Canal Sur no existe

Tele viene del griego, significa distancia, al ver la tele vemos cosas a distancia. Canal sur casi nadie la ve porque dista mucho de lo que de verdad es Andalucía, de nuestro espíritu. Visión es del latín, su deriva semántica supone un desplazamiento de la realidad; ver visiones es ver cosas que no son necesariamente verdad. Tele-visión, es ver visiones a distancia, cosas que otros te cuentan. Lo que cuentan los telediarios de Canal Sur, informativos los llaman sin motivo, son cuentos, a veces delirios impuestos desde la sede del PP, Génova, en Madrid. Así lo denuncia el Sindicato de periodistas de Andalucía. Un jijijaja diario ajeno a la realidad andaluza ha hecho que la televisión que pagamos las y los andaluces no la vea prácticamente nadie. Más de cien millones de euros de dinero público andaluz desperdiciados.

Canal Sur, la pública andaluza nace un 28 de febrero de 1989, nueve años después de que el pueblo andaluz decidiera ser como el que más en el referéndum de 1980. Ya en 1990, un año después de su nacimiento, su cuota de pantalla era de un 24,4%. Teniendo en cuenta que entonces, además de TVE 1 y 2,  comenzaron su andadura Antena 3, Telecinco y Canal + (que tenía programas en abierto), que uno de cada cuatro andaluces viese Canal Sur era un exitazo para sus profesionales.

Desde entonces, la audiencia de Canal Sur ha ido descendiendo hasta fosas abisales. El Barómetro andaluz de septiembre de 2020, realizado por el Instituto de Estadística y Cartografía del gobierno de Andalucía, pregunta ¿ve usted Canal Sur Televisión? Uno de cada tres andaluces (33%) responde que nunca, uno de cada cuatro (23,3%) dice que “de vez en cuando”, lo que quiere decir que la ve de reojillo alguna vez. Es decir, el 56,3% de las y los andaluces no ve prácticamente su televisión autonómica, frente a un 12,75 que la ve uno o dos días en semana, un 12,9% que la ve tres o cuatro días y un 17,9% que la ve a diario.

Los treinta y siete años de gobierno del PSOE consiguieron llenar Canal Sur de telediarios de autobombo (Andalucía Imparable, Segunda Modernización), banalidades de sobremesa vespertina, batas de cola, niños repeinaos, juanes y medio para la tercera edad, toros que nadie ve, fútbol del Madrid o del Barcelona, bertines osborne e hijos de Paquirris. Había excepciones en días y franjas horarias marginales.

Ese es el legado desértico que tras las elecciones de  2018, con una cuota de pantalla del 9,2%, recibió el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Ya era difícil que la audiencia media anual bajase del 9% en que la dejó el poder absoluto del último PSOE derechizado hacia Ciudadanos. Pues bien, el poder de Moreno (PP) y Marín (Ciudadanos), con la inestimable ayuda externa de Vox, está consiguiendo bajar la audiencia al entorno de 7%. Ya mismo la TVE andaluza no la ven ni ellos ni Dios.

Si como dice el Barómetro citado, el 39,9% de la población andaluza se informa por la televisión y un 29,2% por las redes sociales, es evidente que el deterioro de Canal Sur no solo perjudica enormemente los intereses de Andalucía, sino que cuanto menos se ve Canal Sur menos posibilidades tiene el poder político de influir partidistamente en beneficio propio, hay que ser torpes para, aunque solo sea por interés propio, no mejorar la credibilidad de la cadena pública andaluza.

Irónicamente, a la vista de que el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla no tiene oposición por la izquierda en Andalucía -el PSOE andaluz está de facto en stand by y el espacio de Adelante Andalucía implosionando-, que Canal Sur tenga una capacidad nula de conformar opinión pública libre es el significante comunicativo de que, como escribí aquí: Andalucía no existe, y Canal sur es la muestra agónica.

Lo que tenemos que preguntarnos las y los andaluces es por qué ahora la derechísima gobernante, y antes el PSOE de Andalucía, no tiene ningún interés en aumentar la calidad de la radiotelevisión pública andaluza, consiguientemente la audiencia y su diversidad expresiva. Tal vez sea porque eso supondría hacer valer el verdadero espíritu político y cultural andaluz, un espíritu que cuando existe no puede más que estar alineado con las causas de la justicia social, la equidad territorial, el feminismo y la ecología. Eso, o a lo mejor que el gobierno de Moreno Bonilla está tan atrapado por Vox que es este partido antiandaluz el que está dictándole la política de enterramiento del espíritu de Andalucía. O todo a la vez.

Vox, el fascismo acecha

El neofascismo no es exclusivo de España, pero en España es especialmente virulento.Los pactos de gobierno en Madrid, Andalucía y Murcia entre PP y Ciudadanos bajo el amparo de Vox legitiman en las instituciones el discurso agresivo, las mentiras para ocultar la verdad de hechos presentes y pasados, la connivencia con comportamientos de grupos violentos y el impulso de acciones contra la memoria histórica democrática (documentada y científica). El atentado a la estatua de Largo Caballero o la retirada a martillazos de la placa de Indalecio Prieto son ejemplos muy recientes.

La transición desde el régimen de Franco, caudillo por la gracia de Dios, a la democracia, no extirpó el franquismo ni de los poderes económicos colgados del BOE, ni del poder judicial, ni de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o del ejército. Un pacto de ocultación, olvido y silencio, junto con la asunción de una jefatura del estado monárquica impuesta por un generalísimo que llegó al poder mediante la insurrección armada y el genocidio, legó una realidad que ahora se manifiesta con cacerolas en barrios ricos, hordas neonazis en acciones con actitudes violentas, y redes sociales ahítas de odio contra todo aquello que no sea una visión de España monocroma.

El asunto es tan grave que ha alcanzado una fuerte representación en el Congreso y en numerosos parlamentos autonómicos. La democracia no debe ser utilizada como instrumento para destruirla.

Cabe preguntarse quiénes representan y defienden la democracia y quiénes representan o toleran el fascismo. El conjunto de partidos que representa la mayoría demócrata de la sociedad tienen en sus manos pactar instrumentos legislativos y compromisos para la profundización y arraigo del sistema democrático. Líneas defensivas para proteger las instituciones de alianzas con partidos de corte fascista, que no condenen las amenazas, la coacción, la violencia y los comportamientos de odio contra las y los representantes democráticos, sindicatos, organizaciones feministas, ecologistas, LGTBI, colectivos racializados, o cualquier otra que defienda intereses legítimos y los derechos humanos. La condena, con sus líneas de actuación de Estado pactadas, permitiría señalar de manera inequívoca las actitudes que se están normalizando al enmascararse en símbolos que tienen vocación de pertenencia y representación colectiva como la bandera o la Constitución.

Si se han podido firmar pactos de estado como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por qué no se puede firmar un acuerdo antifascista de defensa de la democracia. Estar en ese pacto definiría el compromiso democrático frente a la tolerancia del sanguinario fascismo. ¿Estarían el PP y Ciudadanos en un pacto por la democracia contra el fascismo, o tienen intención de ser permanentes rehenes de Vox?

Andalucía no existe

Según la oportuna encuesta de 40dB. para la Plataforma de Medios Independientes, en la que participa lavozdelsur.es, Andalucía, la colonia, es prácticamente igual de monárquica que Madrid, la metrópoli.

Un 31,5% del electorado andaluz votaría por la república, como lo haría un 32,2% del electorado madrileño, frente a un 43,1 en Andalucía y un 46,3 en Madrid que votaría monarquía. Indecisos, blancos y abstenciones sumarían en Andalucia un 25,4% y en Madrid un 21,5%.

En tanto la ciudadanía electoral española es más republicana que monárquica, 40,9% frente al 34,9%, con una suma de indecisos, blancos y abstenciones del 24,2%, Madrid y Andalucía se muestran más monárquicas que republicanas.

Los datos que arroja la encuesta indican que la Andalucía de la transición, la que lideró la configuración del estado de las autonomías, simbolizado en las gigantescas manifestaciones revolucionarias del 4 de diciembre de 1977 que forzaron la introducción del artículo 151 de la CE, y el posterior acceso a la plena autonomía con el ejercicio del derecho a decidir el 28 de febrero de 1980, ha desaparecido. La Andalucía política que se incrusta en la Constitución del 78 no existe, ergo Andalucía no existe.

Una mirada minuciosa a la encuesta permite deducir que el sentimiento republicano está vinculado al progreso, la izquierda y los derechos democráticos, en tanto el sentimiento monárquico está vinculado al conservadurismo, la desigualdad y los privilegios. El electorado de PP, Vox y Ciudadanos es mayoritariamente monárquico, en tanto el electorado de las izquierdas y las opciones soberanistas, nacionalistas, federalistas o confederalistas es mayoritariamente republicano.

Siendo absoluta verdad que las y los andaluces están más preocupados por el paro, la precariedad laboral, el destrozo de la sanidad pública y la pérdida de fuerza de la educación pública, con el consiguiente incremento de la desigualdad estructural, que por el destino de la monarquía, la pregunta importante es por qué se alían con esa anacrónica institución cuando, los encuestados lo dicen mayoritariamente, es una institución de derechas que no de derechos.

Cuento lo que se ve. El Madrid actual centro del centralismo, albergue lujoso de corruptelas, cloacas y poderes fácticos no es España. Todo eso que ahora es Madrid tiene en Andalucía, con ocho millones y medio de habitantes, su baluarte, porque Andalucía ha dejado de ser España para ser subalterna de Madrid, la criada de la peli, la chacha de la caspa madrileña como en tiempos de la dictadura franquista.

La culpa la tiene el PSOE de González, Guerra, Borbolla, Cháves, Griñán y Díaz por descapitalizar al pueblo andaluz de su capacidad de transformación y lucha por la justicia social y territorial y haber abierto en los últimos tiempos la puerta a las derechas y Vox consecuencia de su alianza con Ciudadanos y con el españolismo del “a por ellos”. El pueblo andaluz, que existe a ojos vista, no tiene culpa de nada, la culpa es de las dirigencias políticas que llevan decenios poniendo los intereses de Andalucía, los de clase, los agrarios y los empresariales al servicio de números y códigos fiscales con residencia concentrada en la Castellana.

La Andalucía del 77 no existe ni en el debate de la izquierda ni el debate territorial porque ha dejado de ser España para ser Madrid en su lucha contra Cataluña y contra todo lo que sea progreso, bienestar, ecología, feminismo y equidad. La culpa no fue del cha cha cha, la culpa es del PSOE que hoy representa aquí Susana Díaz. El pueblo andaluz no tiene culpa de nada, la culpa es de la elite del PSOE que ha hegemonizado el gobierno andaluz durante cuarenta años.

Andalucía es una realidad cultural y una realidad territorial pero no es una realidad política. Está desaparecida, no existe. Las derechas españolistas con toda su capacidad demagógica y guerrera han concentrando sus fuerzas en Madrid para disparar contra Cataluña y, ahora, contra el gobierno de España; el independentismo unilateral catalán, parte del cual empieza a barruntar un propósito de enmienda, aislado del mundo e ignorante de los límites estructurales en su propio territorio, dispara contra Madrid al que confunde con España. Andalucía, por su bien, no puede ser parte madrileña ni parte catalana de esa guerra contra el actual gobierno de España.

Madrid no es España. España, lo dice la encuesta directa e indirectamente, es progresista, federalista y republicana, como lo es el País Valencià. El futuro federal republicano de España lo está dibujando el triángulo País Valencià (PSOE-Compromìs-Unidas Podemos), Galicia (PP) y Euskadi (PNV-PSOE). Nótense entre paréntesis los diferentes gobiernos actuales de tres comunidades cuya suma poblacional no llega a los diez millones, el 21% de la población española. Ximo Puig lo está diciendo una vez y otra, hay que quitar poder a Madrid, hay que compensar el efecto capitalidad, hay que impedir el dumping fiscal, hay que descentralizar las instituciones del estado, hay que cambiar el modelo radial por un modelo en red, hay que avanzar en justicia territorial. Federalismo. Lo dice el presidente de la comunidad valenciana cuando debería decirlo Andalucía, la comunidad autónoma con mas paro, precariedad, desigualdad, pobreza y con mayor dependencia del turismo y menor tejido industrial.

El día en que Andalucía se salga de la subalternidad madrileña volverá a liderar la configuración del modelo de estado en beneficio de las y los andaluces, tal y como lo hizo en la transición. Las condiciones materiales, geográficas, geopolíticas y formativas de sus gentes son inmejorables para romper con la dependencia del poder central y alumbrar un futuro con energías renovables, industrialización verde, aroecología, industria cultural y reforzamiento del papel de los servicios públicos y la economía de los cuidados.

La España progresista pasa por una Andalucía progresista. Mientras los gobiernos catalán y madrileño pelean contra el gobierno de coalición haciendo una pinza diabólica, Andalucía debe sumarse al triángulo de la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Galicia formando un cuadrángulo, en el que representaría casi la mitad de la población del mismo y cuya suma sería casi la mitad de la población de España. Con esta perspectiva territorial estratégica progresista, federal y de calado republicano deberían trabajar las izquierdas andaluzas buscando una alianza táctica para reforzar, bajo demanda, las políticas progresista del gobierno de coalición. Otra cosa es seguir en la Andalucía que no existe colonia de Madrid, en ese caso la clase política actual será la verdadera responsable de que Andalucía perpetúe el atraso estructural que nos separa de la media española y la media europea en los próximos decenios.

Persecución

No encuentro mejor resumen para describir la historia de las acusaciones y actuaciones judiciales contra Pablo Iglesias, como símbolo de lo que significa Podemos y como substancia democrática cristalizada de lo que representó el 15M de 2011, que la palabra persecución.

Persecución es el título del memorable disco que El Lebrijano publicó en 1976 en el que con textos de Félix Grande se describía la historia del pueblo gitano desde su llegada a la península ibérica en “la infancia del siglo XV”.

El mismo día y a la misma hora que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba a lo grande el Plan de Recuperación y Transformación de la economía española, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el caso Tándem por los tejemanejes del excomisario encarcelado José Manuel Villarejo, deduce de la pieza Dina, en la que investiga el robo del móvil de la exasesora de Pablo Iglesias y directora de ‘La Última Hora’ Dina Bousselham, por arte de birlibirloque, que el culpable es el actual vicepresidente segundo del Gobierno de España. Lo cuenta a la perfección Ignacio Escolar, director de elDiario.es, en su artículo “No hay pruebas”contra Pablo Iglesias.

El mismo día que el presidente del Gobierno por la mañana y las vicepresidencias del Gobierno por la tarde desmenuzan las líneas políticas e inversoras estratégicas para afrontar los próximos años los graves problemas estructurales del país, poniendo por delante la lucha contra la precariedad laboral, la pobreza, particularmente la pobreza infantil, la construcción de un modelo energético renovable en una España reindustrializada en verde, las inversiones en salud, educación y economía de los cuidados, ese mismo día el juez instructor García Castellón da a conocer un texto de sesenta páginas por el que eleva al Tribunal Supremo la solicitud de imputación de Pablo Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticosy denuncia falsa.

El mismo juez que ha fracasado en la persecución veraniega de Pablo Iglesias hasta por Gales, en Reino Unido, para intentar demostrar, sin conseguirlo, que fue quien dañó la tarjeta del móvil, y que, ante su fracaso, fue obligado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a devolver a Iglesias la condición de perjudicado en el caso del robo del móvil, el mismo juez hace coincidir la publicación de un escrito de sesenta páginas solicitando al Tribunal Supremo “sin pruebas”, como explica Ignacio Escolar, la imputación del vicepresidente segundo con un acto estelar del Gobierno en el que se representaba unidad y fuerza para avanzar las políticas de inversión pública de los próximos años, que ponen en juego inicialmente 70.000 millones de euros y la posibilidad de generar 800.000 empleos en tres años.

Difícil creer, en tiempos de revuelta ultramontana de la derecha reaccionaria española, que el juez actúa en solitario y por casualidad, las creencias son libres. Allá cada quien con sus creencias, los hechos son los hechos. Cada vez que desde 2014 Podemos se ha situado en posición de ayudar a un avance social y democrático en España, las cloacas han actuado para ensuciar el escenario con denuncias falsas e imputaciones imposibles que han acabado archivadas.

Darle la vuelta al caso del robo de un móvil haciendo de las víctimas culpables y de los culpables víctimas, todo presuntamente, escribir, quién sabe cuándo, sesenta páginas, para sacarlas a la luz el día d a la hora h, sin tener en cuenta los hechos objetivos, su tracto sucesivo, los informes policiales que niegan la hipótesis de que fue el propio Iglesias el que rompió la tarjeta del móvil antes de devolverla a su propietaria, e ignorar la determinación de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para obligar al juez instructor a devolver la condición de perjudicado a Iglesias, no parece casualidad.

Imposible no pensar que la inverosímil solicitud de imputación con agravante de coincidencia con uno de los actos más importantes del Gobierno de coalición es una acción dirigida a debilitar y destruir el Gobierno de España. Un Gobierno fruto de una mayoría parlamentaria surgida de las urnas. La derecha y sus poderes profundos intentan derribar a Pablo Iglesias para derribar después a Pedro Sánchez. Las consecuencias serían nefastas para la mayoría de los españoles, para las empresas y los autónomos y para todas aquellas ideas políticas que aportan democracia y progreso al futuro. Quienes no toleran que el BOE lo escriban la democracia, la inteligencia y la tolerancia están trabajando en ello desde que nació Podemos. Si consiguen el objetivo, no habrá beneficio ni para quienes lo intentan. Son como el demonio de Ripalda: conjunto de todo mal sin mezcla de bien alguno.

La UE debe tomar nota. La España democrática y diversa representada por esos 187 diputados y diputadas, una mayoría absoluta muy reforzada, que pide la renovación del caducado CGPJ también debería pedir que el Gobierno, en uso de sus competencias, no refrende los nuevos nombramientos vitalicios propuestos por el máximo órgano del poder judicial, dado que se encuentra en funciones, hasta que éste no se renueve, como es mandato constitucional, en virtud de la nueva configuración de la representación democrática que habita las Cortes Generales.

“Es como muerte civil, dijo Miguel de Cervantes. Mejor nombre a esa condena no pudo ponerle nadie. Varios monarcas ordenan a jueces y tribunales que manden a los gitanos a las galeras reales”. Poeta Félix Grande, Persecución; al cante, El Lebrijano. La muerte civil de Pablo Iglesias es lo que pretende la troupe subterránea que opera el poder en España. La buscan porque buscan la muerte política de lo que significa Podemos, un faro de esperanza en España con potencia lumínica para alumbrar un futuro mejor para las mayorías sociales y las diversidades.

El dilema del rey

El navío gubernamental lleva el espíritu del rey Felipe VI en el castillo de proa. La orden de alojamiento espiritual de la corona española en Moncloa la dio el almirante Pedro Sánchez, una vez que el padre del rey, el emérito Juan Carlos I, no viese más salida a su situación procesal en Suiza y la apertura de investigación de la fiscalía española por cuestiones de ocultación de dineros a la hacienda pública, que poner tierra y agua de por medio volando hacia el país donde es más querido y protegido, Emiratos Árabes Unidos.

La decisión de albergue real sanchista se tomó sin siquiera comentarla con carácter previo con el capitán de navío Pablo Iglesias, el cual dirige parte importante de la tripulación gubernamental y es imprescindible en el manejo del velamen cuando los vientos de estribor azuzan con fuerza oleaje y tormentas contra amuras y costados.

La ocultación del almirantazgo de una actuación gubernamental en la que está concernida la Casa Real a la capitanía podemita se repitió la pasada semana. Como se deduce de las crónicas de la avezada periodista Esther Palomera y el fino analista Enric Juliana, el almirante Sánchez había acordado con el rey Felipe VI que, dada la jugada política que estaba preparando el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de la que el ministro de Justicia tenía fidedigno conocimiento, era preferible que el rey no presidiese la entrega de despachos a los y las nuevas juezas en Barcelona, prevista para el viernes 25 de septiembre. Es imposible creer que un Pedro Sánchez, de hecho monárquico, con el espíritu real alojado en Moncloa, no pactase con el rey utilizar la facultad constitucional del gobierno para no autorizar su participación en el acto judicial protocolario de Barcelona. Imposible. Pablo Iglesias desconocía el “acuerdo”.

La jugada de Lesmes consistía en aproximar, o incluso hacer coincidir, la presencia del rey en Barcelona con la promulgación de la previsibilísima sentencia de inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por poner lazos amarillos en balcones oficiales. El objetivo político no era otro que desestabilizar al gobierno, aumentando la victimización del independentismo catalán, generando discordia callejera, para dificultar las negociaciones de los PGE con ERC y otros agentes políticos catalanes como el PDCat liderado ya de facto por Artur Mas.

La única manera de impedir el uso político de la figura real que pretendía Lesmes, era impedir que este se encontrase en Barcelona en un acto judicial con la sentencia de inhabilitación de Quim Torra caliente. Así, el almirante Sánchez volvía a cargar sobre sus espaldas el peso de la corona poniéndola a resguardo en un momento en el que no le conviene para nada ser asimilada a la ultraderecha de la foto de Colón. Sánchez y Felipe VI parecen saber que su futuro está atado siempre que el segundo no haga política y el primero pueda aprobar los PGE. Ese es el lazo que Lesmes quiso romper, y que casi rompe in extremis, al hacer pública la llamada “de cortesía” que le hizo el rey para aplacar el frufrú de las togas y disculpar su inasistencia.

Si el capitán de navío Pablo Iglesias hubiese estado al tanto de la decisión del tándem Sánchez/Felipe VI y su porqué, las togas que hacen política hubiesen salido peor paradas en su credibilidad de lo que ya han salido. Lo fundamental que está en juego en lo inmediato es la aprobación de los PGE, condición necesaria para afrontar con garantías la crisis social y empresarial, con la consiguiente durabilidad de un gobierno progresista de izquierdas que fortalezca España fortaleciendo el estado, los servicios públicos, los derechos de la gente, el diálogo plurinacional que dé salida a la crisis territorial y nuestra posición en Europa. Justo lo que no quieren las egregias togas negras ni las derechas reunidas en el cementerio pandémico en el que han convertido Madrid.

El dilema del rey, su referéndum interior, es decidir si está con la democracia parlamentaria o con los obstruccionistas que diciendo defender la CE la destruyen a diario con los mismos martillos con los que destruyeron los ordenadores de Génova. Después de la trampa cepo que le tendieron la semana pasada debería ver que, cuanto más recurrentes y más altos son los ¡viva el rey!, viniendo de donde vienen, más daño hacen a la institución que ocupa.

Madrid, corazón de las tinieblas

“Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Tratar a Madrid como al resto de comunidades es muy injusto a mi juicio”, palabras de su presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso para pedir policías y dinero al gobierno de España después de echar la culpa de la subida de contagios, ingresos en UCI y letalidad al “modo de vida” de los barrios obreros y la inmigración. Palabras pronunciadas con la protección de un muro de banderas de España y de Madrid para delegar en el gobierno de España la culpa de su incapacidad para proteger la vida de las gentes que viven en Madrid. Palabras para ocultar que, como anunció el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, Madrid es una bomba radiactiva vírica. Tras el muro de banderas nacionalistas Madrileñas el resto de España es para la presidenta Ayuso su patio trasero.

Lo más grave está en Madrid, no por los madrileños y madrileñas que al fin y acabo son víctimas ideológicamente ignorantes o impotentemente lúcidas del centralismo capitalino, sino porque allí está el epicentro de la corrupción de la derecha española, la capitalidad regia del rey huido a Emiratos Árabes y la trama de relaciones de poder subterráneo que han conformado la herencia del franquismo, amparadas por el viejo bipartidismo monárquico que defiende personajes tan esperpénticamente desfasados como Alfonso Guerra, Felipe González o José María Aznar.

No es el único Madrid que existe, otro fue posible, lo añoramos, ayudaremos a que emerja. Las croquetas de Manuela Carmena y los nublos juveniles de Íñigo Errejón envueltos en la idiosincrasia de los susurros de poder de la capital del reino, lo enterraron por un tiempo. Un tiempo que ha resultado ser precioso. Cuán diferente sería la historia de la pandemia si Madrid no estuviese en manos de la infamia.

Lo más grave está en Madrid. Pedro Sánchez cayó la semana pasada en la trampa que le tendieron en la sede del gobierno autonómico en la Puerta del sol y, desde entonces, pagan los barrios trabajadores del sur a base de hostias policiales, la incapacidad del gobierno madrileño con la represión policial dependiente del ministerio del Interior.

Lo más grave está en Madrid. A fecha 21 de septiembre, datos del ministerio de Sanidad, de las 30.663 muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia, 9.023 se han producido en Madrid. Una región con el 14% de la población española produce el 29,5% de la letalidad de la pandemia en España. En modo grueso, si España estuviese gobernada por quienes gobiernan Madrid las muertes totales serían 64.015, más del doble de las actuales; si fuese al revés, si Madrid hubiese estado gobernada por un gobierno progresista de izquierdas las muertes en Madrid no hubiesen alcanzado la 3.600, aproximadamente dos terceras partes menos. Si la tasa de letalidad española del virus está entre las más altas de la UE y del mundo es por culpa de los recortes en salud pública forzados por los gobiernos Rajoy, amplificados por la destrucción y privatización de los servicios públicos de la comunidad de Madrid y, definitivamente, por la gestión de la pandemia que ha realizado el gobierno de la comunidad autónoma en manos del PP, Ciudadanos y Vox.

Es muy importante, en solidaridad con las y los madrileños, que advirtamos desde todas partes que lo grave está en Madrid, y los más grave se llama Isabel Díaz Ayuso, con apoyo directo de Ignacio Aguado e indirecto de Vox. No es policía y ejercito en las calles lo que necesita Madrid, es inversión en sanidad, educación y transporte público. Eso es lo que debía haber anunciado Pedro Sánchez en la cita de las banderas del nuevo nacionalismo mortal Madrileño, no comisiones de coordinación, que ya han saltado por los aires, ni silencio ante las palabras xenófobas, neofascistas y coloniales de la cara visible, Isabel Díaz Ayuso, de los dueños del corazón de las tinieblas en el que se ha convertido Madrid.

Madrid, problema de todas las Españas

Región de Madrid llaman a la provincia llamada Madrid quienes son incapaces de gestionar sus competencias, sus responsabilidades constitucionales, desde el poder en el gobierno de la comunidad autónoma o la alcaldía. Ayuso, Aguado, Almeida, Villacís, con el apoyo intendente de Vox, son en la ciudad estado de Madrid pajes de su corte y caras visibles de la villa, representantes de la mayor bomba coronavírica de Europa. Estos pajes con aire petulante principesco, que se desvanecen en cuanto abren la boca, están más preocupados por atacar al gobierno de España y por los dineros y propiedades de las clases altas y los ricos con residencia fiscal en la capital, que por la pandemia.

En pleno crecimiento de la segunda ola, Isabel Díaz Ayuso, presidenta, ocultó la gravedad del número de contagios y anunció una nueva bajada de impuestos que solo afectará de verdad a las rentas altas y los ricos en el debate sobre el estado de la región, provincia, comunidad autónoma, capital constitucional de España.

El fondo covid que el gobierno de España entregó a las comunidades autónomas a finales de julio fue de 6.000 millones de euros, la cuarta parte se quedó en Madrid, 1500 millones, el triple de los recibió Andalucía con más población y más extensión.

Un gobierno que influye en la vida de un octavo de la población española recibió un cuarto de los fondos estatales inmediatos para afrontar inversiones contra la pandemia. Andalucía, donde tampoco sabemos en qué se han gastado, recibió un sexto para un quinto de la población española. Madrid siempre más es España siempre menos.

¿Qué ha hecho el gobierno de Ayuso y Aguado con esos 1.500 millones de euros? Sabemos que no los ha dedicado ni a inversión sanitaria, ni a medicalización de residencias, ni a reforzar la atención primaria, ni a contratar docentes y reforzar los servicios educativos, ni a garantizar el distanciamiento en el transporte público. He ahí, junto con la ignorancia, la incompetencia y la protección de intereses económicos de cortesanos de renombre, las causas de la feroz segunda ola madrileña.

El gobierno de Madrid no ha hecho nada verdaderamente relacionado con la prevención para afrontar la gran segunda ola que sufre la capital de reino. En Madrid, la zona cero actual de la pandemia en el continente europeo, su gobierno se dedica a culpabilizar la entrada de extranjeros por el aeropuerto y la vida estrecha y difícil de la gente trabajadora y la inmigración, al tiempo que establece un confinamiento selectivo, de clase social con rentas medias o bajas, y pide al gobierno central que la policía vigile. Una trampa para el gobierno progresista de izquierdas que algo habrá de decir y cuidar al respecto.

Madrid, agujero negro de recursos ambientales, energéticos, sociales, humanos, culturales y económicos de todas las regiones, provincias, comunidades autónomas, nacionalidades y naciones de España. También agujero negro de esos recursos de su mismo sur. Esos barrios del sur, donde vive la dignidad de clase trabajadora que durante el confinamiento sostuvo el hilo de la vida en la gran urbe, acusados por los pajes de la corte de propalar la covid-19 por llevar mala vida, en lugar de ser protegidos para curar su vida mala. Indignante.

Madrid, criadero de desigualdad y racismo abonado por sus derechas ultras todas. Las que alentaron y gustaron de las manifestaciones con autos deportivos, palos de golf y señoronas con criada en el barrio de Salamanca, después de acusar a las mujeres con su feminismo de ser culpables de la pandemia.

Madrid paraíso fiscal de ricos y rentas muy altas con nombres y apellidos importantes. Madrid, que con un octavo de población española produce un tercio del daño humano por la pandemia en España.

Madrid, concentración de cloacas y estulticia de poderes e instituciones. Madrid, capital de España, concentración de ignorancia y maldad moral en sus derechas dirigentes, buena parte imputadas. Madrid, donde otras mascarillas habitan en los juzgados de la Gürtel, la Púnica o la Kitchen (pueden aumentar la lista) para bloquear el olor de la podredumbre.

Madrid, qué bien nos vendría, qué bien les vendría a las y los madrileños de buena fe que Madrid dejase de ser capital de España al menos por un tiempo. Qué bien nos vendría una moción de censura que sacase a Ayuso de la presidencia. Qué bien nos vendría que cuando las y los madrileños voten otra vez se hagan un favor a sí mismos y le hagan un favor a España.

Derrotada la ministra María Jesús Montero

La ministra de hacienda María Jesús Montero condujo la pasada semana al gobierno a una estrepitosa derrota. La convalidación del real decreto ley que inyectaba en los municipios 5.000 millones de euros, a cambio de que estos entregasen a hacienda su superávit presupuestario durante 15 años, fracasó. La derrota llegó a manos de un muncipalismo ideológicamente inconexo que no quiere dejar al gobierno la sartén de sus cuentas por el mango, tal y como permite la ley Montoro de estabilidad presupuestaria. Una ley que fue más allá de los límites que estableció el reformado artículo 135 de la CE contra lo que dice la propia ministra.

La derrota por 193 noes contra 156 síes fue aplastante. Sorprende que una ministra con la inteligencia de María Jesús Montero no emule la capacidad negociadora de la ministra Yolanda Díaz. Esta última ha sabido avanzar promoviendo difíciles acuerdos entre patronal, pymes, autónomos y sindicatos. Basta entregar los 5.000 millones a los municipios sin más condiciones que dedicarlos a cuidados, políticas sociales, movilidad, protección ambiental y gastos derivados de la pandemia, para aislar en el no a las derechas y reforzar la mayoría de investidura.

¿Por qué Montero se muestra Montoro? Porque obedece a la parte conservadora del gobierno. Montero se pliega a las vicepresidentas primera y tercera, Calvo y Calviño que forman el ala derecha del consejo de ministros. Cuando la ministra de hacienda fue mano ejecutora de la alianza de la expresidenta andaluza Susana Díaz con Ciudadanos y de las políticas del gobierno Rajoy en Andalucía, la autonomía andaluza se redujo a una oficina de gestión centralista de recortes bajo el epigrama de la lealtad institucional. Conocemos las consecuencias. Maria Jesús Montero debe superar la herencia Montoro de grilletes puestos a los ayuntamientos.

Sin distribución cooperativa de soberanías no hay democracia. El municipalismo necesita capacidad fiscal y de gasto. No toda demanda de soberanía es nacionalismo. De hecho, la mayoría de las demandas actuales de soberanía no tiene nada que ver con identidades nacionales. Los poderes económicos subyugan la democracia concentrando el poder político para concentrar el poder económico. La función del centralismo con la cesión por arriba de soberanía monetaria es limitar la democracia.

Imposible comprender la derrota de la ministra Maria Jesús Montero sin percibir que puesta a las órdenes de las tendencias ciudadanistas del gobierno, como en su día se puso a las de la expresidenta andaluza Susana Díaz, acaba provocando un daño en el al gobierno, su presidente Pedro Sánchez y al país. Está a tiempo de arreglar el roto y olvidarse definitivamente de Montoro. Europa ya se olvidó, estamos en fase expansiva. Los ayuntamientos importan, son la expresión originaria de la ciudadanía, la polis y la democracia. Rectifique señora ministra, cuanto antes. Deje de alimentar el único frente político creíble que le queda al PP.

¡BANKIA pública ya!

Un estado sin control de su política monetaria, es un estado alicorto. El tratado de Mastrich supuso una entrega de soberanía monetaria tan substancial como antidemocrática. El BCE actúa como instrumento de defensa de los intereses del capital frente a los intereses de las mayorías sociales, incluidos los de PYMES y personas autónomas. La crisis de 2008 mostró descarnada esta realidad. El PSOE de Zapatero se plegó entonces a reformar el artículo 135 de la Constitución Española para consagrar la entrega de soberanía democrática a los grandes capitales privados.

La crisis del COVID-19 evidencia que sin estado somos como sociedad muerte andante, zombis. El estado democrático de derecho es el único refugio de los débiles frente a los fuertes. El COVID-19 certifica que el espectro de los débiles es realmente mucho más amplio de lo que parece ser en tiempos normales.

La calidad democrática del estado español no solo está limitada por lo que son algo mas que residuos franquistas en las estructuras moleculares del poder. El histórico de privatizaciones de los grandes sectores públicos, como el energético o el de la telefonía, la desindustrialización sistemática y la liquidación de cualquier atisbo de banca pública, desde nuestra entrada en la UE, dan significado a la palabra 'patria' pronunciada por labios bipartidistas desde Felipe González hasta Mariano Rajoy.

Sin control de la política monetaria, sin banca pública y sin tejido empresarial industrial que responda a los intereses de la comunidad democrática, el estado está maniatadoen su capacidad de dirección de la política económica, cualquiera que sean sus objetivos. Un estado reducido a la súplica a los poderosos y la coerción a los débiles no es un estado auténticamente democrático.

Si el PSOE en el Gobierno de coalición fuerza la aprobación de la absorción de Bankia por CaixaBank, limitará su capacidad para afrontar los grandes problemas del país. Si decide que Bankia sea banco público, la democracia española se fortalecerá, se podrán afrontar desde el interés común los problemas del tejido empresarial, el cambio del modelo productivo y energético, el fortalecimiento de los servicios públicos y, como derivadas esenciales, la reducción de la precariedad, la pobreza laboral, el desempleo, la desigualdad y el cambio climático.

No es verdad que en Europa no haya bancas públicas, pueden comprobarlo en este artículo de Bruno Estrada de 2015 publicado en el blog Economistas frente a la crisis: “La banca pública que no existe en Europa”. El estado alemán es el paradigma de las bancas públicas.

Agentes sociales, sindicatos, organizaciones de autónomos y PYMES deberían generar un frente común contra la absorción CaixaBank/Bankia y exigir un instrumento financiero público de carácter estatal. El dinero es la sangre de la economía, el oligopolio financiero un vampiro dispuesto a chupar la vida en común. Bankia debe ser banca pública. Se puede.

Pedro Sánchez ante su espejo andaluz

El espejo andaluz de Pedro Sánchez es Susana Díaz. La imagen especular devuelve la derecha en la izquierda y la izquierda en la derecha. No es lo mismo que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sean los del Gobierno de coalición, que sean los presupuestos de Pedro Sánchez con Ciudadanos.

En 2015 Susana Díaz pactó con Ciudadanos su investidura, derechizó la política andaluza y contribuyó a la continuidad de Rajoy. Díaz formó un gobierno obediente a los recortes de Montoro condicionado por la reducción de ingresos autonómicos impuesta por Ciudadanos. En 2017, con la dinámica unilateral del independentismo, la entonces presidenta andaluza se suma a la derecha enaltecida entorno al “a por ellos” del gobierno del PP. “No hay nada más andaluz que un guardia civil” dijo quien fuera derrotada en las primarias por un Pedro Sánchez abrazado al podemismo, la plurinacionalidad y el diálogo para afrontar el conflicto catalán.

En las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, en un contexto de gran deterioro de los servicios públicos y estructural empobrecimiento, el PSOE sufre su peor resultado histórico en Andalucía. Un 7% del electorado de izquierdas se queda en casa sin transferir voto a Adelante Andalucía. Un inhibidor de la transferencia fue el “con Susana ni muerta” de Teresa Rodríguez. La alianza PSOE-Ciudadanos sumó el desencanto con la rabia ultraderechista y abrió la puerta del sur a las derechas con Vox. Si Pedro Sánchez quiere desandar su camino y poner España en modo trumpista, no tiene más que insistir en dar prioridad a un pacto presupuestario con Ciudadanos.

Es verdad que el miedo de ERC al poder real de los antiguos convergentes, colgados del árbol pujolista del tres per cent, no pone fácil unos PGE sobre la mayoría de investidura. Urkullu dijo de su líder, Oriol Junqueras, tras las decisiones que instigó en los días en los que se jugaban en Cataluña elecciones anticipadas convocadas por Puigdemont o la aplicación del 155, que “lo peor de la política se ha encarnado en él”. Tres veces ha bloqueando ERC avances progresistas en Cataluña y fuera de ella, obstruyendo una salida dialogada. Una, el día de las treinta monedas; dos, la negativa a apoyar los PGE del gobierno en solitario de Pedro Sánchez tras la moción de censura; y, tres, la comunión de su voto con Vox para negar la cuarta prórroga del estado de alarma por razones de corto alcance sanitario y nula utilidad para el diálogo.

Consecuencia del COVID-19 y sus derivadas socioeconómicas, los PGE no pueden ser los que hubiesen sido. Las PYMES están tan dañadas por la pandemia como la gente autónoma, asalariada o desempleada. Un gobierno progresista habrá de ampliar ahí los énfasis de sus políticas económicas, sociales y fiscales. Las PYMES son grandes generadoras de empleo con fuerte potencial transformador del modelo productivo. Cabe perfectamente en ese territorio una negociación seria con Ciudadanos. Pero antes, los PGE deben pactarse dentro del gobierno de coalición, para buscar después acuerdos fuera y sumar apoyos sin alterar el fondo progresista, feminista, ecologista y de justicia laboral, fiscal y territorial que necesariamente han de tener, dada la mayoría social que representa el bloque de investidura.

Si Pedro Sánchez quiere ser la imagen en el espejo que le muestra Susana Díaz puede priorizar a Ciudadanos frente a su socio de gobierno, habría de saber entonces, como la historia cuenta, que detrás de ese espejo habitan las derrotas.

El Gobierno se acerca el Cabo de Hornos

El Gobierno se acerca al Cabo de Hornos. Naufragar o doblarlo en otoño son las opciones. Si se aprueban los PGE antes de que llegue el invierno astronómico, el navío entrará en el océano Pacífico con tres años de singladura por delante. Antes habrá de enfrentarse a tormentas, vendavales huracanados, olas de más de doce metros, corrientes y mareas poderosas entre la Antártida y Tierra de Fuego que intercambian miles de niágaras de agua entre el Pacífico y el Atlántico.

Si creíamos que lo peor había pasado tras la irrupción y gestión del estado de alarma de la pandemia, estábamos equivocados. Lo único, no es poco, que ha demostrado el gobierno en estos meses de huracán atlántico es la capacidad de trabajo inteligente de la tripulación, junto con la fortaleza de los aparejos, las cuadernas, los palos y las velas del bajel, ante una oposición amotinada con intención de derrocarlo en alta mar y arrojarlo a los fondos abisales. No habrá sido tan mala la gestión de la pandemia y la negociación de los fondos de recuperación en Europa cuando ahora, Pablo Casado y sus baronías piden al gobierno que se responsabilice de asuntos de competencia autonómica (salud, educación, residencias) con la misma intensidad que exigen los euros del pacto mancomunado europeo, que el propio líder del PP intentó reventar aliándose con Holanda y otros paraísos de fondos buitre.

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) será el punto de inflexión entre una navegación con meteorología virulenta y otra que permita orientar la popa hacia los problemas estructurales de España y sus naciones dentro de la crisis capitalista y ecológica global. La mayor o menor calidad progresista y de izquierdas de esos presupuestos va a depender de si ERC sigue entregada a la oscuridad del unilateralismo, que fractura cultural, emocional y económicamente la nación catalana que dice defender, o por el contrario decide definitivamente aspirar a ser el partido hegemónico catalán en un mundo europeo que necesariamente, si se refuerza la democracia, va a avanzar hacia las soberanías propias, cooperativas y compartidas que dibujen equilibrios territoriales complejos.

En las proximidades de Hornos, la moción de censura de Vox abrirá el curso político con estruendo de cañonería. La derrota del partido de Santiago Abascal será tan estrepitosa como el ruido fascistoide de sus bots y fake en las redes sociales. Le prestaran potencia amplificadora las montañas de falsedades de las portadas de ABC, El Mundo o La Razón. Antes, en los últimos compases de agosto, PRISA se ha sumado a los preparativos del ataque. Los francos artículos con los que Juan Luis Cebrián vuelve a la casa del padre, los manojos de tertulianos antiPodemos de la SER y los enfoques de sus noticiarios hacen el pasillo pretoriano a Vox. El grupo de comunicación que fuera símbolo de la democracia desde la transición, como la corona juancarlista, le extiende la alfombra roja a Santiago Abascal para que avance principesco hacia la censura.

Durante el combate en el mar del Congreso Abascal y, distante, Casado dirigirán los ataques más envenenados contra Unidas Podemos, es la estrategia en la que los poderes profundos del estado, los que se creen dueños del BOE, no cejan. Tratarán de abrir botanas por babor, la zona del casco donde se pergeñan los avances progresistas, feministas, ecologistas y de izquierdas.

El error de cálculo está en que en la nave del gobierno, en el camarote de popa llamado Moncloa, viaja un pasajero egregio. La corona no tiene más bergantín para limitar su desprestigio que el del gobierno donde le ha dado cobijo el PSOE de Pedro Sánchez. La estrategia de Vox es tan burda que parece estúpida. Para tomar la nave no solo va a obligar al gobierno a gastar una energías, que bien podían dedicarse ya a negociar los PGE y a afrontar los coletazos socioeconómicos y sanitarios de la pandemia, van a debilitar soberanamente a Ciudadanos, al PP y al mismísimo Felipe VI que sentirá pavor cuando los vivas al rey los clamen los herederos de quien puso a su padre en el trono de España.

Si el gobierno dobla el cabo de las tormentas, ministros, ministras y tripulación adornarán su oreja izquierda con el arete marinero que señala su hazaña. Hace siglos las marinerías a vela que logran superar el cabo meridional del continente americano condecoran con un zarcillo su lóbulo izquierdo. El adorno les otorga el derecho consuetudinario a unas exequias dignas en tierra, cualquiera que sea el mar en el que termine su singladura. Ojalá.

Pedro Sánchez no debe ser parte de la banalización del mal

El baluarte de defensa del gobierno de coalición, o sea de Pedro Sánchez y el Gobierno de España, es Unidas Podemos. El asedio al único partido que no depende, ni ha dependido, para ser movimiento político, ni de la banca ni de prácticas de sobres por detrás, porcentajes o remanguillés. quiere cortar la línea de suministro de políticas progresistas de todo tipo a la población española.

La táctica de acoso sistemático al Gobierno de España de la vieja derecha española, fragmentada en tres opciones partidistas, no solo tiene el objetivo de hacerse con el control de los 140.000 millones del acuerdo europeo para la reconstrucción, más la parte alícuota de los presupuestos de la UE hasta 2027 que se cuenta por muchos más miles de millones, para repartirlos como solo la derecha española sabe hacer. Hacer saltar por los aires el gobierno es también una táctica de autoprotección del pasado de esa derecha y sus connivencias bipartidistas.

Unidas Podemos en el gobierno no solo es una garantía de que las inversiones serán equilibradas social, ecológica y territorialmente, sino también una garantía de que la alfombra que oculta los pasados tejemanejes de quienes han participado por acción u omisión de la recolecta de las ramas del árbol del que habló el exmonarca catalán Jordi Pujol, se vaya levantando y deje al descubierto muchas vergüenzas ocultadas tras la palabra patria.

Las trincheras de ataque al baluarte gubernamental podemita están en órganos constitucionales e institucionales, a los que no les podemos presumir independencia después de años de nombramientos bipartidistas escorados a las familias políticas del PP , guardianas muchas de las esencias franquistas, están en las cloacas y en medios de comunicación de tres al cuarto pero con mucho dinero a fondo perdido, incluido dinero de fondo extranjeros.

Pero, aún más grave que las trincheras de ataque al gobierno de coalición, es la tolerada extensión del infame “a por ellos” contra las y los representantes públicos de Unidas Podemos. Estar a la vanguardia en la defensa de los derechos de las mayorías para reconstruir una España sin desigualdad ni pobreza, sin violencia machista, sin destrucción ambiental y con los derechos a la salud, la educación y las pensiones garantizados, resulta intolerable para la vieja derecha derrotada en las urnas.

El acoso, las amenazas, el chantaje, las coacciones, la difusión del odio contra Pablo Iglesias, Irene Montero y sus tres chaborrillos, son lo más grave que está ocurriendo antes de la moción de censura que Vox presentará en septiembre. La falta de condena contundente de partidos que se dicen democráticos, el desprecio a los hechos del periodismo con faltriquera llena, la banalización de fiscalía, jueces y policías de lo que es delito a ojos vista, y hasta las desleales e ignorantes declaraciones de ministras como Robles y Calvo, a las que su formación jurídica les presume inteligencia interpretativa, dejan campo abierto a un in crescendo de acoso fascista, alimentado esta pasada semana por el hecho de que la familia Montero-Iglesias hubiese de terminar abruptamente sus vacaciones recién iniciadas. No hay derecho.

La familia Montero-Iglesias está claramente desprotegida por el estado de derecho. Después de cuatro meses de acoso sistemático al rededor de su chalet y de ser amenazada en el inicio de sus vacaciones, en la madrugada de agosto del sábado 22 al domingo 23, un grupo de fachas arrojó objetos al interior de la casa del vicepresidente, la ministra y sus tres criaturas, al grito de "Iglesias, chúpamela”. Pudieron hacerlo porque la impunidad es territorial y la dejación de funciones de quienes tiene que tutelar el estado derecho garante de la democracia es manifiesta. El mismo domingo 24 de agosto, junto con más gente, las amenazas continuaban; otro energúmeno fascista fue noticia por un video grabado en la puerta del mismo domicilio de Galapagar diciendo cosas espeluznantes.

Cualquier banalización de este mal filofranquista será un error del gobierno, particularmente de Pedro Sánchez. Que haya víctimas y muertes, vista la debilidad del estado de derecho para afrontar la defensa de la democracia contra el fascismo, no se puede descartar. La izquierda y la sociedad civil progresista han de exigir acciones inmediatas contra la emergencia fascista y denunciar a quienes con su desprecio, banalización o aliento permiten que sigan ocurriendo cosas así. Fiscales, jueces y policías deben actuar ya con toda la fuerza legal del estado de derecho. El nazismo y el fascismo llegaron así, millones y millones de muertes asolaron el planeta.

El presidente Sánchez debe instar inmediatamente a actuar contra los delitos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y convenir con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo que se abstengan de hacer declaraciones que justifiquen de manera directa o indirecta lo que no son más que comportamientos al borde de los de la noche de los cristales rotos.

Andalucía, 84 años de los asesinatos de Blas Infante y Lorca

La España que se ve desde Zarzuela, Génova o el barrio de Salamanca es una ficción hecha realidad a fuerza de concentración de poder, las más de veces acompañada de imposición y desprecio de culturas, historias y anhelos diferentes. Es la España del PP, Vox y Ciudadanos.

La Andalucía que hace tiempo no se mira a sí misma, gobernada por la coalición de Populares y Ciudadanos con apoyo de Vox, es una realidad –cultural y política– hecha “de la materia con la que están hechos los sueños”. Así la intuye Cernuda en 1931: “Andalucía, ya se sabe, es el Norte de España; pero no la busquéis en parte alguna, porque no estará allí. Andalucía es un sueño que varios andaluces (y andaluzas) llevamos dentro”.

En 1977, 4 de diciembre, el “varios” del poeta sevillano se hizo millones en las calles bajo el lema “Libertad, amnistía, estatuto de autonomía”. Dos años después, 1980, 28 de febrero, millones de papeletas con el Sí llenaron las urnas. La metáfora de la irrupción del pueblo andaluz que dibujó el estado autonómico en la CE, forzando la introducción, aun leonino, del artículo 151, la cantó Carlos Cano: “Entró como un vendaval, bata de cola, peineta, la reina superstar”. Andalucía es la única comunidad autónoma que en la conformación del régimen del 78 se constituye como pueblo en las calles y gana su reconocimiento institucional como nacionalidad histórica en las urnas. Así, por sí, “por Andalucía libre, España y la humanidad”, como dice el himno oficial andaluz según la letra que escribiera Blas Infante, se abre el camino a todas aquellas regiones que no iban a ser reconocidas con autonomía plena como sí lo iban a ser Cataluña, Galicia, Euskadi con su foralidad bilateral y Navarra con su convenio económico.

Entonces, en los albores del la democracia española tras el largo infierno franquista, Andalucía se apuntó al con nosotros, como la que más, contribuyendo de una manera decisiva a la descentralización y desconcentración del poder radicado en Madrid. Cuarenta años después, en el punto más crítico de la reivindicación del derecho a decidir en Cataluña, devenido unilateral por las fuerzas independentistas catalanas, Andalucía fue apuntada al “a por ellos” por el núcleo dirigente del partido que había sido hegemónico desde las primeras elecciones autonómicas de 1982. Así, la secretaria general del PSOE-A y expresidenta andaluza, Susana Díaz, abrió a lo grande la puerta a los bárbaros. Cuarenta y un años después de 1977, esta vez en sentido contrario, Andalucía inaugura la definición de los equilibrios de poder abriendo el ciclo en el que Vox instala su discurso en el sistema.

Esta misma semana de 1936 asesinaron a Blas Infante, Sevilla, 11 de agosto, kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Lo mató el mismo fascismo insurrecto que una semana después, Granada, 18 de agosto, destroza la vida de Federico García Lorca llenando de sangre el barranco de Víznar. Blas Infante y Federico García Lorca son los, al menos, 45.556 muertos arrojados a las 708 cunetas, barrancos y fosas comunes andaluzas que el franquismo legó al régimen del 78 como usufructo de represión y olvido. También son las más de 210.000 personas exiliadas, trabajadoras esclavas y expoliadas andaluzas víctimas de una concepción de España uniforme y feroz. La rebelión fascista entró por el sur propalando la muerte como en ningún otro lugar.

Semanas antes de la memoria de los asesinatos de Infante y Lorca, las noticias suizas y británicas, han contado que Juan Carlos I de Borbón transportaba, inmune, maletines llenos de petrodólares, disponía en palacio de máquina de contar billetes, controlaba una salpicadura de cuentas bancarias en paraísos fiscales ocultas a la hacienda pública del reino y se dedicaba a la compraventa de inmuebles de gran valor financiero entre otras labores de intermediación comisionista. Señal de que ha huido es que no sabemos donde está. Ayer es hoy. El golpe de Estado asesino de 1936 viaja en maletines reales y se esconde en cuentas extranjeras. En la corte, personajes con título nobiliario o sin él insisten en llamar patria a sus negocios familiares.

La esperanza habita en corazones de bien de todas las Españas

“Hombres (y mujeres) de España, ni el pasado ha muerto ni está el mañana en el ayer escrito”. La esperanza hoy como ayer también la escribe otro andaluz, Don Antonio Machado, “estos días azules y este sol de la infancia”. La esperanza habita en corazones de bien de todas las Españas, corazones que aspiran al reconocimiento del diferente, al cuidado mutuo y del planeta. Por eso es tan importante apoyar el Gobierno de coalición contra el que se acaba de emprender desde la corte ubicua otra, una más, infame batalla judicial al puro estilo golpe de Estado ‘lawfare’. Fracasará porque “hay una España que quiere vivir y a vivir empieza”.

Dice Xavi Domènech en una magnífica entrevista en ‘El Salto’, a propósito de su nuevo libro ‘Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017)’, que “el Estado centralista fue una de las herramientas clave de las clases dominantes para desarrollar el capitalismo en España.” Efectivamente, lo sigue siendo ahora, siglo XXI, bajo la forma de capitalismo global neoliberal. La centralización del poder para satisfacer a los poderes económicos de la corte y rescatar a la banca con cargo a los derechos sociales y las clases medias populares, consumada en la CE con la reforma del artículo 135 y su epígono jurídico, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, llamada Ley Montoro, ha sido un continuum que venía siendo practicado desde la transición, que se lo pregunten a las alcaldías actuales.

Dice también Domènech “me pregunto cómo uno de los lugares, como era España, con más diversidad cultural y espacios políticos de Europa a principios del XIX pudo devenir en uno de los Estados más centralistas del continente. Fueron esas clases dominantes las que llegan a la conclusión de que para desarrollar un proyecto profundamente desigual en lo económico y lo social necesitaban de un Estado blindado a la población y con voluntad de control territorial desde el centro”. El análisis es válido en los actuales tiempos, hay un vínculo sinérgico entre federalismo y progreso como lo hay entre centralismo y reacción.

Por eso es tan importante que en Andalucía se construya una voz hegemónica alejada del PP, Ciudadanos y Vox, que se apunte a una estrategia republicana conjunta como la que propone el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. No parece que el camino sea andar dándole tirones a la blanquiverde considerándola propiedad de parte, ni alejarse de apoyar al único gobierno de la democracia desde 1979 que tiene en su ADN genes para la traducción proteínica de una España diversa, justa y plurinacional.

Soñamos, tomémonos en serio nuestros sueños.