias locales?

Una de las revelaciones más poderosas de este crisis global es que se está poniendo en juego la relación entre los conceptos de soberanía y cooperación. El neoliberalismo destruye los poderes soberanos locales concentrando el poder, centralizándolo y extirpando la democracia. Al igual que la economía mundo es el resultado de un proceso de acumulación vertical y horizontal de poder para controlar los recursos, producir mercancías, especular y acumular capital ignorando la función protectora de lo común de los estados, el neoliberalismo es un proceso político cuyo objetivo es la toma de los estados para aniquilar su función orgánica del protección del bien común, o el interés general. Esto explica la virulenta reacción de Casado y Abascal en España, arropados por las cabeceras facciosas, al tuit de Pablo Iglesias que simplemente reproducía el artículo 128 de nuestra constitución.

Más que sobre el concepto nación, los conceptos sobre los que van a pivotar los debates políticos en los que nos estamos adentrando para definir una nueva naturaleza de los estados capaz de confrontar con la naturaleza endogámica y autoritaria que impulsan las ideologías de la muerte, son los de soberanía y cooperación, lo que inevitablemente nos llevará a la relación entre federalismo y fraternidad. Una traducción política biomimética del concepto de ecosistema, como conjunto de relaciones que sostienen los equilibrios para la vida en relación con otros ecosistemas que forman parte de su entorno.

De repente la pandemia revela que no producimos respiradores, mascarillas, trajes de protección, test y otro material sanitario imprescindible. De repente nos damos cuenta a lo bestia que sin estado, sin sanidad pública estamos expuestos abiertamente a la muerte. De repente descubrimos que somos un país desindustrializado que depende del exterior y de la jauría en el comercio internacional. Otra vez nos damos cuenta que hemos entregado la soberanía monetaria a cambio de poner copas y sol a Europa y al mundo (casi la mitad del paro español generado en el mes de marzo consecuencia de las medias antipandemia es andaluz). Consiguientemente tenemos que pelear en Europa un cambio de normas para que el BCE y los estados miembros de la UE antepongan el “interés general” al interés del capital.

Se abre una oportunidad. Estos días nos han faltado mascarillas, respiradores y EPIs, test. ¿Podemos descartar una crisis energética que limite nuestro acceso al petróleo y el gas? ¿Podemos descartar una crisis alimentaria que limite el acceso mayoritario a la comida? ¿Podemos descartar una catástrofe ambiental, o de otro tipo, aquí o en otra parte del planeta, que ponga en riesgo todo nuestro sistema social y productivo? No. Por ello, necesitamos construir un nuevo horizonte de futuro orientado por las ideologías de la vida y la democracia, reforzar nuestras soberanías desde lo local a lo global para trabarlas con normas políticas de fraternidad universal.

La naturaleza, también la humana, no tiene fronteras, el Covid-19 nos lo demuestra. La naturaleza tiene límites, los límites que el capitalismo se viene venimos saltando vertiginosamente de un tiempo a esta parte poniendo en riesgo nuestra vida como individuos y como especie. Las ideologías de la vida están atravesadas por los cuidados, la fraternidad y la protección cauta del medio ambiente. El despreciado principio de precaución. Feminismo, federalismo y ecología son los artilugios para pensar el futuro contra la barbarie.

El mundo digital en estado de alarma por el virus neofascista

No sé si está ocurriendo en el resto de países europeos que se enfrenta a la misma crisis sanitaria que España. Ni siquiera sé si el neofascismo italiano representado en la exitosa Liga de Salvini se está comportando como el neofascismo español. Resulta espeluznante que mientras la buena gente, la que empatiza contra la enfermedad confinada o convaleciente en hospitales, da muestras soberbias de civismo, cooperación, solidaridad y fraternidad, grupos de fanáticos, organizados o no, en torno a los partidos de la derecha y ultraderecha, substancialmente PP y Vox, alentados por algunos de sus líderes y por algunos de sus gobernantes, hayan decidido inundar las redes sociales y los WhatsApp de mentiras sin argumentos para hacer política neofascista contra un Gobierno que se ha encontrado con el mayor problema de la sociedad española desde el golpe de Estado de 23 de febrero de 1980.

El fascismo español, de naturaleza franquista, el de viva la muerte muera la inteligencia, gusta de mensajes simples para conseguir sus perverso objetivo. Objetivo que no es otro que la propiedad completa de España, sus recursos y su productividad, en manos de una oligarquía que, en el siglo XXI, aspira a ser sierva (ya los es) de fondos de capital que no entienden de personas, territorios ni patrias. Para el neofascismo español la patria es aquello que puede entregar a fondos de inversión extranjeros a cambio de que sus representantes por unas migajas sean considerados parte de esa clase privilegiada. Como la familia Aznar antes, los nuevos neofascistas aspiran a ser considerados lugartenientes de la mafia capitalista mundial.

Los hashtag, fake news, bulos, mentiras y falseamiento de la verdad que estamos viendo estos días contra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y todo el Gobierno de coalición son la prolongación en la superficie del hedor de las cloacas. Han abierto las compuertas de las alcantarillas para volcar inmundicias en el mundo digital ahora que estamos confinados defendiendo el primero de los bienes comunes, la salud y la vida, para forzar que nuestra imagen de la realidad esté distorsionada.

A esta operación sin precedentes se han sumado tertulianos y próceres del periodismo de medios tan relevantes como los pertenecientes al grupo Prisa. Estos medios han decidido utilizar el dolor de esta crisis, el actual y el que sin duda vendrá, para volver a intentar su contemporáneo anhelo de poder, que el PSOE acabe formando un gobierno de concentración con el PP. Es puro interés, como años atrás, de los verdaderos propietarios de las grandes cadenas de televisión y de los periódicos con ediciones de papel, para que esta colosal crisis socioeconómica que enfrentaremos acabe sirviendo para mantener y hacer crecer la desigualdad, capturando en sus bolsillos el gran potencial de cambio de los 200.000 millones anunciado por el Gobierno como fuerza de choque monetaria para salvar a la gente y la economía sin que nadie se quede atrás como ocurrió a partir de 2008.

Por eso no debemos olvidar que el PP es un partido que se ha financiado ilegalmente y que ha tenido en su interior tramas demostradas y juzgadas que han obtenido ingentes comisiones por construir escuelas y hospitales, por privatizar y deteriorar con recortes servicios públicos, con el sistema sanitario a la cabeza como estamos viendo estos trágicos días.

El PP y sobre todo Vox están calentando el ambiente mediante la propaganda en las redes sociales para que el virus del neofascismo encuentre hábitat social propicio. El objetivo no es otro que el de que una vez que superemos colectivamente esta pandemia España enferme socialmente (como una vez ocurrió en Alemania) y nos convirtamos en zombies de intereses ajenos a las personas, a nuestras pymes, a nuestras y nuestros autónomos, a nuestros agricultores, a nuestros trabajadores y trabajadores públicos, del sistema sanitario, la educación, los servicios sociales, las emergencias y los cuerpos y fuerzas de seguridad, en definitiva ajenos a los intereses del verdadero país que somos.

Al neofascismo español en su guerra contra el Gobierno de coalición, mientras éste junto con la población la libra contra el Covid-19, no le importa la gente, le importa el día después porque como el vampiro huele la sangre, ha olfateado los 200.000 millones de euros y los quieren llevar a los exclusivos bolsillos de sus amiguetes. Por eso han puesto las redes digitales en estado de alarma.

Virus e ideología, una cuestión de vida o muerte

La vida no tiene ideología, los virus tampoco. La palabra virus viene del latín, significó originalmente veneno. No todos los virus son veneno. Los virus son vida porque son capaces de reproducirse para que siga viviendo la concreta especie vírica. Los virus son partícipes de la evolución de la vida en la tierra, son a veces intercambiadores transversales, interespecies, de material genético. La lucha de la vida por la vida también necesita de los virus para mantener activo, en forma, el sistema inmunológico animal.

Los virus no tienen moral, la vida tampoco. Los virus están para lo bueno y para lo malo. La naturaleza es un conjunto de relaciones que nada tienen que ver con la moral. La moral es, entre los miles de millones de formas de vida, una cuestión humana. La moral es el conjunto de juicios de valor, qué es bueno y qué es malo, que no necesitan argumentación. Cada moral es producto de una ideología. La ideología necesita hechos para interpretar los hechos y comprender el mundo. Si no los tiene los inventa, son las religiones. La ideología requiere argumentos. Toda ideología es un relato del pasado (verdad o mentira) y una propuesta de futuro. El relato del pasado de la vida está grabado en el ADN, la grabación es una propuesta de futuro. La vida no tiene ideología, las sociedades humanas son ideológicas.

La vida no tiene ideología pero hay ideologías de la vida como hay ideologías de la muerte.Los virus que atacan, atacan por igual a los negros que a los blancos, a las mujeres que a los hombres, a los ricos que a los pobres, a quienes limpian oficinas y a quienes dan las órdenes del precio del dinero, a quien atiende en el súper con contrato precario que a quien nunca supo lo que significa la precariedad. La bioquímica de los virus no tiene ni moral ni ideología, no distingue la desigualdad ni las diferencias que nos definen a diario, nuestra condición individual dentro del sistema de relaciones económicas y sociales en el que nos movemos. La vida no tiene ideología pero hay ideologías que son vida e ideologías que son muerte.

La vida no tiene ideología pero la acción política es hija de la ideología. Hay políticas que protegen la vida y políticas que promocionan la muerte. Defender el estado democrático es defender la vida, pedir que quede raquítico como institución exclusivamente coercitiva es promocionar la muerte. Defender la inversión en ciencia básica y aplicada, el carácter público y de propiedad común de patentes sanitarias, es defender la vida, recortar en ciencia y conocimiento (cultura), despreciarla, como ha hecho Pablo Casado, permitir que nuestros cerebros emigren y mantener condiciones laborales y de investigación indignas a las y los investigadores es fomentar la muerte. Destruir la sanidad pública, como la educación pública, mediante recortes y privatizaciones es alimentar la ideología de la muerte, reforzar la salud, la educación y los cuidados públicos, junto con la educación en valores comunes, es defender la vida. Pedir el pin parental es ponerse de parte de la muerte, educar en la cooperación, el reconocimiento mutuo, la tolerancia, la libertad sexual de la mujeres, contra la homofobia y la xenofobia es amar a vida contra la muerte.

De repente, el Covid-19. De repente, la revelación: nuestra vida depende de la vida de los demás. De repente una emergencia en la que el estado de alarma nos pide que seamos más estado y menos yo, más cooperantes y menos competidores, más solidarios y solidarias y menos egoístas, más sociedad y menos individualidad. De repente, en nuestra soledad, nuestro aislamiento, nos damos cuenta que nos necesitamos, que necesitamos tanto a la cajera del supermercado como a la médico. Que la lucha por la vida es la lucha por el reconocimiento mutuo y la igualdad.

Prefiero este gobierno de coalición con sus debates, sus aciertos, errores y diferencias, que gobiernos como el de Donald Trump o Boris Johnson o Bolsonaro dispuestos a dejar enfermar y morir a la población en virtud de la ideología fascioneoliberal de la muerte. Por supuesto mucho mejor que un gobierno de los herederos de aquel de los hilillos del Prestige, al que remolcaron aguas adentro de alta mar para que se hundiera en aguas internacionales creyendo que así acabarían con el problema de la inminente marea negra de chapapote. Un gobierno que habría estado apoyado por quienes solo quieren el poder del estado para liquidar la salud, la educación pública y toda institución que vele por el bien común.

La vida no tiene ideología, la política sí. De nosotros depende que sea una cuestión de vida y no una cuestión de muerte.

Trazos de memoria personal de la Ley de bioclimatización de los coles andaluces

Siento una gran alegría porque la Ley de bioclimatización para los colegios andaluces va a salir adelante por unanimidad. La presentó Podemos Andalucía en la pasada legislatura, llevaron el asunto con decisión la entonces parlamentaria Libertad Benítez Gálvez y su compañero jurista Francisco Javier Fernández y la ha empujado en esta legislatura Adelante Andalucía por medio del tesón del parlamentario Jose Ignacio García Sánchez. Pero nada hubiese sido posible sin la carta a la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de los niños y niñas del CEIP Pablo VI de Sevilla y sin la convicción, reivindicación y apoyo de las Ampas, el colectivo Escuelas de Calor, y la participación de multitud de colectivos, colegios profesionales y organizaciones sindicales.

En los primeros días de junio de 2017, con un calor sofocante, se hizo viral la carta de los niños y las niñas de la clase de sexto C del CEIP Pablo VI de Sevilla en la que con una simpatía y elegancia extrema se quejaban del calor en el cole y reivindicaban soluciones. Es la carta de la imagen.

Al leerla decidí escribir un breve para intentar poner en el centro del problema su raíz, el calentamiento global debido al cambio climático, sus afecciones socialmente inesperadas y un enfoque de medidas paliativas que a su vez supongan luchar contra el mismo y no incrementar nuestra factura energética. En el artículo que más abajo se reproduce pedía una ley, dotada presupuestariamente, de acondicionamiento bioclimático y renovable en los centros educativos públicos andaluces. Del artículo tuvo conocimiento el grupo parlamentario de Podemos Andalucía en la pasada legislatura, me pidieron que hiciera un borrador de la ley.

Estos días se cumplen dos años y nueve meses de la carta viral. A partir del primer borrador, se desató un proceso democrático de participación y empuje (AMPAs, Escuelas de Calor, sindicatos, colegios profesionales…) que terminó por mejorar la ley hasta el punto de que el informe favorable de los letrados del parlamento andaluz la calificó de “muy novedosa”.

La Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros escolares mediante técnicas bioclimáticas y el uso de energías renovables, ha sido respaldada finalmente, además de por el grupo parlamentario impulsor por el resto de grupos parlamentarios, todos. Un hito particularmente relevante en esta legislatura.

El calor extremo en las aulas de Sevilla detonó el asunto pero el bioclimatismo y las energías renovables pueden acometer cualquier problema de confort térmico (calor, refrescamiento, humedad, ventilación…) protegiendo la salud humana y la del planeta al mismo tiempo.

Enlace al artículo publicado en Paralelo 36 Andalucía el 5 de junio de 2017

Si te preguntan, responde

Nunca había tenido el Gobierno de España una ministra feminista que sufriera los ataques machistas de sus adversarios políticos con tanta virulencia como los que está sufriendo Irene Montero. No es preciso que recuerde ninguno porque se mueven con soltura por redes sociales y por grupos de guasap de todo tipo. Ataques que llegan rotundos de los partidos de derechas, de sus portavoces o voces femeninas más destacadas, pero también de sectores del socialismo o de medios de comunicación de apariencia progresista que siempre cerraron filas entorno a Leire Pajín o Bibiana Aidó, por ejemplo.

Irene Montero, Leire Pajín y Bibiana Aidó coinciden en su llegada a los ministerios en su juventud. Esa juventud que desde una perspectiva machista es una zona de combate contra el feminismo más favorable, al tiempo que es el lugar en el que hay que frenar el avance feminista que dibuja el futuro. Son mujeres símbolo y por eso hay que destruir su reputación política cuanto antes, despreciar e ignorar su formación, situarlas en el lugar de lo sexuado, acusarlas de falta de experiencia o, lo de siempre y peor, acusarlas de que están ahí por ser quienes son respecto de sus parejas.

Lo que ha ocurrido esta semana con la ministra Irene Montero, una mujer altamente cualificada, una política de garra capaz de hacer sombra, de hecho se la hace, a cualquier hombre, es exactamente eso. La carcundia, la derecha y también cierta parte del antiguo socialismo quieren destruir su valor simbólico porque así quieren frenar el nuevo y determinante avance feminista por la igualdad y por el bien de toda la sociedad, incluidos los hombres, que supone la ley de libertad sexual de las mujeres. Una ley hecha por mujeres con alta formación académica y jurídica que la inmensísima mayoría del movimiento feminista apoya sin fisuras.

Ha sido una lástima que la misma ministra que filtró un documento falso desde su gabinete ministerial, cuando Sánchez albergaba todavía la posibilidad de no formar gobierno con Iglesias, forzar la repetición electoral para debilitar lo suficiente a Ciudadanos, liquidar a Unidas Podemos para gobernar en solitario o con el ya olvidado Albert Rivera, sea la misma que filtró un documento de crítica y corrección del proyecto de ley en cuestión procedente del ministerio de justicia y de su propia vicepresidencia para debilitar la posición de la ministra de igualdad ante el consejo de ministros que debía aprobar la ley antes del 8 de marzo. Es una práctica tipo viejo PSOE, ese que no consiente que ningún avance en derechos se haga sin su protagonismo y sin sus condiciones de freno de mano para no ir rápido.

Esperemos que se corrija este desavío con diálogo entre los socios de gobierno, pero también con la determinación suficiente para seguir aplicando el programa de gobierno pactado. Para otra cosa no debe estar el gobierno de coalición, para otra cosa ya estaban el PSOE en solitario, las derechas o los socios minoritarios a los que el PSOE gustaba de dar codazos a diario y patadas en el culo en sus pactos de comunidades autónomas como la andaluza.

Mi hija tenía nueve añillos y me pidió que los sábados llevase a parte de su equipo deportivo en el coche porque no cabían todas en un solo vehículo. La tarde antes del primer partido se me acercó muy seria y me dijo: “Papá, mañana me vas a llevar a mí y a mis compañeras de equipo al partido, tú no digas nada, nos llevas y ya está”. Dijo esto y se fue tan pancha después de que yo le dijera que yo solo conduciría y estaría callado. Se me quedó la cara pensativa. La niña no quería injerencias y, como ocurre a esa edad hasta que se hacen mayores, no quería ser identificada por lo que es o dejase de ser su padre. Lo más curioso del asunto es que volvió al rato y, también seria me dijo: “Bueno, papá, si te preguntan respondes”.

Pues eso, primero callar mientras se fraguaba la ley, y una vez que sale a la luz, surgen los ataques y todo el mundo pregunta, responder es lo que han hecho las portavocías, las vicepresidencias y multitud de hombres y mujeres concernidos por la importancia de que esta ley salga cuanto antes y se anuncie en un momento tan importante días antes de este ocho de marzo.

Rompamos el silencio. ¡Andalucía como la que más!

Manifiesto promovido por la asociación Andalucía y Democracia

Hace diez años que se manifestó de forma explícita la crisis del capitalismo global. Una crisis fruto de la desconexión entre la economía real, asentada sobre estados, territorios y flujos de materia y energía concretos, y la economía financiera dedicada a la especulación sobre valores futuros imaginarios. Una crisis metabólica del capitalismo que ya no encuentra salida de crecimiento sin chocar contra la finitud de las reservas de materias primas -escasez y agotamiento-, y contra los límites biofísicos de la vida sobre el planeta -calentamiento global y cambio climático-.

El modelo ideológico bajo el que actualmente se mueve el sistema capitalista, el neoliberalismo, prescribe que la única manera de continuar en la dinámica de crecimiento y acumulación de capital en pocas manos es desterritorializar, concentrar y dominar el poder político. Está en el centro de la estrategia neoliberal destruir lo que de democracia y soberanías territoriales hay en el mundo, colonizando por completo los estados y los poderes institucionales, reduciéndolos a meros instrumentos de domino y coerción de las poblaciones que se revelen al reclamar derechos y un medio ambiente saludable. Esto supone un ataque rotundo contra la seguridad vital y la seguridad ambiental de la especie humana y el planeta.

En este contexto hemos de entender el acoso a las democracias en América latina representado por la irrupción de Bolsonaro en Brasil, las movilizaciones en Chile contra políticas neoliberales extremas, lo ocurrido en Bolivia con la destitución mediante golpe de estado de un presidente legítimo; también comprendemos así la irrupción de los populismos reaccionarios proteccionistas, como los que lideran Donald Trump y Boris Johnson, o el éxito relativo de partidos neofascistas europeos sustentado sobre la confrontación entre la identidad del estado-nación y la Unión Europea o la inmigración como amenazas externas.

En España el conflicto democracia/capital destapado con la crisis financiera global derribó en las elecciones generales de noviembre de 2011 la mayoría de gobierno del PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, previa irrupción del 15M, entregando al Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, como única salida visible a ojos del electorado, una aplastante mayoría absoluta. Desde entonces se han mezclado en la vida política española, fruto de la acción de los gobiernos de derechas del Partido Popular, la presión económica y fiscal sobre las clases medias y populares, la degradación de los sistemas de salud, educativo y de dependencia, y los recortes fácticos en derechos laborales y democráticos, con larguísimos procesos judiciales, Gürtel y ERES, que han acabado por condenar firmemente los modus operandi de los dos partidos que sostenían el régimen bipartidista del 78, y con la muy relevante cuestión territorial catalana centrada primero en el derecho a decidir y concentrada después sobre el unilateral procés.

La respuesta a la crisis global en la Unión Europea, liderada por Alemania, tuvo como medida estrella cautelar en España la reforma pactada entre los dos partidos de régimen del artículo 135 de la CE y la consiguiente legislación presupuestaria sobre techo de gasto que condiciona y controla todos los presupuestos de las instituciones españolas cualquiera que sea su nivel territorial y sus particularidades diferenciales. Una pérdida de soberanía política que alcanzaba de lleno a los gobiernos de las comunidades autónomas y los municipios. Una respuesta álgida de la acción política recentralizadora añorada por los viejos poderes económico/ideológicos del estado español para quienes las inversiones y concesiones publicadas en el BOE son su principal medio de obtención de beneficios.

En este texto reconocemos la evidencia de que tras el 15M de 2011, los movimientos ideológicos que están articulando las respuestas colectivas más potentes, funcionando como marcos de comprensión de la realidad, en favor de la igualdad y las demandas de derechos, y defendiendo la democracia frente a las injusticias, los recortes sociales y la amenaza totalitaria, son el feminismo y el ecologismo. Al mismo tiempo, reconocemos la evidencia de que el conflicto político territorial centrado en Cataluña, ha puesto de manifiesto la incapacidad de la derecha española y los sectores más reaccionarios herederos del poder franquista para solventar por vías democráticas pactadas lo que son legítimas demandas de soberanía de identidades culturales o territoriales articuladas sobre el concepto nación.

El reciente gobierno de coalición progresista, si quiere responder a las esperanzas de su electorado y de una mayoría social clara y diversa en todo el territorio español, habrá de dar respuesta democrática a los problemas de la gente mediante la mejora de su vida diaria y la garantía de una vida digna futura, así como abordar en serio una salida democrática a la cuestión territorial catalana que deberá pasar por las urnas. Cumplir con estos objetivos requiere de un cambio de hegemonía discursiva que sustituya a la del conflicto entre banderas. Dicho cambio precisa del empuje de una multiplicidad de actores civiles que trascienda los límites de los partidos políticos.

Dicho lo anterior, si el destrozo de los indicadores de igualdad, desempleo, precariedad, pobreza y emigración con pérdida de población, sobre todo población joven formada, ha sido en España dramático, en Andalucía la suma de recortes liderados por la derecha y asumidos disciplinadamente por los gobiernos socialistas, especialmente los de Susana Díaz, ha cobrado tintes trágicos. Una tragedia social que sumada a la degradación de los servicios públicos y al desierto industrial y bancario legado por los gobiernos del Partido Socialista en una economía muy dependiente del turismo y de un modelo agrario con poco valor añadido económico y social, sumado al daño ambiental, y cuyos precios en origen son impuestos mediante oligopolio de unos pocos, exige una respuesta política andaluza colectiva que alcance la fuerza popular de la que el 4 de diciembre 1977 nos constituyó como pueblo para condicionar en favor de la mayoría social el marco constitucional que se estaba negociando.

En este contexto es en el que aspiramos a contribuir a que Andalucía rompa el silencio al que los gobiernos andaluces anteriores y el actual gobierno andaluz de derechas la ha condenado, queremos que Andalucía por sí irrumpa en la escena del debate de estado que sin duda se abrirá para abordar la reconfiguración del poder territorial en España. Es la única manera en la que una nueva articulación territorial de calado federal ancle la democracia sobre la territorialidad.

Entendemos que la manera de frenar el avance del populismo reaccionario con tintes fascistas, la manera de defender, consolidar y avanzar en democracia, es articular un nuevo sentido común mayoritario más allá de los limites partidistas, que sitúe en el centro de los objetivos políticos del pueblo andaluz el incremento de nuestra soberanía territorial trabado con las demandas de igualdad, justicia social, vida digna y seguridad futura que defienden tanto el movimiento feminista como el movimiento ecologista, al reclamar respuestas a la crisis orgánica del sistema económico que no dejen a nadie atrás, al tiempo que avancen para la consecución efectiva de la igualdad de género y luchen contra los efectos del cambio climático.

Se trata de fabricar, Andalucía y España lo necesitan, la nueva argamasa política que una desde la territorialidad y la identidad cultural andaluza, desde nuestro pueblo constituido políticamente el 4 de diciembre de 1977 y desde nuestra institucionalidad conseguida democráticamente ejerciendo el derecho a decidir el 28 de febrero de 1980, al mundo laboral urbano y agrario, al tejido empresarial, a las y los trabajadores públicos, al mundo sindical y de las organizaciones civiles, a las asociaciones de productores agrarios y de empresas de energías renovables, al mundo de la cultura y el flamenco, a las y los trabajadores autónomos, las PYMES y el cooperativismo, entre otros muchos espacios de la sociedad civil, para que Andalucía entre en la escena política española con la fuerza que realmente le corresponde, reclamando la ruptura de la concentración centralista del poder en España como condición necesaria para una democracia real que se enfrente a los efectos suicidas del neoliberalismo y lamine el riesgo de involución antidemocrática. Se trata, lo necesitamos, de construir redes de emancipación.

Por eso queremos romper el silencio de Andalucía, como hizo simbólicamente la reciente senadora Pilar González de Modino por designación autonómica a propuesta de Adelante Andalucía, en su toma de posesión, al prometer cumplir la constitución con la expresión del himno andaluz “por Andalucía libre, sí.” Queremos romper el silencio de Andalucía para hablar de feminismo, de ecologismo, de federalismo, de soberanías territoriales, de identidades culturales, de municipios y comarcas con capacidad propia para decidir sobre los que se hace o se demanda en sus respectivas territorialidades.

Queremos romper el silencio para que Andalucía, con todo su universalismo, no sea usada como frontera sur contra la inmigración y contribuya desde sus instituciones a un trato humanitario en el marco de la declaración universal de los derechos humanos, sin criminalizar a la población extranjera que busca una vida digna fuera de sus países, bien huyendo de la pobreza, de la falta de libertades o de la persecución política.

Queremos romper el silencio de Andalucía porque sabemos que es la garantía, en el marco de los debates estatales, de que la igualdad y los derechos sociales y ambientales estén vinculados a las soberanías territoriales en un estado que es de hecho plurinacional. Queremos romper el silencio para gritar ¡Andalucia como la que más!, como afirmaba el catedrático de la Universidad de Granada, José Luis Serrano, andalucista, de izquierdas, ecologista y feminista, pero, sobre todo radicalmente demócrata.

Rompamos el silencio está promovido por Andalucía y Democracia

Firmantes iniciales
Rubén Pérez Trujillano, Carmen Reina López, Antonio Cambril, Antonia Agudo, Manuel Machuca, Manuel González de Molina, Eugenia Gil, Ricardo Marques, Teresa Sanz, Angel del Rio, Joaquin Coca, Eugenia Garrido, Adelina Sánchez, Antonio Aguilera, David Martínez, Lilian Bermejo, Julián Álvarez, Pilar Cuevas, Javier Rodríguez Alcázar, Lola Conde, David Soto, Hector Lagier, Manuel Rodríguez Alcázar, Marcos García Mariscal, Javier Peizoto, Blanca Parrilla, Francisco Garrido, Raúl Solís, Mario Ortega, Pepe Bejarano, Pilar González de Modino…