Nadie en Andalucía podía imaginar que la noche del 2 de diciembre de 2018 los resultados electorales arrojasen la posibilidad de un gobierno tan de derechas. El candidato del PP a la presidencia del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, no contaba con el apoyo de Pablo Casado, se había alineado con Soraya Sáez de Santamaría en las primarias para la sustitución de Rajoy. El PP acentuaba la cuesta abajo en los sondeos tras la demoledora sentencia Gürtel que provocó la moción de censura. Ciudadanos, con Albert Ribera en sus mejores horas, sonaba en ascenso a pesar del temperamento insulso de su candidato andaluz, Juan Marín, al que encumbró el PSOE de Susana Díaz.
¿Y Vox? Vox era un run run en la calle que la propia Díaz alimentó en su alineamiento explícito con la confrontación dura en el asunto catalán, y que utilizó en la campaña contra el PP, con la intención de partir el voto de la derecha. Pero la matemática de la ley d´Hont, que tanto había ayudado al monopartidismo andaluz, dejó de funcionar como era costumbre y entregó en las urnas, y en el incremento de la abstención, una configuración parlamentaria que investiría a la más aventajada de las opciones de derechas. Así fue como la gran maquinaria de poder de Andalucía, la Junta, cambio de manos, más por el hartazgo del voto progresista y de izquierdas ante un PSOE susanista entregado a la "lealtad institucional con Rajoy”, que por los méritos de la derecha.
PP y Ciudadanos formaron fácilmente gobierno con apoyo externo de un Vox obsesionado con destruir Canal Sur, promover la caza y los toros, y arrinconar cualquier atisbo de políticas contra el machismo y la desigualdad de género. Se repartieron Moreno, presidente, y Marin, vicepresidente, las competencias y los cargos con un lavado de cara de consejerías y delegaciones territoriales intrascendente. Olvidaron inmediatamente sus promesas de liquidación de la administración paralela, de oficina de lucha contra la corrupción, de mejora de la transparencia, y pasaron el año 2019 con la inercia de una Junta de Andalucía que navega sola gracias al empeño de las y los trabajadores públicos.
Moreno y Marín acentuaron la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, tomando el camino de Madrid abierto por Susana Díaz y Ciudadanos. Continuaron los recortes en educación y salud, preparando las condiciones para potenciar la enseñanza concertada y ahondar en la privatización de la salud, sin mejorar las listas de espera ni aumentar las plantillas, para ir engordando la cuenta de resultados de la sanidad privada. En el primer año de gobierno andaluz a la pareja Moreno y Marín le bastó la estela del legado susanista. Ni un gesto para aprovechar las competencias que otorga el estatuto andaluz para mejorar la vida de la gente con políticas de vivienda, contra la pobreza y la precariedad, de cuidados, de movilidad sostenible, de energías renovables, de mundo agrario, de centros urbanos gentrificados, de conexiones ferroviarias o de reindustrialización. Así llegó 2020 y la pandemia.
En el momento más crítico de la primera ola, Moreno, Marín y Vox aprovechan para convalidar sin trámite parlamentario el decreto ley de 16 de marzo que modifica o deroga veintiún leyes y seis decretos para “simplificar trámites”. Una llamada a la ley de la selva, que elimina barreras de protección contra el urbanismo salvaje, la destrucción medioambiental o el patrimonio cultural andaluz, entre otras muchas para facilitar el libre albedrío de inversores extractivos que abonan precariedad y devastación. El decreto ley se convalidó sin trámite parlamentario en la diputación permanente del parlamento andaluz del 2 de abril, con las libertades civiles coartadas de facto para manifestar siquiera la protesta. Esta enorme modificación legislativa intenta volver a los tiempos de Jauja de un plumazo, cuando los excedentes de capital extranjero actuaron como veneno bulímico para engordar la construcción, hipertrofiar nuestra economía con el turismo y despreciar nuestro patrimonio cultural y natural.
Al fin del estado de alarma en junio, Moreno y Marín pasan un verano tipo ji ji ja ja, como si el virus fuese un mal sueño y solo importase el turismo y la hostelería. Marín en Sotogrande en un torneo de polo mientras ardía la sierra de Huelva; Moreno llega al mismo incendio cuatro días después de su inicio cuando ya había arrasado 10.000 hectáreas y se habían desalojado 3.000 personas. Un gobierno de veraneo que dejó la vuelta al cole en las manos voluntariosas de los cuerpos docentes, sin aprovechar los recursos inversores expansivos disponibles para desdoblar unidades e incrementar plantillas. Peor ocurrió con el sistema sanitario, ni se reforzó la plantilla, ni se prepararon suficientes rastreadores, ni se mejoró el sistemas de atención primaria.
Nunca habíamos vivido en Andalucía un gobierno tan inane. Tan inane que Andalucía ha desaparecido de las escena si no es para alinearse con las posiciones más centralista y reaccionarias, por ende antiandaluzas, del PP de Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso. Un gobierno alejado de la parte más vivaz, emprendedora y con ganas de mejorar la sociedad andaluza. Un gobierno que se encoge de hombros sin querer intervenir en Abengoa, la única multinacional con domicilio en Andalucía, poniendo en riesgo 8.000 empleos y abriendo la puerta para que se vaya a la comunidad valenciana. Un gobierno que ha expulsado a los sindicatos de la concertación y el diálogo para entregarse a los años cincuenta del siglo pasado que representa Vox. Un gobierno que se alinea en defensa del dumping fiscal del independentismo de derechas madrileño contra la armonización y la justicia fiscal, un gobierno al que no le importa el nuevo éxodo bíblico de andaluces y andaluzas cualificadas que sufre Andalucía desde 2008.
¿Algo que destacar del gobierno de Moreno y Marín? Nada, salvo que se llevan bien y puede que acaben compartiendo opción electoral. De momento han sacado adelante tres presupuestos con Vox demostrando que la derecha es, sin ningún misterio divino, una y trina. ¿Lo más grave? Han sacado a Andalucía del mapa mundi del futuro.
