Sumar camino de IU

Con la que está cayendo en el mundo, con la tensión geopolítica fomentada por EE.UU, con la lucha feroz por el control de recursos y los flujos de materia y energía para dirimir quién manda bajo cementerios de vidas inocentes, con la Unión Europea en el papel de capitán chusquero de la Sexta Flota, con las ultraderechas fascistas creciendo a velocidad cuántica, con el estado de Israel gozando infame el genocidio palestino, resulta indecente que en España la izquierda rediviva por Podemos se haya dedicado, desde que la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asumiera la misión de hacerla crecer, a destrozar las condiciones que le permitieron gobernar, que no es lo mismo que estar en el gobierno.

Si algo sabemos a estas alturas de la vida de Sumar, es que ni sirvió para cohesionar estratégicamente a la izquierda plurinacional y las izquierdas territoriales en las elecciones municipales de mayo de 2023, más bien contribuyó a la discordia, ni sumó en las elecciones generales del 23 de julio pasado, ni ha trabajado para generar condiciones de alianza estructural interna en el grupo parlamentario, ni persigue una organización democrática propia, si quiera laxa, con el reconocimiento de las distintas realidades partidistas y territoriales que lo compusieron en su origen, ni tiene pretensión alguna de romper los límites de lo posible que le marca Pedro Sánchez. Todo lo contrario que hizo Podemos. Sumar es la subalternidad creada para complementar la ausencia de proyecto emancipador del PSOE.

Lo que unía a los distintos partidos que apoyaron a Yolanda Díaz en Magariños, con la inocente excepción de Alianza Verde, no eran objetivos ideológicos propios de una izquierda del siglo XXI. Lo que los unía era liquidar a Podemos. Casi lo consiguen. La función de Sumar no era sumar, era servir al mantenimiento de un modelo de izquierda fabuloso en sus propuestas, pero inútil en la consecución de las mismas. El creador de esa función fue Pedro Sánchez, sus facilitadores él mismo, el PSOE, los medios de derechas y los de la progresía con su batallón de analistas.

En España existe una izquierda incapaz de situar los intereses de las mayorías por encima del mantenimiento de estructuras y sueldos dependientes de su posición en las instituciones. Sumar ha actuado respecto de la repolitización surgida con el 15M como Brutus respecto de César. Una izquierda capaz de ofrecer la embajada en Chile, para quitarla de enmedio tras haberla vetado, a Irene Montero, la exministra de Igualdad más reconocida globalmente que haya tenido España jamás.

Si algo deberíamos saber ya es que aliarse con la indecencia solo conduce al fracaso y el desencanto. Si Pedro Sánchez hace de sus incoherencias y contradicciones un valor pragmático para mantenerse en el poder, Yolanda Díaz convierte las suyas en dinamita bajo los pies de la izquierda, justo cuando más necesitamos una izquierda legitimada por sus objetivos y sus acciones. Con la que está cayendo en el mundo, en lugar de levantar la cabeza y mirar la paronámica, como hace Podemos, hay una izquierda en España que la baja interesada solo en la loseta que pisa. Sumar va camino de IU.

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El Mar Rojo en el parlamento de España

Mientras los ricos capitalistas del mundo se coordinan en Davos para seguir enriqueciéndose con la economía del expolio, mientras los fondos buitre afinan sus relaciones con los poderes políticos de los estados occidentales para mantener su dominio sobre los recursos planetarios y los bienes de primera necesidad, mientras la Sexta Flota y la OTAN despliegan su fuerza en el mundo para controlar los flujos de materias primas y mercancías, mientras la Reserva Federal, el FMI, y el Banco Central Europeo condicionan la vida de los pueblos con la financiarización de la economía, mientras los EE.UU y la UE fomentan la guerra de Ucrania y consienten el genocidio del pueblo palestino a manos del gobierno de Israel, mientras el calentamiento global avanza hacia la irreversibilidad y el planeta se convierte en un estercolero invivible, mientras todo eso ocurre, no surge por la izquierda a nivel global un movimiento coordinado que se enfrente, si quiera ideológicamente, a los poderes referidos.

En España, lo más grave que se viene encima, con consecuencias imprevisibles, es la voluntad del gobierno de Pedro Sánchez de meter a España en el bloque militar de apoyo a Israel. Un bloque militar liderado por el gobierno estadounidense de Joe Biden, patrocinado por el gobierno británico ultraliberal de Rishi Sunak, junto al gobierno alemán del SPD y Los Verdes (Die Grunen). La “excusa” será la previsible afección económica en términos de crecimiento e inflación en Europa y, consiguientemente, la crisis económica que puede desatarse en el continente con graves derivadas sociales. Una excusa farsa cuando no se defienden y aplican políticas de izquierdas.

La falta de coordinación a nivel global de las izquierdas, es también descoordinación en el conjunto de la izquierda plurinacional que invistió a Pedro Sánchez para afrontar los debates clave con una mínima cohesión estratégica. Lo hemos visto en la ratificación o no de los reales decreto ley ómnibus, anticrisis y de protección del desempleo de la pasada semana. Una estrategia coordinada entre BNG, EH Bildu, ERC y Podemos, pactando previamente los límites y los avances para los que se van a usar los diecinueve votos del conjunto, mejoraría mucho los resultados y limitaría el campo de acción de Pedro Sánchez por el flanco derecho.

Esa estrategia coordinada es imprescindible para evitar que España se integre militarmente en la operación “Guardián de la Prosperidad” promovida por el gobierno de Joe Biden. No valen los eufemismos ni la ocultación de la verdad mediante trucos nominativos como el de enviar al Mar Rojo “oficiales de enlace”. El PSOE ya dijo “OTAN de entrada no” e introdujo a España en la estructura militar de la OTAN, a pesar de que la propia pregunta del referéndum celebrado en 1986 lo prohibía expresamente. Participar de manera activa en la guerra declarada en el estrecho de Bad-el-Manded para proteger los intereses genocidas de Israel y el tráfico de mercancías y graneles fósiles por el Mar Rojo y el Canal de Suez, es participar en el genocidio del pueblo palestino.

José María Aznar nos metió en la guerra de Irak, en contra de la opinión de más del 90% del electorado. Pedro Sánchez no puede meternos en una guerra de mayor impacto global sin la aprobación del parlamento. El bloque de izquierdas debe exigir la aplicación del artículo 4.2 de la Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional, promovida por José Luis Rodríguez Zapatero poco después de ganar sus primeras elecciones y formar gobierno tras el atentado terrorista en Madrid del 11 de marzo de 2004. Para evitarlo, al menos intentarlo, es preciso que el bloque de izquierdas con representación parlamentaria actúe coordinadamente y advierta de los límites legislativos que impondrá al gobierno de Pedro Sánchez si no lleva al parlamento la decisión sobre la participación de España en la operación “Guardián de la prosperidad”.

El asunto es muy serio, el más serio de todos los que estamos viviendo, Sánchez no puede meter a España en una guerra que se construye sobre el genocidio del pueblo palestino. El bloque de izquierdas debe dejar muy claras sus posiciones pacifistas y contra el imperialismo de los EE.UU en una acción estratégica de conjunto, llevar el Mar Rojo al lugar de la soberanía popular, sin miedos y sin admitir chantaje alguno. Forzar a Pedro Sánchez a votar en el parlamento sobre participación de España en la fuerza militar desplegada en el Mar Rojo es un determinante de legislatura del tamaño de la ley de amnistía.

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Aquí no hemos venido a rogar

Ayer de los tres reales decreto ley que el gobierno estaba obligado a llevar a la cámara baja para su aprobación o devolución, se aprobaron dos de ellos, el ómnibus de funcionamiento de la justicia, al que Junts se oponía duramente pero que in extremis, fruto de un acuerdo relevante, dejó pasar retirándose de la votación, y el decreto ley de medidas anticrisis, negociado sobre la bocina al alza con Podemos, al ceder el PSOE prohibir los desahucios hipotecarios hasta 2028 y convertirlo en proyecto de ley enmendable en el plazo de seis meses para intentar introducir mejoras como la limitación de la subida de los alquileres.

Por contra, el real decreto ley sobre los subsidios que abanderaba la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, salió derrotado con el voto en contra de Podemos, ante la incapacidad de la titular del ministerio de reconocer que contenía el recorte de las cotizaciones a la seguridad social de los parados de larga duración mayores de 52 años.

Para alguna izquierda es más importante la sacrosanta unidad que la consecución efectiva de derechos para las mayorías. El paño de la mesa camilla de la unidad se teje con el candor de la ingenuidad de muchos y el interés del braserito de pocos. Ni ingenuidad ni intereses personales sirven para defender la democracia. La sacrosanta unidad de la izquierda opera en sinergia con las posiciones reaccionarias de quienes rezan a la sacrosanta unidad de España, y se alía con el freno del motor del progreso para desgastar las zapatas y que del metal de los discos salten chispas de rabia.

La izquierda que irrumpió como partido en las europeas de 2014 no vino a rogar. Contra la tempestad de las togas y las tertulias bien pagadas, Podemos dejó cultivado un territorio fértil para seguir avanzando. Con generosidad, en la primavera de 2021, entregó los aperos, la cosecha y el predio a la voz gubernamental que creía que más podía hacer para dar continuidad y éxito a la empresa. Ese era el cometido de Yolanda Díaz. Lo incumplió. La generosidad se achicharró bajo una mesa camilla de partidos.

El gobierno aprobó en noviembre tres reales decreto ley con una baraja de medidas de afección social, económica y jurídica. Una técnica legislativa de urgencia que ha de ser ratificada en el pleno del Congreso. Lo hizo sin conversaciones previas con las fuerzas políticas que lo sustentan. Como si los últimos resultados electorales no existiesen. Como si el gobierno no necesitase energía democrática para moverse.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se equivoca, como le demostraron ayer Junts y Podemos, si cree que tras su investidura no va a precisar apoyos parlamentarios del conjunto del bloque democrático. El presidente del gobierno se equivoca si cree que la geometría variable va a ser útil con un PP trumpificado a la espera de elecciones en Galicia, Euskadi, Europa y, quién sabe, Cataluña. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se han equivocado a lo grande al llamar a las puertas del Partido Popular para suplir la necesidad de los apoyos de Junts y Podemos, no solo entregando a Feijóo y Ayuso armas para atizar al gobierno, también poniendo en riesgo los apoyos de ERC y EH Bildu que hubiesen visto sus votos alineados con la mayor porción alícuota del bloque reaccionario españolista.

Por otro lado, la beligerancia de Sumar contra las posiciones negociadoras de Podemos, ha demostrado que el PSOE usa la coalición de la vicepresidenta Díaz como avanzadilla mercenaria de las intenciones de Pedro Sánchez. Los liderazgos de Sumar, apoyados por cohortes tertulianas, han protagonizado los mayores ataques a Podemos por querer negociar su sí a los reales decretos ley, denunciando la existencia en los mismos de recortes, retrocesos y riesgos. Las tres erres que alimentan la política del desencanto

Lo que se ha demostrado en las votaciones de los reales decreto ley es que hay una izquierda que no ha venido a rogar, que Pedro Sánchez ha de tejer los pactos con sus apoyos de investidura sin soberbia y que Sumar, la gran derrotada de ayer, ha venido para acoplarse, si es preciso, al lado derecho del PSOE, queriendo o sin querer.

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El muñeco apaleado

 

El vilipendio, apaleo y destrucción del muñeco de Pedro Sánchez en la puerta de la sede del PSOE en Ferraz concuerda con la rabia de la derecha tras perder la posibilidad de formar gobierno con los resultados electorales del 23J de 2023. Los sectores franquistas y fascistas representados por Vox muestran su cólera salvaje, los sectores antidemocráticos aglutinados en el PP la muestran no condenando sin excusas la violencia de consignas y golpes contra la piñata. Repugna.

El bloque reaccionario, tolerante con la violencia política ejercida contra el independentismo, Podemos y, especialmente, Pablo Iglesias e Irene Montero, lo forman la derecha judicial, la derecha mediática, el Partido Popular, Vox y el rey Felipe VI. La estrategia de acoso que el bloque reaccionario mantiene contra el gobierno de Pedro Sánchez, expulsa del consenso del 78 al propio PSOE, a más de hacer muy difícil un entendimiento de Feijóo con las burguesías vasca y catalana representadas por PNV y Junts.

El Partido Socialista Obrero Español es el pilar de la España monárquica. Felipe VI y su bloque reaccionario no reconocen esta obviedad. Los resultados electorales del 23J y la violencia política del bloque reaccionario, sitúan al pilar del 78 en el pliegue político en el que nunca quiso estar. El PSOE desea seguir siendo un partido pactista con el PP, tanto para reducir la fuerza de la izquierda, por eso potenció Sumar e instigó la operación derribar a Irene Montero, como en asuntos de estado para fortalecer la monarquía, sostener los privilegios del Ibex 35, pertenecer a la OTAN y aliarse con las políticas restrictivas de derechos patrocinadas por el BCE.

El problema del bloque de investidura es la hegemonía cuantitativa en el mismo de un PSOE que, para no ser expulsado del territorio monárquico, busca denodadamente el retorno al bipartidismo con PNV y Junts, sin las izquierdas plurinacionales y sin Podemos. Esa fuerza hegemónica solo puede ser compensada con alianzas estratégicas transversales dentro del propio bloque democrático. Al tiempo que demandar políticas de izquierdas hay que centrar la presión sobre la democratización del estado. La tolerancia con la violencia política escenificada en el ahorcamiento y destrucción del muñeco de Pedro Sánchez significa que la derecha va a por todas.

Tras la investidura no están todos dentro como afirmó en La Vanguardia Enric Juliana, queriendo que su deseo, el deseo de la burguesía y cierta clase media catalana, sea realidad. En España se libra también el combate entre fascismo neoliberal -iliberal le llaman para simplificar- y democracia. Ese combate se dará cada vez con más crudeza porque el capitalismo occidental, en choque contra la geopolítica del dominio de los recursos y los mercados, y contra los efectos de su modelo de producción y consumo sobre las condiciones biofísicas terrestres que hacen posible la vida tal y como la conocemos, no tiene más salida que la coerción mediante el control totalitario de los estados.

Defender la democracia es la prioridad, sin democracia no hay derechos. Arrastrar a esa posición al PSOE es aprovechar, como en el judo, la fuerza que el enemigo ejerce para expulsarlo del régimen del 78, en favor de reformas que fortalezcan la calidad democrática. En lo concreto, los 19 votos que suman Podemos, BNG, EH Bildu y ERC que sirven conjuntamente para defender políticas de izquierdas, si se unen a los 12 que tienen PNV y Junts son 31. Treinta y un votos para buscar la democratización seria de RTVE, para acabar con la ley mordaza, para eliminar del código penal los artículos que limitan la libertad de expresión y, lo más relevante, para advertir al PSOE que no tendrá presupuestos si pacta con el PP en Europa la renovación del CGPJ, en vez de hacerlo dentro del bloque democrático cambiando la ley.

Conseguir que la violencia política sea inútil no pasa por usar el apaleamiento del muñeco de Pedro Sánchez para instigar un debate sobre la libertad de expresión y los delitos de odio. Por ese camino, por la regulación de los límites a los derechos democráticos, acaba siempre ganando la derecha reaccionaria. Defender la democracia es crear las condiciones para que la violencia política sea inútil. El muñeco apaleado es la democracia. Se necesitan reformas legales que construyan empalizadas en su defensa. Hay treinta y un votos en el Congreso para enviar ese mensaje a Pedro Sánchez.

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El clavo ardiendo

El discurso de Nochebuena del Rey certificó dos cosas. Es un rey que toma partido por las ultraderechas españolistas y su discurso es la continuación del que hizo el 3 de octubre de 2017 cuando legitimó el “a por ellos” contra el independentismo catalán. Felipe VI se aferra a la constitución monárquica como principal representante político de una España que solo puede existir utilizando la fuerza. La fuerza represiva, la fuerza centralista del BOE y la fuerza puñetera de la corte togada.

Felipe VI al pronunciar doce veces la palabra Constitución marcó al gobierno de Sánchez los límites de lo posible. Un rey metido a político, que no se presenta a las elecciones, que desconoce la España real situada fuera de los límites de la M30. Felipe VI hizo el discurso que le hubiesen redactado Feijóo o Abascal de ser estos presidente y vicepresidente del gobierno. Todos los medios de derechas y de ultraderecha, incluido PRISA, auténtico pilar mediático del sistema centralista del 78, han elogiado el discurso del Rey. El Partido Popular y Vox se alineaban perfectamente con las palabras reales. Dime quien te elogia y te diré quien eres.

Con retraso, porque es imposible ocultar lo evidente, el PSOE lanzó a Cristina Narbona, que hace tiempo se mueve en la tercera posición de visibilidad política, para elogiar un discurso que marcaba a las claras los límites permisibles de la acción de Pedro Sánchez. El PSOE lo sabe, al rey solo le interesa el vínculo entre la España una, la monarquía hereditaria y la bolsa del dinero de los ricos, da igual españoles que extranjeros. Narbona camufló al rey de ultraderecha diciendo que estápreocupado por las cuestiones sociales y por la igualdad de las mujeres, cuando las alusiones a la desigualdad social o de género, que preocupan a buena parte de la ciudadanía, fueron nulas o banales. Además de ignorar la crisis ecológica planetaria, el Rey silenció los temas centrales de la geopolítica que condicionan todos los gobiernos, cero empatía con el pueblo palestino y cero pacifismo en relación a la guerra de Ucrania. Un rey que toma partido no es un rey para una democracia parlamentaria. El PSOE lo sabe.

La torpeza del Rey, como la torpeza del bloque monárquico reaccionario, es limitar el campo de maniobra de Pedro Sánchez, del PSOE. Se ha visto estos días también en los ataques recibidos por la ministra más querida por Vox, Margarita Robles, desde el flanco mediático reaccionario, cuando ha defendido no participar junto con la VI flota en la operación “Guardián de la Prosperidad” en el mar Rojo, si no existe un mandato específico de la Unión Europea. El sostén político del régimen monárquico, bipartidista y centralista del 78 es el PSOE. Todo lo que ha hecho Pedro Sánchez, desde que se dispuso a recorrer España para batir en primarias a Susana Díaz, es para recuperar el bipartidismo imperfecto con PNV y Junts. Sumarse a la expulsión del PSOE del consenso de régimen del 78, como hace Felipe VI desde Zarzuela, es como participar en las manifestaciones fachas ante Ferraz, juega en su contra. La Constitución para el Rey es un clavo ardiendo.

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La izquierda que nos queda

La defensa de la democracia hoy se significa obligatoriamente en la oposición al genocidio que el estado de Israel ejerce sobre el pueblo palestino. La defensa de la democracia se significa hoy en las posiciones pacifistas que abogan por un alto el fuego en Ucrania. Defender la democracia significa estar radicalmente en contra del alineamiento de la Unión Europea con los intereses geoestratégicos del imperio belicista de los Estados Unidos de América. La dinámica de guerra conduce a la destrucción de la democracia en la UE y, consiguientemente a la destrucción de los valores éticos y políticos con los que nació y viste su imagen en el mundo.

Las consecuencias políticas de la economía de guerra son la aniquilación progresiva de los derechos humanos, los primeros los de la inmigración, como estamos viendo en Francia y en Bruselas. La economía de guerra, la extracción del poder de los estados y su concentración en la OTAN, dirigida por Jens Stoltenberg, o en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, presidido por Josep Borrell, conduce irremediablemente al avance electoral de posiciones de ultraderecha. Las próximas elecciones europeas pueden debilitar enormemente al grupo que concentra los partidos socialdemócratas y al de Los Verdes/ALV, al tiempo que desplazar hacia la extrema derecha todo el arco parlamentario.

Las consecuencias del desplazamiento al negro en todos los niveles institucionales no se harán esperar. Serán las mismas que afectan en España a ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en solitario o acompañado de Vox. La destrucción y retroceso de la políticas de igualdad de género, cuidados y derechos LGTBI, la aniquilación sistemática de las políticas de protección ambiental, que no son otras que las que protegen las condiciones biofísicas de posibilidad de la vida digna sobre la tierra, el desprecio de las políticas sociales y de los servicios públicos, educación, salud y cuidados, y la consolidación de desigualdades territoriales estructurales, serán líneas directivas de una UE desplazada al negro.

En este contexto de “régimen de guerra”, como lo llama Raúl Sánchez Cedillo, es imposible la rehabilitación de la social democracia como principal sostén de la UE democrática. El enfrentamiento en el parlamento europeo de Estrasburgo entre Pedro Sánchez, presidente actual de la UE, y Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, es señal de las preferencias de las derechas europeas por una alianza con la extrema derecha. El desplazamiento al negro fascista es evidente.

Del mismo modo, el papel democrático e impulsor de políticas duras contra los efectos del cambio climático y contra los efectos destructivos del capitalismo, que habría de haber jugado el grupo europeo de Los Verdes/ALE, liderado por los alemanes Die Grunen, se ha revelado imposible, toda vez que están alineados con la OTAN y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Para Los Verdes es antes el jardín europeo de ultraderecha, que la madre tierra.

Visto lo anterior, solo las posiciones de izquierdas no condescendientes con el “régimen de guerra”, pueden erigirse en defensoras de la democracia en la Unión Europea. En España, esas posiciones las mantienen las izquierdas soberanistas y la izquierda plurinacional, BNG, EH Bildu, ERC y Podemos. Sí, como busca el PP, ha de votarse en el congreso la participación de España en la flota promovida por EEUU e Israel, para proteger el tráfico de mercancías en el mar Rojo y el estrecho de Bab-el-Mandeb, las contradicciones de Sumar se verán amplificadas y el PSOE se fotografiará con el PP, como lo hizo para cargarse el consentimiento de la ley del Solo sí es sí de Irene Montero.

Si eso ocurre, y pude ocurrir porque la OTAN o la UE no puedan asumir la operación “Guardián de la Prosperidad” como suya, por no tener unanimidad para apoyarla, será aún más evidente que, de cara a las próximas elecciones europeas, la candidatura de Irene Montero será, junto con las candidaturas de BNG, EH Bildu y ERC las que se muestren como defensoras de la democracia. Es la izquierda que nos queda.

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La unidad como cárcel

Podemos pasa página. El debate de la unidad es una trampa. La España democrática, si es, es diversa y plurinacional, lo demás es un constructo centralista para dibujar en el BOE las conducciones de extracción de capital y las turbinas de bombeo al IBEX 35. El constructo en ocasiones tiene que negociar con los agentes de las burguesías vasca y catalana para derramar gotas de BOE sobre Euskadi y Cataluña. Lo hizo Aznar en el Majestic y lo hace Sánchez ahora. Pasta el primero y amnistía el segundo. Se intensificará el debate de la pasta. Por ahí quieren ir PSOE y la alianza manifiesta entre PNV y Junts. La demanda financiera soberanista chocará con la desigualdad estructural entre territorios. Reconocer esa desigualdad estructural y trabajar para erradicarla es básico para evitar que el choque construya un nuevo “a por ellos”.

La trampa de la unidad es una trampa de agón. Un juego de agón es a muerte. La izquierda española con raíz en el PCE es experta en el juego agónico de la unidad. La unidad es una palabra bonita. Quien rompe paga. Solo la justifica la ley D´Hont. Toda visión estratégica que se aleje del conformismo con el régimen del 78, es anulada mediante el juego agónico de la unidad. Te metes en la negociación con el anhelo de una unidad justa y democrática y acabas, como en Andalucía y después para las generales del 23J, al borde del precipicio. En ese instante la elección es el suicidio o las condiciones impuestas.

Podemos tenía muy difícil zafarse del debate sobre la obligada unidad de la izquierda. La torpeza táctica del grupo dirigente de Sumar, actuando como carcelero, ha facilitado la fuga temprana al grupo mixto. Explicar al electorado, con costumbre de voto útil, que la unidad no es un fin en sí mismo, que el para qué y el cómo son determinantes, era un harakiri. Cargar con la culpa de no contribuir con la unidad a parar a la ultraderecha era plomo en las alas. Además, asumir, antes del 23J, un rosario de deserciones epistolares a la búsqueda de apartamento en la calle Sumar.

Tras la liberación de Podemos, es imprescindible desconectarse del debate de la unidad para pasar al de una alianza estratégica que de continuidad al bloque plurinacional de dirección de estado; el que en la pasada legislatura forzó a Pedro Sánchez a ser un poco de izquierdas. Esa alianza plurinacional puede coordinarse, como lo hacen del lado de la derecha PNV y Junts, para hacer valer la fuerza de sus diecinueve votos en el congreso, los que suman BNG, Podemos, EH Bildu y ERC.

Además, en determinados temas relacionados con la profundización democrática, el bloque plurinacional podría añadir al PNV y Junts hasta alcanzar los treinta y uno. La legislatura se adentra en la amnistía y debates territoriales que encontrarán la oposición más feroz en la judicatura y los medios de comunicación. No debería ser extraño pedir a PNV y Junts que cooperen con el bloque plurinacional de izquierdas, para forzar al PSOE a lo que no quiere hacer para mantener la substancia del bipartidismo del 78. Renovar el CGPJ sin necesidad de entregarse al PP, democratizar RTVE para que sus enfoques y contenidos salgan de la carcundia españolista, liquidar la ley mordaza, abrir el melón de la de secretos oficiales o afrontar la democratización de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Por ejemplo.

La unidad es una cárcel. La alianza estratégica plurinacional con horizonte republicano confederal, un camino de liberación que se hace al andar. Antes de las elecciones europeas, vendrán las gallegas y las vascas. Tal vez pueda explorarse, en beneficio del común, algún tipo de relación sinérgica entre la izquierda de estado plurinacional no subalterna del PSOE y las izquierdas soberanistas. Sería un paso en el camino.

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CaixaBank en Andalucía

Imagina que vives en Santander, Bilbao, Barcelona o Madrid. Sales a la calle, vas al supermercado, pasas al lado de una oficina bancaria, miras, y es el Banco de Andalucía. Imposible, ¿verdad? Pues eso pero al revés es lo que pasa en Andalucía, miras, ves y es CaixaBank. El tejido financiero propio y las cajas de ahorro, salvo Unicaja y las rurales, se ha desmantelado en un proceso de fusión y concentración bancaria que ha llevado el capital de origen andaluz a ser manejado por poderes externos. Es solo un ejemplo de la función de Andalucía como colonia interior. La comunidad que por población y territorio podría ser el país dieciséis de la UE, es un territorio sometido a expolio, de capital humano, ambiental y financiero.

Mientras un porcentaje alto de la clase trabajadora, la clase acomodada, la clase empresarial y agraria, y la clase alta enarbola en Andalucía la bandera rojigualda, adiestrada por el “a por ellos” monárquico, judicial y mediático, su cuenta bancaria está en CaixaBank, Banco Santander, BBVA o Sabadell. Da risa. Bancos con domicilio social fuera de Andalucía. Esto es solo un ejemplo paradigmático de para qué quieren Andalucía los dos partidos de régimen, PSOE y PP, en alianzas ocasionales con PNV o el mundo convergente catalán. Pasa con todas las grandes empresas constructoras, de seguros, de telefonía, de alimentación, hoteleras, turísticas, energéticas o grandes superficies comerciales. En un ranking de las diez primeras por volumen de negocio, solo Unicaja tiene sede social en Andalucía.

Es la razón económica de la desigualdad estructural que sufre Andalucía respecto de otros territorios del estado, principalmente de Madrid, Cataluña y Euskadi. Todos los indicadores sociales muestran a Andalucía en último o penúltimo lugar. Paro, tasa AROPE de pobreza, pobreza infantil, paro juvenil, desigualdad económica, barrios pobres o PIB per cápita arrojan una escala desoladora. Por eso es completamente aberrante que en el parlamento catalán los partidos soberanistas aprueben una demanda de deuda histórica del estado con Cataluña cuantificada en más de 450.000 millones de euros desde los años ochenta. ¿Cuánto se le debe a Andalucía desde que el franquismo decidió poner la SEAT en Martorell? La izquierda plurinacional y soberanista debe salir de ese debate. El internacionalismo no es la ignorancia de la existencia de pueblos políticos, es una llamada a la solidaridad y al pacto entre ellos para evitar que unos sean explotados por otros.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla del Partido Popular, en lugar de trabajar para ganar soberanía financiera, soberanía industrial, soberanía energética y alimentaria, soberanía política sobre un territorio enorme incomunicado por ferrocarril, se dedica a utilizar la verdiblanca contra otros pueblos de España. Al tiempo reclama igualdad entre “todos los españoles”, la consiente y la potencia en Andalucía.

Moreno Bonilla con traje de niño güeno tiene abandonada la enseñanza pública y la universidad, traspasando unidades a la concertada y creando universidades privadas en manos de intolerancia religiosa o de capital neoliberal. Tiene en estado de absoluta precariedad al Personal Técnico de Integración Social en los centros educativos, destruye y externaliza el sistema sanitario, las listas de espera son de muerte. Engorda de personal partidista todas las instituciones que ha ganado democráticamente. Concentra el poder de decisión en la capital para canalizar el flujo de recursos extraídos de toda Andalucía hacia empresas radicadas fuera de Andalucía. Esto es lo que da pie a que desde otras comunidades autónomas digan que son las que más trabajan y las que más contribuyen al estado. Falso, el negocio extractivo realizado en Andalucía se imputa en forma de PIB, de IAE o de IVA en otros territorios.

El presidente andaluz enarbola la verdiblanca para darle contenido bélico contra las demandas soberanistas de otros pueblos. Instiga contra la ley de amnistía mientras su consejo de gobierno es incapaz de abordar la industrialización de Andalucía, el desarrollo de la agroecología, la investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables, la industria sanitaria, la industria cultural, la articulación del territorio por ferrocarril, la federalización política del poder institucional o la creación de una banca andaluza capaz de inundar otros territorios, como hace CaixaBank.

Este próximo 4 de diciembre, conmemoramos el cuarenta y seis aniversario del 4D de 1977. El día en que el pueblo cultural andaluz se constituye en la calle como pueblo político. Ese es el mayor legado de la generación de la transición. Hagamos memoria y utilicémosla para defender siempre los intereses de Andalucía.

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Superglú plurinacional

Hoy se inviste Pedro Sánchez Castejón con el apoyo de ocho fuerzas con representación en el congreso. Los votos del electorado del propio PSOE más, por orden cuantitativo, los de Sumar con Podemos, ERC, JxCat, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria suponen doce millones quinientos seis mil seiscientos ochenta y dos (12.506.682). El Partido Popular y Vox votarán en contra, los votos de su electorado suponen once millones ciento veinticinco mil quinientos ochenta y cuatro (11.125.584). El bloque democrático obtuvo el pasado 23 de julio un millón trescientos ochenta y un mil noventa y ocho (1.381.098) votos más que el bloque reaccionario. Estos son los números.

Alberto Núñez Feijóo no fue investido en la farsa de sesión de investidura del 26 de septiembre pasado auspiciada por Felipe VI, clave de bóveda del bloque reaccionario, porque aún siendo primero en votos, trecientos cincuenta mil seiscientos ocho (350.608) más que el PSOE, no dispone de mayoría parlamentaria. Y no podrá disponer mientras Vox y el trumpismo ayusista de su propio partido le marque el paso y sea imprescindible para conformarla. Estos son los números.

El referéndum, consulta sin consecuencia jurídica alguna, del uno de octubre de 2017, se promovió tras las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015. Elecciones planteadas como plesbicitarias por la coalición formada por ERC y la antigua Convergencia pujolista, Junts per Sí, con la propuesta de celebración de un referéndum unilateral. Los ecos del 15M de 2011 empujaban el crecimiento de Podemos, la mayoría absolutísima de M. Rajoy gobernaba sin escrúpulos entregando miles de millones a la banca. Las elecciones plesbicitarias las perdió el bloque de la unilateralidad por catorce mil setecientos nueve votos (14.709), formado por JxSí y CUP, frente al bloque que sumaba el apoyo a un referéndum pactado, Cataluña sí que es Pot (actual En Cumú Podem), con la oposición frontal al mismo, Ciutadans, PSC y PP. La mayoría parlamentaria que pudo formar gobierno y avanzar (JxSí más CUP) no fue mayoría electoral. Esos también son números.

Las reglas del juego y los números son constituyentes de la democracia parlamentaria. La soberanía popular descansa en el congreso, ni en el rey ni en los jueces. Estos días los líderes del bloque reaccionario, con sus jarrones chinos, su judicatura, sus medios de comunicación, sus presidencias de comunidades autónomas, sus juciles y sus jusapoles, participan de un proceso insurgente. La barbarie fascista que se concentra a diario delante de Ferraz.

Las consecuencias políticas de señalar al futuro gobierno de Pedro Sánchez y sus apoyos parlamentarios como golpistas, a pesar de los números, serán duraderas. Como duraderas son las consecuencias para la monarquía del discurso de Felipe VI del tres de octubre de 2017 en el que legitimó el “a por ellos” legitimando a Vox y al ayusismo como dirección ideológica del bloque reaccionario.

La investidura de Sánchez está ensamblada con superglú plurinacional. El PSOE no ha querido nunca depender de la plurinacionalidad de España, pero para gobernar ya no tiene más remedio, son los números. Además está siendo arrojado fuera del consenso del 78 por las ultra derechas judicial, mediática y política. El bloque democrático entra con el PSOE en un punto de no retorno. O avanza en la profundización democrática o entrega España al fascio.

La primera tarea debería ser convertir RTVE en un verdadero medio de información público democrático, la segunda renovar el Consejo General del Poder Judicial cambiando la ley con el apoyo del bloque plurinacional, la tercera liquidar la ley mordaza, la cuarta abrir un debate sobre financiación de las comunidades autónomas que compense las intenciones del pacto bilateral entre elites de las burguesías vasca y catalana para evitar que renazca un nuevo “a por ellos” con más fuerza, basado en la demanda de igualdad de quienes siempre votan y actúan contra la igualdad.

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El que pueda hacer que haga

El bloque reaccionario conforma estos días de noviembre, previos a la investidura de Pedro Sánchez, el modo en que va a practicar la oposición al gobierno y al bloque democrático en la próxima legislatura. Si la pasada el PP y Vox construyeron su discurso sobre la premisa de que el gobierno de coalición era un okupa ilegítimo, en ésta darán una vuelta de tuerca, lo están dando, para acusar al gobierno de ilegal por anticonstitucional. El “a por ellos” que iluminó Felipe VI el 3 de octubre de 2017, al que se apuntó el PSOE, ha devenido en "el que pueda hacer, que haga" instigado por José María Aznar.

Si la premisa para el acuerdo entre el PSOE y el independentismo, la ley de amnistía, es, como acusan desde el bloque reaccionario, ilegal, entonces Sánchez sería un presidente impostor y su gobierno fruto de un golpe de estado. La algarada callejera con violencia verbal y física, frente a las sedes del PSOE y las subdelegaciones del gobierno, con amenaza de tomar el Congreso, retransmitida en directo en la red X, es el plasma ideológico en el que Vox y el ayusismo tienen confinado al Feijóo. La central nuclear en la que está el reactor ultra derechista se llama monarquía. ¿Hay derecha de estado democrática? Pinta que no.

Con todo, la ultra derecha volcada en la revuelta callejera y en las manifestaciones convocadas por el partido popular, crea las condiciones para llevar al PSOE con apoyo de su militancia a un punto de no retorno respecto del régimen del 78, al tiempo que refuerza el voto favorable a la investidura de las fuerzas de izquierdas y soberanistas del bloque democrático. Queriendo o sin querer la derecha involucionista arroja al PSOE fuera del consenso monárquico del 78.

Habrá investidura, si no hay males mayores como un golpe de estado. Nos adentraremos en una legislatura sin mayoría parlamentaria para sacar adelante propuestas sociales y de equidad económica y fiscal. Dos serán las claves políticas de la legislatura. La primera, la necesidad del bloque democrático de avanzar en la profundización democrática.

Democratizar RTVE, renovar el CGPJ, cambiando la ley, derogar la ley mordaza, reducir plazos en la ley de secretos oficiales, prohibir el espionaje político del CNI, legislar para que el acceso a la judicatura no sea endogámico de clase, democratizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, avanzar en derechos feministas, abordar la transición ecológica, son campos de acción política viables.

La segunda, la cuestión territorial en la que las izquierdas plurinacionales y soberanistas habrán de trabajar una alianza republicana entre pueblos, frente al pacto entre elites en el que todas las derechas y el capital se mueven como pez en el agua. En España, además de desigualdad de clase y de género, hay desigualdad territorial. La lucha contra esta última impedirá que sea aprovechada por la derecha con sus falsarias consignas de igualdad entre territorios. Así que, el que pueda hacer, que haga.

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Alien y la república plurinacional

La monarquía es el Alien de la democracia española. El octavo pasajero viaja en la nave cobrando diversas formas, haciéndose visible y reproduciéndose según los momentos de oportunidad. Un Alien metamórfico que un día se muestra como la princesa de un cuento y otro como el ángel exterminador del “a por ellos”.

Desde que el dictador, Francisco Franco lo revitalizó para incrustarlo en el futuro de España con “lo dejo todo atado y bien atado”, Alien tuvo forma real campechana, fue presidente socialista con “OTAN de entrada no”, habló Catalán en la intimidad, frecuentó amoríos diversos, cazó elefantes sin remordimiento, ganó amistad y dinero con monarquías petroleras, mantuvo cuentas en el extranjero igual que alienígenas territoriales que amenazaron con quebrar las ramas del árbol suizo que compartían.

Alien tiene una capacidad inmensa de apoderarse de otros cuerpos para sus deseos de abundancia, reproducción y permanencia. Unas veces luce toga y otras traje de ministro, lo mismo tiene apariencia de periodista que urde como alto mando policial residente en las cloacas tramas antidemocráticas. Alien siempre coopera con Alien.

Alien viaja en la nave democrática para mantenerla a raya. Se trata de que la banca siempre gane y el pueblo siempre pierda. De que los derechos que la Constitución Española define sean productos de mercado para quien pueda costearlos. Alien se apellida Abascal o Ayuso, Bonilla o Feijóo, incluso Sánchez o Díaz. Las burguesías sin raíz madrileña, la catalana y la vasca, necesitan que PNV y Junts, sus referentes, les permitan convivir con Alien. Necesitan volver a llevarse bien con Alien.

Hay que leer a los mejores visionarios de la derecha patria, José Antonio Zarzalejos es uno de ellos, para comprobar que Alien no las tiene todas consigo. En su artículo Las 1.428 palabras de Armengol que no pasarán (o sí) a la historia, rezuma melancolía. Los discursos de las autoridades no son como los de antes, el PSOE no es lo que era, no cree de verdad en la corona, dice él. Pero no es eso. El PSOE ya no puede gobernar imponiendo su visión alienígena monárquica, ni la derecha recuperar el poder mientras Vox le marque los pasos. A lo que contribuye el movimiento más activamente republicano de la época, el feminismo.

En 1986 en la jura de la CE del actual rey, entonces príncipe Felipe, con motivo de su dieciocho cumpleaños, cuenta Josep M. Calvet en La Vanguardia, faltaron Nicolas Redondo, dos diputados de HB que habían renunciado a jurar la CE y uno de ERC, estuvieron todos los demás. Hasta los presidentes de Euskadi, José Antonio Ardanza, y Cataluña, Jordi Pujol, cual alienes rindieron pleitesía a Alien.

En esta jura de la princesa Leonor han faltado la mayoría de los diputados de la coalición Sumar, con la excepción de Yolanda Díaz y Marta Lois, forzados por el tirón de vanguardia de Podemos y sus ministras, Ione Belarra e Irene Montero, los de todas las izquierdas soberanistas, BNG, EH Bildu y ERC, y los de Junts y PNV, total cincuenta y cuatro ausencias. Sin esos cincuenta y cuatro no puede ser investido Pedro Sánchez, aún siendo el PSOE el que mantiene esta farsa antidemocrática.

Lo que a Zarzalejos preocupa, y conduce a la añoranza, es lo que debería impulsar a las izquierdas federales y las izquierdas soberanistas a construir un ecosistema de relaciones propio, para avanzar con el horizonte de una república plurinacional que sostenga un pacto entre pueblos y no un pacto entre elites.

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España avanza

Las formas son el fondo. España avanza fue uno de los lemas que el PSOE usó en la campaña electoral del 23 de julio. España avanza recuerda el España va bien de José María Aznar. España avanza figuraba en grande en el retablo del museo Reina Sofía delante del cual se ofició el martes la boda entre “querido Pedro” y “la vice”. No hubo preguntas de periodistas, se tachó del guion “quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre.”

Sigamos con las formas. En la portada del documento de acuerdo “España avanza” en grande, seguido de “Una nueva coalición de gobierno” en pequeñito. Las siglas PSOE en rojo y el nombre Sumar en rojo degradé, rosa. La unidad de la izquierda en comunión con el PSOE. Si las formas son el fondo, en la nueva coalición de gobierno no se intuye voluntad alguna de transformación. El ruido ha transmutado en la solemne marcha nupcial de España avanza.

España avanza es como un guiso sin aliños, lleno de ausencias y futuribles. Un acuerdo de izquierdas sin feminismo popular, con ecologismo greenwashing y plurinacionalidad ignorada. Hay antecedentes. Izquierda Unida firmó un acuerdo de gobierno con el PSOE de Susana Díaz tras las elecciones andaluzas de 2012. En el aparecían hasta la banca pública o el banco de tierras. Fue el gobierno andaluz de la obediencia debida a los recortes de Mariano Rajoy y del ministro Cristóbal Montoro bajo el designio de la “lealtad institucional”. En marzo de 2015, Díaz arrojó a una IU suplicante por la borda y convocó elecciones anticipadas.

Sumar se ha casado con el PSOE. La fiesta espera la investidura. Las burguesías catalana y vasca no quieren repetición electoral. La amnistía está a falta de afinar la letra de los pagarés. PNV y Junts buscan un pacto entre elites territoriales con el poder económico central. España avanza sin plurinacionalidad ni diversidad territorial. Salvo la mención a la financiación de la Comunitat Valenciana, para satisfacer a Compromís, el acuerdo no expresa intención alguna de reducir las desigualdades estructurales que afectan a comunidades como la Andaluza que podría ser por población el miembro dieciséis de la UE.

 España avanza pero no sabemos cuánto ni hacia dónde. CC.OO y UGT le han dado los parabienes, CEOE y PNV los paramales. Yolanda Díaz ha negociado con Sánchez sin previo acuerdo interno en su coalición, al menos Podemos ha sido ignorado. Pero sus cinco votos cuentan. Si hay investidura, la legislatura estará marcada por la cuestión territorial y la virulencia del bloque reaccionario.

 Una vez que se cierre el acuerdo de investidura con las fuerzas nacionalistas e independentistas, la decisión de Podemos será muy difícil. Sus activos más importantes, Irene Montero y Ione Belarra, están vetados por Sánchez y Díaz. Pretenden acorralar a Podemos bajo la amenaza de culpa de una repetición electoral en la que el bloque reaccionario puede ganar posiciones. Ante esa amenaza la de Ada Colau es calderilla.

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La capital del flamenco está en Gaza

 

La sangre del pueblo palestino riega el jardín europeo. Nada oculta la infamia genocida del sionismo israelí apoyado por el gobierno de los EE.UU, nada oculta la complicidad de la UE. No hay poder ni prensa mercenaria que blanquee el genocidio. Los gobiernos europeos que lo toleran bajo el epígrafe “Israel tiene derecho a defenderse”, son partícipes. Decir esto no es estar a favor del terror, es estar a favor de la paz, en contra de la guerra. A favor del derecho del pueblo palestino a existir en condiciones dignas, a tener su propio estado. Es tener humanidad, como el flamenco.

Antes de matar hay que anular todo rastro de empatía entre asesino y víctima. Así, y controlando toda la comunicación, es como el gobierno sionista israelí alimenta el plan de exterminio de todo un pueblo al que califica de animal. La hipocresía del gobierno de los EE.UU y de los gobiernos de la UE es abisal. La UE arriesga el bienestar de sus pueblos en su alineamiento con los intereses del complejo militar industrial petrolero de los EE.UU. Israel es su gendarme en Oriente Medio.

La valentía de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno de España es histórica. Ione Belarra es la única miembro de un gobierno europeo que habla sin medias tintas del genocidio que perpetra el estado de Israel contra un pueblo indefenso. Cuando escribo esto hace unas horas que Israel ha bombardeado el hospital Al Ahli en la franja de Gaza, las imágenes son elocuentes. Cientos de cadáveres de población civil, cientos de cuerpos inermes de niños y niñas palestinas.

El alineamiento prosionista de Los Verdes alemanes, Die Grunen, es también histórico. Su ministra de exteriores en el gobierno, Annalena Baerbock, certifica con sus palabras y hechos el giro a la derecha del partido que un día fue referente europeo de una nueva izquierda verde. Un giro anunciado en sus posiciones antipacifistas respecto de la guerra en Ucrania y sus posiciones pro nucleares y pro combustibles fósiles con la vuelta al carbón de la sulfúrica lluvia ácida.

 En un contexto así, anunciando la entrega al PSOE sanchista, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de España, deja de ir a las manifestaciones contra el genocidio palestino mientras se besa, envuelta en flashes, con la ganadora de un Planeta que no es el de la humanidad sino del lobby mediático que oculta la verdad y ataca cualquier intención democrática.

Entre tanto la presidenta de la comunidad de Madrid, después de apoyar incondicionalmente y en exclusiva a Israel, se va a Nueva York para declarar que Madrid, además de ser la capital del bocatas de calamares y las cañas, es la capital mundial de flamenco. Sabemos que el gran trabuco de Madrid es el BOE que crea a su alrededor una casta de vividores sin patria ni matria, capaces de robar el aire que respiran tanto a las y los madrileños como el resto de la España plurinacional.

El pueblo andaluz tiene dos idiomas, sus acentos, que emparentancon América Latina, y el flamenco, que emparenta con lo universal. Como dijo Manolo Sanlúcar cuando la UNESCO declaró el flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es al contrario, “la humanidad es patrimonio del flamenco". El flamenco no tiene dueño, ni capital, es el idioma que Andalucía regala a la humanidad. Ayuso, como escribió Machado “desprecia cuanto ignora”. La palabra flamenco proviene de los vocablos árabes felah y mencub. El primero, felah, significa campesino, el segundo, mencub, marginal, desposeído de su tierra. Es el cante de los desposeídos. Estos días la capital del flamenco está en Gaza.

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Sin ti no soy nada

Están negociando Yolanda Díaz y Pedro Sánchez de verdad, o la primera está esperando que Sánchez llegue a un acuerdo con Puigemont, para comprobar después el plato de lentejas que le ofreceran bajo la consigna de o las tomas o repetición electoral? ¿Yolanda Díaz ha pactado previamente las propuestas y la forma de abordar la negociación con el PSOE, para decidir el voto en la investidura, con las fuerzas políticas que conforman la coalición Sumar? Los hechos y declaraciones públicas, tanto de la vicepresidenta segunda como de sus portavoces apuntan que no o, en el mejor de los casos, que se está produciendo una negociación light.

La vicepresidenta podría tener que trasladar porciones de lentejas a las fuerzas políticas que la apoyaron en las elecciones. El epígrafe en el economato de Sumar sería: lentejas o culpable de repetición electoral. En toda negociación debe existir una porción importante de discreción, pero la discreción no está reñida con la coordinación o la transparencia. Los hechos en Sumar indican ausencia de coordinación y falta de transparencia. Tal es así que de una manera directa, Podemos, y por efecto arrastre, IU, han marcado posiciones diferenciadas de la líder del proyecto de unidad con el que concurrieron a las elecciones.

Con la experiencia de los vetos, sumada a la ausencia de coordinación y transparencia, Podemos ha tenido que marcar posición propia para la negociación de la investidura. Sus cinco votos valen tanto como los del PNV, Bildu, ERC o Junts. Su electorado, que admitió el papel subalterno en las candidaturas sin primarias, tiene derecho a sentirse partícipe de un acuerdo justo y digno. IU, está en alerta. Su coordinador, Alberto Garzón, lanzó hace unos días la idea de organizar un frente amplio que se parece mucho al modelo existente de IU.

Yolanda Díaz, agotada en la consigna de no hacer ruido, ha sembrado el campo para que todo el apoyo mediático que la aupó, se vuelva contra ella. Así lo contaba ayer la editorial de Diario Red titulada La progresía mediática no paga traidores. Díaz pone en juego toda su credibilidad en la investidura de Pedro Sánchez. Arriesga el potencial de futuro que la actual correlación de debilidades otorga a las fuerzas de izquierdas, progresistas y democráticas con representación en el Congreso. La reunión de ayer entre Sánchez, Díaz y sus equipos, oídas las declaraciones de Nacho Álvarez, no parece que tenga soporte interno en Sumar ni con Podemos, de ser así, debíamos de conocerlo con carácter previo.

A la líder de Sumar le convendría cantar a Podemos el tema de Amaral, Sin ti no soy nada. Defender la continuidad en el ministerio de Igualdad de Irene Montero y activar una estrategia de acercamiento al bloque plurinacional condicionando la investidura con propuestas de profundización democrática: derogación de la ley mordaza, nueva mayoría para renovar el CGPJ y abordaje, tras la amnistía, de un proceso plurilateral que cree las condiciones para avanzar hacia un modelo republicano federal o confederal. De lo contrario tendrá que escuchar al PSOE cantarle las Bulerías del desenamoro: Oye tú como te digo, que no estás en mis pensares, que no quiero tus suspiros, que no me baño en tus mares, orviame, y orviame y orvía.

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Cinco votitos tiene la loba

La investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, amparada por Felipe VI, define un bloque reaccionario formado por el rey, VOX y el Partido Popular. Un bloque controlado y alimentado por las derechas mediáticas, las altas esferas de la Judicatura y los elementos familiares franquistas incrustados en el Estado profundo. PSOE y Sumar han legitimado la propuesta de investidura del candidato del PP sin chistar.

El presidente del Partido Popular gana tiempo para su consolidación como líder de la oposición, corrige su gran error de campaña (no ir al debate entre candidatos) y prepara la estrategia de la tensión permanente para la legislatura que se abre, con la implacable perspectiva de que el independentismo catalán consiga una amnistía que corrija los desmanes políticos y judiciales que llevaron al exilio y a la cárcel a personas que solo ejercían derechos democráticos.

Por su parte, Pedro Sánchez aprovecha la investidura fallida para pasar por la izquierda a Sumar. Óscar Puente ha suplido el “ruido” que Podemos hacía en los debates parlamentarios y en sus intervenciones públicas. Sánchez, que tiene calado a Sumar, necesita un ruido que exija pocas nueces. Sin el empuje de Podemos, el presidente en funciones del Gobierno prepara una legislatura fake en derechos sociales, feministas y ecológicos. Ruido contra el bloque reaccionario, pero no nueces para las clases populares, las mujeres o el medio ambiente.

El gran ausente de la investidura fallida ha sido Podemos, el partido de Estado que defendió siempre la plurinacionalidad, cuyo liderazgo habló con Puigdemont en el exilio y se reunió con los presos de ERC en la cárcel, dando carta de naturaleza política —como por obligación hace ahora el PSOE— a la cuestión independentista catalana. El partido que impugnó el bipartidismo, que logró los mayores avances democráticos desde la Transición, que naturalizó el Gobierno de coalición sufre, desde la foto de Valencia (de noviembre de 2021), codazos para sacarlo del escenario.

El enésimo veto de Yolanda Díaz a Podemos anuncia su exclusión del Gobierno de coalición. La bondad tiene límites; están en juego avances democráticos y derechos para las mayorías. No bastará la amnistía, es preciso un compromiso multilateral, como ha dicho Gabriel Rufián, o plurilateral en un país plurinacional, como diría yo, que busque una solución estable a la cuestión territorial. La extracción de concentración de poder centralista en Madrid para repartirlo en todas las escalas y, por supuesto, en la escala de las naciones políticas que integran el Estado (Galicia, Euskadi, Cataluña y Andalucía) debe ser un objetivo compartido.

Podemos tiene cinco votos, cinco votitos tiene la loba. Sumados a los del BNG (uno), Bildu (seis) y ERC (siete) son diecinueve. Una suma que, con Irene Montero en el Ministerio de Igualdad para consolidar derechos feministas y LGTBI y avanzar en ellos, tendría garantizada la representación gubernamental de la izquierda plurinacional y soberanista que defiende el avance en derechos sociales, territoriales y ecologistas.

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Puigdemont, Urkullu y los pactos de la Moncloa

Tanto la propuesta de acuerdo histórico de Carles Puigdemont para negociar la investidura de Pedro Sánchez, como la propuesta del Lehendakari Íñigo Urkullu de una convención constitucional para reinterpretar la CE del 78 en términos plurinacionales, con bilateralidad entre Euskadi, Galicia y Cataluña, tienen relación con los Pactos de la Moncloa que, tras la muerte del dictador, prepararon la transición hacia un sistema democrático homologable en la Unión Europea de la época. Hay un hilo histórico que conecta las propuestas de las derechas vasca y catalana actuales con los pactos de la Moncloa.

Quieren llegar a un acuerdo de reparto de soberanías con el estado que permita a las elites burguesas de esos territorios manejar parte de las plusvalías del trabajo, ambientales y de la explotación de la función de reproducción social de las mujeres. Esas plusvalías de reparto las extrae el poder radicado en Madrid de la España vaciada, de sus propias clases trabajadoras y subalternas y de territorios que funcionan como colonias interiores, como es claramente el andaluz. Pedro Sánchez busca ese acuerdo con PNV y Junts, al que pretende arrastrar sin condiciones a las fuerzas de izquierdas, independentistas, soberanistas, plurinacionales o, sencillamente, sociales.

En la transición las elites vasca y catalana, junto con el postfranquismo, representado por UCD, la monarquía y el empuje social de PSOE, PCE, UGT y, sobre todo, CC.OO, alcanzaron un acuerdo histórico al que llamaron Pactos de la Moncloa. Se trataba de superar la crisis económica interna y preparar las bases constitucionales del régimen del 78. Los pactos de la Moncloa incrustaron el franquismo en la democracia, cargaron sobre la clase trabajadora el peso de la crisis y pretendieron excluir de soberanía propia al resto de territorios que no fuesen Euskadi, Cataluña y Galicia. Las dos primeras intenciones salieron según lo previsto.

La tercera no, Andalucía se cruzó en el camino por la irrupción poderosa del andalucismo político que reclamó “poder andaluz”. Eso forzó a los padres de la CE a incluir el leonino artículo 151 de la CE y, posteriormente, en 1983, a llegar a una acuerdo bipardista para redactar la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico para desdibujar la plurinacionalidad de Cataluña y Galicia (Euskadi tenía reconocimiento foral constitucional), a la vista de que Andalucía consiguió su estatuto de nacionalidad histórica en 1980, vía ejercicio del derecho a decidir, rompiendo todos los planes asimétricos.

Estos días Pedro Sánchez busca un pacto de investidura que le entregue soberanía fiscal y económica a las elites vasca y catalana, e ignore la necesidad de avances democráticos feministas, ecologistas y sociales. Una especie de nuevos pactos de la Moncloa pero sin la derecha española devenida ultraderecha. Como avanzadilla, Sumar (sin Podemos) se entrega a sondear y confrontar los límites de ese acuerdo de derechas en perfecta sintonía con el sanchismo. El PSOE le prepara a Yolanda Díaz lentejas, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ajusta la billetera.

Las izquierdas soberanistas y plurinacionales, Podemos, Bildu, BNG y ERC, saben que existe explotación de clase, ambiental y sobre las mujeres, pero también de unos pueblos sobre otros vía pactos entre sus elites económicas. Consiguientemente, al igual que los poderes de derechas vasco y catalán preparan su alianza de recuperación del bipartidismo, convendría pensar una alianza por la izquierda dirigida a la superación de lo que trajeron aquellos pactos de la Moncloa. El riego de no avanzar por ahí, a más de acrecentar las desigualdades ínter y extra territoriales, es que el bloque de ultraderecha que conforman PP, Vox y Felipe VI, utilice la desigualdad real entre pueblos para articular un nuevo “a por ellos” que impida el avance plurinacional republicano y las legítimas demandas de soberanía.

El acuerdo histórico de Puigdemont y Andalucía

 

Ni unilateralidad, imposible en una Unión Europea a la que le cuesta aceptar lenguas de naciones sin estado, ni bilateralidad en un estado plurinacional. La investidura no debe ser solo una acuerdo entre representantes de elites de derechas nacionalistas con el PSOE sanchista. Con lentejas para el resto. Para que un acuerdo sea estable, requiere incluir la desigualdad entre territorios, pienso en Andalucía, la desigualdad de clase y las cuestiones feminista y ecologista.

Cualquier acuerdo territorial que resista el tiempo ha de ser plurilateral. Andalucía es una nación cultural y política cuya lengua son sus acentos. Si no está en el acuerdo estará contra el al estilo del “a por ellos” capitalizado por el PP y la ultraderecha madrileña. En la transición las elites vasca y catalana, junto con el postfranquismo, representado por UCD, la corona representada por Juan Carlos I y el empuje social representado por el PSOE, el PCE, UGT y, sobre todo, CC.OO, alcanzaron un acuerdo histórico, lo llamaron Pactos de la Moncloa. Se trataba de superar la crisis interna, agravada por la primera crisis del petróleo del siglo XX, tras la muerte del dictador, así nació el régimen del 78.

Ese pacto incrustó el franquismo en la democracia naciente, cargó sobre la clase trabajadora el peso de la crisis y pretendió excluir de soberanía propia al resto de territorios que no fuesen Euskadi, Cataluña y Galicia. Los dos primeros acuerdos salieron según lo previsto. El franquismo permaneció en judicatura, policía, ejercito y alto funcionariado. Las elites económicas serían las grandes beneficiarias de privatizaciones de empresas estratégicas. La tercera no, Andalucía se cruzó en el camino gracias a la irrupción poderosa del andalucismo político de la mano del Partido Socialista de Andalucía que reclamó “poder andaluz”.

Estos días, mientras Feijóo fracasa, y en su partido muchos esperan el momento para devolverlo a su tierra envuelto en papel prensa madrileño, El PNV y el sanchismo, por mediación subalterna de Sumar, trabajan para convencer a Junts de que es preciso firmar un acuerdo de amparo a las elites vasca y catalana, ley de amnistía mediante. Puigdemont está fuertemente presionado por el empresariado catalán para que llegue a un acuerdo; María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del PSOE, pone sobre la mesa la billetera del estado.

Un acuerdo así, excluyente del feminismo, la ecología y las demandas de equidad de otros territorios, principalmente el andaluz, fortalecerá el ariete reaccionario formado por la aleación de PP, Vox y Felipe VI. Un acuerdo así busca un nuevo reparto entre elites de las plusvalías del trabajo, ambientales y de las tareas de reproducción social de las mujeres. El acuerdo histórico que propone Puigdemont o la convención constitucional que propone el lehendakari Íñigo Urkullu, apuntan a unos nuevos Pactos de la Moncloa. Unos ganan, la mayoría pierde.

Para avanzar en un pacto con potencial republicano es preciso pensar un acuerdo entre pueblos, es preciso pensar en términos de plurinacionalidad plurilateral, no solo en términos de concesiones a Cataluña y Euskadi, con Madrid extrayendo capital de territorios colonizados como el andaluz. En ese acuerdo es determinante el pueblo andaluz para que la derecha no lo use como obstáculo a las legítimas demandas de soberanía de otros pueblos.

Tal vez la izquierda de estado y las independentistas y soberanistas, vasca, catalana y gallega pudiesen explorar, como hacen por la derecha PNV y Junts con el sanchismo, la posibilidad de una alianza estratégica plurinacional republicana para que un nuevo acuerdo histórico tenga en cuenta las desigualdades de clase y las territoriales, la defensa del feminismo y del ecologismo. Así el bloque reaccionario, formado por PP, Vox y Felipe VI, con la ayuda de medios de comunicación, judicatura y estado profundo franquista, al que se suman las comunidades gobernadas por PP y Vox, tendría más difícil torcer el pulso al imprescindible avance democrático plurinacional.

 Publicado en La Voz del Sur

Andalucía es una nación

El jueves 31 de agosto el lehendakari Íñigo Urkullu en un importante artículo publicado en El País, excluía a Andalucía de la condición de nacionalidad histórica. El lehendakari propone un proceso neoconstituyente para la configuración plurinacional del Estado, en el que solo Galicia, Cataluña y Euskadi, con Navarra como comunidad foral, tendrían derecho a participar bilateralmente. La línea divisoria es la misma que quisieron imponer los padres de la CE de 1978. Solo serían nacionalidades históricas aquellas cuyo reconocimiento se hizo en la república antes del golpe de estado de julio del 1936. El trato de privilegio a Euskadi (y Navarra) quedaría justificado por fueros medievales pactados con la monarquía castellana. Monarquía y fascismo no pueden ser elementos de legitimación de ninguna nación, privilegio o bilateralidad.

El martes 4 de septiembre, Pablo Iglesias en Noticias Básicas, comentando la reunión de Bruselas entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, incluía a Andalucía entre las cuatro naciones históricas que la CE reconoce, las otorgadas Galicia, Euskadi y Cataluña, y la que ganó esa condición en la calle (1977) y en las urnas (1980).

El jueves 7 de septiembre, la asociación Andalucía y Democracia publica un texto en CTXT con el título Andalucía es una nación en la España plurinacional. Un ejercicio de historia democrática del pueblo andaluz para refrescar la memoria y para exponer los hechos y datos que demuestran que Andalucía es una colonia interior, la pagafantas de inversiones, expolios y privilegios de Madrid, Cataluña y Euskadi y, consiguientemente, la que más necesita influencia y soberanía.

El viernes 8 de septiembre, el presidente andaluz propone a los grupos parlamentarios un Pacto en defensa de los intereses de Andalucía. Sólo el digital Fuentes de Andalucía, con el titular Moreno toca a rebato en defensa de los intereses de Andalucía, ata los cabos de la importancia del movimiento de Juan Manuel Moreno Bonilla. Si Ayuso y los medios de la capital del reino no detectan en su radar el desplazamiento al andalucismo del presidente andaluz, es porque están centrados en devolver a Galicia envuelto en papel prensa madrileña a Alberto Núñez Feijóo.

El presidente andaluz, a propuesta del referente histórico andalucista Alejandro Rojas Marcos, declaró el 4 de diciembre día de la bandera de Andalucía. Puede que se agarre al andalucismo para usarlo en beneficio partidista, de empresas externas, de clases ricas terratenientes, para mantener el estatus quo colonial y nuestra condición subalterna respecto de Madrid, Cataluña y Euskadi. Puede que emule lo que en su día hizo el PSOE. Pero también con ese movimiento podría ayudar a un tejido empresarial propio que tanto necesita Andalucía.

Andalucía es un pueblo cultural reconocible. Nueve siglos antes de que España tuviese su primera constitución en 1812, Córdoba, con alcantarillado e iluminación urbana, era capital del mundo, disponía de bibliotecas y centros de estudios. Al-Andalus era un conjunto de ciudades cuando Londres o Berlín eran villas medievales. Habrían de pasar cien años desde que se inició la construcción de la Mezquita para que en Asturias se pusiese la primera piedra de Santa María del Naranco. El primer renacimiento europeo es andalusí. Medina Azahara, la ciudad palaciega, se culmina veinticuatro años antes de que finalice el siglo X. Madrid es andalusí, Mohámed I de Córdoba, emir entre 852-886, ordenó la construcción de una alcazaba en el asentamiento preexistente. El topónimo, su patrón, al-Isidri y su patrona, al-Mudena, son andalusíes. Es historia.

Pero nada de eso debe contar para considerar que Andalucía es una nación. Es solo, nada más y nada menos, parte de la herencia cultural y política de la comunidad que habita la Andalucía del siglo XXI. Un pueblo deviene nación cuando se constituye políticamente. Andalucía lo hizo el 4 de diciembre de 1977, elevando su condición de nación al derecho a poseer instituciones de gobierno propias el 28 de febrero de 1980.

El PSOE hace tiempo que traicionó el andalucismo, las pruebas de la traición son Alfonso Guerra y Felipe González. La izquierda andaluza no ve que nuestra bandera republicana es la verdiblanca. La izquierda andaluza necesita interpretar políticamente la identidad mixta andaluza y española de las y los andaluces, coherente con nuestra condición de pueblo pacífico y mestizo. Esa interpretación debe servir para construir una propuesta andalucista que ambicione el poder en nuestro territorio y la influencia en el poder del estado español, emulando la ambición actual del nacionalismo vasco de izquierdas. Lamentable, cuanto menos, que Yolanda Díaz, Sumar, ignore Andalucía para representar la plurinacionalidad en el Estado.

Si la izquierda de estado y la izquierda andaluza no unen la voluntad de poder al reconocimiento de Andalucía como nación, no se abrirán las puertas para avanzar hacia un estado plurinacional republicano, ninguna suma sumará. Como afirma la asociación Andalucía y Democracia: Con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada.

Publicado en Diario Red

Andalucía es nación en la España plurinacional

Carta abierta al lehendakari Íñigo Urkullu

Señor Urkullu, con Andalucía, todo. Sin Andalucía, nada. Su artículo del pasado 31 de agosto en El País tiene el mérito de abrir el interesante proceso para un acuerdo territorial de largo alcance. Las propuestas del PNV son inteligentes, oportunas y de gran calado para el avance y la profundización democrática.

No obstante, nuestra crítica constructiva a la propuesta de Urkullu es dura y muy relevante para los intereses del pueblo andaluz. El lehendakari Urkullu sugiere explorar “un nuevo pacto utilizando la vía de la ´actualización de los derechos históricos`, tal y como establece la disposición adicional primera de la Constitución”. 

Para el pueblo cultural y político andaluz, para nuestra institucionalidad política, el argumento de los derechos históricos no puede ser válido con la exclusión de Andalucía. La condición de nacionalidad histórica fue conquistada desde las calles el 4 de diciembre de 1977 y, en las urnas, el 28 de febrero de 1980, algo que no se le pidió a Galicia, Cataluña y Euskadi. Aquel referéndum del 28-F imponía condiciones muchísimo más duras que las exigidas a Quebec o Escocia en sus respectivos referéndums de independencia.

La línea de exclusión de Andalucía en la propuesta de Urkullu es dolorosamente expresa, aunque no explícita. El lehendakari otorga para su propuesta la condición de nacionalidades históricas exclusivamente a aquéllas reconocidas en la II República: Galicia, Cataluña y la propia Euskadi. Excluye u olvida que la nacionalidad histórica andaluza iba a ser reconocida en septiembre de 1936. Urkullu admite así el dictado del fascismo franquista para dejar a Andalucía fuera de su propuesta “neoconstituyente”.

Las nacionalidades otorgadas no pueden estar por encima de aquella que conquistó la misma condición política en las calles y en las urnas. Nos sorprende que el lehendakari apele a viejos fueros otorgados por los reyes de Castilla y a exclusiones impuestas por el franquismo. Pedir un avance soberanista en base a históricos servicios prestados a la monarquía es una legitimación de un régimen que deberíamos superar abriendo una vía republicana.

Añadimos que la “convención constitucional” que propone Urkullu ya tuvo un mal precedente en los llamados padres de la Constitución, que pretendieron relegar a Andalucía a autonomía de segunda categoría. La actual realidad del Estado de las Autonomías no es la que configura el Título VIII de la CE, sino el fruto del acuerdo de los partidos para frenar el impacto de Andalucía tras el 28-F de 1980 en el mapa autonómico, que pasó por amputar su Estatuto. También se aprobó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) que generalizó las instituciones a los diversos trozos en los que se dividió Castilla, provincias diversas y ciudades autónomas para rebajar el calado de una España con 4 nacionalidades que hubieran sumado la mitad de su población. El origen andaluz de la mutación constitucional de 1981, con Manuel Clavero Arévalo como oficiante del café para todos, obliga a Andalucía a estar dentro de cualquier nueva propuesta de avance plurinacional para garantizar su buen fin e impedir su tergiversación posterior.

Al PNV le interesa la profundización democrática en España, cierto que para remover los obstáculos para sus demandas soberanistas, pero no menos cierto que para reformar un estado federal/confederal, cuya unidad no va a poner en cuestión en el contexto geopolítico global y europeo que vivimos, a cuyo modelo territorial le crujen los pilares y las vigas maestras, debido a la continua y persistente deriva centralista y centralizadora, bajo las interpretaciones restrictivas de la CE, en particular de su título VIII, tanto por los dos partidos de régimen, PSOE y PP, como por las altos tribunales judiciales y el propio Tribunal Constitucional.

El Partido Nacionalista Vasco ha puesto sobre la mesa elementos de negociación para decidir su voto en la posible investidura para esta XV legislatura que apuntan con decisión hacia la profundización y la transparencia democrática. Utilizará su fuerza parlamentaria para que la judicatura española pueda investigar crímenes de genocidio y de lesa humanidad, modificar la ley de secretos oficiales para disminuir el tiempo de ocultación de determinadas acciones de Estado, acabar con la inviolabilidad del Rey cuando ejerza como jefe del Estado de acuerdo con la CE, eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias de su tribunal de Garantías, y modificar las normas que regulan el CNI para evitar casos de espionaje político como el Pegasus.

Reconocemos como legítima la aspiración a la negociación bilateral efectiva de las naciones de la España plurinacional con el Estado. Sin embargo, la bilateralidad en un estado plurinacional alberga una contradicción en su seno, pues si se reconoce que hay un estado llamado España, que contiene pueblos con aspiración a tener su propio estado, cualquier punto de acuerdo bilateral afecta a las otras bilateralidades. Es indiscutible que las comunidades con reconocimiento constitucional de sus derechos forales, Euskadi y Navarra, con sus exclusivos conciertos económicos, son las que tienen mejores indicadores sociales y económicos. Consiguientemente, cualquier negociación para avanzar requiere imprescindiblemente de la plurilateralidad, en la que Andalucía, el pueblo andaluz, deviene imprescindible por sí y por el resultado óptimo.

Andalucía no puede, no se va a dejar, seguir siendo la pagafantas de los acuerdos bilaterales financieros, fiscales, de reindustrialización o de cualquier otro tipo entre clases dominantes de los distintos territorios. Y no lo va a ser porque amparan y crean las condiciones para la desigualdad territorial y de clase. Andalucía no lo va a permitir.

Los datos en este sentido son tozudos. La desigualdad es el resultado del dominio político y económico centralista, principalmente de raíz madrileña, que mantiene, conserva y hace crecer las causas estructurales del sometimiento de Andalucía. Andalucía y Democracia lo ha expuesto en textos colectivos anteriores que se pueden encontrar en este enlace https://andaluciaydemocracia.blogspot.com, y explícitamente en un reciente texto con el título 28F de 2023, Andalucía colonia interior, que proponemos releer. Los datos demuestran que, independientemente de las mejoras objetivas en la calidad de vida en Andalucía desde la transición hasta la actualidad, como en el resto de autonomías, la desigualdad comparada con el resto de territorios ha aumentado.

Advertimos que sin Andalucía no será posible dar naturaleza constitucional al estado plurinacional. Andalucía es el pueblo cultural e histórico que tiene más necesidad de soberanía. Por población y tamaño, Andalucía podría ser la décimo sexta nación de la Unión Europea. El funcionamiento de Andalucía como colonia interior de otros territorios de España, fundamentalmente Madrid, se manifiesta en la economía extractiva a la que nos ha condenado la evolución centralista del modelo bipartidista surgido de la CE del 1978. 

El extractivismo colonial se manifiesta en el frente ambiental, que relega a Andalucía al papel de almacén de residuos, minería e industria contaminante, al turismo intensivo en manos de operadores ajenos a nuestra tierra, a la ocupación del territorio para el urbanismo de segundas residencias, a la destrucción y gentrificación de los núcleos urbanos e históricos y a la agricultura antiecológica. Todo ello con el consiguiente expolio de recursos hídricos, escasísimos en tiempos de cambio climático con consecuencias catastróficas claras.

Pero no solo. El extractivismo colonial se manifiesta también en la ausencia de sedes sociales de grandes empresas, en la emigración permanente de mano de obra cualificada (capital humano) produciendo en las familias duras fracturas emocionales. Se manifiesta en la práctica entrega de la banca andaluza y sus cajas de ahorros a entidades que tienen sus sedes sociales fuera de Andalucía. Hay un sangrante extractivismo cultural que nos expolia la identidad para usarla como símbolo de España ante el mundo (el flamenco a la cabeza), despreciando internamente los acentos y las raíces mestizas del territorio (Al-Andalus) en que se dio el primer renacimiento europeo. 

Todo ello agravado en los últimos años por el contexto europeo de dominio neoliberal y por las posiciones belicistas en la Unión Europea y de los partidos del régimen, PP y PSOE. En coherencia con lo que ocurre con otros pueblos colonizados, nuestra condición de subalternidad da argumentos a las posiciones centralistas o “bilateralistas” para acusar a Andalucía de comunidad subvencionada y receptora de miserables subsidios para la supervivencia de las clases más desfavorecidas.

En esta legislatura se va a hacer visible la confrontación política entre dos bloques. Uno reaccionario de raíz franquista formado por el Partido Popular y Vox, bajo el amparo del rey Felipe VI. Lo hemos visto al señalar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como primer candidato a la investidura tras las elecciones generales del 23 de julio. El bloque reaccionario se autodenomina constitucionalista, aunque son centralistas y monárquicos. El bloque democrático vendría a estar formado por los que defienden la plurinacionalidad del Estado y se sitúan en el campo feminista y de los derechos sociales y ambientales. El PSOE no tiene más remedio que situarse en el bloque progresista. No obstante, como en la legislatura anterior, lo hará agarrado al freno de mano.

Ante todo lo anterior, aventuramos que un pacto para la “actualización de los derechos históricos” que excluya a Andalucía provocará una reacción emocional contraria y activará el sentimiento andalucista. Sentimiento sometido en las últimas décadas gracias a la ingestión de somníferos administrados por el PP y el PSOE. El bloque reaccionario utilizará a Andalucía -ya lo está haciendo- para una supuesta “defensa de la igualdad entre todos los españoles”. En realidad, lo que busca es obstruir cualquier proceso legítimo de emancipación territorial, aunque sea a costa de  enfrentarnos -como hicieron con el “a por ellos”- a pueblos que legítimamente demandan soberanía.

Aviso para navegantes: sin el pueblo andaluz no será posible el proceso de “neoconstitucionalización” demandado por Urkullu. Sólo será viable con Andalucía y bajo la premisa de una plurinacionalidad que beneficie a todos los pueblos de España, se sientan nación o no. El pueblo andaluz no va a consentir quedar relegado a segunda categoría. Por eso es clave que Urkullu y todos los que le acompañen se abran a reconocer que, por derecho propio, Andalucía es una nación en la España plurinacional. Como la que más.

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Mario Ortega Rodríguez, presidente de la asociación Andalucía y Democracia; Pilar Cuevas López, vicepresidenta; Salvador Soler García, secretario, abogado Stop Desahucios y derechos humanos; Antonia Agudo González, abogada; Iván Casero Montes, ingeniero y agroecólogo; Adelina Sánchez Espinosa, profesora Universidad de Granada, coordinadora Erasmus Mundus Estudios de Género; Rubén Pérez Trujillano, jurista profesor de la UGR; Carmen Reina López, arquitecta; José Bejarano López, periodista, vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Elisa Cabrerizo Medina, médica forense del comité investigación restos Valle de los Caídos; Manuel Machuca González, escritor y farmacéutico; Blanca Parrilla Muñoz, maestra y antropóloga; Francisco Garrido Peña, profesor de la Universidad de Jaén; Marcos García Mariscal, abogado laboralista, Manuel Rodríguez Alcázar, técnico municipal; Francisco Calvo Miralles, ingeniero industrial; Juan Manuel Sanz Marín, empresario; José Luis de Villar Iglesias, doctor en Historia y profesor de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla; Raúl Solís Galván, periodista.