Madrid, corazón de las tinieblas

“Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Tratar a Madrid como al resto de comunidades es muy injusto a mi juicio”, palabras de su presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso para pedir policías y dinero al gobierno de España después de echar la culpa de la subida de contagios, ingresos en UCI y letalidad al “modo de vida” de los barrios obreros y la inmigración. Palabras pronunciadas con la protección de un muro de banderas de España y de Madrid para delegar en el gobierno de España la culpa de su incapacidad para proteger la vida de las gentes que viven en Madrid. Palabras para ocultar que, como anunció el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, Madrid es una bomba radiactiva vírica. Tras el muro de banderas nacionalistas Madrileñas el resto de España es para la presidenta Ayuso su patio trasero.

Lo más grave está en Madrid, no por los madrileños y madrileñas que al fin y acabo son víctimas ideológicamente ignorantes o impotentemente lúcidas del centralismo capitalino, sino porque allí está el epicentro de la corrupción de la derecha española, la capitalidad regia del rey huido a Emiratos Árabes y la trama de relaciones de poder subterráneo que han conformado la herencia del franquismo, amparadas por el viejo bipartidismo monárquico que defiende personajes tan esperpénticamente desfasados como Alfonso Guerra, Felipe González o José María Aznar.

No es el único Madrid que existe, otro fue posible, lo añoramos, ayudaremos a que emerja. Las croquetas de Manuela Carmena y los nublos juveniles de Íñigo Errejón envueltos en la idiosincrasia de los susurros de poder de la capital del reino, lo enterraron por un tiempo. Un tiempo que ha resultado ser precioso. Cuán diferente sería la historia de la pandemia si Madrid no estuviese en manos de la infamia.

Lo más grave está en Madrid. Pedro Sánchez cayó la semana pasada en la trampa que le tendieron en la sede del gobierno autonómico en la Puerta del sol y, desde entonces, pagan los barrios trabajadores del sur a base de hostias policiales, la incapacidad del gobierno madrileño con la represión policial dependiente del ministerio del Interior.

Lo más grave está en Madrid. A fecha 21 de septiembre, datos del ministerio de Sanidad, de las 30.663 muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia, 9.023 se han producido en Madrid. Una región con el 14% de la población española produce el 29,5% de la letalidad de la pandemia en España. En modo grueso, si España estuviese gobernada por quienes gobiernan Madrid las muertes totales serían 64.015, más del doble de las actuales; si fuese al revés, si Madrid hubiese estado gobernada por un gobierno progresista de izquierdas las muertes en Madrid no hubiesen alcanzado la 3.600, aproximadamente dos terceras partes menos. Si la tasa de letalidad española del virus está entre las más altas de la UE y del mundo es por culpa de los recortes en salud pública forzados por los gobiernos Rajoy, amplificados por la destrucción y privatización de los servicios públicos de la comunidad de Madrid y, definitivamente, por la gestión de la pandemia que ha realizado el gobierno de la comunidad autónoma en manos del PP, Ciudadanos y Vox.

Es muy importante, en solidaridad con las y los madrileños, que advirtamos desde todas partes que lo grave está en Madrid, y los más grave se llama Isabel Díaz Ayuso, con apoyo directo de Ignacio Aguado e indirecto de Vox. No es policía y ejercito en las calles lo que necesita Madrid, es inversión en sanidad, educación y transporte público. Eso es lo que debía haber anunciado Pedro Sánchez en la cita de las banderas del nuevo nacionalismo mortal Madrileño, no comisiones de coordinación, que ya han saltado por los aires, ni silencio ante las palabras xenófobas, neofascistas y coloniales de la cara visible, Isabel Díaz Ayuso, de los dueños del corazón de las tinieblas en el que se ha convertido Madrid.

Madrid, problema de todas las Españas

Región de Madrid llaman a la provincia llamada Madrid quienes son incapaces de gestionar sus competencias, sus responsabilidades constitucionales, desde el poder en el gobierno de la comunidad autónoma o la alcaldía. Ayuso, Aguado, Almeida, Villacís, con el apoyo intendente de Vox, son en la ciudad estado de Madrid pajes de su corte y caras visibles de la villa, representantes de la mayor bomba coronavírica de Europa. Estos pajes con aire petulante principesco, que se desvanecen en cuanto abren la boca, están más preocupados por atacar al gobierno de España y por los dineros y propiedades de las clases altas y los ricos con residencia fiscal en la capital, que por la pandemia.

En pleno crecimiento de la segunda ola, Isabel Díaz Ayuso, presidenta, ocultó la gravedad del número de contagios y anunció una nueva bajada de impuestos que solo afectará de verdad a las rentas altas y los ricos en el debate sobre el estado de la región, provincia, comunidad autónoma, capital constitucional de España.

El fondo covid que el gobierno de España entregó a las comunidades autónomas a finales de julio fue de 6.000 millones de euros, la cuarta parte se quedó en Madrid, 1500 millones, el triple de los recibió Andalucía con más población y más extensión.

Un gobierno que influye en la vida de un octavo de la población española recibió un cuarto de los fondos estatales inmediatos para afrontar inversiones contra la pandemia. Andalucía, donde tampoco sabemos en qué se han gastado, recibió un sexto para un quinto de la población española. Madrid siempre más es España siempre menos.

¿Qué ha hecho el gobierno de Ayuso y Aguado con esos 1.500 millones de euros? Sabemos que no los ha dedicado ni a inversión sanitaria, ni a medicalización de residencias, ni a reforzar la atención primaria, ni a contratar docentes y reforzar los servicios educativos, ni a garantizar el distanciamiento en el transporte público. He ahí, junto con la ignorancia, la incompetencia y la protección de intereses económicos de cortesanos de renombre, las causas de la feroz segunda ola madrileña.

El gobierno de Madrid no ha hecho nada verdaderamente relacionado con la prevención para afrontar la gran segunda ola que sufre la capital de reino. En Madrid, la zona cero actual de la pandemia en el continente europeo, su gobierno se dedica a culpabilizar la entrada de extranjeros por el aeropuerto y la vida estrecha y difícil de la gente trabajadora y la inmigración, al tiempo que establece un confinamiento selectivo, de clase social con rentas medias o bajas, y pide al gobierno central que la policía vigile. Una trampa para el gobierno progresista de izquierdas que algo habrá de decir y cuidar al respecto.

Madrid, agujero negro de recursos ambientales, energéticos, sociales, humanos, culturales y económicos de todas las regiones, provincias, comunidades autónomas, nacionalidades y naciones de España. También agujero negro de esos recursos de su mismo sur. Esos barrios del sur, donde vive la dignidad de clase trabajadora que durante el confinamiento sostuvo el hilo de la vida en la gran urbe, acusados por los pajes de la corte de propalar la covid-19 por llevar mala vida, en lugar de ser protegidos para curar su vida mala. Indignante.

Madrid, criadero de desigualdad y racismo abonado por sus derechas ultras todas. Las que alentaron y gustaron de las manifestaciones con autos deportivos, palos de golf y señoronas con criada en el barrio de Salamanca, después de acusar a las mujeres con su feminismo de ser culpables de la pandemia.

Madrid paraíso fiscal de ricos y rentas muy altas con nombres y apellidos importantes. Madrid, que con un octavo de población española produce un tercio del daño humano por la pandemia en España.

Madrid, concentración de cloacas y estulticia de poderes e instituciones. Madrid, capital de España, concentración de ignorancia y maldad moral en sus derechas dirigentes, buena parte imputadas. Madrid, donde otras mascarillas habitan en los juzgados de la Gürtel, la Púnica o la Kitchen (pueden aumentar la lista) para bloquear el olor de la podredumbre.

Madrid, qué bien nos vendría, qué bien les vendría a las y los madrileños de buena fe que Madrid dejase de ser capital de España al menos por un tiempo. Qué bien nos vendría una moción de censura que sacase a Ayuso de la presidencia. Qué bien nos vendría que cuando las y los madrileños voten otra vez se hagan un favor a sí mismos y le hagan un favor a España.

Derrotada la ministra María Jesús Montero

La ministra de hacienda María Jesús Montero condujo la pasada semana al gobierno a una estrepitosa derrota. La convalidación del real decreto ley que inyectaba en los municipios 5.000 millones de euros, a cambio de que estos entregasen a hacienda su superávit presupuestario durante 15 años, fracasó. La derrota llegó a manos de un muncipalismo ideológicamente inconexo que no quiere dejar al gobierno la sartén de sus cuentas por el mango, tal y como permite la ley Montoro de estabilidad presupuestaria. Una ley que fue más allá de los límites que estableció el reformado artículo 135 de la CE contra lo que dice la propia ministra.

La derrota por 193 noes contra 156 síes fue aplastante. Sorprende que una ministra con la inteligencia de María Jesús Montero no emule la capacidad negociadora de la ministra Yolanda Díaz. Esta última ha sabido avanzar promoviendo difíciles acuerdos entre patronal, pymes, autónomos y sindicatos. Basta entregar los 5.000 millones a los municipios sin más condiciones que dedicarlos a cuidados, políticas sociales, movilidad, protección ambiental y gastos derivados de la pandemia, para aislar en el no a las derechas y reforzar la mayoría de investidura.

¿Por qué Montero se muestra Montoro? Porque obedece a la parte conservadora del gobierno. Montero se pliega a las vicepresidentas primera y tercera, Calvo y Calviño que forman el ala derecha del consejo de ministros. Cuando la ministra de hacienda fue mano ejecutora de la alianza de la expresidenta andaluza Susana Díaz con Ciudadanos y de las políticas del gobierno Rajoy en Andalucía, la autonomía andaluza se redujo a una oficina de gestión centralista de recortes bajo el epigrama de la lealtad institucional. Conocemos las consecuencias. Maria Jesús Montero debe superar la herencia Montoro de grilletes puestos a los ayuntamientos.

Sin distribución cooperativa de soberanías no hay democracia. El municipalismo necesita capacidad fiscal y de gasto. No toda demanda de soberanía es nacionalismo. De hecho, la mayoría de las demandas actuales de soberanía no tiene nada que ver con identidades nacionales. Los poderes económicos subyugan la democracia concentrando el poder político para concentrar el poder económico. La función del centralismo con la cesión por arriba de soberanía monetaria es limitar la democracia.

Imposible comprender la derrota de la ministra Maria Jesús Montero sin percibir que puesta a las órdenes de las tendencias ciudadanistas del gobierno, como en su día se puso a las de la expresidenta andaluza Susana Díaz, acaba provocando un daño en el al gobierno, su presidente Pedro Sánchez y al país. Está a tiempo de arreglar el roto y olvidarse definitivamente de Montoro. Europa ya se olvidó, estamos en fase expansiva. Los ayuntamientos importan, son la expresión originaria de la ciudadanía, la polis y la democracia. Rectifique señora ministra, cuanto antes. Deje de alimentar el único frente político creíble que le queda al PP.

¡BANKIA pública ya!

Un estado sin control de su política monetaria, es un estado alicorto. El tratado de Mastrich supuso una entrega de soberanía monetaria tan substancial como antidemocrática. El BCE actúa como instrumento de defensa de los intereses del capital frente a los intereses de las mayorías sociales, incluidos los de PYMES y personas autónomas. La crisis de 2008 mostró descarnada esta realidad. El PSOE de Zapatero se plegó entonces a reformar el artículo 135 de la Constitución Española para consagrar la entrega de soberanía democrática a los grandes capitales privados.

La crisis del COVID-19 evidencia que sin estado somos como sociedad muerte andante, zombis. El estado democrático de derecho es el único refugio de los débiles frente a los fuertes. El COVID-19 certifica que el espectro de los débiles es realmente mucho más amplio de lo que parece ser en tiempos normales.

La calidad democrática del estado español no solo está limitada por lo que son algo mas que residuos franquistas en las estructuras moleculares del poder. El histórico de privatizaciones de los grandes sectores públicos, como el energético o el de la telefonía, la desindustrialización sistemática y la liquidación de cualquier atisbo de banca pública, desde nuestra entrada en la UE, dan significado a la palabra 'patria' pronunciada por labios bipartidistas desde Felipe González hasta Mariano Rajoy.

Sin control de la política monetaria, sin banca pública y sin tejido empresarial industrial que responda a los intereses de la comunidad democrática, el estado está maniatadoen su capacidad de dirección de la política económica, cualquiera que sean sus objetivos. Un estado reducido a la súplica a los poderosos y la coerción a los débiles no es un estado auténticamente democrático.

Si el PSOE en el Gobierno de coalición fuerza la aprobación de la absorción de Bankia por CaixaBank, limitará su capacidad para afrontar los grandes problemas del país. Si decide que Bankia sea banco público, la democracia española se fortalecerá, se podrán afrontar desde el interés común los problemas del tejido empresarial, el cambio del modelo productivo y energético, el fortalecimiento de los servicios públicos y, como derivadas esenciales, la reducción de la precariedad, la pobreza laboral, el desempleo, la desigualdad y el cambio climático.

No es verdad que en Europa no haya bancas públicas, pueden comprobarlo en este artículo de Bruno Estrada de 2015 publicado en el blog Economistas frente a la crisis: “La banca pública que no existe en Europa”. El estado alemán es el paradigma de las bancas públicas.

Agentes sociales, sindicatos, organizaciones de autónomos y PYMES deberían generar un frente común contra la absorción CaixaBank/Bankia y exigir un instrumento financiero público de carácter estatal. El dinero es la sangre de la economía, el oligopolio financiero un vampiro dispuesto a chupar la vida en común. Bankia debe ser banca pública. Se puede.

Pedro Sánchez ante su espejo andaluz

El espejo andaluz de Pedro Sánchez es Susana Díaz. La imagen especular devuelve la derecha en la izquierda y la izquierda en la derecha. No es lo mismo que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sean los del Gobierno de coalición, que sean los presupuestos de Pedro Sánchez con Ciudadanos.

En 2015 Susana Díaz pactó con Ciudadanos su investidura, derechizó la política andaluza y contribuyó a la continuidad de Rajoy. Díaz formó un gobierno obediente a los recortes de Montoro condicionado por la reducción de ingresos autonómicos impuesta por Ciudadanos. En 2017, con la dinámica unilateral del independentismo, la entonces presidenta andaluza se suma a la derecha enaltecida entorno al “a por ellos” del gobierno del PP. “No hay nada más andaluz que un guardia civil” dijo quien fuera derrotada en las primarias por un Pedro Sánchez abrazado al podemismo, la plurinacionalidad y el diálogo para afrontar el conflicto catalán.

En las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, en un contexto de gran deterioro de los servicios públicos y estructural empobrecimiento, el PSOE sufre su peor resultado histórico en Andalucía. Un 7% del electorado de izquierdas se queda en casa sin transferir voto a Adelante Andalucía. Un inhibidor de la transferencia fue el “con Susana ni muerta” de Teresa Rodríguez. La alianza PSOE-Ciudadanos sumó el desencanto con la rabia ultraderechista y abrió la puerta del sur a las derechas con Vox. Si Pedro Sánchez quiere desandar su camino y poner España en modo trumpista, no tiene más que insistir en dar prioridad a un pacto presupuestario con Ciudadanos.

Es verdad que el miedo de ERC al poder real de los antiguos convergentes, colgados del árbol pujolista del tres per cent, no pone fácil unos PGE sobre la mayoría de investidura. Urkullu dijo de su líder, Oriol Junqueras, tras las decisiones que instigó en los días en los que se jugaban en Cataluña elecciones anticipadas convocadas por Puigdemont o la aplicación del 155, que “lo peor de la política se ha encarnado en él”. Tres veces ha bloqueando ERC avances progresistas en Cataluña y fuera de ella, obstruyendo una salida dialogada. Una, el día de las treinta monedas; dos, la negativa a apoyar los PGE del gobierno en solitario de Pedro Sánchez tras la moción de censura; y, tres, la comunión de su voto con Vox para negar la cuarta prórroga del estado de alarma por razones de corto alcance sanitario y nula utilidad para el diálogo.

Consecuencia del COVID-19 y sus derivadas socioeconómicas, los PGE no pueden ser los que hubiesen sido. Las PYMES están tan dañadas por la pandemia como la gente autónoma, asalariada o desempleada. Un gobierno progresista habrá de ampliar ahí los énfasis de sus políticas económicas, sociales y fiscales. Las PYMES son grandes generadoras de empleo con fuerte potencial transformador del modelo productivo. Cabe perfectamente en ese territorio una negociación seria con Ciudadanos. Pero antes, los PGE deben pactarse dentro del gobierno de coalición, para buscar después acuerdos fuera y sumar apoyos sin alterar el fondo progresista, feminista, ecologista y de justicia laboral, fiscal y territorial que necesariamente han de tener, dada la mayoría social que representa el bloque de investidura.

Si Pedro Sánchez quiere ser la imagen en el espejo que le muestra Susana Díaz puede priorizar a Ciudadanos frente a su socio de gobierno, habría de saber entonces, como la historia cuenta, que detrás de ese espejo habitan las derrotas.

El Gobierno se acerca el Cabo de Hornos

El Gobierno se acerca al Cabo de Hornos. Naufragar o doblarlo en otoño son las opciones. Si se aprueban los PGE antes de que llegue el invierno astronómico, el navío entrará en el océano Pacífico con tres años de singladura por delante. Antes habrá de enfrentarse a tormentas, vendavales huracanados, olas de más de doce metros, corrientes y mareas poderosas entre la Antártida y Tierra de Fuego que intercambian miles de niágaras de agua entre el Pacífico y el Atlántico.

Si creíamos que lo peor había pasado tras la irrupción y gestión del estado de alarma de la pandemia, estábamos equivocados. Lo único, no es poco, que ha demostrado el gobierno en estos meses de huracán atlántico es la capacidad de trabajo inteligente de la tripulación, junto con la fortaleza de los aparejos, las cuadernas, los palos y las velas del bajel, ante una oposición amotinada con intención de derrocarlo en alta mar y arrojarlo a los fondos abisales. No habrá sido tan mala la gestión de la pandemia y la negociación de los fondos de recuperación en Europa cuando ahora, Pablo Casado y sus baronías piden al gobierno que se responsabilice de asuntos de competencia autonómica (salud, educación, residencias) con la misma intensidad que exigen los euros del pacto mancomunado europeo, que el propio líder del PP intentó reventar aliándose con Holanda y otros paraísos de fondos buitre.

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) será el punto de inflexión entre una navegación con meteorología virulenta y otra que permita orientar la popa hacia los problemas estructurales de España y sus naciones dentro de la crisis capitalista y ecológica global. La mayor o menor calidad progresista y de izquierdas de esos presupuestos va a depender de si ERC sigue entregada a la oscuridad del unilateralismo, que fractura cultural, emocional y económicamente la nación catalana que dice defender, o por el contrario decide definitivamente aspirar a ser el partido hegemónico catalán en un mundo europeo que necesariamente, si se refuerza la democracia, va a avanzar hacia las soberanías propias, cooperativas y compartidas que dibujen equilibrios territoriales complejos.

En las proximidades de Hornos, la moción de censura de Vox abrirá el curso político con estruendo de cañonería. La derrota del partido de Santiago Abascal será tan estrepitosa como el ruido fascistoide de sus bots y fake en las redes sociales. Le prestaran potencia amplificadora las montañas de falsedades de las portadas de ABC, El Mundo o La Razón. Antes, en los últimos compases de agosto, PRISA se ha sumado a los preparativos del ataque. Los francos artículos con los que Juan Luis Cebrián vuelve a la casa del padre, los manojos de tertulianos antiPodemos de la SER y los enfoques de sus noticiarios hacen el pasillo pretoriano a Vox. El grupo de comunicación que fuera símbolo de la democracia desde la transición, como la corona juancarlista, le extiende la alfombra roja a Santiago Abascal para que avance principesco hacia la censura.

Durante el combate en el mar del Congreso Abascal y, distante, Casado dirigirán los ataques más envenenados contra Unidas Podemos, es la estrategia en la que los poderes profundos del estado, los que se creen dueños del BOE, no cejan. Tratarán de abrir botanas por babor, la zona del casco donde se pergeñan los avances progresistas, feministas, ecologistas y de izquierdas.

El error de cálculo está en que en la nave del gobierno, en el camarote de popa llamado Moncloa, viaja un pasajero egregio. La corona no tiene más bergantín para limitar su desprestigio que el del gobierno donde le ha dado cobijo el PSOE de Pedro Sánchez. La estrategia de Vox es tan burda que parece estúpida. Para tomar la nave no solo va a obligar al gobierno a gastar una energías, que bien podían dedicarse ya a negociar los PGE y a afrontar los coletazos socioeconómicos y sanitarios de la pandemia, van a debilitar soberanamente a Ciudadanos, al PP y al mismísimo Felipe VI que sentirá pavor cuando los vivas al rey los clamen los herederos de quien puso a su padre en el trono de España.

Si el gobierno dobla el cabo de las tormentas, ministros, ministras y tripulación adornarán su oreja izquierda con el arete marinero que señala su hazaña. Hace siglos las marinerías a vela que logran superar el cabo meridional del continente americano condecoran con un zarcillo su lóbulo izquierdo. El adorno les otorga el derecho consuetudinario a unas exequias dignas en tierra, cualquiera que sea el mar en el que termine su singladura. Ojalá.

Pedro Sánchez no debe ser parte de la banalización del mal

El baluarte de defensa del gobierno de coalición, o sea de Pedro Sánchez y el Gobierno de España, es Unidas Podemos. El asedio al único partido que no depende, ni ha dependido, para ser movimiento político, ni de la banca ni de prácticas de sobres por detrás, porcentajes o remanguillés. quiere cortar la línea de suministro de políticas progresistas de todo tipo a la población española.

La táctica de acoso sistemático al Gobierno de España de la vieja derecha española, fragmentada en tres opciones partidistas, no solo tiene el objetivo de hacerse con el control de los 140.000 millones del acuerdo europeo para la reconstrucción, más la parte alícuota de los presupuestos de la UE hasta 2027 que se cuenta por muchos más miles de millones, para repartirlos como solo la derecha española sabe hacer. Hacer saltar por los aires el gobierno es también una táctica de autoprotección del pasado de esa derecha y sus connivencias bipartidistas.

Unidas Podemos en el gobierno no solo es una garantía de que las inversiones serán equilibradas social, ecológica y territorialmente, sino también una garantía de que la alfombra que oculta los pasados tejemanejes de quienes han participado por acción u omisión de la recolecta de las ramas del árbol del que habló el exmonarca catalán Jordi Pujol, se vaya levantando y deje al descubierto muchas vergüenzas ocultadas tras la palabra patria.

Las trincheras de ataque al baluarte gubernamental podemita están en órganos constitucionales e institucionales, a los que no les podemos presumir independencia después de años de nombramientos bipartidistas escorados a las familias políticas del PP , guardianas muchas de las esencias franquistas, están en las cloacas y en medios de comunicación de tres al cuarto pero con mucho dinero a fondo perdido, incluido dinero de fondo extranjeros.

Pero, aún más grave que las trincheras de ataque al gobierno de coalición, es la tolerada extensión del infame “a por ellos” contra las y los representantes públicos de Unidas Podemos. Estar a la vanguardia en la defensa de los derechos de las mayorías para reconstruir una España sin desigualdad ni pobreza, sin violencia machista, sin destrucción ambiental y con los derechos a la salud, la educación y las pensiones garantizados, resulta intolerable para la vieja derecha derrotada en las urnas.

El acoso, las amenazas, el chantaje, las coacciones, la difusión del odio contra Pablo Iglesias, Irene Montero y sus tres chaborrillos, son lo más grave que está ocurriendo antes de la moción de censura que Vox presentará en septiembre. La falta de condena contundente de partidos que se dicen democráticos, el desprecio a los hechos del periodismo con faltriquera llena, la banalización de fiscalía, jueces y policías de lo que es delito a ojos vista, y hasta las desleales e ignorantes declaraciones de ministras como Robles y Calvo, a las que su formación jurídica les presume inteligencia interpretativa, dejan campo abierto a un in crescendo de acoso fascista, alimentado esta pasada semana por el hecho de que la familia Montero-Iglesias hubiese de terminar abruptamente sus vacaciones recién iniciadas. No hay derecho.

La familia Montero-Iglesias está claramente desprotegida por el estado de derecho. Después de cuatro meses de acoso sistemático al rededor de su chalet y de ser amenazada en el inicio de sus vacaciones, en la madrugada de agosto del sábado 22 al domingo 23, un grupo de fachas arrojó objetos al interior de la casa del vicepresidente, la ministra y sus tres criaturas, al grito de "Iglesias, chúpamela”. Pudieron hacerlo porque la impunidad es territorial y la dejación de funciones de quienes tiene que tutelar el estado derecho garante de la democracia es manifiesta. El mismo domingo 24 de agosto, junto con más gente, las amenazas continuaban; otro energúmeno fascista fue noticia por un video grabado en la puerta del mismo domicilio de Galapagar diciendo cosas espeluznantes.

Cualquier banalización de este mal filofranquista será un error del gobierno, particularmente de Pedro Sánchez. Que haya víctimas y muertes, vista la debilidad del estado de derecho para afrontar la defensa de la democracia contra el fascismo, no se puede descartar. La izquierda y la sociedad civil progresista han de exigir acciones inmediatas contra la emergencia fascista y denunciar a quienes con su desprecio, banalización o aliento permiten que sigan ocurriendo cosas así. Fiscales, jueces y policías deben actuar ya con toda la fuerza legal del estado de derecho. El nazismo y el fascismo llegaron así, millones y millones de muertes asolaron el planeta.

El presidente Sánchez debe instar inmediatamente a actuar contra los delitos al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y convenir con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo que se abstengan de hacer declaraciones que justifiquen de manera directa o indirecta lo que no son más que comportamientos al borde de los de la noche de los cristales rotos.

Andalucía, 84 años de los asesinatos de Blas Infante y Lorca

La España que se ve desde Zarzuela, Génova o el barrio de Salamanca es una ficción hecha realidad a fuerza de concentración de poder, las más de veces acompañada de imposición y desprecio de culturas, historias y anhelos diferentes. Es la España del PP, Vox y Ciudadanos.

La Andalucía que hace tiempo no se mira a sí misma, gobernada por la coalición de Populares y Ciudadanos con apoyo de Vox, es una realidad –cultural y política– hecha “de la materia con la que están hechos los sueños”. Así la intuye Cernuda en 1931: “Andalucía, ya se sabe, es el Norte de España; pero no la busquéis en parte alguna, porque no estará allí. Andalucía es un sueño que varios andaluces (y andaluzas) llevamos dentro”.

En 1977, 4 de diciembre, el “varios” del poeta sevillano se hizo millones en las calles bajo el lema “Libertad, amnistía, estatuto de autonomía”. Dos años después, 1980, 28 de febrero, millones de papeletas con el Sí llenaron las urnas. La metáfora de la irrupción del pueblo andaluz que dibujó el estado autonómico en la CE, forzando la introducción, aun leonino, del artículo 151, la cantó Carlos Cano: “Entró como un vendaval, bata de cola, peineta, la reina superstar”. Andalucía es la única comunidad autónoma que en la conformación del régimen del 78 se constituye como pueblo en las calles y gana su reconocimiento institucional como nacionalidad histórica en las urnas. Así, por sí, “por Andalucía libre, España y la humanidad”, como dice el himno oficial andaluz según la letra que escribiera Blas Infante, se abre el camino a todas aquellas regiones que no iban a ser reconocidas con autonomía plena como sí lo iban a ser Cataluña, Galicia, Euskadi con su foralidad bilateral y Navarra con su convenio económico.

Entonces, en los albores del la democracia española tras el largo infierno franquista, Andalucía se apuntó al con nosotros, como la que más, contribuyendo de una manera decisiva a la descentralización y desconcentración del poder radicado en Madrid. Cuarenta años después, en el punto más crítico de la reivindicación del derecho a decidir en Cataluña, devenido unilateral por las fuerzas independentistas catalanas, Andalucía fue apuntada al “a por ellos” por el núcleo dirigente del partido que había sido hegemónico desde las primeras elecciones autonómicas de 1982. Así, la secretaria general del PSOE-A y expresidenta andaluza, Susana Díaz, abrió a lo grande la puerta a los bárbaros. Cuarenta y un años después de 1977, esta vez en sentido contrario, Andalucía inaugura la definición de los equilibrios de poder abriendo el ciclo en el que Vox instala su discurso en el sistema.

Esta misma semana de 1936 asesinaron a Blas Infante, Sevilla, 11 de agosto, kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Lo mató el mismo fascismo insurrecto que una semana después, Granada, 18 de agosto, destroza la vida de Federico García Lorca llenando de sangre el barranco de Víznar. Blas Infante y Federico García Lorca son los, al menos, 45.556 muertos arrojados a las 708 cunetas, barrancos y fosas comunes andaluzas que el franquismo legó al régimen del 78 como usufructo de represión y olvido. También son las más de 210.000 personas exiliadas, trabajadoras esclavas y expoliadas andaluzas víctimas de una concepción de España uniforme y feroz. La rebelión fascista entró por el sur propalando la muerte como en ningún otro lugar.

Semanas antes de la memoria de los asesinatos de Infante y Lorca, las noticias suizas y británicas, han contado que Juan Carlos I de Borbón transportaba, inmune, maletines llenos de petrodólares, disponía en palacio de máquina de contar billetes, controlaba una salpicadura de cuentas bancarias en paraísos fiscales ocultas a la hacienda pública del reino y se dedicaba a la compraventa de inmuebles de gran valor financiero entre otras labores de intermediación comisionista. Señal de que ha huido es que no sabemos donde está. Ayer es hoy. El golpe de Estado asesino de 1936 viaja en maletines reales y se esconde en cuentas extranjeras. En la corte, personajes con título nobiliario o sin él insisten en llamar patria a sus negocios familiares.

La esperanza habita en corazones de bien de todas las Españas

“Hombres (y mujeres) de España, ni el pasado ha muerto ni está el mañana en el ayer escrito”. La esperanza hoy como ayer también la escribe otro andaluz, Don Antonio Machado, “estos días azules y este sol de la infancia”. La esperanza habita en corazones de bien de todas las Españas, corazones que aspiran al reconocimiento del diferente, al cuidado mutuo y del planeta. Por eso es tan importante apoyar el Gobierno de coalición contra el que se acaba de emprender desde la corte ubicua otra, una más, infame batalla judicial al puro estilo golpe de Estado ‘lawfare’. Fracasará porque “hay una España que quiere vivir y a vivir empieza”.

Dice Xavi Domènech en una magnífica entrevista en ‘El Salto’, a propósito de su nuevo libro ‘Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017)’, que “el Estado centralista fue una de las herramientas clave de las clases dominantes para desarrollar el capitalismo en España.” Efectivamente, lo sigue siendo ahora, siglo XXI, bajo la forma de capitalismo global neoliberal. La centralización del poder para satisfacer a los poderes económicos de la corte y rescatar a la banca con cargo a los derechos sociales y las clases medias populares, consumada en la CE con la reforma del artículo 135 y su epígono jurídico, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, llamada Ley Montoro, ha sido un continuum que venía siendo practicado desde la transición, que se lo pregunten a las alcaldías actuales.

Dice también Domènech “me pregunto cómo uno de los lugares, como era España, con más diversidad cultural y espacios políticos de Europa a principios del XIX pudo devenir en uno de los Estados más centralistas del continente. Fueron esas clases dominantes las que llegan a la conclusión de que para desarrollar un proyecto profundamente desigual en lo económico y lo social necesitaban de un Estado blindado a la población y con voluntad de control territorial desde el centro”. El análisis es válido en los actuales tiempos, hay un vínculo sinérgico entre federalismo y progreso como lo hay entre centralismo y reacción.

Por eso es tan importante que en Andalucía se construya una voz hegemónica alejada del PP, Ciudadanos y Vox, que se apunte a una estrategia republicana conjunta como la que propone el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. No parece que el camino sea andar dándole tirones a la blanquiverde considerándola propiedad de parte, ni alejarse de apoyar al único gobierno de la democracia desde 1979 que tiene en su ADN genes para la traducción proteínica de una España diversa, justa y plurinacional.

Soñamos, tomémonos en serio nuestros sueños.

La monarquía se amarra al mástil de Moncloa

Uno lee las editoriales de El País para saber lo que piensa el régimen del 78, las del ABC para saber la línea de ataque del franquismo y las de El Mundo para conocer qué asuntos instigan las cloacas.

La crisis de la corona es gorda, tan gorda que ha forzado al rey emérito a tomar distancia transfronteriza con el país en el que reinó incrustado como un Alien de herencia franquista en la nave de la constitución democrática del 78. La correspondencia familiar entre rey padre y rey hijo refleja que sa dao el piro. La delicada expresión en carta a su hijo “te comunico mi decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España”, lo certifica . Ahí queda eso, Felipe VI leía la carta mientras Juan Carlos I ponía pies en polvorosa. Imaginemos la escena de modo cinematográfico: el emérito vuela en yet privado, ¿o avión sufragado con dinero del estado?, mirando la silueta de España desde los cielos mientras la voz en off del heredero lee y enfatiza “…en estos momentos…”

Me pregunto si poner tierra de por medio, o agua, Pedro Sánchez dijo no saber dónde está el rey padre, las informaciones al respecto son imprecisas, se debe más a lo que saldrá que a lo que ha salido. La cosa es gorda. ¿Será aún más gorda? No lo descartemos. ¿Se larga por lo que la opinión pública y la gente sabe ya? ¿O se fuga en diferido por lo que sabremos? En cualquier caso, un nuevo marronazo para gobierno de España en menos de ocho meses desde su formación.

En la rueda de prensa tras el consejo de ministros del martes 4 de julio, el día después del adiós mu buenas, el presidente Sánchez podría haber entonado aquello que Agujetas cantaba en tiempos de juancarlismo felipista: “De los árboles frutales / me gusta el melocotón / y de los reyes de España / ¡Yay! Juan Carlos de Borbón.” Lo que pasa es que la letra de la bulería la seguía el mismo Manuel de los Santos con otro enfoque: “Que es el rey de la España / Y se está queado con to”. Un enfoque este último que es el que el vicepresidente Pablo Iglesias y el partido morado plantean desde el mismo lunes noche, día en que la casa real comunicó el contenido de la epístola emérita con otra epístola a la ciudadanía española.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España y secretario general del PSOE, se ha echado a las espaldas la última operación Fairy de la monarquía familiar española representada en la figura de Felipe VI. Ha dicho cosas tan desafortunadas como que la monarquía es la clave de bóveda del sistema constitucional español, bien se le ha respondido ya por voces legitimadas por su autoritas en constitucionalismo, que la clave de bóveda de una constitución democrática como la española es la soberanía popular, por encima de la cual no está ninguna institución.

La cuestión es que Sánchez ha situado al PSOE como baluarte de la monarquía que, y esta sí, representa el traspaso de poderes del franquismo hasta incrustarlos en la constitución del 78. Por eso, aún democrático, al 78 le cabe la palabra régimen a la perfección. La editorial del miércoles 5 de agosto de El País, voz del régimen, titulada Semestre crítico, agradece a Pedro Sánchez tal disposición monárquica, pues ya no puede ser Juancarlista, con un elogio al gobierno de coalición al que añade destellos cínicos dirigidos, cómo no, a la parte alicuota de Unidas Podemos. Pínchen el enlace y léanla entera porque merece la pena. Adula la editorial, lo nunca visto, todas las medidas económicas y sociales que han sujetado el desastre provocado por la pandemia con especial énfasis en ERTEs e Ingreso Mínimo Vital, al tiempo que desacredita la influencia del socio minoritario en la labor gubernamental. Flipen.

Lo cierto es que el enfoque de esta editorial dice mucho de lo que piensan y quieren en este momento las estructuras de poder del régimen del 78 con la corona al frente.Felipe VI solo tiene a Sánchez y el PSOE como instrumental de defensa ante el descrédito. La monárquica PRISA lo sabe. Lo último que hubiese querido el rey hijo es una moción de censura en septiembre con un Vox gritando "¡viva el rey!" Una moción de censura que pondrá al PP de Pablo Casado ante el espejo ultra en el que se viene mirando, al tiempo que mostrará a las claras el carácter rídiculo y esperpéntico del ultraderechismo hispano, tal y como vimos berlanguianamente en las calles del barrio de Salamanca.

Se deduce claramente de la editorial que los poderes del régimen del 78 aceptan los únicos números parlamentarios posibles para que Sánchez y el PSOE sobrevivan con un gobierno de coalición con UP. Hay más motivos, para la corona y los poderes económicos, unas elecciones anticipadas serían un riesgo extremo, la alternativa de gran coalición es imposible, abriría botanas en al PSOE y en los poderes económicos  españoles, ante la expectativa de recepción a lo grande de los fondos europeos. Ni a Felipe VI ni al empresariado español o con intereses en España le interesa ahora, que viene dinero fresco (mucho dinero en términos relativos con el resto de países de la UE), que Casado el del Partido Holandés sea algo, en Abascal ni piensan.

El gobierno de coalición debe continuar su tarea política y legislativa en el marco de los acuerdos para su formación. Hay mucho por hacer en materia de justicia social y ambiental, de progreso y democracia avanzando hacia un modelo productivo resiliente. Habrá dificultades, muchísmas más de la imaginadas en el ya lejano enero: crisis sanitaria, crisis económica, crisis territorial y crisis de la monarquía. De momento, como dice la editorial citada: “ha superado la prueba, lo que indica que, pese a su débil mayoría en el Parlamento,..., ha realizado apreciables contribuciones a su solución. De lo contrario, difícilmente habría sobrevivido"

Andalucía en San Millán de la Cogolla

Las consecuencias prácticas de la pandemia han cambiado el rumbo de las políticas europeas ante la amenaza de un fallo metabólico total del sistema de producción y consumo europeo. España va a ser uno de los principales receptores de fondos mancomunados vía transferencia directa y vía financiación, 140.000 millones de euros a los que se sumaran otras transferencias más las derivadas de los nuevos presupuestos de la UE hasta 2027. Ninguna autonomía, región, nacionalidad o nación del conjunto del estado puede permitirse quedar fuera de las políticas de Next Generacion EU. Andalucía mucho menos, dados los diferenciales negativos de desempleo, desigualdad y precariedad respecto de la media española.

He aludido directamente en artículos anteriores a la falta de iniciativa institucional, política y civil andaluza ante los nuevos aires que impulsan los acuerdos de la Unión Europea, substanciados en el Plan de Recuperación para Europa, que las y los presidentes de los estados aprobaron en la madrugada del pasado martes 21 de julio. Pues bien, por fin la iniciativa institucional andaluza se anunció un día antes de la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos, que el gobierno de coalición de España reunió en San Millán de la Cogolla para hablar de la gestión de los fondos del Plan de Reconstrucción. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz. firmaba el jueves 30 de julio con la CEA, CC.OO y UGT un Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía. Moreno Bonilla, un presidente ignorado por Pablo Casado, aún siendo el presidente de la comunidad autónoma con mayor población y territorio, consiguientemente con una alta potencialidad de influencia en la política de estado, se fue a San Millán arropado por el acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales andaluzas.

El acuerdo muy genérico, es un acuerdo abierto con aspectos positivos, ciertas inercias del pasado y algunas carencias manifiestas. Lo mejor es que permite líneas de adaptación de las inversiones en Andalucía a las nuevas condicionalidades verdes, sociales y sanitarias. Que esto ocurra, dada la matemática parlamentaria andaluza y la fuerte ascendencia de Vox sobre el gobierno andaluz, va a depender más de la inteligencia empresarial del tejido productivo andaluz, de la presión sindical y de las capacidades que la oposición andaluza desarrolle para cooperar con la sociedad civil andaluza. aprovechando su potencial influencia sobre un gobierno de España que cumple los requisitos para ser tan amigo de lo público como de la transformación del modelo productivo con parámetros feministas, ecológicos y de justicia social.

No obstante, el acuerdo presenta a mi entender carencias relevantes. Faltan líneas estratégicas clave para hacer la economía andaluza menos dependiente del turismo intensivo, un sector en el que hay que hablar abiertamente de espacios de reconversión y adaptación a un nuevo modelo productivo y de los cuidados. Le falta intensidad en la apuesta por la industria de las energías renovables y su producción y comercialización energética con raíz andaluza. Está ausente la agroecología y el impulso a un tejido de infraestructuras, industria alimentaria y consumo ecológico que otorgue a la actividad agraria un mercado interior estable, de alto valor añadido, y con fuerte resiliencia ante avatares externos. Hay un exceso de interés en los mercados internacionales inversamente proporcional al desinterés por los mercados de proximidad andaluces, españoles o de los países vecinos. Están ausentes las estrategias para la adaptación de los municipios a nuevas formas de movilidad, urbanismo bioclimático, producción eléctrica renovable y autoconsumo. No hay una sola alusión a los municipios andaluces. Ninguna referencia a la necesidad de generar una industria de los combustibles verdes y de que Andalucía participe en las estrategias europeas para la producción de hidrógeno como combustible para vehículos futuros o para los ferrocarriles. Más allá de convenir la necesidad de los corredores ferroviarios mediterráneo y central, la recuperación y ampliación de una buena infraestructura ferroviaria interna ha quedado completamente olvidada. Por no hablar de la total ausencia de apalancar fuertemente la industria cultural andaluza, una de las fuentes más potentes de nuestra universalidad, o de la ausencia de demanda de desconcentración y descentralización situando en Andalucía (no necesariamente en Sevilla) las sedes de organismos e instituciones actualmente concentradas en Madrid, como por ejemplo el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, el Centro de Investigación y Control de Calidad o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por citar solo tres ejemplos. De la necesidad de una entidad financiera pública ni se habla, así que no estaría de más demandar que al menos parte de Bankia se articule legalmente como una verdadera banca pública andaluza.

No se puede cambiar el rumbo de un trasatlántico con un golpe de timón. Este acuerdo, que tiene en su generalidad y ambigüedad su principal virtud, abre espacios para avanzar hacia una economía más resiliente, sostenible y justa, tanto desde el punto de vista de las empresas andaluzas, los sindicatos y los intereses sectoriales concretos, como para la labor de la oposición política que puede encontrar espacios de demanda, cooperación, crítica abierta o consenso. La oposición progresista y de izquierdas andaluza tiene en septiembre la oportunidad de potenciar una alianza estratégica política con el actual gobierno de España, con el cual comparte un amplio espectro de intenciones. Esto será fundamental para que la acción del presidente Moreno Bonilla no la definan Vox, el debilitado vicepresidente de Ciudadanos Juan Marín, o Pablo Casado y Ayuso desde Madrid.

El debate de septiembre en el Estado será éste, cruzado irremediablemente como en años anteriores con los “asuntos” catalanes y las nuevas noticias sobre la monarquía. Andalucía tiene mucho que decir. Juan Manuel Moreno Bonilla hará su papel en el proyecto de cogobernaza y cohesión que describió Sánchez para le gestión de los fondos europeos. Para que el presidente andaluz no actué al dictado de los intereses de su partido, de la inercia pasada y condicionado por Vox, la Andalucía con más ganas de salir adelante y vivir dignamente, reduciendo los indicadores de paro, precariedad, pobreza y desigualdad, debe ponerse manos a la obra y escribir el guion político de la demanda en el marco de esa cogobernanza con tintes federales que se pretende reflejar en las futuras conferencias de presidentes.

Aire pa la casa

Decía la pasada semana el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo que la legislatura de verdad empezaría cuando se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado, que formalmente empezó el 10 de noviembre de 2019 cuando se celebraron las repetidas elecciones generales, pero que su comienzo efectivo solo será si se deja de funcionar con los presupuestos de Montoro del año 2017. No está falto de razón, por eso es aún más relevante si cabe, tiene mucho más valor, que un gobierno que ha enfrentado y enfrenta una pandemia global haya generado para la sociedad española en seis meses, de enero a junio de 2020, los mayores avances de justicia social e igualdad desde que el primer gobierno del PSOE tras la transición, constituido en 1982, regulase la universalización de la sanidad, mejorase la gratuidad de la enseñanza pública, la política de becas universitarias, el acceso y mantenimiento de las prestaciones por desempleo y las pensiones. Entonces España venía del franquismo y, en materia de justicia social, estaba todo por hacer. Con aquel gobierno llegó la entrada en la Unión Europea.

En los seis primeros meses de 2020, desde su constitución el 13 de enero hasta la aprobación en el Congreso del Ingreso Mínimo Vital el 10 de junio, el Gobierno de coalición ha actuado en términos socioeconómicos de manera mucho más progresista que los ocho años de los gobiernos de Zapatero. Lo ha hecho priorizando acuerdos conjuntos con sindicatos y patronal. Destacable es la subida del SMI interprofesional, en 2018 era de 736 euros, que después del salto de mas del 22% hasta los 900 euros, pactado directamente entre Sánchez e Iglesias para 2019, ha alcanzado 950 euros/mes en catorce pagas. Una subida total de casi el 28%. No es menos destacable la derogación en febrero del despido justificado por bajas médicas, una medida relevantísima que el Gobierno impulsó sin negociación con los empresarios dado que era uno de los aspectos más inmorales que incorporó a la legislación laboral española la reforma de Rajoy. Recordemos aquel lejano "¡qué se jodan!", dirigido a clase trabajadora y parados, de una diputada valenciana del PP.

Tan solo dos meses después de su constitución, lejos quedaban aún los 100 días en que la oposición antaño velaba una tregua, tuvo que afrontar la pandemia por la covid-19. Lo hizo, previa breve zozobra inicial dadas las almas que conviven en el Consejo de Ministros, teniendo claro que esta vez no podía ser como en 2008. Esta vez había que proteger a la población más vulnerable, al empleo y al tejido empresarial. Resulta impresionante, lo será más aún cuando el paso del tiempo nos permita aumentar la perspectiva, el despliegue de medidas en todos los frentes, desde la protección contra los desahucios o la prohibición del corte de los suministros básicos, hasta medidas contra la violencia machista en tiempos de confinamiento obligado, pasando por los ERTEs ampliados o las medidas económicas, subvenciones y financiación, para evitar la quiebra de empresas y autónomos. Pero el producto de justicia social estrella de un gobierno que no llegaba a cien días ha sido la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, un artefacto legal que plantea la guerra abierta contra la exclusión y la pobreza, sin un solo voto en contra entre los 350 componentes de la Cámara Baja.

El balance de legislatura para una legislatura, que al decir de Pérez Royo no ha comenzado, es digno de serie televisiva política si no olvidamos el contexto de guerra abierta de las derechas españolas, la tensión de las prórrogas de los estados de alarma, las fake news en las redes sociales, el empeño de las ideologías de la muerte por amargar la vida de la gente, el intento reiterado de “derrocar” al gobierno, en expresión del propio presidente Sánchez, con no pocas exhibiciones de matonismo, aprovechando la dificultad tremenda de luchar contra la enfermedad causada por el SARS CoV-2 con unos medios sanitarios y un modelo productivo, legado de decenios de destrucción de la economía productiva y recortes en los sistemas públicos de salud.

Sí, hemos pasado un huracán, con parte del pasaje con boleto de derechas y otra parte independentista intentando un sabotaje al país democrático, como el que intentaron con el diputado de Teruel Existe para que la investidura de Pedro Sánchez fracasase. El barco está a flote, la tripulación ha tapado las botanas mejor de lo que podía y ha negociado en Europa buscando el viento favorable de los alisios. Entre la población, visto lo visto, ha triunfado en general la civilidad, el Gobierno de coalición está reforzado, las comunidades autónomas son las responsables de controlar la evolución de la pandemia, y la derecha y la ultraderecha partidista han pasado de la ira a la histeria utilizando ahora, como hicieron en Cataluña, una fiesta nacional, la del los toros, que no interesa a nadie.

Europa decidió el pasado miércoles de madrugada que soplasen los alisios, mañana sol y buen tiempo en lugar de siniestro total. Como bien advierte el periodista Enric Juliana, liberar 750.000 millones mancomunados, no es una obra de caridad del norte respecto del sur, es pura necesidad geopolítica, fundamentalmente del capitalismo productivo alemán, pero también del francés, el italiano, el español y el del resto de países de la UE. Efectivamente, no debemos engañarnos, la única manera de sostener la estabilidad en la Unión Europea es reforzar el capitalismo productivo frente al financiero, impulsar la reindustrialización y la economía de alto valor añadido que afronte la crisis climática y la dependencia energética de los combustibles fósiles, manteniendo unas condiciones de vida que no incrementen la desigualdad. Lo contrario que ha buscado el Partido Popular de Pablo Casado devenido en Partido Holandés. El mercado principal de la UE es la propia ciudadania de la UE; con una ciudadanía depauperada, los servicios públicos devastados y las tasas de desempleo y pobreza altas no hay mercado europeo, no habría de facto Unión Europea, dejando el tejido empresarial y los servicios públicos expuestos a los fondos de inversión con intereses estadounidenses, chinos o rusos, por mencionar solo las tres potencias que disputan abiertamente el dominio geopolítico del planeta.

Las primeras moléculas de oxígeno de los alisios en ciernes las venteaban en España sectores importantes del empresariado, sectores bancarios relevantes, partidos como el PNV, el propio Gobierno de coalición y, sí, Ciudadanos. En esa visión de lo imprescindible de un acuerdo europeo completamente contrario a lo ocurrido en 2008, y a los límites estructurales de aquel lejano Acuerdo de Maastricht en el actual panorama geopolítico, es en la que hay que interpretar la nueva ventana de oportunidad que se abre en España para transformar nuestra economía productiva pensando en verde, en violeta y en rojo. En esos alisios bonancibles se depositan la voluntad del empresariado y de los sindicatos de continuar por la senda de la negociación y el acuerdo.

Con ese viento favorable, como si fuese una nueva entrada en Europa como la de 1986, es con el que el gobierno se dispone a “iniciar” la legislatura aprobando sus primeros Presupuestos Generales del Estado. Es verdad, no lo tendrá fácil, va a estar a expensas del nivel de inteligencia de ERC. ERC tendrá que tomar una decisión histórica. El Círculo de Economía de Barcelona ya está advirtiendo que no está para bromas, que Cataluña está preparada para cooperar en la reindustrialización. Curiosamente un partido como Ciudadanos, que también nació en Cataluña, podría ser quien facilitase los presupuestos si ERC se sale de las venas por las que soplan los nuevos aires de Europa. Poderoso caballero es don dinero, lo iremos viendo.

Andalucía

No quiero terminar este artículo sin referirme explícitamente a Andalucía, desde donde escribo. De momento nadie en el poder andaluz ha percibido la relevancia del acuerdo europeo y el cambio de las condicionalidades hacia parámetros verdes, saludables y desmaterializados. Tenemos un Gobierno andaluz dependiente parlamentariamente de la ultraderecha, a la que otorgó presidir la Mesa de Reconstrucción, que anda para adelante mirando para atrás; o peor, como dice una letra flamenca, el Gobierno andaluz está “sentaíto en la escalera esperando el porvenir, y el porvenir nunca llega”.

Ha legislado durante la pandemia aprobando con dudosa legalidad un decreto ley que modifica 21 leyes y seis decretos, para destruir, entre otros de carácter democrático, los límites proteccionistas a nuestros recursos naturales y territoriales, buscando volver a la construcción intensiva y el turismo desaforado, todo lo contrario de la dirección en la que sopla el viento de Europa. Por eso es tan importante que en la comunidad autónoma con más población de España, y con más desigualdad territorial, se abra paso una estrategia compartida por amplios sectores de la sociedad civil, empresariado andaluz y sindicatos, que alumbre un proyecto estratégico propio para que el poder político y los partidos de la oposición sitúen el debate que se abrirá a partir de septiembre en las verdaderas necesidades de Andalucía.

Al igual que Andalucía necesita un red de ferrocarril que intercomunique todas nuestras comarcas y todos nuestros pueblos con más de 20.000 habitantes, necesita un proyecto de transformación del modelo productivo que la industrialice reduciendo la dependencia de actividades de bajo valor añadido muy expuestas a crisis globales biológicas o financieras. Andalucía necesita, como canta José Mercé, “Aire pa la casa”. Un aire cargado de energías renovables, industrialización verde, movilidad sostenible colectiva ferroviaria y urbana, industria sanitaria y alimentaria, urbanismo y rehabilitación constructiva bioclimática, hidrógeno verde y mucha agroecología con consumo y comercio de proximidad. Calidad empresarial y cualificación tecnológica y laboral no faltan. Aire, pa la casa

Monedero en Sanlúcar de Barrameda

Hemos sabido por este propio medio y por un tuit del propio Juan Carlos Monedero que el bar Casa Bigote de Sanlúcar de Barrameda, sito en ese hermoso lugar en el mundo que es Bajo de Guía, no fue el lugar en el que el profesor y la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop sufrieron una agresión fascista.

Nada más conocí la noticia a mí me extrañó. Conozco bien Sanlúcar, su entorno, la Jara, la Algaida, Bonanza, Doñana, el Barrio Bajo y el Barrio Alto. Me unen vínculos emocionales fuertes que tienen que ver con la amistad, el paisaje, las tabernas, el flamenco, el río, el mercado con sus papas, sus tomates, los pimientos cuerno de cabra, sus montones de acedías, galeras, langostinos o gambas, la plaza del Cabildo donde hay un lugar en que las tortillas de camarones parecen hechas con primoroso croché, las heladerías, el Palacio de los Duques de Medina Sidonia, la manzanilla de todas sus bodegas, las papás aliñás, el atún encebollao, y yo que sé qué más, todo con sus gentes incluidas.

No huele a facha Sanlúcar precisamente, hay un aroma popular mezcla de mar, campo, bodega, dignidad, tolerancia y siglos. A ver qué perfumista atrapa eso. Aseguro que no hay un solo bar, taberna o restaurante donde la cocina se achante ante cualquier estrella Michelin, ya esté en zona privilegiada o en la zona más popular, es más recomiendo estas últimas donde la inteligencia culinaria es einsteniana.

El viejo propietario de casa Bigotes, Fernando Hermoso, que domina currante la cocina del establecimiento, ha declarado a este medio que “lo ocurrido en La Jara es algo bochornoso". No tendría que haber pasado. La gente que se considere que se viste por lo pies… Debe respetar la diversidad en todo, sobre política, religión, lo que sea”. Y ha subrayado que, para evitar las consecuencias de imagen para la ciudad de Sanlúcar, que el lugar donde ocurrió la agresión ni es un bar, porque es una peña, ni es en Sanlúcar,…”. Ni es el Bigotes auténtico añadiría yo.


Además, su hijo, Fernando Hermoso, que también se curra el Bigotes, animó a “Monedero, a todo el mundo, a que venga, porque aquí se trata a todo el mundo igual, sea del Gobierno, de la oposición o apolítico. Desde que mi padre se hizo cargo del restaurante, en el 69, aquí han venido a comer todos los presidentes del Gobierno de la democracia. Y no hay una foto en una pared, porque todo el mundo es igual y guardamos la intimidad. El que puede gastarse 100 euros en comer unos buenos langostinos y el marinero de aquí de siempre que come un pescaíto frito y un atún encebollao y se gasta 18 euros. Aquí a todos se les trata igual, damos el mejor trato posible y esto es una carta abierta”. Doy fe.

Por eso me ha dado mucha alegría ver a Monedero brindando con manzanilla ofrecida por los propietarios, que están al pié del cañón, en la puerta de Casa Bigote. Es un síntoma de que la Andalucía democrática, racional y tolerante, como la España democrática, racional y tolerante tiene más fuerza y es inmensamente más mayoritaria que la que busca y gusta de la bronca, como en tiempos fascistas buscaba y gustaba del escarnio y el asesinato.

Gusta disfrutar de buenas noticias, otra buena de esta semana es la de que el CIS al consultar sobre si preferimos pagar impuestos con justicia, e incluso subirlos para mantener la calidad de los servicios públicos como la sanidad, un setenta por ciento de personas encuestadas ha dicho que sí, que está a favor. Lo de Monedero brindando con manzanilla de Sanlúcar, con Fernando Hermoso hijo, acogido en el Bigote y la de la encuesta del CIS parecen hechos inconexos, materialmente lo son, moralmente no. demuestran que la España que quiere cooperar es más grande que la que quiere pelear.