martes, 16 de noviembre de 2021

Los pocos y los mejores


Los pocos y los mejores. Localización y crítica del fetichismo político, es el último ensayo de José Luis Moreno Pestaña, profesor de filosofía moral en la Universidad de Granada. Su escritura ágil permite la comprensión fácil del sentido del texto incluso a quienes carecemos de suficiente erudición filosófica. Un libro erudito para no eruditos en defensa de la democracia debería llegar a ser un libro popular. Esa es la verdadera intención de este artículo, poner un granito de arena para popularizar un texto que da mucho qué pensar.


Los pocos y los mejores se asienta en una milenaria historia de pensamiento sobre el poder y la democracia que arranca desde la Grecia clásica. Lo cual no impide, más al contrario es condición de posibilidad, comprender el sentido de los acontecimientos políticos del último decenio, sobre todo las acciones en el lado de los buenos. Ese lugar de quienes no quieren que nadie quede desvalido, el medio ambiente destrozado o las mujeres inhabilitadas para ejercer derechos y poder en pie de igualdad.


En los primeros compases de lectura de Los pocos y los mejores, comprendí el sentido del principio antioligárquico. El autor nos previene de aquello que los domingueros de los setenta y setenta del siglo pasado colgaban en la ventanilla trasera del coche: “To er mundo es güeno”. El principio antioligárquico es un principio de precaución dedicado al poder político, todo el mundo es bueno pero cuidado, si accede a algún tipo de poder democrático es preciso normatividad para que siga siéndolo.


Un refrán conocido condensa esa idea: “Si quieres saber cómo es Juanillo, dale un carguillo”. A partir de esa demostrada premisa, el poder subyuga incluso a quienes lo poseen, el poder corrompe, puede deducirse el malestar con la política reflejado en las mayorías estadísticas que así lo reflejan. No hay democracia sin garantías democráticas. Los pocos son pocos (o pocas si nos fijamos en el acto Otras Políticas, celebrado en el Teatro Olympia de Valencia), pero los y las mejores son muchas, cuantas más mejor. Cuantos más seres humanos pensemos y actuemos políticamente (la inteligencia de las multitudes) más difícil lo tendrán los pocos para subvertir la democracia. En este sentido el libro no solo es un llamamiento a la política, es también un elogio de la persistencia de quienes sintiéndose concernidos por la realidad social actúan para mejorarla.


La insistente lectura en el texto de la palabra fetichismo respecto de la política, amparada y soportada por la idea de fetichismo de la mercancía de Marx, me llevó a consultar la etimología de fetiche. Google me devolvió la idea de fetiche como algo que hechiza. Fetiche del portugués “feitiço”, que significa “hechizo”. Ese rayo de luz etimológico me hechizó de tal modo que de repente se me reveló el porqué de la importancia del símbolo en política, y en la vida; sea el símbolo bandera, líder, himno o lema está en su naturaleza la capacidad de hechizar. Para lo bueno y para lo malo, la política es hechizo, y los hechizos como en los cuentos, pueden ser buenos o malos.


El libro de Moreno Pestaña anima a hacer política a quien no siente la necesidad de la política, en este sentido el autor se manifiesta como un promotor de la democracia. La antipolítica es lo contrario de la democracia. Por eso los poderes económicos, los poderes ideológicos y los poderes oligárquicos se empeñan en que no nos apasione. Al tiempo, aporta ideas para construir la práctica, a modo de principio de precaución, de la prevención para que los hechizados acabemos verdaderamente ciegos. Esa ceguera que hace que un trabajador, una joven, un inmigrante o una mujer actúe (y vote) en contra de sus intereses.


Los pocos y los mejores ha sido Premio Internacional de Pensamiento 2030 del Institutu Asturies, puede encontrase en Akal pensamiento crítico.

lunes, 15 de noviembre de 2021

Agua de Valencia


Agua de Valencia es un famoso cóctel fresco, vitamínico y vivaracho nacido en la ciudad que le da nombre. No sé si es lo más apropiado para titular este artículo, me lo recuerda el acto Otras Políticas del pasado sábado, celebrado en el Teatro Olympia de la capital del País Valencià. El acto resultó fresco, vivaracho y vitamínico como el cóctel, un verdadero aquelarre de alegría política.

Viento de levante o Aquelarre son expresiones que también podían haber titulado este texto. Agua de Valencia evoca dinamismo, viento de levante fuerza y potencia, y aquelarre capacidad de transgresión que atemoriza a los poderes establecidos. El camino de diálogo, escucha y encuentro iniciado por Mónica Oltra, Fátima Hamed, Mónica García, Ada Colau y Yolanda Díaz puede tener un final feliz; como dijo el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca, se ha de volver a pisar, golpe a golpe, verso a verso. Dejando los egos y con ese estilo, estas mujeres feministas y muchas más, demostrarán lo poco que separa a las gentes progresistas de izquierdas.

El feminismo nos enseñó la palabra empoderar, construir poder y tener voluntad de poder. Las cinco de Valencia han simbolizado esa necesaria voluntad de construir poder, poder popular, poder de clase, poder de género, poder ligado a las identidades culturales y territoriales. Construir poder para cuidar la humanidad, cuidar la tierra, cuidar la naturaleza y la vida, cuidarnos es, en tiempos de cambio climático y casi postpandémicos, la tarea más imponente que debemos acometer colectivamente.

Primero construir poder con voluntad de poder, después, la política también es eso, vendrá la voluntad de ganar, después. Tras la emergencia provocada por la crisis económica de 2008 y el plegamiento definitivo de los partidos socialdemócratas europeos a las imposiciones neoliberales, dejando escuálidos a los estados para impedir intervenir sobre la desigualdad y los derechos humanos, los tiempos políticos se aceleraron. El 15M fertilizó el terreno para que pocos años después se abriera la primera ventana de oportunidad del siglo XXI.

El balance, con Unidas Podemos en el gobierno, es indudablemente positivo. Lo hemos repasado en otros textos. La voluntad de poder se tradujo en voluntad de ganar, pero nunca se puede todo ni nunca se gana todo. Poco ha sido mucho. Las victorias han nacido sobre profundas raíces democráticas. Muy difíciles porque no solo se actúa contra fuerzas retrógradas y reaccionarias, también el PSOE ha alimentado permanentemente el quintacolumnismo contra los acuerdos de gobierno. Lo vemos desde el origen del gobierno de coalición, lo vimos hace una semana con el asunto de la derogación de la reforma laboral, y lo volvemos a ver ahora con el asunto del cálculo de las pensiones. Se avanza a pesar del freno de mano echado por Pedro Sánchez. Queremos avanzar más.


En plena primera ola de la pandemia, mayo de 2020, el virus nos hacía sufrir en carne propia, otra vez en apenas un decenio, años de ausencia o retrocesos en políticas de estado dirigidas a la sanidad, la educación, los cuidados, la industrialización, los desfavorecidos, la investigación, el medio ambiente y la igualdad de género. Al igual que la catástrofe social provocada por la crisis del capitalismo financiero especulativo creó las condiciones para una repolitización como antídoto al soma neoliberal, la pandemia las ha creado para revelar que no podemos vivir dignamente sin estado y sin democracia. Se abre una nueva ventana de oportunidad.

Reguemos con agua de Valencia los territorios plurales, provinciales, comarcarles y municipales, compongamos velas para que recojan el viento de levante y vivamos con la esperanza de que llegará el día de un mayoritario aquelarre social y ecofeminista, lleno de alegría y ayuno de intolerancia.

domingo, 31 de octubre de 2021

Los límites actuales a los engaños del PSOE


Felipe González ganó sus primeras elecciones en1982 con un programa y un discurso socialista. 202 diputados de 350 demostraron que España tenía ambición de democracia. Desde entonces, con el lema de OTAN de entrada NO como paradigma de oratoria engañosa, hasta ahora, que se intenta sustituir “derogaremos la reforma laboral por son necesarios “cambios equilibrados” en la legislación laboral como dice la ministra de Economía, Nadia Calviño, por “consiste en la superación de la reforma laboral del PP” como dice la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o por “modernizar las normas laborales” como ha dicho el mismísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado mucho tiempo.

El PSOE cuando ha gobernado en solitario, o con apoyos externos de los partidos nacionalistas conservadores vasco o catalán, ha reducido los derechos laborales que quedaron plasmados en el primer estatuto de los trabajadores de la democracia. No obstante, el ataque más brutal que desequilibró por completo las relaciones entre capital y trabajo fue la reforma laboral del primer gobierno de Mariano Rajoy. Una legislación impuesta sin negociación alguna, sin consenso, que favorecía exclusivamente los intereses empresariales, de la que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo en Bruselas que “será extremadamente agresiva”. Tan agresiva que creó en España la figura del trabajador pobre.

El PSOE siempre ha concurrido a las elecciones prometiendo derechos económicos, laborales o sociales para las mayorías, pero ha gobernado maquillando su perfil de izquierdas con avances en derechos, sin dejar de ser importantes, que no afectaban de manera determinante a las condiciones estructurales que incentivan, aumentan y perpetúan la desigualdad social.

A partir de la crisis de 2008 y la debacle económica de 2010, el PSOE de Zapatero se pliega definitivamente al neoliberalismo. Pacta con el PP la reforma del artículo 135 de la CE, meses antes de su caída electoral ante una derecha con raíces corruptas, como han certificado ya las sentencias de la Gürtel y de las obras de Génova, degradando la Constitución social para salvar a la banca y hundir a la gente. La ley mordaza de Rajoy es la condición necesaria para reprimir las movilizaciones consecuencia de la destrucción del futuro de varias generaciones de españoles.

Desde 2011, con la repolitización que supone el 15M, el PSOE ya no puede mentir. No puede, sin coste electoral, presentarse a las elecciones con promesas de izquierdas y gobernar con leyes de derechas. Los tiempos han cambiado. No es un cambio coyuntural, es un cambio de época anunciado por la crisis de 2008, remachado por el declive del neoliberalismo y la hegemonía mundial de los EE.UU de América, revelado por la pandemia y acentuado por todos los epifenómenos consecuencia de la crisis ecológica planetaria y la lucha feroz por el control de las materias primas.

Cuatro cosas han permitido al PSOE aparentar ser de izquierdas y gobernar con claves económicas de derechas. La primera tras la gran victoria electoral de Felipe González, es que España salía del franquismo, en un mundo sin derechos, sin sanidad universal, sin protección por desempleo, sin escuelas públicas distribuidas geográficamente y con los barrios degradados con las calles sin asfaltar, cualquier avance era percibido como un salto impresionante hacia el bienestar y la modernidad. Lo era de verdad.

La segunda, es que el PSOE gozaba del apoyo externo americano y alemán. La tercera es que potentes medios de comunicación como El País o la Cadena SER, en el plano privado, y RTVE o Canal Sur, en el plano público estaban al servicio de sus intereses partidarios, maquillando los engaños del donde dije digo digo Diego.

La cuarta, la ola de crédito fácil que se manifestó con el España va bien de Aznar o la Andalucía imparable de Chaves, y llevó en volandas al primer gobierno de Zapatero, permitiendo ocultar retrocesos salariales, daños urbanísticos, destrucción ambiental, corrupción y degradación de los servicios públicos, con el celofán brillante del consumo desmedido a crédito. Todo eso es lo que hace crack en 2008 y se hunde en 2010.

Esos tiempos no van a volver. Aunque el franquismo sigue incrustado en las instituciones, es visible en la prensa y campa a sus anchas en las calles, la España de ahora que nace cívicamente con el 15M y se manifiesta políticamente con la irrupción  electoral de Podemos ya no es la España de 1982. El PSOE no es el partido del capital alemán ni del gobierno de los EE.UU. La prensa, mayoritariamente, le hace la puñeta a diario, y la economía del crédito y la especulación a la que se apuntó con alegría no está ni se le espera. Estos son los verdaderos motivos por los que el PSOE ya no puede engañar masivamente a su electorado. Desde 2014 hasta ahora la mentiras del PSOE no tiene amortiguadores.

Los motivos descritos son los mismos motivos por los que Pedro Sánchez tuvo que asumir el discurso de Podemos para ganar a la vieja guardia susanista. Son los motivos por los que cada vez que la parte del gobierno del PSOE intenta frenar un avance que limite o reduzca la desigualdad estructural, le sale mal. Ahí están los ejemplos de las tensiones reactivas que ha manifestado con las subidas del SMI, las trabas a la implantación y desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, las dudas sobre los ERTEs al principio de la pandemia, la resistencia a recuperar cierta dignidad en las pensiones y a no prolongar la edad de jubilación, el torpedeo de las leyes que avanzan en derechos feministas o trans, la defensa de los intereses de los fondos buitre y de los grandes tenedores en materia de vivienda, retrasando el acuerdo con su socio de gobierno en base a lo pactado, el freno a limitar los beneficios del oligopolio eléctrico, o, aventurando lo que va a ocurrir que motiva este artículo, la intención de no derogar la reforma laboral camuflándola con maquillaje retórico.

El PSOE ya no puede engañar, cuando ha engañado en esta nueva época ha reducido su peso electoral, el ejemplo de Andalucía es elocuente. Si Pedro Sánchez quiere pasar a la historia como Susana Díaz no tiene más que seguir el camino cargando sobre sus espaldas con Felipe González.

jueves, 14 de octubre de 2021

Despejar Vox de la ecuación andaluza


El pueblo andaluz se constituyó en la transición sobre las demandas de democracia, justicia social e igualdad territorial. Esos fueron los factores que aglutinaron una mayoría transversal en las impresionantes manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, cuando en el estado se pergeñaba una constitución que solo reconocía como históricas las nacionalidades gallega, catalana y vasca. El pueblo andaluz redactó en la calle el artículo 151 de la CE de 1978, demandó su aplicación a través de los primeros municipios con plenos electos democráticamente en 1979, y venció a las fuerzas reaccionarias, UCD y Alianza Popular (germen franquista del actual Partido Popular), que decían “Andaluz este no es tu referéndum” ante el 28 de febrero de 1980. Así consiguió tener una autonomía plena como la catalana y la gallega, la vasca tiene un estatuto foral más avanzado reconocido en la CE.

Vox quiere liquidar la autonomía andaluza. Vox quiere enterrar nuestro patrimonio constitucional, nuestro estatuto con categoría de constitución andaluza. Si Vox influye en el gobierno andaluz, si Vox participa del gobierno andaluz, Andalucía será subalterna de las clases económicas especulativas y rentistas con residencia fundacional en Madrid, pasaremos de estar colonizados como pueblo y sin influencia relevante en la política de estado como estamos ahora, a pertenecer a una suerte de servidumbre voluntaria. Andalucía esclava.

Lo que se esconde en la bandera que lucen como pulsera las dirigencias de Vox es la precariedad de las y los trabajadores de la hostelería, la destrucción ambiental y territorial de nuestros campos y costas, la reducción de las mujeres andaluzas a mercancía dependiente del dominio de los hombres, el ataque a la diversidad sexual, de género, racial o de clase. Vox piensa Andalucía como colonia cuya identidad cultural ha de ser un esperpento para dibujar la españolidad, igual que hizo el régimen de Franco.

El concepto de pueblo andaluz solo existe en los marcos del progresismo, la izquierda y el andalucismo. Esos marcos suman hoy al feminismo y al ecologismo. Esos marcos podrían sumar hoy a un empresariado de raíz andaluza, agraria o urbana, con intereses en Andalucía y en riesgo de pasar a ser meros capataces de intereses extraños a nuestra tierra, Vox también está contra ellos aunque muchos no lo sepan.

Vox entró en la política española por Andalucía. Durante treinta y siete años el PSOE abonó nuestra tierra para que creciese un nacionalismo español extremo; el PSOE anuló simbólica y culturalmente a Andalucía en el Estado con los mantras de “Andalucía imparable” y “La tercera modernización de Andalucía”. Los detonantes de la entrada de Vox por Andalucía fueron el alineamiento político del susanismo con las derechas en el tema de la demanda del derecho a decidir en Cataluña, y la aplicación acrítica por los gobiernos de Susana Díaz de las políticas dictadas por los gobiernos de Rajoy, una vez que el PP vence al PSOE de Zapatero tras pactar juntos la reforma neoliberal y centralista del artículo 135 de la CE.

Sacar a Vox de la ecuación andaluza es muy importante a la vista de lo que está ocurriendo en Hungría, Polonia o Eslovenia con gobiernos de extrema derecha, que se apropian de todos los poderes del estado, liquidando poco a poco la democracia y poniendo en riesgo la Unión Europea que, no lo olvidemos, es un producto institucional antifascista que nace tras la segunda guerra mundial. Sentimos el hedor del neofascismo en las instituciones de esos países, en las calles de Italia de manera furibunda, y en las calles de España con los comportamientos agresivos y violentos contra manifestaciones sociales, personas LGTBI, racializadas, o mujeres e inmigrantes.

Sacar a Vox de la ecuación andaluza, uno de sus principales nutrientes junto con Madrid, debilitaría este movimiento trumpista reduciendo el riesgo de involución antidemocrática y de destrucción de nuestra autonomía. El PP y Ciudadanos han gobernado estos años con el apoyo externo de Vox. Las condiciones que Vox quiere imponer al presidente andaluz para aprobar los presupuestos de 2022 son extremas y se sitúan enfrente de las razones por las que el pueblo andaluz se constituyó.

El PSOE quiere ayudar al presidente andaluz, negociando los presupuestos con el argumento de evitar que Vox se apodere de la política andaluza. La oferta de negociación presupuestaria podría ampliarse a un espectro más amplio con la intención de aislar por completo a la extrema derecha. El espacio de cambio por la izquierda federalista, ecologista y feminista, puede ofrecer al gobierno andaluz una negociación, dado el momento histórico (salida de la pandemia y fondos europeos canalizados por el gobierno de España), que incluyese el compromiso de no pactar con Vox y no gobernar con Vox cualquiera que fuese el resultado de las elecciones que deberán celebrarse a finales de 2022. Si eso fuese posible Vox quedaría completamente recluido, protegiendo a la democracia andaluza, española y europea; si no fuese posible al menos se habría intentado.

Publicado en La Voz del Sur el 14 de octubre de 2021

domingo, 10 de octubre de 2021

Juanma: Tú en Sevilla, yo en Madrid


Ferraz desde Madrid empuja un movimiento tectónico en Andalucía. La idea emergió el veintinueve de julio, pasó de puntillas por los titulares y fue ignorada en los análisis políticos de prime time. Luego llegó septiembre. Pedro Sánchezpretende que el PSOE de Andalucía le apruebe los presupuestos de 2022 al gobierno andaluz del PP-Ciudadanos. El viernes uno de octubre el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se reunió con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. Sendos dejaron la puerta abierta a un posible pacto presupuestario que permitiría anular la influencia de Vox en la acción de gobierno. Un papel con ocho puntos para negociar le pasó Espadas a Moreno.

Que Pedro Sánchez apoya la operación de gran coalición con el PSOE offshore del gobierno andaluz es evidente, un movimiento de ese calado no se hace sin el visto bueno del presidente del gobierno de España y secretario general incuestionable. En la inauguración del I Foro Urbano de España, celebrado en Sevilla el pasado cinco de octubre, en presencia de Juan Espadas se dirigió a Juanma Moreno: “tienes todo lo que se necesita para que Andalucía lidere el cambio de modelo productivo en el país”. En realidad bajo esa retórica, conociendo la función reactiva que están ejerciendo los ministerios del PSOE en el gobierno de España frente a la función tractora en materia social, feminista, fiscal y ecologista de los ministerios de Unidas Podemos, se esconde el mensaje: si pactas con Espadas los presupuestos, el dinero te llegará con un plus de abundancia y sin condiciones. El anzuelo está echado, el cebo es gordo y el PSOE andaluz, el mismo de antes reconvertido a sanchista, está capacitado para la pesca.

El PSOE-A ya facilitó el trámite parlamentario de la nueva ley de suelo de Andalucía, absteniéndose, para demostrarle al presidente andaluz que podía reducir con sus actos la presión que le ejerce Vox; una ley marcada por retrocesos en protección ambiental, patrimonial y territorial, con la excusa de facilitar la recuperación postpandémica. Los argumentos de fondo para vestir el acuerdo presupuestario con el PP andaluz serán, de un lado, la necesidad de salir del momento crítico provocado por la pandemia con estabilidad gubernamental, una especie de todos a una, y de otro, la protección de la sociedad andaluza de la amenaza real que supone la influencia de Vox contra todo tipo de libertades democráticas y contra Andalucía misma. Eso será lo que se dirá, pero bajo la superficie se esconden motivos menos confesables: la recuperación del bipartidismo allí donde se pueda, en esto ya está ayudando Illa desde Cataluña, dejar en Andalucía fuera del tablero a Unidas Podemos y, esto es dudoso que el PSOE-A pueda conseguirlo con esta estrategia de gran coalición, recuperar voto de Ciudadanos y los 400.000 votos que están se dejaron en las autonómicas de 2018 respecto de las generales de 2019.

El acuerdo presupuestario reforzará a Juan Manuel Moreno Bonilla, debilitará extremadamente a Ciudadanos, aislará a Vox de la política activa, eliminará del escenario unas elecciones anticipadas que en nada benefician al PSOE y permitirá a Pedro Sánchez hacer visible en España y en Europa que hay una derecha civilizada y democrática en Andalucía frente a una derecha ultramontana y sin perspectiva de estado en Madrid. El asunto tiene calado europeo visto lo que ocurre cuando las extremas derechas llegan al poder, como en Hungría o Polonia. Es como si se pusiese a Andalucía al servicio de intereses de estado para debilitar a Vox, Pablo Casado y Ayuso, consiguientemente a la ultraderecha europea, a cambio de que aquí sigamos con la subalternidad y dependencia del exterior sin cambio real del modelo productivo, ni de la forma de invertir el dinero público mejorando de manera efectiva los servicios públicos.

Sin embargo, desde el punto de vista político para el espacio de la izquierda progresista, con sus adjetivos, la definición de una posición ante esta alianza es altamente compleja. El impacto político de un acuerdo presupuestario PP/PSOE en Andalucía en los equilibrios de fuerzas dependerá de la lectura que del mismo haga la población en general y no de la que hagan quienes, conociendo bien al PSOE andaluz, saben que es más un freno que un motor para avances estructurales en materia económica que reduzcan la desigualdad en Andalucía y la desigualdad de Andalucía respecto de otros territorios del estado. No es la primera vez que se ha entregado la fuerza de Andalucía a cambio de nada para el pueblo andaluz.

Resumiendo, es como si Pedro Sánchez le estuviese diciendo a Moreno Bonilla: tú en Sevilla y yo en Madrid dejándome querer en Europa.

Publicado en La Voz del Sur el 10 de octubre de 2021

jueves, 23 de septiembre de 2021

Cuerpo, vida y territorio


No hay vida sin memoria y no hay política sin territorio. Toda vida es un almacén de memoria, ADN, y un lugar para vivir, ecosistema. Sobrecoge la sencillez de este resumen. No hay política sin territorio, y no hay identidad sin ecosistema cultural. O sea, no hay cultura sin pueblo y no hay pueblo sin cultura.

La cultura es la memoria de los pueblos, su ADN. Hay pueblos cuya memoria cultural está simbolizada en su idioma (lengua materna), hay otros cuyo idioma es sobre todo su memoria cultural. La matria tiene substancia cultural. Entre los pueblos cuyo idioma es su memoria está el andaluz. La lengua de Andalucía es el anhelo de libertad, justicia y democracia, su acento político. Eso es lo que reivindicó Andalucía el 4 de diciembre de 1977 cuando se constituyó en las calles como pueblo. Eso es lo que el 28 de febrero de 1980, ya en vigor la constitución del 78, ratificó en referéndum su derecho a ser como la que más en el estado autonómico.

Desvincular la democracia del territorio es justo los que busca el neoliberalismo para liquidar la parte del estado que le incomoda, el estado social y de los derechos. El capital necesita reducir la complejidad de las interlocuciones. Por eso fue tan fácil reformar el artículo 135 de la CE por orden externa como aplicar el 155 por acuerdo interno. Por eso está tan escondido de la opinión pública el artículo 128. El capital se afana en desvincular la democracia del territorio, de las identidades y los intereses de comunidades sociales, bien con las armas de de la represión, con las de chantaje, con el control mediático y las fake news, o con un ejercito de togas dispuesto a retorcer crípticamente las normas para dictar sentencias llenas de teatro del absurdo.

La misma fuerza que impide que la Venus capitolina de El Salar, una localidad del municipio granadino de Loja con algo más de 2.500 habitantes, repose culturalmente en su lugar de aparición, como no lo hace la Dama de Baza en Baza, es la que ordenó la política de la última desindustrialización de Andalucía ocultada bajo los millones de los ERES, desmanteló la red de ferrocarriles para que el AVE llegue radial y deficitario al mismo sitio, legisla desde la distancia para contaminar la tierra, el agua y el aire en lugares lejanos, sin que sus habitantes puedan hacer algo más que revelarse, fuerza el monocultivo de la construcción y el turismo vendiendo los recursos a capital externo y lleva a la gente a la esclavitud liquidando derechos laborales y entregando a lo privado (energía, agua, salud, educación, dependencia,…) lo que solo como público garantiza la justicia, la equidad y la seguridad vital.

Quienes arguyen contra las demandas de soberanía de naciones, comarcas, poblaciones y ciudades que no quieren más fronteras dicen la verdad, no quieren fronteras para la fuerza expresiva del capital, pero las adoran para liquidar la democracia, el estado social, lo común, lo público. Ese es el sentido del discurso de Casado/Abascal cuando hablan de reforzar y proteger las fronteras externas. Nos quieren en la dialéctica dentro/fuera en lugar de en la dialéctica autoritarismo/democracia o centralismo/federalismo.

Hace tiempo que sabemos que la crisis del capitalismo es una crisis metabólica. Una especie de bulimia que devora cuerpos, vida y territorios. Enfrentarse a eso solo puede hacerse mediante el feminismo (la soberanía de los cuerpos), el ecologismo (la soberanía de la vida) y las identidades culturales (las soberanías territoriales).

Cuerpo, vida y territorio son argumentos centrales para la defensa de la democracia. O sea, la distribución normativa y caleidoscópica del poder. Tan importante es para el progresismo y la izquierda articular sensibilidades para un proyecto común de carácter republicano, como apalancarse territorialmente sobre modelos organizativos verdaderamente democráticos, o sea, federales. También en los sentidos provincial, comarcal o municipal. Las demandas provincializadas de la España vaciada son el epifenómeno político más reciente que pone de manifiesto la necesidad de un federalismo conceptualmente muy amplio. En España no hay un solo centralismo, las capitales autonómicas también son sumideros de poder. No plantear un proyecto federalizante en todos los niveles territoriales conducirá al aumento de las tensiones en todas las escalas territoriales.

Ximo Puig, presidente de la Comunitat Valenciana lo ha entendido, por eso tiende puentes federales con el gobierno de la Generalitat catalana y con el de la Junta Andalucía. La izquierda ha de creerse el federalismo y practicarlo como proyecto político clave para enfrentarse a la dinámica centralizadora del poder.

Publicado en La Última Hora

miércoles, 15 de septiembre de 2021

El recibo de la luz y la transición energética


En el frontispicio de un modelo energético sustentable quedaría perfecta la siguiente máxima: La energía más barata es la que no necesitamos consumir. Además de avanzar hasta conectar por completo las sociedades humanas al sol como lo están los ecosistemas naturales, el segundo pilar de transformación del modelo energético pasa por incentivar el ahorro y la eficiencia energética.

La energía no consumida no solo es más barata en términos monetarios, es más barata para la salud humana y para la salud de la vida en la tierra. Este planteamiento entra en conflicto directo con los intereses de las empresas energéticas de titularidad privada, cuyo negocio se basa en generar energía, transportarla y venderla al mejor precio posible. Reducir la dependencia del estado y del sistema productivo de la demanda de energía supone garantía de tranquilidad para la población y aumento de competitividad para múltiples sectores económicos. Es clave reducir la intensidad energética española, los kilovatios hora necesarios por unidad de producto interior bruto. La intensidad energética es un buen indicador para apreciar la eficiencia energética de la economía real.

La evolución al alza del precio de la luz, que no es coyuntural, sino fruto de unas reglas del juego que favorecen los intereses del capital invertido en energía, es aprovechada por los grandes medios de comunicación españoles, en manos últimas de quienes poseen las energéticas, para arremeter contra el gobierno de España, las mismas manos que mecieron la cuna para aniquilar el potencial de las energías renovables durante la etapa de los gobiernos de Rajoy. Es un asunto muy serio que un estado no pueda hacer política energética, más si ya tiene muy limitada la política monetaria.

Sea porque el impacto de la subida de precios de la energía en el proceso de recuperación postpandemia, liquidaba la esperanza de Pedro Sánchez de que una nueva etapa de crecimiento reforzaría su poder, sea porque el run run mediático diario de la subida de la luz y su reflejo doloroso en la factura suponía un desgaste total de la acción de gobierno, que anulaba cualquier otra mejora en las condiciones de vida de las mayorías, la parte socialista ha cedido. Las medidas acordadas en el consejo de ministros del martes 14 de septiembre demuestran que sí que se podía actuar para reducir el precio de la luz. La reacción de las grandes eléctricas amenazando con el cierre desordenado de las nucleares, otrora de titularidad pública, no es más que la prueba de la importancia de las medidas adoptadas. El chantaje les puede salir mal, la reacción amenazante en caliente no hace más que aumentar el deterioro de su imagen ante la ciudadanía y las empresas, y, sobre todo, ante la UE, cuyo vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Green Deal, Frans Timmermans, ha declarado su sintonía con las medidas del gobierno. Pareciera que el viejo capitalismo español de raíz franquista no comprendiese, como buena parte del capitalismo europeo está haciendo, los cambios globales que se avecinan, consecuencia de la recomposición de poderes geoestratégico y del choque de las economías con las consecuencias del cambio climático y la escasez de recursos primarios.

Ni a la derecha española ni al capital, cuya patria es el beneficio, interesa que se toque el actual modelo de formación de precios ni, mucho menos, la estructura oligopólica empresarial. La declaración de guerra del oligopolio eléctrico no es más que el certificado de que apelar a la buena voluntad del capital es como rezar para que llueva o se acabe el paro, pero sin ni siquiera reconfortar el espíritu.

Se ha demostrado que el gobierno puede actuar en el corto plazo para defender los intereses del país. Se ha demostrado una vez más que las propuestas de Unidas Podemos en ese gobierno son, además de imprescindibles, viables en lo inmediato. Por eso es importante que en materia energética se siga actuando y reforzando el frente energético social: garantizar un mínimo suministro vital gratuito y prohibir el corte de electricidad para aquellas personas o familias vulnerables, establecer un precio máximo por tramos ascendentes de consumo o, en su caso, aplicar fiscalidad ecosocial (bonificación o gravamen en función de tramos de consumo), para las y los consumidores finales que no sean empresas con objeto de incentivar la eficiencia energética y limitar el despilfarro. Y un frente energético ecológico incentivando el autoconsumo y el balance neto en condiciones de equidad para instalaciones de particulares y empresas cuyo fin principal no sea la generación eléctrica.

Los dos frentes, el social y el ecológico, tendrían el impulso que necesitan si a nivel de estado, a gran escala, se hace lo que ayuntamientos como el de Barcelona o Cádizestán haciendo, o lo que va a empezar a hacer el gobierno de Illes Balears al crear una empresa de producción y comercialización renovable. España necesita una empresa pública de generación eléctrica por energías renovables (incluida la hidráulica) y una comercializadora pública de este tipo de energías, buena parte de las cuales pueden provenir de consumidores finales con tejados solares fotovoltaicos, de instalaciones renovables en edificaciones públicas o de aprovechamientos eólicos distribuidos por el territorio u offshore. Una empresa pública que se prepare para la tecnología del hidrógeno como vector de acumulación y transporte de energía renovable. Es la única manera de limitar y prevenir el daño del sector energético en manos privadas, que responde a intereses ajenos a lo común, de afrontar la lucha contra el cambio climático y de realizar una transición energética socialmente justa.

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Mario Ortega es químico y doctor en ciencias ambientales. Entre 1999 y 2001 publicó los libros Energías Renovables y Calefacción y Refrescamiento por Superficies Radiantes; es el impulsor y redactor del borrador original de la Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, aprobada con el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza.

viernes, 10 de septiembre de 2021

La bicicleta en Granada


Del 16 al 22 de septiembre se volverá a celebrar en Granada la Semana Europea de la Movilidad. Curioso que tanto en Europa como aquí se haya caído de los carteles la palabra sostenible que estuvo en los orígenes de este evento anual. Durante la semana el principal prócer de la ciudad, esta vez del PSOE, volverá a las fotos con bicicletas, peatones y vehículos no contaminantes. Luego con alta probabilidad el tiempo pasará como decía la canción de Casablanca, y si té he visto no me acuerdo.

Me centraré en la bicicleta, incomparable con cualquier otro vehículo a motor carbónico o eléctrico. Podría decir que la bicicleta es históricamente la gran olvidada en Granada, pero ya, pasados los años y pensando en la XXIV Marcha en Bici – Granada al Pedal – Vía Libre al Tranvía – mejor en Bici que se celebrará el domingo 19, en realidad diré que no hay olvido sino hostilidad. ¿Tendrá que ver con cierto sustrato reaccionario dominante que bloquea el progreso en bici como en otros campos del conocimiento o la cultura? La bicicleta en Granada se abre paso a duras penas, como tituló Carlos Cano su LP originario.

La bicicleta no contamina ni emite gases de efecto invernadero, luego es de tremenda utilidad para paliar la famosa contaminación atmosférica granadina y para luchar contra el cambio climático. Se trata de proteger y cuidar el planeta. La bicicleta no hace ruido, así que reduce el malestar y la agresividad, individual o colectiva. La bicicleta fomenta la salud individual. Si cuidar nuestra salud, la de la ciudad y la del planeta reduciendo la presión sobre el sistema sanitario, y el gasto en el, no es importante, ¿qué lo es en materia de movilidad?

Granada es una ciudad hostil para la bicicleta a pedales. Un error considerarla de igual a igual con vehículos eléctricos, sean bicis eléctricas o vehículos de movilidad personal (patinetes con batería). Ni por bondad ambiental ni para la salud, mucho menos por la velocidad alcanzable (salvo quizá ciclistas deportivos), puede compararse un vehículo a motor con un vehículo exclusivo a pedales.

A Granada debería llegarle ya la hora de la bicicleta. Espero, de un gobierno municipal y su alcalde que se preocupen menos por la foto y mucho por cambiar la realidad de la maligna movilidad granadina. Un gobierno y un alcalde activos y pedagógicos en lugar de pasivos y al ritmo de inercias pasadas, aquellas que del hito fotográfico de un exalcalde, imputado, recién ganadas las elecciones, fotografiado con una piqueta mecánica destruyendo un carril bici con pocos meses de vida. Año 2007.

La política de poder granadina si quiere ser sostenible debe comprometerse a cosas concretas con fecha. La fecha para la transformación saludable de la ciudad no puede ser 203040, se sabe mucho sobre movilidad, los ejemplos exitosos mundiales son abundantes, es preciso actuar ya. No vale ir a la foto y si te he visto no me acuerdo, como siempre. Se necesitan espacios seguros para las bicicletas en Ronda, Gran Vía, Constitución, Severo Ochoa, etc., que no compitan ni con los motores ni con los peatones. No hay que mezclar en ordenanzas bicicletas a pedal con vehículos carbónicos o eléctricos. La atención preferente de los agentes de movilidad debe estar en impedir la superación de la velocidad permitida a los motores, que son los que provocan los accidentes graves y ocupan espacios peatonales y doble fila de manera abusiva. La ciudad de las bicis habría de ser una ciudad para las personas mayores, los niños y las niñas, o sea, la ciudad para todos y todas como dejó escrito Francesco Tonucci hace ya bastante tiempo.

Publicado en El Independiente de Granada el 10 de septiembre de 2021

domingo, 15 de agosto de 2021

Una ciudad como un bosque


Si nuestra ciudad fuera como un bosque amaríamos los árboles que la habitan, no los dañaríamos, curaríamos sus enfermedades y acompañaríamos sus desdichas. Si nuestra ciudad fuera como un bosque, los edificios imitarían a los árboles y aprovecharían la energía solar que atina en sus azoteas, tejados y fachadas; como las hojas realizan su función clorofílica, la fotosíntesis urbana de calor, energía solar térmica, y electricidad, energía solar fotovoltaica, evitaría gases cargados de molestias. Si nuestra ciudad fuera como un bosque, el aire que acaricia los valles de sus ríos revolotearía en fuentes y calveros para colarse por los balcones en verano. Si nuestra ciudad fuera como un bosque, las hojas caerían en otoño para que el sol calara los ventanales.

Si nuestra ciudad fuera como un bosque, ríos y acequias juguetearían a la vista, y tendríamos riberas, paseos con olmos, castaños y alamedas. En el bosque, las aceras serían amplias y llenas de banquitos a la sombra, las paradas de autobús no quemarían, como quema la chapa metálica de sus asientos. Sería raro ver un coche o una moto, porque el bosque invita al paseo y al encuentro. El ruido no existiría y solo conoceríamos el rumor de la vida en el bosque.

Si nuestra ciudad fuera como un bosque, los desechos serían mínimos y reciclables. Si nuestra ciudad fuera como un bosque, sus pavimentos serían porosos y no recolectarían el calor del verano, ni el frío del invierno. Si nuestra ciudad fuera como un bosque, la recorrerían tranvías y bicicletas. Si nuestra ciudad fuera como un bosque estarían prohibidas las altísimas torres de hormigón y cristal. Si nuestra ciudad fuera como un bosque no nos importaría mancharnos de vez en cuando los zapatos, ni que los niños jugaran con la tierra. No nos molestaría el piar de los pájaros ni el pulular de la vida en los arriates.

Si nuestra ciudad fuera como un bosque el arte inundaría sus rincones. El aire estaría oxigenado y limpio. Si nuestra ciudad fuera como un bosque, las constructoras y los arquitectos serían amigos de todos y no solo de alcaldes y concejales de urbanismo. Si nuestra ciudad fuera como un bosque habría muchas gentes que entienden que el debate está donde están las necesidades de las personas, y no donde están las ilusiones ópticas de la codicia.

Pero, nuestra ciudad se convierte en escombro de arboleda. Sus calles son cauces grises sin orillas, sus plazas techos de piedra que despiden el calor de los motores que alberga la oquedad oscura de aparcamientos subterráneos.

Presiente, siempre, la ciudad, nuevas agresiones infames... Y se cumplen.

Publicado en La Voz del Sur el domingo 15 de agosto de 2021

martes, 3 de agosto de 2021

El pacto del chiringuito


El PSOE tenía un pacto oculto con el exalcalde de Granada Luis Salvador. Salvador ha vuelto a la casa política en la que se acostumbró a vivir del cargo, como una especie de hijo pródigo tras su periplo de devociones con las derechas y las ultraderechas más reaccionarias que hayamos conocido en la etapa democrática nacida con la constitución del 78. Ciudadanos, su, de momento, último partido, lo ha expulsado y declarado tránsfuga. Un tránsfuga es quien se presenta por un partido y trabaja para otro o para sí mismo.

Quien ha sido nombrado portavoz del equipo de gobierno municipal del nuevo alcalde Francisco Cuenca, Jacobo Calvo, abominó el 9 de junio de la posibilidad de pacto con Luis Salvador con las siguientes palabras: “con Luis Salvador no vamos ni al tranco de la puerta, que lo tenga todo el mundo claro, que no podemos gobernar ni nos podemos sentar ni podemos hablar con una persona que representa lo que representa en esta ciudad”. Bastaría este engaño original para hacerse una idea del grado de credibilidad de cualquier compromiso del actual equipo de gobierno municipal del PSOE.

Pasaron diecinueve días desde que Francisco Cuenca saliese elegido nuevo alcalde de Granada, más por la incapacidad y odios entre las derechas y ultraderechas granadinas bajo las órdenes de sus jefaturas madrileñas que por su capacidad de ilusionar con proyecto propio, hasta que se certificó que sí había un pacto entre el transfugismo pasivo, o activo, de Luis Salvador y sus viejos compañeros del PSOE. El pacto del chiringuito, veremos si chiringuitazo, lo negaron siempre con la coletilla de que los movía su amor por Granada para dar la necesaria estabilidad al gobierno municipal. Cantó la gallina por boca del portavoz del gobierno municipal, Jacobo Calvo, anterior negacionista, y Luis Salvador tiene una concejalía con objetivos rimbombantes, un local, dos personas empleadas y el “crédito correspondiente”.

La prueba de que el pacto, como el de las derechas más Vox que entregó Granada a Ciudadanos a cambio de Murcia y Málaga, se había fraguado fuera de nuestro territorio, en Madrid y en Sevilla, es que el día de la votación, como por arte de magia, estaban en Granada a tomar churros en plaza Bibarrambla y a aplaudir y felicitar al nuevo alcalde del PSOE, nada más y nada menos que Juan Espadas, recién elegido candidato a la Junta de Andalucía y secretario general andaluz, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, diputado sanchista por Sevilla en Madrid que fue director de la campaña de primarias de Pedro Sánchez contra Susana Díaz, y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que pasaba casualmente por aquí para inaugurar el primer tramo de la futura autovía Granada-Córdoba.

El PSOE no solo ha elegido a la derecha para gobernar Granada, sin necesidad de hacerlo, pues Francisco Cuenca podía haber salido alcalde con los apoyos de Unidas Podemos y sencillamente por ser la lista más votada, dado el estado de guerra abierta por Granada entre las tres derechísimas, lo ha hecho sobre bases políticas tránsfugas con la intención de marginar a Unidas Podemos.

Que el PSOE de Granada haga las cosas así, por los sillones, no parece ser el mejor mensaje a un electorado desencantado de la política, mucho menos a su propio electorado que se presume progresista y de izquierdas. El PSOE de Granada ha preferido un pacto de sillones antes que un proyecto de cambio para una ciudad que sufre lustros de políticas sociales, ambientales, culturales y de servicios públicos nefastas. Una ciudad tomada por el culto al centro ciudad y expoliada en sus barrios.

La tibieza política con este PSOE, viejo PSOE, desde el campo demócrata, progresista, de izquierdas, ecologista y feminista, solo puede alimentar el fruto del desencanto y laminar muchas ilusiones de un electorado y una juventud harta de que demasiados políticos solo miren por su sillón y su interés particular. El gobierno de Granada puede tener estabilidad sin tránsfugas en sus intersticios.

Publicado en La Voz del Sur el 3 de agosto de 2021

viernes, 16 de julio de 2021

El Tribunal Constitucional retuerce la Constitución


El Tribunal Constitucional ha decidido que no tiene sentido buscar a Federico García Lorca, ni a quienes sufrieron con él la atrocidad asesina fascista, dando por bueno el argumentario de la Audiencia Provincia de Granada de que sus asesinos ya no viven y afirmando que "por no apreciar en el mismo (recurso) la trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere”. El mismo día el TC ha notificado a la prensa que el primer estado de alarmadecretado por el gobierno no se ajusta ni a la CE y ni a la letra de la ley orgánica que regula los estados de alarma excepción y sitio. El real decreto ley en cuestión fue refrendado en el Congreso, sede de la soberanía española, por 321 sis, ningún no y 28 abstenciones (ERC, JxCat, Bildu y CUP).

Las dos decisiones del Constitucional, junto con otras anunciadas el mismo día de aparente menor interés, definen un vínculo ideológico ultraconservador que vence a la indispensable neutralidad democrática y sentido de Estado que requiere la acción de un tribunal de estas características.

No seré yo quien profundice en asuntos técnico jurídicos relacionados con el fallo,  ya lo han hecho de manera impecable dos eminentes constitucionalistas, José Antonio Martín Pallín (antes de) en La Vanguardia y Javier Pérez Royo (después de) en eldiario.es. La literalidad de la definición constitucional de los estados de alarma, excepción y sitio, y su desarrollo en la ley orgánica que los regula, es tan clara que parece ley matemática más que ley jurídica.

Con el cuestionamiento de las definiciones de los estados de alarma, excepción y sitio lo que se hace el Constitucional es dura oposición a la acción de un gobierno tan legítimo como democrático. Un gobierno que se ha enfrentado, después de una etapa de enormes recortes en servicios públicos y derechos ciudadanos encabezada por las ideologías conservadoras y neoliberales, a la peor crisis de la etapa democrática, con la misma determinación y las mismas herramientas jurídicas que los países de la UE.

El Tribunal Constitucional retuerce la Constitución del 78 para dejarla desasistida de razón democrática. La sentencia tendrá consecuencias en la percepción europea del problema de España con la renovación de sus órganos judiciales y de un caducado TC que dicta sentencia tan relevante con un miembro menos y por seis a cinco.

Sectores importantes del PSOE, del empresariado y de la propia iglesia acabarán reconociendo, en tiempos en que se retoma la senda de la conciliación, los acuerdos sociales, económicos y territoriales, que decisiones como la que ha tomado el TC hacen más mal que bien a la ya debilitada credibilidad de los pilares constitucionales sobres los que se edificó la democracia en que vivimos. El coronavirus puede terminar por revelar, gracias al TC, la profunda enfermedad original de la constitución del 78, sus concesiones al olvido de la insurrección fascista y las consecuencias trágicas de la dictadura, de las que el asesinato de nuestro poeta más universal es símbolo supremo.

Queriendo o sin querer, el TC ha podido fijar su residencia simbólica en Núñez de Balboa, junto a palos de golf que golpean señales de tráfico, descapotables con chófer, nobles con megáfono y señoras franquistas con criada, cubertería y bandeja de plata que pedían libertad para moverse cuando el virus mataba a diario a cientos de personas. Tal vez las y los magistrados del Constitucional que han tumbado el primer real decreto ley del estado de alarma no sean conscientes del daño que le hacen a España como país, a la institución a la que pertenecen y a la propia CE a la que se deben. La salud es un derecho relevante a proteger dentro del estado social, democrático y de derecho que la Constitución consagra, el estado de alarma con sus medidas de restricciones de movilidad protegió con evidencia científica nuestra salud.

Publicado en La Voz del Sur el 16 de julio de 2021