28F de 2023, Andalucía colonia interior

La crisis ecológica y la guerra declarada entre Rusia y Occidente sobre el territorio ucraniano es el contexto global en que se mueve toda política de Estado y de partido. El contexto que afecta a las poblaciones de todos los países. Pagamos la guerra y pagamos la crisis ecológica, como hemos pagado la crisis financiera, con el incremento de la desigualdad y de la dependencia del Estado de poderes antidemocráticos. La especulación crece, como crece el filibusterismo de medios de comunicación propiedad de un puñado de capitalistas. La rapiña del capital está desatada, lo vemos a diario con los beneficios impresionantes de las grandes compañías y los bancos.

Celebramos el Día de Andalucía cuando se cumple un año de la invasión rusa de Ucrania, otra guerra en Europa. Nadie con poder en el viejo Occidente hace una apuesta comprometida con la paz. Más al contrario, contra la racionalidad económica, la dependencia de la UE de los combustibles fósiles y del lobby nuclear aumenta, al tiempo que ata a un proveedor inestable e interesado, como es Estados Unidos, su futuro energético. La llamada locomotora europea, Alemania, anda oxidándose con un gobierno tripartito progresista/verde/liberal que no da sentido a sus definiciones ideológicas. El pacifismo alemán de posguerra se ha enterrado bajo las explosiones de los gasoductos Nord Stream y los anuncios del envío de tanques a Ucrania.

El aterrizaje del capitalismo neoliberal tras su huida desde lo terrenal al espacio financiero, entregando la máquina de producción de mercancías a China y Asia, es una vuelta a la ambición por el control de materias primas y combustibles. Para ello precisa de la provocación y la guerra. Rusia es un país invasor, es preciso decirlo, como es preciso decir que la estrategia de dominio bélico mundial frente a China de la OTAN, seguida por la UE, con Joe Biden como comandante en jefe, no es precisamente un ejemplo de búsqueda de paz, democracia y bienestar para la humanidad. Ninguna guerra se acaba con más guerra, ni despreciando con sarcasmo cualquier iniciativa de paz que se proponga dentro o fuera de Naciones Unidas.

En este contexto global tenemos en Andalucía un gobierno ajeno a lo que pasa en el mundo. Un gobierno cuya política es la inercia del pasado más reciente. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para Andalucía, el proyecto del Partido Popular, en su delegación andaluza, es canalizar nuestros recursos humanos, ambientales, territoriales, naturales y monetarios hacia el extractivismo de poderes económicos radicados fuera de nuestra tierra. El Partido Popular en el Gobierno andaluz actúa desde el legado del PSOE, que a su vez adoptó el sol y playa franquista, sin más política territorial que la exaltación de la bandera verdiblanca, importante como símbolo pero inoperante si no tiene contenido político andalucista. No hay políticas para la estructuración de economías locales que limiten la dependencia exterior, mimen el medio y mejoren nuestras condiciones de vida.

Turismo, construcción, agricultura intensiva y extracción minera, a lo que hay que añadir, mediante el mecanismo de la privatización de servicios públicos y la colaboración público/privada, la entrega de capital público y beneficios empresariales a empresas con domicilio social fuera de Andalucía. Una economía del expolio que genera trabajo de baja remuneración y exilio económico, esta vez de andaluces y andaluzas con buena cualificación profesional. En términos económicos, Andalucía tiene un patronazgo colonial exterior que extrae nuestros recursos con sus plusvalías. Las consecuencias las definen los datos que mostramos a continuación.

En un análisis de domicilios sociales de las 65 grandes empresas con más actividad en España en los sectores de la distribución alimentaria, la banca, la telefonía, los seguros, la construcción, la aguas, la energía, las tecnológicas, las plataformas de streaming y grupos mediáticos, 43 están radicadas en Madrid, el resto entre Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia y Cantabria (el Banco Santander). Ninguna tiene domicilio social en Andalucía. La única banca que queda con sede en Andalucía, Málaga, Unicaja, se encuentra en un proceso de fusión con Liberbank cuya sede social está en Madrid. Son datos muy reveladores del papel subalterno de Andalucía en la economía española, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de esas empresas extraen beneficios de su actividad en nuestra comunidad autónoma. Beneficios que son imputados fuera, principalmente en Madrid, ese paraíso fiscal interior para las grandes fortunas al que el presidente andaluz quiere, quiméricamente, que se parezca Andalucía.

Si ampliamos el espectro a la sede social de las 12 principales empresas de operadores turísticos y cadenas hoteleras, nos encontramos con que ni una sola tiene la sede social en Andalucía. Una comunidad en la que el sector turístico representa más del 12% del PIB, unos 20.000 millones de euros, entrega los beneficios y consiguientemente la imputación fiscal al exterior, dejando aquí precariado, destrucción ambiental y territorial. Modelo más colonial imposible.

Cuando a esta evaluación empresarial le añadimos algunos datos comparativos socioeconómicos relativos a tasa de desempleo, 19%, en España 13,1%; riesgo de pobreza en 2021, 32,3%, en España 21,7%; desigualdad económica, 6,8, en España 6,2; tasa AROPE de pobreza 38,7%, en España 27,8%; PIB per cápita 18.906 €, en España 25.500 €; desempleo juvenil 35%, en España 30,1%, observamos que todos los indicadores tienen a Andalucía, dejando a un lado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el último o penúltimo lugar. Ni que decir tiene que, cuando los indicadores se separan por sexos, las mujeres salen aún más perjudicadas. Como en todo territorio colonial, el género femenino es el que se enfrenta con mayor crudeza a la economía del expolio.

La respuesta política a esta situación de desigualdad estructural, independientemente de que esté canalizada o no por alguna opción electoral, es una necesidad apremiante. El autogobierno conseguido por el pueblo andaluz en la Transición, que celebramos el 28 de febrero como Día de Andalucía, tuvo su factor de cohesión popular en una identidad cultural fuerte y compartida, y su motor energético en la situación de desigualdad y pobreza que se vivía en Andalucía en los años sesenta y setenta del siglo pasado respecto de otras “regiones” del Estado. Más de dos millones de andaluces vivieron la tragedia de la inmigración. Ayer como hoy fue necesaria una respuesta popular contra la desigualdad. Una respuesta que no se atisba en el horizonte próximo.

Cataluña y Euskadi se disponen, una vez superado el fracaso del procés, a actuar sobre el poder político del Estado para avanzar en sus respectivos proyectos nacionales; las declaraciones y actos recientes de dirigentes de la derecha vasca apuntan de nuevo, como en el proceso constitucional que culminó en 1978, hacia el avance de un Estado asimétrico que se configure de facto como un Estado centralizado en Madrid y dos naciones integradas en el mismo con fuerte capacidad política y fiscal propia. El resultado de un proceso así no es difícil de imaginar: más desigualdad y centralismo para los territorios vinculados colonialmente a la capital, Madrid, y mejores condiciones socioeconómicas para País Vasco y Cataluña. La desigualdad territorial de Andalucía se agravaría.

El pueblo andaluz tiene una configuración identitaria peculiar, un pueblo visible cuyo idioma son sus acentos, un pueblo cuya lengua política debe volver a ser la de la reivindicación de la igualdad anclada en la identidad cultural. Según el CENTRA (Fundación Centro de Estudios Andaluces), en una reciente encuesta sobre identidad nacional andaluza, el 68,5% de las y los andaluces se siente tan andaluz como español, el 13,4% más andaluz que español y el 10,5% más español que andaluz. Son unos datos reveladores para definir los parámetros políticos de avance territorial sobre los que deberá articularse un proyecto político que interfiera con fuerza en las intenciones de mantenernos relegados en la nula capacidad de decisión para afrontar nuestra, reconocida en los datos, desigualdad estructural.

Necesitamos en Andalucía una izquierda que perciba que, tras la desigualdad como colonia interior, está la explotación de nuestro territorio por otros, del capital sobre la naturaleza y del capital sobre la vida y el tiempo de las mujeres. Esa izquierda no puede ignorar la fuerza cultural del pueblo andaluz sino canalizarla por la vía política en las luchas contra la desigualdad, por la paz, los derechos de las mujeres y contra la crisis ecológica y sus efectos. Pero a su vez no puede despreciar la necesidad de alianzas de gobierno incluso con quienes, desde posiciones blandas y, a veces, reactivas, son aliados necesarios para luchar contra la dirección antidemocrática que ha emprendido la derecha y la ultraderecha española. Alianzas de gobierno para exigir cumplimiento de acuerdos desde dentro y fuera del gobierno, sin inhibición de posicionamientos concretos aunque choquen con el aliado gubernamental.  

Vivimos en Andalucía una crisis en el ámbito de la izquierda con cuatro espacios definidos. El del Partido Socialista, que no se recupera de la pérdida del poder de la Junta de Andalucía por parecerse demasiado al PP del presidente andaluz. El de la izquierda postanguita, con añoranza de ser la única izquierda a la izquierda del PSOE en Andalucía. El de la escisión de Podemos, Adelante Andalucía, replegado sobre posiciones identitarias y sindicales que no priorizan las alianzas; y el de la izquierda quincemayista, Podemos, que no acaba de ver de manera clara lo imprescindible que es el empuje andalucista para articular un proyecto de dirección de Estado con voluntad de poder, que permita defender y ahondar la democracia, al tiempo que avanzar hacia una nueva configuración federal/confederal republicana, para equilibrar las demandas nacionales con la necesidad de igualdad estructural de todos los pueblos, naciones y regiones de España.

Llegan las elecciones municipales; es el peor momento para recomponer un proyecto común de la izquierda andaluza. Independientemente de los resultados que se den tras el 28 de mayo, seguirá siendo imprescindible defender los intereses del pueblo andaluz, incluido el empresariado arraigado, para romper la situación de colonia interior en la que nos encontramos. Ese proyecto no debe partir de la ignorancia de nuestra identidad política y cultural, ni de la ilusión óptica de lo que no somos.

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta de Andalucía y Democracia; Salvador Soler García, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Lilian Bermejo Luque, profesora de la Universidad de Granada; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Manuel González de Molina, catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Rubén Pérez Trujillano, jurista y profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Javier Rodríguez Alcázar, escritor y profesor de la UGR; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Julián Álvarez Ortega, abogado; Marcos García Mariscal, abogado laboralista; Manuel Rodríguez Alcázar, presidente de Unidad Cívica Andaluza por la República; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; Raúl Solís Galván, periodista.

Publicado en CTXT - La Voz del Sur y Diario Público

Los Togas Negras contra las Guerreras Moradas

En aquellos partidos de fútbol de políticos contra periodistas todos eran hombres. El partido que se libra hoy es el de jueces conservadores contra mujeres feministas. Los Togas Negras contra las Guerreras Moradas. Si se jugase en un estadio y las entradas se repartiesen según los datos que arroja la pregunta 26 del CIS en su barómetro de febrero, ¿qué partido está haciendo más en España para apoyar la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres?, la hinchada mayoritaria sería feminista.

Del lado de las Guerreras Moradas, en las gradas, habría un 32,3% de personas que tienen en Unidas Podemos el referente del feminismo en España y un 18,1% que lo tienen en el PSOE, Un total del 50,3%, al que habría que añadir pequeños porcentajes que suman 0,8% de partidos territoriales que están "a la izquierda del PSOE". El bloque que apoya al gobierno de coalición cuenta con un respaldo del 51,1% del electorado en materia de políticas de igualdad de las mujeres. Del lado de los Togas negras estarían quienes creen que los derechos de las mujeres los defiende mejor el PP (4,6), Vox (2,5%) y Ciudadanos (0,8%), total 7,9%. El resto no sabe no contesta.

El CIS indica que España es feminista. La razón por la que Feijóo y el PP más reaccionario, con Federico Jiménez Losantos general de la caterva mediática, se separan en materia del derecho al aborto de su facción episcopal. Con Rajoy, el ministro Gallardón salió derrotado por el feminismo en su intento de reformar la ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2010, ley de plazos, para volver a la ley de supuestos. El tren de la libertad partió de Asturias, recorrió España, y arroyó al ministro de Justicia en febrero de 2014 en una gran manifestación en Madrid.

La pregunta 26 también dice que entre quienes recuerdan haber votado al PSOE, un 37,7% piensa que es el PSOE quien mejor defiende a las mujeres, y un 37,4% que es Unidas Podemos. Más de un tercio de votantes del PSOE afirman que es Podemos quien mejor defiende a las mujeres. Entre el electorado que recuerda haber votado a Unidas Podemos, un 80% afirma que esa opción es la más feminista, en tanto solo un 8% se inclina por el PSOE. Conclusión, el equipo de Irene Montero tiene una base sólida de apoyo feminista, que incluye a su propio electorado y a parte importante del electorado del PSOE. La encuesta está hecha entre el 1 y el 11 de febrero, los días que con más fiereza se atacó a la ministra de Igualdad en los prime time televisivos.

La ministra de Igualdad soporta la mayor violencia política de toda la Unión Europea. Cuando ha tenido oportunidad de defender sus posiciones en el Senado y en el Congreso, cuando ha sido entrevistada en grandes medios de comunicación, su discurso ha sido dialécticamente arrollador. El CIS de febrero no ha tenido tiempo de recoger las consecuencias de la contraofensiva del equipo de Irene Montero. Se verán en las próximas manifestaciones del 8 de Marzo.

Al presidente Pedro Sánchez, tan valiente cuando decidió recorrer España para vencer en primarias a Susana Díaz, no solo es que le temblaran las piernas al ver salir al campo al equipo de los Togas Negras, es que quiso aprovechar el partido que se libra contra las Guerreras Moradas para debilitar a Irene Montero, principal valor del feminismo en España y voz referente de toda la izquierda. Si el PSOE vota con el PP la reforma de la ley del 'solo sí es sí', para que el feminismo vuelva a la pantalla del código penal de la manada, pondrá en riesgo la continuidad del gobierno de coalición tras las futuras elecciones generales. Pedro Sánchez debilitará así su posición de referente de la Internacional Socialista, con la aspiración de recuperar el "socialismo" en Europa. Un cálculo político antifeminista inexplicable.

Andalucía, el barrio pobre de Madrid

Según el Instituto Nacional de Estadística en su estudio sobre Indicadores Urbanos de 2022, once de los quince barrios más pobres de España están en Andalucía, seis de ellos en Sevilla, cuatro en Córdoba, uno en Málaga. A su vez once de los quince barrios más ricos están en Madrid. La renta media anual por habitante de alguien que vive en el barrio más pobre de España, Polígono Sur (Sevilla), es de 5.666 euros; la de quien vive en el más rico, El Viso (Madrid), es de 41.107 euros, siete veces más. La Agencia Tributaria, en su estadística de IRPF por código postal, indica que la renta disponible por habitante en las capitales andaluzas oscila entre los 23.737 euros de Granada y los 20.535 euros de Huelva. La media de las capitales andaluzas es de 22.093 euros, en tanto la renta media en Madrid es de 30.894 euros, un 28,5% más.

El efecto capitalidad de Sevilla respecto del resto del territorio andaluz no existe, o no es como el de Madrid respecto de resto del estado. Si así fuese Sevilla tendría el menor número de barrios pobres de Andalucía y el mayor de barrios ricos, así como una renta media muy superior a la del resto de capitales andaluzas, como Madrid respecto de España. Es evidente que, con estos datos, la capital de Andalucía no está privilegiada respecto del resto de capitales andaluzas.

Los datos de desempleo de las capitales andaluzas al terminar 2022 oscilan entre el 15,83% de Jaén y el 24,57% de Cádiz. La media de las capitales andaluzas está en 19,89%, la tasa de paro de la ciudad de Sevilla, 19,08. La tasa de paro de la ciudad de Madrid es 7,56%. Las capitales andaluzas y la propia capital de Andalucía, Sevilla, tienen una tasa de paro más de 12 puntos superior a la de la ciudad de Madrid. Con el paro también observamos que no hay efecto capitalidad dentro de Andalucía, sí lo hay de Madrid respecto de nuestras ciudades. Si indagamos en otros indicadores socioeconómicos: riesgo de pobreza, desigualdad económica, tasa Arope, PIB per cápita, paro juvenil, encontraremos que Andalucía, a parte las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es siempre última o penúltima respecto del resto de comunidades.

Los discursos triunfantes del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que gobierna ya más de cuatro años, chocan con la realidad. Igual que chocan con los datos las acusaciones de privilegio a Sevilla por ser capital de Andalucía. Los males estructurales de nuestra tierra se deben a una economía colonizada, no a que unas provincias roben a otras, o que la capital robe al resto, como sí hace Madrid respecto de toda Andalucía. El poder político andaluz, del PSOE al PP, lo que ha hecho es canalizar nuestro capital político, humano, ambiental, territorial, energético, y monetario a otros lugares de España, principalmente a la capital del reino. Es ese poder, PSOE antes PP después, el responsable de la desigualdad estructural de Andalucía respecto de Madrid, Cataluña o Euskadi.

Y sí, Andalucía ha mejorado en los últimos 40 años, solo faltaba. Pero ha empeorado en términos relativos. Andalucía es el barrio pobre de Madrid, habrá que decir alguna vez ¡basta ya! Necesitamos más poder andaluz.

De izquierdas en Davos, de derechas aquí

Ningún avance progresista del gobierno de coalición se ha conseguido sin presionar al PSOE dentro y fuera del gobierno. Ni uno sin ganar la alianza de las fuerzas de la España plurinacional. Solo cuando se dejó de hacer fue necesario que ocurriera una chamba, la reforma laboral. La ley del solo sí es sí se aprobó con 201 votos a favor, frente a PP y Vox que votaron en contra. Que Pedro Sánchez ordene a su partido reformar en el Congreso la ley cinco meses después, a unos meses de las elecciones municipales y autonómicas, alineándose con la judicatura retrógrada, los grandes medios que emiten desde el centro del reino, y la parte de la sociedad que no lo va a votar aunque se vista de arzobispo es una infamia contra el movimiento feminista. Además un error que puede dar al traste con cualquier expectativa de repetición del gobierno de coalición. El PP echa se afana en ello.

Pilar Llop, ministra de Justicia, cuyo catedrático asesor, Francisco Javier Álvarez, mantenía en 2022, contra la propuesta de ley, que con ella “queda prohibido acercarse a la propia pareja por la noche, mientras ésta se encuentra dormida, abrazarla y acariciarla,” ha sostenido en la Ser que “tenemos unos jueces extraordinarios. Es fácil probar que hay violencia e intimidación. Basta una heridita.” Hay ministerios más simples que el asa de un cubo, hay jueces que brindan por su victoria.

A Sánchez se le volverá en contra su alianza con el coro de los grillos que cantan a la luna. La ley del solo sí es sí es la mejor de la legislatura, la de más raíz democrática. Tumbar su sentido de protección de las mujeres poniendo en el centro el consentimiento y no la resistencia, en alianza directa con PP y Vox, pone en grave riesgo su futuro electoral. El presidente se ha tendido una trampa; podría llegar a la presidencia de la Unión Europea con gran respaldo, podría presidir la Internacional Socialista y recuperar la credibilidad del socialismo. Queda bajo sospecha.

Dice el Tratado sobre la estupidez humana de Carlo M. Cipolla que perfecto estúpido es quien queriendo hacer daño a los demás se hace daño a sí mismo. Es el PSOE con su acción contra Igualdad. Lo que uno espera de la izquierda partidaria, intelectual o con columna de opinión, no es la ceguera equidistante ni el buen rollito, no es el “vamos a ceder” para que el PSOE nos quiera, no es que se pregunte porqué no se arreglan dentro del gobierno, no es que hablen de “problemas de comunicación”, no es que alimenten la crítica contra quienes luchan, al par que ensalzan a quienes sonríen para que no los persigan en la Sexta. Lo que uno espera es que tome partido, porque si no tendremos gobierno derechas dispuesto a todo.

Pedro Sánchez aparentó ser muy de izquierdas en Davos, pero en el día a día hay que sacarle las medidas progresistas con sacacorchos. Frena la ley de vivienda, liquidar la ley mordaza para que un policía no te impute o te multe sin más prueba que su palabra, la ley de protección animal para que los perros de caza sigan pudiéndose tratar como vida de usar y matar, impide limitar la subida de las hipotecas convertidas, junto con el precio de los alimentos en el principal problema de las familias. Lo hace mientras busca a su izquierda un espacio dócil con reducida capacidad de empuje. De izquierdas en Davos de derechas aquí.

Operación derribar a Irene

Irene Montero, ministra de Igualdad, junto Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, son el principal capital político de Podemos, símbolo de la fuerza progresista de izquierdas que representan. Es una evidencia. Su capacidad política, legislativa y de lucha por los derechos sociales y feministas tiene pruebas directas, las legislaciones conseguidas desde sus ministerios en materia de protección social y en materia de feminismo, y pruebas indirectas, la recurrente saña, violencia política y acoso mediático inducido por los poderes que se creen propietarios de España. La derecha las teme tanto como las difama odiosamente.

La ley del solo sí es sí se aprobó con 201 votos a favor, solo el PP y Vox votaron en contra. Aplaudida por el parlamento europeo, puesta como ejemplo para ser imitada en toda la Unión Europea, el principal tema de conversación en medios de derechas y de la progresía, falsa izquierda, como nos enseña La Base, es lo mala que es porque rebaja penas y excarcela a violadores. Un juicio que se instala en nuestros cerebros a fuerza de oírlo sin tregua y sin refutación posible.

Montones de juristas han explicado, con menor espacio mediático, que es falso que la ley permita rebajar condenas y excarcelar violadores. No son pocas las intervenciones desde el gobierno, incluidas las de Pedro Sánchez en los primeros días tras su aprobación, que han explicado que la ley blinda el derecho de las mujeres a no tener que demostrar ni explicar si al ser agredidas opusieron resistencia. La pregunta que los jueces deben hacer con esta ley a la mujer agredida es si consintió, y no si se resistió. Mas claro agua. El código penal tiene una disposición adicional que indica que si la pena aplicada es aplicable con la nueva ley no cabe rebaja. Diáfano.

El cuarto poder en España es muy antidemocrático, porque suma la acción concertada con algunos jueces y juezas, que aplican la ley a su arbitrio reaccionario. Así esa judicatura suministra armamento pesado contra lo que simboliza Irene Montero en el gobierno. Liquidar un proyecto es liquidar el símbolo que lo representa, un símbolo es aquello que reúne todos los significados de una idea, la idea de mejorar España para las mayorías, en este caso para las mujeres. Lo que estamos viviendo es una operación contra Irene Montero, la enésima contra Podemos, en la que participa el poder mediático y un puñado de togas sin cara y sin nombre. ¿Qué pasaría si el Ferri pusiera el foco en el perfil de los jueces y juezas que con sus sentencias, y no con la ley, rebajan penas y excarcelan a violadores?

Sorprende el giro de Pedro Sánchez sumándose abiertamente al ejército que ataca el ministerio de Igualdad. El presidente del gobierno sabe que la ley es muy buena, pero necesita debilitar a Podemos y a su principal símbolo feminista, Irene Montero, para facilitar a Yolanda Díaz el acuerdo que le pidió por teléfono. La posición perfilada de YD durante cuarenta y ocho horas, mientras todo el mundo disparaba contra Irene Montero, recuerda la misma posición perfilada que mantuvo cuando se vetaba a Victoria Rosell para formar parte del CGPJ, cuando hubo una ofensiva para limitar los derechos trans, cuando Sánchez cambió la posición de Estado respecto del Sahara o cuando se alineó con la OTAN y los EE.UU para enviar armas a Ucrania.

Pedro Sánchez prepara el campo electoral. Necesita ir a elecciones sin que el espacio de Unidas Podemos pierda peso, pero a su vez que sea dócil. Que tenga menos fuerza reivindicativa, menos convicción para defender posiciones. A la convicción le llaman ruido. El PSOE, para no acometer medidas estructurales que limiten los privilegios de los poderosos, necesita a su izquierda un espacio que no insista con propuestas de protección de las mayoría sociales, que tenga en despachos ministeriales ministros y ministras silenciosamente esculturales y sonrientes. Por cierto, alguien sabe que hace Alberto Garzón o ¿quién es el ministro de Universidades? De eso trata también la operación Derribar a Irene, de sumar restando.

El Ingreso Mínimo Vital señala Andalucía como colonia interior

La Seguridad Social publicó al final de 2022 los datos relativos al efecto del Ingreso Mínimo Vital sobre el total del Estado y las comunidades autónomas. Andalucía es la gran beneficiada del mismo. Del total de personas beneficiarias en España, 1.542.675, el 31,62% son andaluzas, 487.743. Muy lejos quedan el resto de comunidades autónomas: Comunidad Valenciana 11,82%, Madrid 10%, Cataluña 8,63%, Galicia 4,53%, Euskadi 3,07%. No es solo una cuestión de tamaño poblacional, el IMV en Andalucía alcanza a más de 5% de la población, porcentaje el doble y hasta el triple que el de otras comunidades autónomas. 

Lo que es bueno para las familias y las personas, para las que el IMV es una tabla de salvación, es al tiempo un indicador de que Andalucía es, en relación al resto de España, un territorio colonial. Si en Andalucía hay más personas beneficiarias es por que nuestro paro es de los más altos de la UE, como el resto de indicadores de pobreza y desigualdad. Como explica el historiador Carlos Arenas en su libro Lo andaluz. Historia de un hecho diferencial: "España no se entiende tal como es sin el papel subordinado que lo andaluz ha desempeñado en la construcción histórica del Estado".

Con la irrupción de la pandemia, el grupo Unidas Podemos en el Congreso, con Pablo Iglesias vicepresidente, ariete mediático ante la resistencia del PSOE, logró que desde el Ministerio de Seguridad Social se preparase una propuesta de ingreso vital dirigido a la población con graves dificultades de subsistencia. La pandemia era una bomba de neutrones que amenazaba más a las clases desfavorecidas. La paguita, como llamaron al IMV las tres derechas españolas, en un acto de maldad, salió adelante el 10 de junio de 2020 sin ningún voto en contra, 297 votos a favor y 52 abstenciones de Vox. Fue el primer gran logro de Podemos en el gobierno.

Antes, fuera del gobierno, fue la primera gran subida del SMI en enero de 2019, negociada por Pablo Iglesias frente Pedro Sánchez, para aprobar los presupuestos, tras la moción de censura que sacó a Rajoy de Moncloa, y al PP corrupto de la Gürtel del gobierno de España. Palpables demostraciones de que lo que llaman ruido desde las trincheras enemigas y las naves amigas, es la manera de que el PSOE avance en derechos estructurales para la población. El IMV llegó a los cinco meses de gobierno de coalición, con tres meses de estado de alarma declarado, el SMI sigue subiendo, en el horizonte Podemos prepara la Renta Garantizada, con el objetivo de eliminar la pobreza y la existencia de trabajadores y trabajadoras pobres.

Los datos publicados señalan a Andalucía como gran beneficiada. Debemos deducir de ellos es que los cuidados paliativos son muy importantes, que estos no los aplican gobiernos de derechas, pero también que el IMV no debe ser la justificación para que Andalucía, presionando y proponiendo, no aborde las causas estructurales de su desigualdad territorial. Conformarnos con ser economía colonial, en el mejor de los casos subsidiada, es dejar enquistada la desigualdad, seguir siendo tierra de emigración, ahora cualificada, y de empleos poco remunerados.

Como afirma, Manuel Delgado, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Sevilla, “Andalucía, desde 2008 viene perdiendo peso en el PIB dentro del Estado. Porque, básicamente se viene profundizando en las tres actividades que hoy centran su especialización. Turismo, en el que somos los camareros y las kellys; agricultura, en la que la riqueza se la apropian cada vez más las grandes distribuidoras, y la minería, que deja en Andalucía muy poco valor añadido. No se trata de pensar en una economía atrasada sino en una realidad subalterna”. Añadamos la manga ancha para el sector de la construcción, en manos de capital externo, la entrega de los servicios públicos de todo tipo, incluidos sanitarios y educativos, a fondos de inversión con domicilio fiscal radicado fuera de Andalucía, o el expolio del capital bancario andaluz durante los dos últimos decenios. 

Andalucía está en una situación envidiable para absorber inversiones públicas para la industrialización relacionada con la transición ecológica y energética, o eso, o seguir con el modelo de turismo, agricultura, construcción y minería. Nuestra alternativa es ser territorio industrial o seguir siendo territorio colonial. ¿Para qué quiere el PP andaluz, con Juan Manuel Moreno Bonilla al frente, la bandera de Andalucía? ¿Para que sigamos siendo ariete del a por ellos, mientras los nuestros se empobrecen, cierran o se van? ¿Para premiar con bajadas impositivas a las élites parasitarias que siempre ha tenido Andalucía? ¿O para defender los intereses de nuestra tierra que son los intereses de las personas y empresas con raíces andaluzas?

Otra vez la Toma de Granada, otra vez el PSOE

La celebración de la Toma de Granada por el ejército mercenario de los Reyes Católicos está, ideológicamente, en el mismo nivel simbólico que el mantenimiento del Valle de los Caídos como lugar de culto y peregrinación. La prueba es que después de Cuelgamuros, la Toma es el referente principal del neofascimo, la ultraderecha y la derecha española, como abono del nacionalcatolicismo que la enraíza a su pasado franquista.

El nacionalcatolicismo, que es lo que exalta la celebración de la Toma de Granada, tiene la misma trascendencia histórica que el nazismo. Los dos basan su artefacto ideológico en la superioridad racial y la pureza de sangre, los dos han actuado en sus momentos más extremos exterminando las diferencias, las disidencias y los potenciales culturales de progreso.

El nacionalcatolicismo particularmente contra la ciencia o el conocimiento acumulado; recordemos lo que dijo ante Unamuno el fundador de la legión, Millán Astray, “muera la inteligencia”. Con una pose de legionario ilustraba el principal diario local de Granada su portada del día después. El exterminio nazi programado de judíos y gitanos tiene su antecedente y parangón en la quema de libros y la expulsión de judíos, moriscos y gitanos de Al-Andalus junto con las hogueras de la Santa Inquisición, que quemaban la carne viva de mujeres y gentes libres celebrándolo, también, en las plazas públicas.

Dos son los argumentos del PSOE granadino para mantener la Toma de Granada como día festivo de celebración, que es tradición o costumbre, y que se conmemora la llegada de la modernidad a toda España. La derecha le añade el símbolo de la unidad de España como unidad de destino en lo universal, tal y como la declaraba el franquismo insurrecto que añoraba el imperio.

Los tres argumentos son mentira. Ninguna celebración tiene por qué ser eterna como ninguna costumbre tampoco, sobrarían los ejemplos para justificar esta afirmación, el franquismo prohibió en Granada la celebración de la fiesta de Mariana Pineda porque era simbólicamente republicana y antimonárquica, la ley abolió la costumbre de fumar en los interiores públicos y podría hacerlo en los exteriores frecuentados.

Dos, la modernidad no llegó a la península ibérica con la toma de Granada, el factor determinante para que ocurriese el renacimiento europeo fue Al-Andalus, una pueblo cultural en el que convivían tres religiones que, al menos desde que Córdoba fuese capital del mundo, traspasó ingentes cantidades de cultura griega y mediterránea junto con sus avances científico tecnológicos hacia el resto de Europa. La aguja náutica, el astrolabio o el cuadrante, instrumentos que usó Colón para su viaje iniciático a América, hunden sus raíces en China, Grecia y Egipto, y su conocimiento y aplicaciones fueron introducidos en Europa en los momentos de hegemonía cultural árabe de Al-Andalus.

De modo que el cruce de la cultura andalusí junto con la dominación extractiva del continente americano fueron condiciones necesarias para lo que podríamos llamar el segundo renacimiento europeo, el primero se dio en Al-Andalus. Y tres, España no es un concepto asimilado a un único Estado constitucional hasta la promulgación de la constitución de Cádiz de 1812. Antes España podría haber sido la Hispania romana y sus provincias, Al-Andaluz más un conjunto de reinos del norte o un conjunto de reinos aglutinados entorno a la dominación de los Austrias o los Borbones.

Lamentable el alcalde de Granada del PSOE, bien por miedo al qué dirán de la reacción granadina y abanderada por los principales medios de comunicación locales de raíz madrileña, como los que dan cobertura a Ayuso y Vox, bien por convicción propia, que de todo hay en el partido ese partido, haciendo, otra vez, apología de la celebración de la Toma con apariencia de equidistancia. Una equidistancia imposible entre las posiciones democráticas de quienes defienden que las festividades han de ser integradoras y respetuosas con los derechos humanos, y las posiciones retrógradas e inmovilistas de quienes defienden la inmutabilidad de la Toma con toda su añoranza franquista, belicista, xenófoba y nacionalcatólica.

Cada vez que ha gobernado el PSOE la ciudad de Granada, y ahora la gobierna gracias a la autodestrucción de Ciudadanos y la implosión municipal del PP, ha hecho crecer las raíces de la ultraderecha en Granada, del PP primero y en estos tiempos de Vox. Si alguna vez la izquierda tuviese que negociar gobierno en la ciudad con este partido de régimen, no deberían caber en este tema las medias tintas. La “fiesta” de la Toma hay que abolirla y hacer festivo a lo grande a la Mariana. La primera es atraso antidemocrático, la segunda símbolo de progreso cultural y derechos de ciudadanía, republicanismo y democracia. Las luchas por la libertad, la igualdad y el medio ambiente se ganan en las batallas culturales. Esta batalla es central en Granada, como la eliminación del Valle de los Caídos como símbolo del genocidio franquista lo ha sido a nivel de estado. Toma no Mariana sí.

Publicado en La Voz del Sur

Trinidad antidemocrática contra gobierno legítimo

La derecha española es una y trina. El titular de primera plana de El Mundo, “El PP teme la reacción de la derecha política, judicial y mediática”, definió la Santísima Trinidad del poder reaccionario en España. Un titular para amenazar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Si pactas con el PSOE la renovación del CGPJ eres líder muerto. La acción concertada hizo efecto. Feijóo, llegado de tierras celtas, al que la progresa mediática señaló con la etiqueta de hombre de estado que comprende la España diversa, se achantó y rompió el acuerdo con el PSOE que venía cantándose.

La caída en tres días de su predecesor, Pablo Casado, a manos del omnipotente dios trino afincado en Madrid, debió influir. Desde entonces, la tela de araña retrógrada circunscrita por la M-30, señala lo que Feijóo debe hacer. Se reveló ilusa la creencia en la posibilidad de una derecha para gobernar la España plurinacional. La decisión de Feijóo, manejado por Isabel Díaz Ayuso, los Federicos mediáticos y las togas más rancias, acabó con el sueño húmedo de grupos liberales, que redoblaban fuerzas para atacar a Podemos con el objetivo de retornar al bipartidismo cuanto antes.

Si Feijóo hubiese pactado la renovación del CGPJ, el PSOE de Sánchez tendría más fácil seguir siendo el PSOE afiliado al poder económico y la monarquía, en definitiva al régimen del 78. Si hubiese pactado, el veto del PP a la magistrada Victoria Rosell, aceptado con naturalidad por el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, habría roto al grupo parlamentario de Unidas Podemos, dejando una falla divisoria entre la izquierda rogatoria y la izquierda del sí se puede.

En un contexto así, el PP podría haber intentado ampliar su fuerza electoral, aprovechando el desgaste del PSOE, por los acuerdos para rebajar el conflicto catalán, y la crisis a su izquierda. Ya no ocurrirá. Una vez títere de la Trinidad reaccionaria, el presidente del PP está en manos de lo que le dicte el conglomerado de deidades a las que sirve. ¿Si no, para qué se creerá que le hemos traído?, arengaba Losantos desde la torre de control de la radio COPE de los obispos.

La semana pasada, el jueves noche, el presidente del PP promovió ante el Tribunal Constitucional un recurso que busca suspender la votación en el Congreso, para reformar la forma electiva de los miembros del mismo tribunal, dado que está parcialmente caducado por el bloqueo al que el CGPJ tiene sometida su renovación. Intentar impedir preventivamente una votación en la sede de la soberanía popular, bien supremo de la democracia, es una aberración a la que podemos llamar intento de golpe de estado. El procedimiento lo inicia el Partido Popular presidido por Alberto Núñez Feijóo. A punto estuvo el viernes pasado de consumarse el golpe. El aplazamiento a este lunes de la decisión, a petición de los cinco vocales progresistas, prolonga la tensión sin eliminar un ápice la gravedad. Grave es que el dios trino indique que hay que actuar golpistamente contra la democracia española, que el líder del partido más votado de la derecha lo acepte, y gravísimo que el TC ponga en su frontispicio “la democracia soy yo”. Una acción concertada que, de consumarse, destruiría por completo la credibilidad del Tribunal Constitucional como institución, abriendo una crisis de consecuencias difíciles de prever.

Lo que ocurre señala que la derecha española, con sus grandes medios de comunicación y los altos poderes judiciales del estado, tienen naturaleza antidemocrática. El gobierno legítimo viene siendo torpedeado desde su nacimiento. La legitimidad democrática del gobierno son los números que dan la representatividad parlamentaria, consecuencia de los resultados electorales. Las votaciones de leyes y presupuestos que salen con mayorías absolutas muy superiores a la mínima son habituales en esta legislatura. Inscrita la aritmética parlamentaria en el contexto de lo ocurrido en tres años, desde la pandemia a la guerra en Ucrania, la fortaleza del gobierno y del bloque de investidura que lo apoya es indiscutible. Ocurra lo que ocurra con la decisión del TC respecto de si el poder legislativo puede votar o no una propuesta legislativa, cualquiera que sea el modo en que se tramite, se ha puesto de manifiesto que la derecha, los medios de la derecha, la cúpula del Poder Judicial y el TC actuales, son poco o nada fiables para la democracia.

Políticamente el punto es de no retorno. Para Alberto Núñez Feijóo, títere en la tela de araña de la ultraderecha madrileña, será ya imposible aparecer como un moderado hombre de Estado que comprende la diversidad territorial de España. Para Pedro Sánchez debería ser una lección aprendida, se lo dijo Pablo Iglesias, después de a por nosotros irán a por vosotros, avancemos, lo siguiente es cambiar la mayoría de elección parlamentaria de los miembros del CGPJ. Para Yolanda Díaz, la señal de que el proyecto de país no puede nacer subalterno del 78. Para Ione Belarra, una prueba más de que la alianza estratégica, capaz de vencer la pulsión antidemocrática, pasa por el bloque de dirección de estado, cualquiera que sea la forma en que se articule en las distintas identidades territoriales.

Publicado en La Voz el Sur

4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía

Hay dos formas de nombrar Andalucía, con la palabra o con su bandera. La verdiblanca es una enseña de siglos. La primera referencia histórica de una bandera verde, blanca y verde en Al-Andalus está en la poesía de Abu Asbag Ibn Arqam, visir de la cora de Guadix en el siglo XI. Tras verla ondear en la alcazaba de Almería escribió: “Una verde bandera que se ha hecho de la aurora blanca un cinturón despliega sobre ti una ala de delicia. Que ella te asegure la felicidad al concederte un espíritu triunfante”. Al igual que a la bandera de Euskadi se le llama ikurriña y a la de Cataluña señera, a la bandera de Andalucía se le llama arbonaida. Arbonaida, procedente del árabe albulayda, significa mi tierra, mi país.

La bandera de Andalucía, junto con su escudo, se aprobó en la asamblea andalucista de Ronda de 1918 que convocaron los Centros Andaluces. En esa asamblea, en la que participó Blas Infante, se asumió el proyecto de Constitución Federal de Andalucía de 1883, conocido como Constitución de Antequera. Es por eso que la canción Verde, Blanca y Verde del primer disco de Carlos Cano en 1976 comienza con la estrofa “De Ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay qué bonica, verla en el aire, quitando penas, quitando hambres, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera...”. Esta canción, que se hizo popular durante la Transición y las luchas de Andalucía por tener una autonomía como la que más, se convirtió en el segundo himno de Andalucía.

Desde entonces, desde el 4 de diciembre de 1977 en el que dos millones de andaluces y andaluzas salieron a las calles de las capitales de Andalucía además de en Barcelona, Madrid y Bilbao –Andalucía tenía por entonces más de dos millones de emigrantes tanto en los focos de industrialización españoles como en la Europa industrializada–, la bandera de Andalucía está asociada a autogobierno, libertad y derechos del pueblo andaluz, escuelas gratis, medicina y hospital, vuelta de la emigración, cultura y prosperidad. Por esa bandera murió Manuel José García Caparrós en Málaga, por disparos de la gris policía franquista, que intentó impedir que la arbonaida ondeara en el edificio de la Diputación de Málaga, como lo hacía en el resto de diputaciones andaluzas.

La bandera de Andalucía es, desde entonces, símbolo del pueblo andaluz que se constituyó en las calles frente a quienes nos querían relegar a una autonomía regionalista de tercera, una descentralización administrativa a las órdenes del gobierno de España con sede en Madrid. Es Andalucía la que a partir de las movilizaciones de 1977 dibuja la Constitución autonómica. Ese pueblo andaluz hecho nación en las calles forzó que la Constitución de 1979 incluyera el artículo 151, con un procedimiento obtuso, para que mediante un referéndum que habría de ganarse por mayoría absoluta del censo, no de votantes, en cada una de las provincias, Andalucía pudiese acceder a la consideración de nacionalidad histórica, como la Constitución le otorgaba a Galicia, País Vasco y Cataluña sin necesidad de votación popular alguna. Hay que recordar que el golpe de Estado de 1936 impidió la aprobación del Estatuto de Andalucía, que se estaba tramitando durante la II República y que nos equiparaba con las otras nacionalidades históricas del Estado.

En Andalucía no hay un solo partido democrático que se atreva a presentarse a las elecciones autonómicas sin la palabra Andalucía en su marca. Solo Vox ignora Andalucía, y la quiere, como el franquismo, sirvienta de España. El actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, prefirió la bandera de Andalucía para celebrar su victoria electoral a la bandera española que su partido ha enseñoreado insistentemente desde su nacimiento. Ya en la campaña electoral, que culminó el diecinueve de junio de 2022, el PP de Andalucía hacía ostentación de la bandera andaluza mezclada con la bandera española.

La idea de declarar el 4 de diciembre Día Nacional de Andalucía es una demanda histórica del andalucismo político, que fue, con la figura principal de Alejandro Rojas Marcos, líder en la transición del Partido Socialista de Andalucía, catalizador del empuje hacia la autonomía andaluza y la consideración constitucional de Andalucía como nacionalidad histórica. Andalucía es la única comunidad del Estado que consigue su institucionalidad autonómica en las calles y mediante referéndum. Un legado de la luchadora generación de la Transición que debemos celebrar y honrar.

Recientemente, en la presentación del libro Por un poder andaluz, de José Luis Villar en la Casa de la Alegría (Dar Al-Farah), residencia última de Blas Infante antes de su asesinato ordenado por Queipo de Llano, Rojas Marcos envolvió al Presidente Andaluz, Moreno Bonilla, para que declarara el 4 de diciembre Día de la Bandera de Andalucía. El presidente se comprometió a evaluarlo con la intención de hacerlo. Y así ha sido por decreto del 8 de noviembre de este mismo año. Sin ser festivo, es la primera vez que en Andalucía se conmemora institucionalmente el 4 de diciembre de 1977. Podemos afirmar que la introducción en el calendario institucional del 4 de diciembre como referencia histórica es justicia reparadora de la memoria, un homenaje que la generación actual hace a las generaciones andaluzas pasadas y un legado para que las generaciones futuras no olviden la memoria de un pueblo.

Que esto haya ocurrido estando en el gobierno andaluz la herencia política de quienes para el 28 de febrero de 1980 pedían la abstención con el lema “Andaluz, este no es tu referéndum”, no puede por más que alegrarnos porque demuestra, por si nuestra potencia cultural y nuestros acentos no fuesen suficientes, que Andalucía es pueblo, es nación y está destinada a defender sus intereses para el buen vivir de quienes pueblan nuestra geografía, hayan nacido o no en territorio andaluz.

La bandera de Andalucía no es propiedad de nadie, es la bandera que identifica y con la que se identifica el pueblo andaluz, en toda su diversidad geográfica, cultural, relacional, económica, de clase e ideológica. Conviene decir esto porque lo último que debemos desear es que la bandera salga deshilachada a jirones entre tanto tirón de parte. Para el PSOE andaluz las consecuencias de su abandono, olvidando que fue la bandera de los derechos y poniéndola al servicio del “a por ellos”, están a la vista, ahora dice que es suya y que el PP no cree en ella. La izquierda andalucista le echa un cerco para que su sentido sea más el de clase que el de pueblo, olvida que no solo hay explotación de clase rica sobre clases populares, sino también explotación y colonización de unos pueblos sobre otros.

La izquierda andaluza, andalucista, no debería ignorar que la fuerza que tienen otros pueblos como el catalán o el vasco se debe a la transversalidad de sus banderas, son banderas que representan a las clases populares tanto como al empresariado con raíces en esos territorios, por eso son pueblos con más influencia política que el andaluz y en mejor situación económica. Con la bandera andaluza no debe ocurrir como con la española, debe representar a un pueblo entero. Al contrario que la española que representa, como bien sabe la derecha, la herencia franquista antidemocrática y monárquica, por eso la arroja contra lo que consideran antiespaña, las izquierdas y los partidos nacionalistas.

Las banderas no son trapos, como las palabras no son letras, tienen semántica y etimología, tienen historia y significado, viven en el tiempo. Si la arbonaida es nuestro país, nuestra tierra, nuestro pueblo es su bandera.

Bienvenido el 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía. ¡Viva Andalucía libre!

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta de Andalucía y Democracia; Salvador Soler García, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Lilián Bermejo Luque, profesora de la Universidad de Granada; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Manuel González de Molina, catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Rubén Pérez Trujillano, jurista y profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Javier Rodríguez Alcázar, escritor y profesor de la UGR; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Julián Álvarez Ortega, abogado; Marcos García Mariscal, abogado laboralista; Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Raúl Solís, periodista; Juan Manuel Sanz Marín, empresario.

Lo que pretende 'La Vanguardia'

Es indudable que Enric Juliana es uno de los mejores analistas políticos de la prensa española. Lo cual no impide leerlo excrutando su intencionalidad. En su reciente artículo en La Vanguardia titulado P-24 y P-25 la intención aparece de modo sutil. Juliana busca indicar a Pedro Sánchez que está muy bien frenar a Podemos para lo que quede de legislatura. Digo a Podemos y no a Unidas Podemos porque la foto que ilustra el artículo no es inocente, son las ministras Ione Belarra e Irene Montero sonrientes y aplaudiendo en el acto de desagravio a la primera, celebrado el sábado 26 de noviembre, tras los atauqes machistas de la derecha y la ultra derecha, que encontraron abono en prensa titulada de izquierdas y progresista.

Cuando los articulistas progresistas de La Vanguardia, o los claramente de derechas, buscan adular la actitud de Yolanda Díaz y potenciarla como líder autónoma de Sumar, usan la foto de la vicepresidenta segunda. La intención es la misma, debilitar a Podemos. La pregunta que debemos hacernos es por qué. La Vanguardia es un periódico conservador, monárquico, de derecha económica que decidió ocupar el espacio que El País comenzó a abandonar tras la caída de Zapatero y que culminó con la llegada a su dirección de Antonio Caño. El País se tornaba prensa reaccionaria en tanto La Vanguardia, con referentes como Enric Juliana, Pedro Vallín o Jordi Évole, buscaba expandirse en el espacio hispano que la prensa escrita del grupo Prisa dejaba vacío.

En eso estaba hasta que Alberto Núñez Feijóo sustituyó a Pablo Casado bajo la insignia de moderado con amplia experiencia política. Entonces los propietarios y grupos de interés empresarial y bancario que sustentan de una manera u otra a La Vanguardia, soñaron con que un PP "moderado", ajeno al trumpismo madrileño, podría ganar las elecciones generales y pactar gobierno de España y presupuestos económicos conservadores, como antes de la irrupción de Podemos, con las derechas vasca y catalana. Para que el sueño se cumpla trabajan.

Desde entonces los referentes progresistas de La Vanguardia se fajan para lograr el objetivo; Enric Juliana, de una manera más grácil, y Pedro Vallín pegando un volantazo de tal calibre que ha roto la imagen de progresista liberal, en la que ponía su panorámica erudición cinematográfica. Así se aplican en cultivar las condiciones para que la influencia de Podemos desaparezca del mapa político hispano. Por eso dolió tanto a La Vanguardia que un señor gallego de moderadas maneras se plegase al trumpismo madrileño de la derecha política, mediática y judicial, y rompiese el acuerdo para la renovación del CGPJ que lo certificaba como hombre de estado.

Juliana en el artículo al que aludo arriba afirma que el Pedro Sánchez del 24 de noviembre, día en que se aprobaron los PGE de 2023, no es el mismo que el del 25 de noviembre. Una vez aprobados, el PSOE se comporta en el gobierno y desde su grupo parlamentario haciendo oposición al gobierno, también Meritxel Batet desde la presidencia del Congreso. Esto no le parece mal al referente “progresista” de La Vanguardia, dado que no usa para describir ese cambio manifiesto entre el 24 y el 25 ni un solo adjetivo crítico. Señala, lo imagino escribiéndolo con cierto regusto pícaro, el modus operandi de Sánchez al frenar las críticas a Irene Montero antes de que se aprobaran los presupuestos, para, una vez aprobados, activar los bloqueos de la ley trans, la de familias, la de los derechos de los animales, la de vivienda y la mordaza.

La cuestión es que La Vanguardia busca que se cumpla su sueño, que gane Feijóo y pueda pactar con las derechas vasca y catalana, limitando la capacidad de bloqueo del facherío centralista. Por eso, a través de Juliana, le escribe a Pedro Sánchez, casi sin que se note, como quien no quiere la cosa, para que se desplaze al centro haciéndole oposición a Podemos, con el anzuelo de la teoría de Iván Redondo de que tras las próximas generales gobernará quien obtenga más de 140 escaños.

Para el PSOE el problema es que hace tiempo que el centro no existe y que el bipartidismo de la transición se rompió en pedazos, el de Podemos y el de un buen número de pedazos plurinacionales y hasta provinciales. La Vanguardia fomenta la imposibilidad de gobiernos futuros con Podemos, adulando a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, trabaja para Feijóo y las derechas catalana y vasca. Lo hace porque sabe que hay votantes en la izquierda a quienes se puede confundir, que están hartos de lo que ensalzan como enfrentamientos o ruido, cuando lo que hay en ese campo son diferencias estratégicas relevantes, que tienen que ver con querer suplantar al PSOE para ser un PSOE bis o, sencillamente, sustituirlo, para avanzar por la izquierda y la democracia en la medida en que el contexto lo permita.