Paralelo 36 | Todo modelo productivo es también un modelo político y social porque implica un conjunto de relaciones de poder que produce consensos específicos y normas que incentivan el nacimiento y la consolidación de determinados actores económicos, sociales y políticos.
Cuando el modelo productivo se presenta como una estructura “neutra”, bajo discursos falsamente técnicos de “estar más preparados y ser más flexibles para ganar competitividad en el exterior”, lo que en realidad produce son dinámicas neoliberales basadas en la austeridad, a través de ajustes sociales y recortes de derechos, que acatan las condiciones exigidas por el capital transnacional.
Por ello es muy importante, a la hora de elegir el rumbo económico, la valoración de los márgenes de actuación existentes y las opciones reales que le concedemos a la política, como expresión de la voluntad colectiva.
La propuesta de un nuevo modelo productivo requiere, en primer lugar, honestidad en el diagnóstico y partir del conocimiento cabal de nuestras propias características. El siguiente paso, aún más difícil si cabe, será consensuar los elementos básicos para que Andalucía se vaya transformando en un horizonte de 10, 20, incluso 30 años.
La globalización y su crisis han aumentado las dificultades para que los Estados y los territorios dotados de autonomía política manejen las riendas de su destino. La nueva centralización de las relaciones de poder, con los mercados en el vórtice de todos los centros, determina en buena medida las decisiones económicas con el objetivo de convertir la crisis en una oportunidad para desplazar hacia la periferia sus peores consecuencias y retener en el centro las mejores opciones, distorsionando la asignación de recursos.
La competitividad no puede basarse en reducir los costes laborales, eliminando y precarizando las relaciones de trabajo, para competir como sea, deprimiendo la demanda interna. Defendemos un concepto estructural de competitividad que permita establecer las bases de un progreso sostenido y sostenible basado en las características integrales del modelo productivo y en la reducción de los costes no laborales (transporte, crédito, energía), lo que contribuiría también a generar una demanda interna estable al mismo tiempo que transformamos la oferta económica.
Andalucía necesita las competencias y recursos suficientes para poder impulsar un nuevo modelo desarrollando por completo el Estatuto de Autonomía (planificación y gestión energética, política de aguas, policía autonómica, red de trenes de cercanías, inspección de trabajo, etc.) y, además, la devolución de las competencias sobre el Guadalquivir, dotarnos de una nueva organización territorial interna comarcalizada; intervenir en la aprobación de los planes del Estado que nos afecten; formar parte de una verdadera estructura federal acorde con la naturaleza plurinacional del Estado y participar directamente en los órganos de la Unión Europea cuando se decida sobre nuestras competencias exclusivas.
En este contexto de grandes limitaciones, es imprescindible que la sociedad andaluza se involucre de manera activa y fortalezca los vínculos de convivencia mediante la revalorización de nuestra cultura cimentada en la tolerancia, la pluralidad y la solidaridad. La tradición keynesiana opera exclusivamente sobre la demanda y deja la configuración de la oferta a la ley del mercado por lo que tiene una escasa capacidad de transformación. Para un cambio del modelo económico hay que ir más allá. Hay que actuar desde el poder público para reasignar recursos en torno a los objetivos de integralidad, descentralización, sostenibilidad y conocimiento.
La producción de bienes públicos y la reasignación de recursos económicos requiere no sólo un gobierno legítimo, sino también legitimado por una comunidad cohesionada sobre la base del reconocimiento mutuo de una identidad compartida democrática y diversa. Necesitamos una sociedad menos consumista que valore más las cosas importantes como la afectividad, la salud o la preservación de nuestro patrimonio natural y cultural.
Estas son las premisas de nuestra propuesta para un nuevo modelo productivo sostenible económica, social y ambientalmente, alejado de cualquier dependencia y adaptado a la sociedad postindustrial, con los objetivos de crear riqueza y empleo, defender los derechos sociales y laborales, aumentar nuestra capacidad de decisión en el Estado y en la UE y profundizar en la democracia.
